Grupo
de Rio:
TRANSCRIBIMOS AQUÍ EL DOCUMENTO PRESENTE
Aparecido en el repartido de ATTAC número 102
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Con motivo de la reunión de Presidentes del Grupo de Rio, que se
realiza en Santiago de Chile del 16 al 18 de agosto, un grupo de
personalidades y organizaciones (entre ellas Attac-Chile y Fuerza
Social Democrática) dirigieron una Carta Abierta a los Presidentes de
las Repúblicas miembros de este Grupo, en la cual expresan su
"profunda preocupación por los procesos económicos, políticos y
militares que atraviesan a nuestra región y que amenazan la
democracia, al mismo tiempo que conculcan los derechos económicos,
sociales y culturales de nuestros pueblos". A continuación
reproducimos el texto principal de la carta, que constituye un aporte
al debate sobre la integración.
América Latina vive una vez más una situación económica de emergencia.
Esta se presenta en el marco de una globalización neoliberal en
problemas, con una economía norteamericana que se desacelera, mientras
Japón no logra salir de una década de recesión y la amenaza de la
crisis financiera siempre latente sobre los llamados "mercados
emergentes.
Los síntomas de la crisis en nuestra región están a la vista:
Argentina está al borde del caos financiero, sin que recorte fiscal
alguno pueda salvarlo de la inminente cesación de pagos y/o de la
devaluación. Brasil ve devaluarse su moneda en un 25% desde comienzos
de año y en el afán de detener ese curso, suben las tasas de interés
del país, exacerbando sus problemas de deuda.
En Chile, el peso acumula una caída de un 19% en el mismo lapso, al
mismo tiempo que languidece la demanda interna y se retaca el
crecimiento. El resto de los países latinoamericanos, con contadas
excepciones, se encuentran sumidos en la recesión; algunos incluso
desde hace más de 3 años. Todos temiendo además el contagio financiero
de la crisis argentina.
Paradojalmente, mientras por la región cunde la recesión y el
desempleo, con sus secuelas de hambre y miseria extendidas, los
gobiernos aplican mayores ajustes monetarios y fiscales y conceden más
y mayores ventajas al libre movimiento de capitales.
La situación por la que atravesamos es la consecuencia directa de al
menos una década de políticas y reformas neoliberales; en particular,
de haber hecho descansar -creciente y decisivamente- nuestra
estabilidad y nuestro crecimiento en el flujo de capitales externos.
Un flujo que, por lo demás, sólo se acrecienta cuando las
rentabilidades, garantías y condiciones que se ofrecen al capital
extranjero resultan suficientemente atractivas como para que ello
ocurra.
Si bien estas garantías y condiciones son hoy ya bastante
significativas, es evidente que detrás del alto costo del crédito
internacional que hoy prevalece para nuestra región está la
expectativa y aún la exigencia del capital transnacional de mayores
privatizaciones a vil precio, mayores ventajas tributarias, mayor
flexibilidad del costo salarial, mayores reducciones del gasto
público, mayores gangas para hacerse de los activos nacionales. Para
lo cual, está claro, los "inversionistas internacionales" están
dispuestos a precipitar una nueva crisis en nuestra región que termine
por sentar las condiciones para ello.
Los pueblos de América Latina y el Caribe hemos resistido en los
últimos años el avance de las políticas neoliberales e incluso en
algunos casos hemos logrado frenar y revertir parcialmente algunas
medidas; en base a nuestra movilización resuelta y decidida. Sin
embargo, hoy vemos cernirse sobre nuestro destino nuevas amenazas.
Frente a ellas es que demandamos de quienes nos gobiernan un viraje
radical en orden a emprender estrategias de desarrollo nacionales y
una estrategia de desarrollo regional que afiancen nuestra soberanía,
profundicen la democracia, restablezcan la justicia social, resguarden
la sustentabilidad y la identidad cultural de nuestros pueblos y de la
región. Estamos por una integración, enmarcada en el respeto de los
derechos económicos, sociales y culturales de nuestros pueblos, que
propenda a la nivelación y elevación de nuestros estándares laborales,
sociales y ambientales, que eleve nuestro potencial de desarrollo
soberano y nuestros márgenes de resguardo frente a los flujos de
capital especulativos o desestabilizadores.
Las presiones del FMI para acelerar y extremar la apertura comercial y
financiera de nuestras economías, como único remedio para enfrentar
nuestros déficits de cuenta corriente, conducen a una mayor
dependencia y a una enorme vulnerabilidad de nuestros países frente a
la volatilidad y susceptibilidad de los capitales externos.
Reclamamos, en cambio, una acción reguladora del Estado, que frene el
movimiento de capitales especulativos. Nos preguntamos ¿Cómo es
posible que nada se haga para frenar en este momento la fuga de
capitales y que nada se haya hecho para prevenir el ataque
especulativo reiterado que sufren nuestras economías?.
Urgimos a nuestros gobiernos y parlamentos a debatir el diseño e
implantación de un impuesto inspirado en la Tasa Tobin en la región;
al mismo tiempo que se pronuncien por su aplicación a nivel
planetario. Como se sabe, la Tasa Tobin consiste en un impuesto entre
0,1% y 0,5% sobre las operaciones financieras de carácter
especulativo, cuya recaudación debiera volcarse a atender las enormes
carencias sociales de nuestros pueblos.
Es hora de que al menos los países latinoamericanos dejemos de
"competir" en la atracción de este tipo de capitales perversos,
combatamos la fuga de capitales a paraísos fiscales y que de común
acuerdo establezcamos este tipo de impuesto al libre movimiento del
capital especulativo. No es posible que todo el debate sobre reforma
de la arquitectura del sistema financiero internacional y sobre el
financiamiento del desarrollo quede sólo en palabras y buenas
intenciones.
Reclamamos políticas que alienten en mayor medida el ahorro y la
inversión nacional, revisando drásticamente los gastos públicos en
defensa, así como el gasto burocrático de otros aparatos del estado;
al mismo tiempo que reformas tributarias progresivas, que graven
adecuadamente al 5% más rico de nuestros países y a quienes se vienen
apoderando de la renta de nuestros recursos naturales, con la
explotación intensiva de materias primas. Reclamamos políticas de
desarrollo productivo que atiendan al crecimiento del mercado interno,
a una ampliación del empleo de calidad, la elevación de la
calificación de nuestros trabajadores y a la reversión de los altos
grados de concentración del ingreso. Los instamos a no aceptar las
imposiciones del FMI en orden a seguir recortando el gasto público
social, para servir una deuda externa inmoral e injusta.
Rechazamos enérgicamente el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas,
ALCA, que tal como se está configurando no será sino un mecanismo que
sellará definitivamente la dependencia de la estabilidad y del
crecimiento de toda la América Latina respecto de los intereses y
decisiones de inversión de las empresas transnacionales
norteamericanas.
Los instamos, en cambio, a avanzar en el diseño de una estrategia de
integración latinoamericana, a la que los países de la región
adhieran y se sujeten con consistencia en el tiempo. El germen de una
iniciativa en esa dirección se encuentra en los procesos de
integración subregional que se han ido desarrollando: MERCOSUR,
Comunidad Andina, Mercado Común Centroamericano y CARICOM. Pero ese
germen no ha logrado avances sustantivos por la persistencia de la
aplicación de criterios y políticas neoliberales por parte de los
gobiernos de la región; que impiden la construcción de consensos
sociales y políticos amplios para respaldar la integración. Es hora,
por tanto de reformular estos procesos de integración subregional
desde la óptica de una integración integral -política, económica,
social y cultural- de nuestros pueblos.
El otro peligro inminente que amenaza a la América Latina y el Caribe
es la agudización creciente de la represión de los movimientos
sociales y sindicales y el recrudecimiento del intervencionismo
abierto y encubierto de los EE.UU. en el desarrollo político de
nuestros países, a través del Plan Colombia y de sus extensiones
conocidas como Plan Andino o Plan Dignidad. Sabemos que los gobiernos
latinoamericanos han estado debatiendo "cláusulas democráticas" como
parte de sus acuerdos regionales y subregionales. Sin embargo, nos
preguntamos acerca de su aplicabilidad para contener el avance de la
corrupción y del militarismo, cuando están en juego los intereses de
las grandes empresas transnacionales norteamericanas. ¿Se aplicará
esta cláusula para sancionar a los senadores sobornados en Argentina
para que aprobasen la flexibilización laboral? ¿Se aplicará para
contener los peligros que representa el Plan Colombia y la posibilidad
de que se irradie a otros países del continente? Exigimos respuestas
claras y no evasivas.
Hoy en día, el éxito de los esquemas de desarrollo y de integración
se miden por algunos principalmente en términos de crecimiento y de
corrientes de comercio e inversión. Pero en la óptica de los pueblos,
el desarrollo y la integración se medirán en definitiva por los
niveles de participación de la sociedad civil en su construcción, así
como en relación a los grados de homogeneidad o coordinación de las
leyes laborales, ambientales y de protección al ciudadano que
incorporen. En definitiva, lo que demandamos no es tanto la necesidad
de participar en un proceso de integración de los mercados sino
participar en el diseño del carácter mismo de la integración y del
desarrollo.
Estos son los problemas centrales, a nuestro juicio, en la hora actual
de la América Latina y el Caribe. El Grupo de Río, que nació de la
voluntad de articular el esfuerzo de los gobiernos de la región en
defensa de la paz, la democracia y la soberanía de nuestros pueblos no
puede eludir pronunciarse frente a ellos en la importante Cumbre que
lo reunirá esta semana en Santiago de Chile.
Servicio Informativo "Alai-amlatina"
Agencia Latinoamericana de Información
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URL: http://alainet.org
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JULIO 2002