El peligro de las simplificaciones

por Margarita Percovich
Diputada Vertiente Artiguista - EP-FA

La discusión en el Senado del proyecto de ley relativo a las políticas sobre salud reproductiva ha continuado y profundizado la riqueza de un debate en la sociedad uruguaya que nos hace crecer a todos y todas como ciudadanos y por lo tanto, en profundización democrática.

Incluye la obligación de pensar nuestra posición personal, nuestra historia, nuestras convicciones, nuestras conductas, pero también nuestra responsabilidad en la cosa pública y en nuestra relación con el Estado. Y esto ya sea desde el rol privilegiado de decisores directos (los legisladores, los ejecutores de políticas públicas) o en el papel de
ciudadanos/as organizados o no, también incidiendo en la conformación de opinión, de expresión de voluntad, de transmisión de nuestras opiniones y experiencias.

Pero ese debate ha sido fecundo porque ha permitido visualizar la complejidad del problema y nuestra propia complejidad humana al enfrentarlo. Y por eso, quienes algo tuvimos que ver en la redacción y discusión del proyecto de ley, creemos que el texto contempla todos los matices de esa complejidad, respetando las distintas voluntades, sensibilidades y opciones de quienes tengan que involucrarse en el acto de interrumpir un embarazo en forma voluntaria y conciente.

La propuesta del Senador Atchugarry de promover una ley interpretativa de la Constitución que introduzca un artículo como sustitución de la aprobación de la ley, artículo que deberá votarse por si o por no (un texto afirmativo y un texto negativo), simplifica toda esa complejidad y riqueza que la ley contempla y que pone el acento en las obligaciones del Estado en definir políticas educativas y sanitarias que tiendan a evitar que la interrupción del embarazo sea un método frecuente y permanente.

Para complicar más aún las cosas se traslada la consulta sobre ese mínimo texto para el año 2005: un año de discusión de planificación quinquenal para el nuevo gobierno, de discusión presupuestal, de negociación salarial y de compleja interlocución con los actores de la sociedad.

¿Será ese el momento para realizar una consulta popular sobre la oportunidad de incluir en la Carta Magna la simplificación de aborto si o aborto no? Si ese es el planteo, ya que mucho más no se puede poner a votación en un artículo, con lo que dejamos de lado todas los compromisos de prevención, educación, programas sanitarios, capacitación de actores, objeción de conciencia, penalización del acto por no contar con la voluntad de la mujer, etc. que se estipulan en el proyecto de ley, ¿no será que muchos/as de los que estamos de acuerdo con la ley vamos a votar en contra porque NO ESTAMOS A FAVOR DEL ABORTO INDISCRMINADO?

¿Es eso lo que se quiere? ¿Que en esa Constitución uruguaya en la que ninguno de los proponentes de esta iniciativa ha procurado incorporar los derechos humanos de segunda generación en los últimos años, quede el impedimento de realizar una política sanitaria de prevención y atención de los casos que deben ser atendidos con la responsabilidad del organismo rector en políticas sanitarias?

Los SI y los NO, son una solución equivocada y pobre para un tema de tantas aristas y formas de encare: esperamos que no prospere una iniciativa que deja cómodos a los que, estando convencidos de que deberían votar el excelente proyecto en discusión, no lo hacen por motivos políticos de coyuntura.

Es mejor que quede claro quiénes son responsables y quienes escurren el bulto de las decisiones importantes.