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A tres votos de la
legalización del aborto
Por Diana Cariboni
MONTEVIDEO, 5 may (IPS) - Apenas tres
votos faltaron en el Senado de Uruguay para sancionar una ley
legalizando el aborto en este país de elevada mortalidad por
interrupciones inseguras del embarazo. Según encuestas, 63 por ciento de
la opinión pública estaba a favor del proyecto. Ahora, las
organizaciones sociales que impulsaron la iniciativa prometen llevar el
asunto justamente adonde no querían los partidos políticos: a la campaña
para las elecciones generales de octubre.
Trece legisladores votaron a favor de la ley y 17 lo hicieron en contra.
La sesión, iniciada el martes por la tarde, concluyó cinco minutos
después de la medianoche.
”Vamos a demandar a los partidos respuestas y alternativas a todas las
temáticas incluidas en el proyecto de ley que, por ellos, no prosperó”,
dijo a IPS la activista Lilián Abracinskas, de la Coordinación Nacional
de Organizaciones Sociales por la Defensa de la Salud Reproductiva, que
abarca sindicatos, organizaciones sociales, de mujeres, ramas juveniles
de partidos de izquierda, profesionales y algunos grupos y personas de
fe protestante.
”El aborto en condiciones de riesgo se ha convertido en la principal
causa independiente de mortalidad materna” en Uruguay. "Cuarenta
y siete por ciento de las muertes maternas en el hospital Pereira
Rossell (la principal maternidad del país) se deben a abortos
inseguros”, añadió.
El proyecto, aprobado por la cámara baja en diciembre de 2002,
autorizaba a practicar abortos en las primeras 12 semanas de embarazo,
pero con instancias obligatorias de información y asistencia social y
psicológica.
También establecía la obligatoriedad de la educación sexual, de la
prestación de servicios de salud reproductiva y planificación familiar y
de acceso a métodos anticonceptivos.
Uruguay lleva casi 20 años discutiendo infructuosamente soluciones
legislativas a los abortos inseguros y clandestinos.
"Es extremadamente grave que una de cada tres
muertes maternas entre 1997 y 2001, hayan sido a causa de complicaciones
de abortos practicados en condiciones de riesgo, causa no sólo
prevenible sino casi inexistente en los países donde hay servicios
seguros de aborto”, dijo la semana pasada el Sindicato Médico del
Uruguay (SMU).
"El ambiente de inequidad que rodea todo este
tema es vergonzoso, insultante, inmoral e insostenible”, añadió el SMU.
En una población de 3,4 millones de personas, se practican 33.000
abortos por año contra 55.000 nacimientos, según la investigación
”Condena, tolerancia y negación; el aborto en Uruguay”, del Centro
Internacional de Investigación e Información para la Paz (CIIIP). Esto
supone una proporción de cuatro abortos por cada 10 embarazos.
El aborto se ha convertido así en un método anticonceptivo y de control
de la natalidad, y su ilegalidad es apenas nominal en el país, señala el
estudio.
Pero para acceder a un aborto en condiciones de seguridad, hay que pagar
entre 500 y 600 dólares a clínicas clandestinas, inalcanzable para las
mujeres pobres.
Mientras el promedio mundial de mortalidad materna por abortos riesgosos
es de 13 por ciento, el de Uruguay es de 27,7, contra 21 por ciento en
América Latina y 24 por ciento en América del Sur.
”Hasta hace un mes, los votos (para aprobar la ley) estaban. Y no me
hago cargo de los cambios de posición de los legisladores”, dijo a IPS
la senadora y médica Mónica Xavier, de la coalición opositora Encuentro
Progresista-Frente Amplio (EP-FA, de centroizquierda), promotora de la
ley.
También estaba la voluntad de la mayoría de la población. Una encuesta
telefónica realizada los días 28, 29 y 30 de abril por la consultora
Equipos-Mori, arrojó resultados que confirman una tendencia histórica.
Sesenta y tres por ciento de las personas encuestadas se expresó a favor
de una ley que contuviera educación sexual y acceso a métodos
anticonceptivos y que permitiera el aborto en los primeros tres meses de
embarazo, tal como preveía el proyecto.
Cincuenta y siete por ciento opinó que la educación sexual, el acceso a
anticonceptivos y la regulación del aborto debían ser debatidos en la
campaña electoral.
Y 61 por ciento estimó que los partidos políticos deberían definir su
posición en relación a estos temas. Los datos coinciden con otro estudio
del último trimestre de 2003, a cargo de la empresa Factum.
”Los derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos,
son plataformas fundamentales de numerosas organizaciones de la sociedad
civil ”, pero ”los partidos políticos se resisten a incluirlos en su
agenda y tienden a subestimarlos como temas políticos”, dijo Abracinskas.
La Iglesia Católica encabezó la campaña contra el proyecto. Y apeló a
una verdadera artillería verbal.
"Ningún legislador que se llame cristiano puede
votar esta ley”, dijo a mediados de abril el arzobispo de Montevideo,
Nicolás Cotugno.
"¿Qué diferencia hay entre un joven de 18 años
que vuela por los aires despedido de un tren en Madrid a consecuencia de
kilos de dinamita y un ser humano de dos meses de gestación que está
dentro de su madre, y meten una pinza que le aplasta su cabeza y luego
lo sacan de a pedazos y lo tiran a un tacho de basura?”, preguntó
Cotugno en cruda referencia al atentado terrorista del 11 de marzo en
España.
El rechazo a la despenalización es compartido por los máximos líderes de
los tres principales partidos políticos.
Con todo, el EP-FA, favorito para ganar las próximas elecciones, definió
su respaldo al proyecto, pero dejó en libertad de conciencia a sus
legisladores.
Así, sólo el senador y ex guerrillero tupamaro Eleuterio Fernández
Huidobro votó contra la ley, coincidiendo con el centroderechista
Partido Nacional y con casi todo el gobernante (y liberal) Partido
Colorado, excepto el legislador Julio Herrera.
El Senado había iniciado el tratamiento de la iniciativa el 13 de abril.
Pero las dudas de varios representantes (y la momentánea falta de votos
para decretar la muerte del proyecto) acabaron posponiendo el trámite
hasta el martes.
La sesión fue acompañada de movilizaciones a favor y en contra del
proyecto, con la presencia de muchos jóvenes y activistas.
La sociedad civil que defendía la ley levantó la consigna ôEducación
sexual para prevenir, métodos anticonceptivos para no abortar, aborto
legal para no morir”.
El aborto sigue siendo ilegal en casi todos los países de América Latina
y el Caribe. Pero cada año se realizan más de cuatro millones de
abortos, la mayor parte en clandestinidad, según el Fondo de las
Naciones Unidas para la Población (FNUAP).
En el mundo se practican 20 millones de abortos clandestinos por año y
unas 78.000 mujeres fallecen a causa de ellos, añade el FNUAP.
Uruguay tuvo en 1934 una ley que despenalizaba el aborto, pero esa norma
fue revertida en 1938, con el avance de sectores conservadores, y la
interrupción del embarazo pasó a ser delito desde entonces.
La ley 9.763, del 24 de enero de 1938, aún vigente, establece que ”la
mujer que causare su aborto o lo consintiera será castigada con prisión,
de tres a nueve meses”.
”El que colabore en el aborto de una mujer con su consentimiento por
actos de participación principal o secundaria será castigado con seis a
veinticuatro meses de prisión”, señala otro artículo.
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