Agenda 1999

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

La Plataforma de Acción de la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer, señala que "La violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La permanente incapacidad de proteger y promover esos derechos y libertades en los casos de violencia contra las mujeres es un problema que incumbe a todos los estados y exige que se adopten medidas al respecto."
 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará" (OEA, 1994) ratificada por Uruguay el 5 de Enero de 1996, define que "para efectos de esta Convención se entenderá por violencia contra la mujer cualquier acto o conducta basada en el género que cause muerte, daños o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en la esfera pública como en la esfera privada".

Las convenciones y compromisos internacionales ratificados por el país en esta materia son compromisos de Estado que trascienden los gobiernos y las administraciones. Estas resoluciones implican formulación de políticas y de mecanismos de garantías que competen a todos los gobiernos del país que asuman con posterioridad a dichas ratificaciones, tanto nacionales como departamentales. 

En Uruguay, la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley No. 16.707) aprobada el 12 de Julio de 1995 incorpora por primera vez la figura de la violencia intrafamiliar. En su artículo 38 dispone: "encomiéndase al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, en el ámbito de sus respectivas competencias, la implementación de programas específicos para la asistencia integral a las personas y sus familiares, víctimas del delito y del abuso de poder. Se tendrá en cuenta para estos programas la normativa internacional en la materia".

La violencia doméstica es una realidad presente y extendida en nuestro país, aunque no se ha generado aún la suficiente información que permita estimar la magnitud del problema y el impacto de los daños producidos por estas situaciones. De todos modos, la información existente permite confirmar las estimaciones que se realizan desde los servicios de atención directa a mujeres víctimas de violencia. 

Solamente el 3% de los procedimientos realizados por esta causal culmina en procesamiento del agresor, pese a que existen Comisarías y Oficinas Policiales de Defensa de la Mujer en siete departamentos del país; Cerro Largo, Flores, Florida, Lavalleja, Montevideo, Soriano y Treinta y Tres siendo recientemente inaugurada la de Tacuarembó. En estas Instituciones, en el año 1997 se realizaron 3003 procedimientos. 

Para estimar la dimensión del tema: 

• En 1996 murió 1 mujer cada 10 días como víctima de violencia familiar (información surgida de un relevamiento de prensa que cuantificó los homicidios que tuvieron lugar ese año y las causas respectivas). En una reciente encuesta de opinión pública realizada por Sybila Consultores para el Programa de Seguridad Ciudadana en el área metropolitana, se señala que alrededor del 40% de los hogares vive algún tipo de violencia física o emocional. El Servicio Telefónico de Apoyo a la Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo atendió entre 1994 y 1997, 15.567 consultas: de ellas el 75% respondían a situaciones de maltrato doméstico, 5.3% a maltrato no doméstico y 1.24% a abuso sexual. En el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 10º Turno del total de comunicados telefónicos al juez en 1994, 1995 y 1996 el 14.6% correspondió a situaciones de violencia doméstica y sexual. El Centro de Asistencia a Víctimas de Violencia Familiar del Ministerio del Interior atendió en tres años 2.721 casos.

La capacidad de cobertura de las instituciones públicas y privadas que desarrollan acciones de atención directa es absolutamente insuficiente, de acuerdo a la información existente a pesar de la fragmentación y subregistro de los datos. Muchas de estas intervenciones son acciones puntuales que responden al momento de crisis pero no tienen condiciones de asegurar la atención efectiva del proceso, la reparación de los daños y la modificación de las condiciones que mantienen a la mujer sometida a situaciones de violencia. 

No existe una política pública integral contra la violencia doméstica en Uruguay ni un sistema orientado a prevenir, atender y atenuar las causas e impactos de la violencia contra la mujer. En el plano cultural, salvo iniciativas puntuales, no se ha emprendido tampoco una estrategia global de sensibilización y transformación de las pautas que están en la base de la reproducción del ciclo de la violencia. 

PROPUESTAS

En relación a aspectos institucionales :

Formulación de un Plan Nacional contra la Violencia Doméstica, que implique prevención, diagnóstico y atención de las víctimas y sus familias.

• El plan no podrá basarse exclusivamente en sistemas de derivación hacia las organizaciones de la sociedad civil, sino que tiene que integrarlas como parte componente del mismo. Debe ser una política de estado, incorporada al presupuesto nacional como tal. La coordinación entre los distintos ámbitos de formulación de políticas sociales sectoriales (el sistema educativo, el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Cultura, Poder Judicial, Ministerio del Interior, Universidades y Gobiernos Departamentales) es una condición imprescindible para una atención integral.

• El Plan Nacional deberá comprender iniciativas como la creación de Comisiones Departamentales de Equidad o Centros de Diagnóstico, Prevención y Tratamiento de violencia doméstica y sexual; el diseño de un programa específico de rehabilitación de víctimas directas e indirectas; la implementación de un sistema de información integrado que permita relevar los casos de violencia doméstica y los procedimientos actuados en consecuencia así como habilitar el monitoreo y control permanente de la eficacia del sistema; la institucionalización de servicios jurídicos gratuitos para víctimas de violencia doméstica y sus familias a nivel nacional a través de convenios con las Intendencias Departamentales; la creación de refugios departamentales para mujeres víctimas de violencia doméstica y sus hijos, insertos en un plan nacional de prevención, atención y reparación a víctimas y la creación de Comisarías de la Mujer y de la Familia en los departamentos donde aún no existen.

• El Plan Nacional deberá ser garantizado con medidas legislativas recogiendo iniciativas tales como el anteproyecto presentado en Cámaras y otros aportes eventuales.

En relación a la cogestión estado/sociedad civil:

Incorporar a las organizaciones de la sociedad civil en los presupuestos del Plan Nacional contra la Violencia Doméstica, asumiendo por parte del estado la responsabilidad de compartir con las Organizaciones de la Sociedad Civil los costos de reproducción de los sistemas de prevención y atención actuales y su potenciación en términos de capacidad de cobertura, calidad y sostenibilidad.

En relación a aspectos económicos:

Crear un Fondo de Solidaridad para financiar políticas de prevención y atención de situaciones de violencia doméstica y sexual, a través de mecanismos de exoneración tributaria, regulación de donaciones de empresas públicas, etc. Para la gestión, administración y control de este fondo se creará un consejo donde participen organismos estatales, no gubernamentales, las entidades empresariales y corporativas que estén dispuestas a involucrarse.

Formular un Programa de Generación de Alternativas Económicas dirigido a mujeres víctimas de violencia (líneas de crédito para microemprendimientos, especialización laboral, programa de becas de trabajo para capacitación laboral y generación de antecedentes laborales).

En relación a los profesionales competentes en la materia:

Elaborar un sistema de calificación de profesionales policiales y judiciales (ascensos, criterios para concursos, etc), donde la incorporación de estas nuevas dimensiones sean valoradas para potenciar sus capacidades de competencia en las carreras profesionales.

Incorporar la temática de la violencia doméstica en los curriculum de formación profesional (carrera policial, judicial, derecho, ciencias sociales, Facultad de Medicina, Psicología, etc).

Elaborar e implementar un plan de capacitación de educadores, funcionarios policiales y judiciales especializados en la detección de situaciones de violencia y con capacidad de intervención

En relación a aspectos culturales

"Declaración Nacional de Rechazo a Toda Forma de Violencia contra la Mujer" firmada por los candidatos presidenciales, los partidos políticos y los organismos de gobierno.

Programa de Educación para la Vida en Equidad., con el objetivo de modificar pautas culturales de reproducción desigual de poder dentro de las relaciones familiares y sociales, dirigido a niños, niñas y adolescentes, docentes, padres y agentes comunitarios.

Campaña Nacional de Prevención de la Violencia Doméstica articulada entre los diversos ámbitos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y departamentales.