Agenda 1999

MECANISMOS ESTATALES 
PARA EL ADELANTO DE LA MUJER

La Plataforma de Acción de la lV Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer, establece: "Los mecanismos nacionales para el avance de las mujeres son los organismos centrales de coordinación de políticas de los Gobiernos. Su tarea principal es prestar apoyo en la incorporación del concepto de igualdad entre mujeres y hombres en todas las esferas de la política y a todos los niveles de gobierno...»

Las acciones que los gobiernos se comprometieron a realizar para el logro de este objetivo, incluyen:

• asegurar que la responsabilidad para el avance de las mujeres sea ubicada al nivel gubernamental más alto posible, tal como en el gabinete ministerial.

• a partir de un fuerte compromiso político, fortalecer los mecanismos existentes y establecer claramente su mandato y su autoridad, siendo elementos críticos la disponibilidad de recursos adecuados y la habilidad y competencia para influir en las políticas, formular y rever la legislación realizando, entre otras, las siguientes funciones: análisis político, información, defensa de los derechos involucrados, coordinación y monitoreo de la implementación.

• proveer entrenamiento al personal para el diseño y análisis de datos con perspectiva de género.

• establecer procedimientos para asegurar al mecanismo el acceso a la información sobre la formulación de las políticas más generales en etapas tempranas y darle participación en los procesos gubernamentales de desarrollo y revisión de las mismas.

En el Uruguay, el balance sobre los mecanismos creados destinados a promover la equidad de género, es desalentador. 

Si bien se han multiplicado los mismos, también se revelan varios obstáculos. El principal de ellos es la falta de voluntad política para implementar realmente órganos o institutos capaces de llevar adelante una tarea tan amplia. Los mecanismos creados son "cuasi" honorarios y resalta en ellos su escasez de recursos financieros y humanos. El personal no ha sido cuidadosamente seleccionado: se ha tenido que recurrir a personal en disponibilidad de otras dependencias y a la dedicación honoraria de personas con responsabilidades importantes en otros ámbitos que no pueden dedicar el tiempo necesario a las tareas requeridas.

La falta de voluntad política de alto nivel ha permitido que proliferaran varias instancias sin ninguna coordinación entre ellas (y tampoco existen en el plano informal, salvo excepciones, como la Oficina del Ministerio de Salud Pública con el Instituto Nacional de la Familia y la Mujer, a instancias de las propias oficinas). Las acciones de cada instancia no necesariamente «empujan» en el mismo sentido e incluso podría darse la circunstancia de que lo hagan en sentidos divergentes. Así, los principios que sostiene el INFM para el tratamiento de la Violencia Doméstica no son los mismos que los que se manejan en las instancias del Ministerio del Interior. 

No parece estar claro si todas las instancias tienen suficientes elementos de formación y conocimiento como para realizar acciones orientadas por los marcos de los convenios, pactos y declaraciones que el país ha firmado.

En ese panorama, la Comisión de la Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo, pese a que no ha logrado incorporar la perspectiva de género a todas las políticas que desarrolla la IMM, aparece como una excepción a los restantes mecanismos. Existe coherencia y claridad en cuanto a los objetivos; adecuada relación con las ONG de mujeres -tanto para la fijación de sus políticas, como para la realización de actividades- y alta cobertura en relación con lo que han logrado otras instancias. 

A la hora de establecer estrategias para impulsar mecanismos en el Estado, varias necesidades surgen del diagnóstico. En especial, la de involucrar a altos niveles de gobierno en el establecimiento de una política estatal.

Se constata:

• Falta de concreción de la mayoría de los compromisos signados por Uruguay a nivel internacional, durante esta década. 

• Falta de voluntad para establecer una política de estado con respecto a la superación de las desigualdades y discriminaciones de género.

• Ausencia de la perspectiva de género en los planes de desarrollo y/o las políticas públicas.

• Insuficiencia política, administrativa y financiera de las iniciativas públicas (en adelante "mecanismos") destinadas a garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de la ciudadanía.

• Carencia de status, recursos y competencias adecuados en los mecanismos existentes -todos los cuales tienen además, ubicación sectorial- para influir en los altos niveles de toma de decisión,.

• La marginación de la mayoría de los mismos de las estructuras regulares de gobierno, perjudicados por mandatos poco claros y por el escaso apoyo de los dirigentes políticos nacionales.

• Ausencia de disposiciones para la coordinación entre dichos mecanismos y/o de un órgano rector que oriente todas las actividades que se desarrollan.

• La "informalidad" del cargo de Directora del INFM, la insuficiencia de status y la ausencia de una estructura que le permita el respaldo "desde adentro" de otras mujeres con peso en la esferas públicas, le resta fuerza para influir en múltiples decisiones que se toman a niveles muy altos de los órganos gubernamentales.

• Ausencia de procedimientos para asegurar formalmente la participación de las ONG de mujeres en las actividades, las consultas, los programas y las políticas dedicadas a lograr la equidad de género.

Como lo dice la Plataforma de Acción de Beijing "Sin la participación de las mujeres en los altos niveles de toma de decisiones... es muy poco probable la integración real de la dimensión de igualdad en la formulación de políticas gubernamentales".

Formular una política de Estado global, activa y visible para superar las desigualdades de género en el Estado y en la sociedad, que asegure la incorporación de la perspectiva de género a todas las políticas públicas y actuaciones del Estado y contribuya al empoderamiento de todas las mujeres uruguayas.

Implementar el cumplimiento de los compromisos que el país ha firmado a través de Conferencias Internacionales y Regionales.

Asegurar -mediante el análisis previo de sus posibles efectos- que las decisiones, las responsabilidades y los beneficios de las políticas públicas, tengan una distribución equitativa que contribuya al empoderamiento de las mujeres.

Promover estrategias estatales basadas en la igualdad entre mujeres y hombres -incluyendo medidas de acción positivas- a fin de eliminar los obstáculos para el ejercicio de los derechos de las mujeres y erradicar todas las formas de discriminación contra ellas.

Incorporar la perspectiva de género en los puntos de vista que sostenga el país en los foros internacionales (mundiales y regionales), a través de la participación de mujeres con conocimientos de la misma, en las delegaciones del país y la redacción de los documentos que en cada caso corresponda, incluyendo negociaciones y acuerdos para la integración y el comercio.

Crear un "Sistema Nacional de Políticas para la Equidad de Género", encargado de definir objetivos, formular, implementar, realizar el seguimiento e incorporar la perspectiva de género y su evaluación, a las políticas generales y sectoriales, mediante coordinación con los restantes organismos públicos. Otorgarle mandatos y atribuciones claramente definidos, que le permitan tener las competencias y las funciones necesarias para tener influencia en los restantes ámbitos estatales correspondientes a los tres poderes del Estado, los órganos autónomos, descentralizados y de contralor y los gobiernos departamentales.