Construir, sostener y profundizar la democracia constituye una
tarea central de nuestra
sociedad. Para ello se hace imprescindible superar las enormes
desigualdades económicas,
sociales, políticas, étnicas, culturales y de género existentes.
Estas desigualdades discriminan
y excluyen a amplios sectores de la población, obstaculizando el
pleno ejercicio de
los derechos ciudadanos.
Es preciso que las mujeres sean reconocidas como sujetos
políticos y puedan ejercer plenamente
y con autonomía sus derechos como ciudadanas. Por lo tanto, el
ejercicio de la
ciudadanía, que favorezca la equidad, la participación y
representación política son aspectos
centrales en la concepción y en la construcción de una sociedad
democrática.
La ciudadanía se concibe como una práctica constante de
afirmación, reconocimiento y
ejercicio de los derechos en todos los niveles de la sociedad.
Implica el “derecho a tener
derechos” (Arendt, H.), a ejercerlos y a definir los temas y los
actores que participan del
debate público. Debe ser activa y requiere de la participación
permanente de las personas
y colectivos para incidir y decidir tanto en la esfera privada
como en la pública.
A pesar que existe la participación activa de las mujeres en
diferentes ámbitos, no siempre
ésta implica ocupar espacios de toma de decisiones. En muchas
ocasiones los mecanismos
burocráticos del Estado y la falta de voluntad política impiden
una efectiva participación
democrática de la ciudadanía en general y de las mujeres en
particular.
Ocupar el espacio público en todos sus niveles y dimensiones,
efectuar propuestas y colocarlas
en el debate, participar en las decisiones y controlar la
función pública, son condiciones
imprescindibles para el reconocimiento de las mujeres como
actoras políticas autónomas
con capacidad de ejercer y construir derechos.
Participación y representación política
“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación
contra la mujer en la vida política y pública del país, y en
particular, garantizarán
a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el
derecho a: ser
elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto
de elecciones públicas,
ocupar cargos y ejercer todas las funciones públicas en todos
los planos gubernamentales.”
(Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación
contra la mujer / CEDAW, 1979)
En Uruguay los niveles de participación política de la mujer en
cargos de decisión en organismos
de gobierno y partidos políticos son llamativamente bajos si se
los compara con el
alto grado de participación en la vida económica, en el trabajo
y con su generalizado acceso
a la educación.
En veinte años, desde la recuperación de la democracia, no ha
existido voluntad política
para la modificación de esta inequidad, siendo el bajo número de
mujeres en cargos de
representación y decisión un indicador de la naturaleza
excluyente del sistema político,
lo que constituye un “déficit democrático”.
La participación femenina en el Poder Ejecutivo es casi
inexistente. Nunca en nuestro país,
una mujer ha ocupado ningún cargo electivo (Presidente de la
República, Vicepresidente o
Intendente Departamental). Las mujeres que han ocupado cargos
ejecutivos designados,
han sido excepción (a razón de una Ministra por período
administrativo). En el actual
gobierno (2000-2005) ninguna mujer ocupa una cartera
ministerial, ni tampoco las subsecretarías
de dichos ministerios, lo que representa un retroceso respecto a
períodos anteriores.
Se suma a esto, que también los cargos designados en la órbita
del Poder Ejecutivo,
Poder Judicial, Direcciones de Organismos Autónomos, Entes
Autónomos y Servicios
Descentralizados, son ocupados mayoritariamente por varones. La
subrepresentación de las
mujeres constituye una “anomalía” específica del sistema
político uruguayo que reclama su
más urgente modificación.
En las elecciones de 1999 un total de 15 mujeres ingresaron al
parlamento, representando
sólo un 11,5% del total de parlamentarios. Según la
Clasificación Mundial de Mujeres en
Parlamentos Nacionales de la Unión Interparlamentaria (UIP),
este porcentaje ubica al país
en el lugar 66 en un ranking de 181 países.
En las Juntas Locales de Montevideo, en las elecciones del 2001,
se registró un 40% de
mujeres y en los Concejos Vecinales, un 43%, estas cifras
disminuyen a 15% en los cargos
legislativos departamentales. Esto da cuenta que los cargos a
los cuales tienen acceso las
mujeres, son los de menos poder y reconocimiento social, lo que
se agudiza para las mujeres
jóvenes.
A nivel de las direcciones partidarias la participación femenina
sigue siendo minoritaria, y
en la mayoría de los casos ha retrocedido con respecto al
período anterior. En el Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, no se registra la
presencia de ninguna titular mujer
del total de 15 miembros; en el Directorio del Partido Nacional
de un total de 15 miembros,
solo 1 es mujer; en la Dirección Nacional del Nuevo Espacio de
15 miembros, 2 son
mujeres; en el Frente Amplio/ Encuentro Progresista, su mesa
Política está compuesta por
28 miembros, de los cuales 4 son mujeres.
Estos datos son la evidencia de que la democracia está en deuda
con las mujeres. La institucionalidad
política uruguaya está retrasada en cuanto a reconocer y superar
las trabas
para el logro de una representación igualitaria en los cargos de
decisión política.
Es necesario establecer criterios de acción positiva para
convertir la igualdad formal en
igualdad real.
El procedimiento para la confección de listas, así como la
competitividad y fraccionamiento
de éstas dentro de los lemas partidarios, producen un bloqueo
para la postulación de
mujeres en lugares “elegibles”. Para la efectiva aplicación de
propuestas que permitan el
acceso de las mujeres a los cargos de representación se deberá
tomar en cuenta las complejas
especificidades del sistema político institucional uruguayo.
PROPUESTAS
Designar igual cantidad de hombres y mujeres en los cargos del
Poder Ejecutivo.
Legislar e implementar medidas que garanticen una representación
equitativa en los cargos
electivos a nivel nacional, departamental y local.
Impulsar la implementación de una Ley de Partidos Políticos que
contemple la paridad de
representación en sus órganos ejecutivos.
Adecuar las normas de funcionamiento partidarias a las
necesidades consensuadas de hombres
y mujeres.
Participación política a nivel local
Las mujeres participan activamente en los espacios locales,
desempeñando tareas de muy
variada naturaleza. Habitualmente, esta participación es una
práctica silenciosa que tiene
escaso reconocimiento social y político. En períodos de crisis,
la presencia femenina en el
territorio se hace más visible porque son las mujeres las que
sostienen la organización de
albergues, merenderos y comedores populares. Sin embargo, esta
mayor visibilidad social,
rara vez redunda en cargos de representación, ni en su
proyección política.
Procesos semejantes se observan en las instituciones públicas
que convocan a las mujeres
a participar a nivel local en la detección de problemas y en la
implementación de acciones
programáticas por las que no reciben retribución económica ni
mayor reconocimiento
social.
El aumento de la participación de las mujeres a nivel local,
tanto en lo rural como en lo
urbano, no necesariamente implica un desarrollo de sus derechos
ciudadanos ya que no se
acompaña de la incorporación de la perspectiva de género en las
políticas públicas ni en
una transformación en la distribución del poder entre hombres y
mujeres. La calificación
de la participación femenina a nivel local no sólo tiene que ver
con la cantidad, sino con
la calidad de la participación.
La construcción de una sociedad democrática requiere de
relaciones simétricas entre Estado
y Sociedad Civil. Estas deben habilitar el ejercicio de una
ciudadanía activa que posibilite
acciones individuales y colectivas de control ciudadano, a
través del cual se fiscalicen las
políticas, programas y medidas que afectan a los sujetos en sus
derechos.
Esta ampliación de derechos supone espacios institucionales
abiertos a la participación y
al diálogo.
En este sentido, los procesos de desconcentración administrativa
y descentralización política
pueden ser herramientas útiles para profundizar la democracia,
siempre y cuando reconozcan
la capacidad y el protagonismo de los actores locales en la
promoción y gestión de
sus demandas y el derecho de éstos a ejercer el control sobre
las políticas públicas. No toda
descentralización garantiza siempre la participación.
En el caso particular del Departamento de Montevideo la
instauración y el desarrollo del
proceso de descentralización, así como la formulación del “Plan
de Igualdad de Oportunidades
y Derechos” de la IMM, han significado avances importantes en el
proceso de legitimar,
a nivel departamental, la búsqueda de equidad entre hombres y
mujeres. A través de
él se pretende transversalizar la perspectiva de género al
conjunto de la acción municipal
y se propone - utilizando y ampliando los canales del proceso de
descentralización- promover
la participación de las mujeres.
La no existencia de procesos de descentralización y/o planes
similares en otros departamentos
del país, genera un impedimento en las posibilidades de avanzar
en términos de
equidad en las condiciones de vida de las mujeres.
RECOMENDACIÓN
En todo proceso de descentralización deben estar garantizadas
las instancias de articulación
entre poder local y organismos administrativos para que todas
las personas y, en especial
las mujeres, puedan participar en igualdad de condiciones en el
diseño, evaluación y
control de las políticas.
PROPUESTAS
1. Optimizar y universalizar los procesos de descentralización
municipal a nivel nacional,
que garanticen la participación equitativa de hombres y mujeres.
2. Fomentar e implementar Planes de Igualdad de Oportunidades a
escala nacional y departamental
tomando en cuenta las particularidades de cada departamento.
3. Evaluar periódicamente la implementación del Plan de Igualdad
de Oportunidades y
Derechos de la IMM y perfeccionar los instrumentos de la
descentralización ya puestos
en práctica, de tal manera que garanticen el protagonismo y la
autonomía de las
mujeres.
