Uruguay tiene una población, altamente urbanizada (92.4 %) que
se concentra en un
42 % en la capital del país, Montevideo. En la población urbana
el porcentaje de mujeres
es mayor que el de hombres (52.2% a 47.8%, respectivamente),
situación que se invierte
a nivel de la población rural (43.8 % de mujeres en relación a
56.2 % de hombres).
En cuanto a la constitución étnico-racial, la mayoría de la
población es descendiente de
inmigrantes españoles, italianos y otros europeos.
Investigaciones históricas y genéticas
recientes tienden a demostrar que una parte importante de la
población también tiene
ascendencia indoamericana y la población afro-uruguaya se
calcula en el 10 % del total de
habitantes del país.
La expectativa de vida es de aproximadamente 75 años con una
diferencia entre los sexos.
Las mujeres alcanzan una longevidad de 8 años promediales más
que los hombres, lo que
no significa que tengan una mejor calidad de vida. La mortalidad
en los hombres es más
alta -en todas las edades- pero la morbilidad en las mujeres es
mayor y no está suficiente
ni adecuadamente registrada. El ser más longevas no significa
que las mujeres tengan mejor
calidad de vida.
La tasa global de fecundidad es de 2.4 hijo/a por mujer, siendo
uno de los países con tasa
de natalidad más baja en la región. Sin embargo las cifras
varían de acuerdo a la edad de
la mujer, el área geográfica donde vive y el sector
socioeconómico al que pertenece.
Salud Sexual y Reproductiva
El incremento de embarazos y partos en mujeres adolescentes se
da fundamentalmente en
aquellas pertenecientes a los sectores más pobres. Estudios
realizados muestran que más
del 80% de las adolescentes madres no han logrado completar el
ciclo de Enseñanza
Secundaria y el 78,98% no está integrada a la actividad
económica. Esta situación deja de
manifiesto que las políticas dirigidas a la población
adolescente y juvenil en salud sexual
y reproductiva – las cuales son de muy reciente data en el país
- surgieron como respuesta
al agravamiento de la situación y no como una política de
reconocimiento de derechos
y de promoción en el ejercicio de los mismos.
Si bien no existen estudios sobre barreras para la accesibilidad
y uso de métodos anticonceptivos,
algunos elementos significativos merecen ser mencionados: la
inexistencia de
Educación Sexual a nivel de la Enseñanza Pública, la escasa
difusión de los servicios de
anticoncepción a nivel del sector público, la reciente
incorporación de estas prestaciones
en los servicios de salud pública, la no incorporación de
algunos métodos anticonceptivos
(en particular el DIU) a nivel del sub-sector privado de la
salud. Todos estos elementos dificultan
la accesibilidad de las mujeres a las opciones anticonceptivas.
No hay en los servicios
una acción dirigida ni a los/as jóvenes, ni a la atención de los
hombres con el objetivo
de difundir la responsabilidad masculina en el ejercicio de sus
derechos sexuales y
reproductivos.
En Uruguay, desde la detección del primer caso de SIDA (Síndrome
de Inmunodefinciencia
Adquirida) en 1983, al 30 de abril de 2003 se han notificado al
Programa Nacional de SIDA
(PNS-MSP) un total de 7.018 personas seropositivas: 4.855
personas portadoras (VIH+) y
2.163 enfermos de SIDA. Los estudios centinelas que se realizan
anualmente desde 1991,
mostraron a partir de 1996 un enlentecimiento del crecimiento de
la epidemia, un aumento
de la infección en las mujeres y una disminución en la edad de
las personas positivas.
Respecto al sexo, el 69.2% son hombres y el 30.8% mujeres, la
franja etaria más afectada
está entre los 15-44 años, con una máxima incidencia entre los
15-34 años de edad.
El cáncer de mama es la principal causa de muerte de mujeres por
cáncer en el país, ocupando
Uruguay el primer lugar en Latinoamérica y el quinto en el
mundo. A pesar de las
acciones que desarrolla la Comisión Honoraria de Lucha contra el
Cáncer mediante la donación
de mamógrafos a centros de salud y la realización gratuita de
examen de mamografía
a mujeres de 40 años y más a través de las Unidades Móviles, el
cáncer de mama tiene una
alta prevalencia entre las mujeres uruguayas. Un estudio
reciente señala que las mujeres
usuarias del MSP declaran en un 40 % no haber sido examinadas
por el/la profesional en
la consulta ginecológica, así como tampoco haber recibido
información sobre el auto examen
de mama.
En el período 1990-2002 se registraron 173 muertes maternas
sobre un total de 716.671
nacimientos. Durante todo ese período la mortalidad por aborto
fue de 27%, convirtiéndose
en la principal causa independiente de muerte materna. En el
Hospital Pereira Rossell el
aborto pasó a ser la principal causa de muerte entre las
gestantes, llegando al 49 %. Para
atender esta problemática desde el sector sanitario se
promovieron las normas de atención
pre y post aborto para atender las condiciones de riesgo de la
práctica clandestina del aborto.
Estas normas no han sido aún aprobadas por el Ministerio de
Salud Pública.
Como reacción al problema de salud pública representado por el
aborto practicado en condiciones
de riesgo, desde el Poder Legislativo, se elaboró el proyecto de
ley de Defensa de
la Salud Reproductiva. Dicho proyecto ubicaba en el Estado la
responsabilidad de garantizar
condiciones para el ejercicio de los Derechos Sexuales y
Reproductivos promoviendo
educación sexual, acceso universal a métodos anticonceptivos,
motivación para una paternidad
y maternidad responsable y regulación de la práctica del aborto
hasta las 12 semanas
de gestación. Este proyecto obtuvo la media sanción en Cámara de
Diputados el 10 de
diciembre de 2002 pero fue votado negativamente en el Senado el
4 de mayo de 2004, desconociendo
al 63% de la opinión pública que manifestó su adhesión al
proyecto.
Si bien la institucionalización del parto ha permitido el
descenso de la mortalidad materna
e infantil en el país, tiene como contracara los procesos de
medicalización en donde la
mujer pierde protagonismo en el acto de parir y está -muchas
veces- expuesta a las necesidades
y reglas del funcionamiento médico e institucional.
El modelo materno infantil sustentado en el “binomio madre –
hijo”, así como en la visión
hegemónica sobre el papel de las mujeres en el cuidado de la
salud familiar, en la ausencia
del varón-padre y su responsabilidad reproductiva, trae
aparejadas dificultades para
establecer políticas y programas que aborden integralmente la
salud sexual y reproductiva.
La Sociedad Civil, y en especial las Organizaciones de Mujeres,
han sido un actor fundamentales
en la denuncia y la demanda de políticas integrales que atiendan
los distintos
aspectos vinculados a mejorar la atención del embarazo, parto y
del aborto inseguro.
Sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos, los
actores tradicionales de mediación
política y social enfrentan resistencias para ser reconocidos,
valorados e integrados a
sus análisis, discursos y propuestas. Desde diversas instancias
del Estado las acciones realizadas
en el terreno de los DDSS y DDRR carecen de marcos teóricos y
conceptuales de respaldo.
A partir del año 2002, hubo una mayor coordinación entre los
servicios del primer nivel del
MSP y los de la IMM junto a la sociedad civil organizada hacia
una definición de acciones
en salud reproductiva. A modo de ejemplo mencionamos la creación
de la Mesa Consultiva
para la implementación del Capítulo V (DDSS y DDRR) del Plan de
Igualdad de
Oportunidades y Derechos para la ciudad de Montevideo y la
creación de la Comisión
Nacional sobre Salud Reproductiva en el MSP que articula con la
Comisión Intergubernamental
del MERCOSUR, aunque todavía no han sido definidas normas de
atención en
salud sexual y salud reproductiva que permitan homogeneizar e
integrar las intervenciones
de los equipos de salud en este terreno.
En los hechos, se puede constatar que los sistemas de
intervención (por ejemplo en salud y
educación) agudizan las diferencias de clase, género, raza,
etnia, edad, estatus marital,
orientación sexual, región o nacionalidad. Los programas,
servicios y prácticas suelen no
considerar ni respetar diferencias culturales y de valores. La
violación de derechos en este
terreno es mucho mayor de la que se registran en estadísticas y
mediciones de desarrollo.
El importante vacío y el sub-registro en estadísticas nacionales
sobre diversos tópicos de
los derechos sexuales y reproductivos, impide conocer la
dimensión real de su ejercicio y
evaluar adecuadamente el impacto de las acciones. Se vuelve
sustancial priorizar el desarrollo
de la investigación y fomentar la capacitación de recursos como
manera de impulsar
la necesidad no satisfecha de muchos profesionales
sensibilizados con estos temas.
La relación entre políticas en salud sexual y reproductiva y
políticas de reducción de la
pobreza se explicita con mayor claridad a partir de la creación
del Programa de Infancia,
Adolescencia y Familia en Riesgo (PIAF) ubicado en la Secretaría
de la Presidencia de la
República. Este programa surge en el año 2001 con préstamo del
Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), y se propone como objetivo principal:
“Mejorar las condiciones de
vida e inserción social de los niños, niñas, adolescentes y sus
familias en situación de
riesgo social.”
RECOMENDACION
Cualquier política de desarrollo del país, sólo será posible, si
está íntimamente relacionada
con políticas que garanticen el ejercicio de derechos y la
calidad de vida de toda
su población.
PROPUESTAS
1. Aprobar una ley que garantice el ejercicio de los Derechos
Sexuales y de los Derechos
Reproductivos, incluyendo la posibilidad de la práctica de
abortos en condiciones de
seguridad.
2. Asignar los recursos necesarios y suficientes, a nivel
nacional y departamental, para que
se desarrollen programas y servicios integrales de salud
(incluida la salud sexual y reproductiva)
que se sostengan en el tiempo y no dependan exclusivamente de
fondos externos
o presupuestos puntuales.
3. Incluir asesoramiento, información y educación en los
servicios y brindar atención en:
anticoncepción, control de embarazo, parto digno y humanizado,
postparto, prevención
y tratamiento adecuado de la infertilidad, prevención y atención
de aborto inseguro y
tratamiento de sus consecuencias, prevención y tratamiento de
infecciones de trasmisión
sexual y de distintas infecciones genitales y reproductivas,
prevención y atención
del cáncer genito-mamario, garantizando servicios con cobertura
y acceso en todo el
país y para toda la población.
4. Desarrollar campañas dirigidas a toda la población, de
sensibilización, información y
educación en todo lo relacionado a derechos sexuales y
reproductivos, que impulsen
cambios culturales y promuevan la equidad de género.
5. Atender las necesidades de adolescentes y jóvenes en materia
de educación, información
y promoción a través de servicios de salud amigables que
permitan el desarrollo de su
sexualidad de manera positiva, placentera y segura.
6. Incorporar servicios para las personas de mayor edad teniendo
en cuenta también su
salud sexual y la prevención y tratamiento de los efectos
vinculados a la menopausia.
7. Incorporar a la formación y a la educación permanente de los
profesionales de la salud
todo lo relacionado a la salud sexual y reproductiva desde una
perspectiva de género y
en base a la promoción de una atención humanizada y respetuosa
del desarrollo integral
de las personas.
8. Promover y desarrollar investigaciones que permitan obtener
información e insumos
sobre comportamiento, distribución y características de la
población y derechos sexuales
y reproductivos.
9. Crear nuevos indicadores (incluyendo indicadores
cualitativos) que permitan evaluar
calidad de atención desde una perspectiva de género y el impacto
que las políticas y
programas implementados tienen sobre las condiciones de vida de
la población.
V)
Derechos sexuales y
derechos reproductivos