Uruguay ha sido considerado tradicionalmente un país excepcional en la región y el continente en lo que respecta a los indicadores de pobreza. Sin embargo, en los últimos años los acelerados procesos de exclusión y marginación social han conformado una nueva realidad nacional que coloca en la agenda política y social del país la necesidad de aplicar políticas de integración para la superación de las desigualdades.

“La incidencia de la pobreza extrema en 2003 ha crecido respecto de 1999, este efecto se ha observado en el total del país urbano y también en cada área. Los hogares indigentes se caracterizan por estar compuestos por muchas personas, gran parte de éstas menores y por pocos perceptores de ingresos. Mientras un hogar promedio está compuesto por tres personas, de las cuales una es un niño o adolescente, los hogares indigentes están compuestos por más de cinco personas, de las cuales tres son menores de 18 años y de éstas dos son menores de 14”.

La pobreza excede las carencias materiales y/o de recursos económicos. Su análisis debe incluir la exclusión y vulnerabilidad social que se registran en las distintas esferas de la vida de las personas: en lo social, económico, político y cultural, en lo subjetivo y en lo simbólico; determinando una pérdida del bienestar general y la restricción de los derechos ciudadanos.

El empobrecimiento y la agudización de la exclusión social, afecta cada vez más a amplios sectores de la población, sobre todo a mujeres, jóvenes y niños/as. “La pobreza afecta proporcionalmente a más niños que adultos. Este efecto se agudiza cuanto menor es el grupo de edades considerado. En 2003, casi el 31 % de las personas del país son pobres y promedian: el 57% de menos de 6 años, el 50% entre 6 y 12, el 43% entre 13 y 17, el 28% de adultos y el 10% de personas en la tercera edad.”

El deterioro que se constata hoy tiene, sin embargo, varias décadas de gestación. Algunas de las razones que llevaron al incremento de la pobreza en nuestro país son: el fracaso de los modelos de desarrollo implementados, la defensa de una determinada forma de crecimiento económico; el desmantelamiento del sistema productivo y la centralidad del sistema financiero; las exigencias producidas por el endeudamiento externo; la retracción y debilitamiento del Estado en funciones que garantizan la justicia social y la equidad. En los últimos años, la crisis se profundizó y la población manifiesta una sensación de irreversibilidad y de desánimo que dificulta la visualización de cambios a corto plazo. El país sigue expulsando ciudadanos al exterior, en su mayoría jóvenes, con un alto nivel socioeducativo y buena calificación laboral.

“El perfil del indigente en el Uruguay es un hogar con seis o siete integrantes, fundamentalmente con mujeres jefas de hogar que no han alcanzado más que el nivel primario, que tienen 2 o 3 niños a su cargo y, generalmente, con problemas laborales, porque están en situación de precariedad laboral o no están trabajando. (...)

Según datos del 2002, en el Uruguay, una de cada dos mujeres jefas de hogar en las edades activas, con niños de 0 a 5 años, son pobres… Indudablemente, la pobreza está más concentrada en los hogares con mujeres jefas con hijos. A los fenómenos de infantilización de la pobreza y del surgimiento de la indigencia debemos agregar el de la feminización de la pobreza, que tiene dos elementos asociados: las madres jefas de hogar con hijos y las madres adolescentes.”

Es innegable que hombres y mujeres, adultos y niños/as viven la pobreza y los procesos de exclusión social de manera diferencial. La falta de autonomía económica de las mujeres da cuenta de la existencia de personas pobres al interior de hogares no pobres. La imposibilidad de acceder a ingresos propios y las relaciones de poder inequitativas han ido en detrimento de la igualdad y la autonomía de las mujeres contribuyendo a la brecha de género al interior de la pobreza. La incorporación de la perspectiva de género enriquece cualquier análisis sobre estos procesos de empobrecimiento. Ubicar a las mujeres como las principales responsables de la reproducción biológica y social, constituye una de las formas de exclusión política, económica y social frecuente. Esto restringe las oportunidades laborales, la participación política, el desarrollo y la construcción de diversos proyectos de vida.

Situaciones que se agudizan cuando se suman otras formas de discriminación por edad, etnia, raza, orientación sexual y localización geográfica. En el caso de niños/as, adolescentes y jóvenes, se constata un incremento en la falta de identificación civil que, además de restringirles el acceso a servicios y políticas, constituye un atentado al derecho a la identidad.

Por otro lado, la inclusión de indicadores de género para la medición de la pobreza permitirá la mejor definición de políticas sociales que respondan a la complejidad del fenómeno, superando las actuales acciones asistencialistas y focalizadas.

RECOMENDACIONES

Se debe definir e implementar un modelo de desarrollo inclusivo y equitativo que de cuenta de la heterogeneidad estructural del país.

Para superar la situaciones de empobrecimiento y exclusión de cada vez más amplios sectores de la población, especialmente de mujeres y niños/as, deben garantizarse e implementarse medidas y programas que aseguren una redistribución equitativa de la riqueza.

La formulación de las políticas sociales debe trascender acciones asistencialistas y focalizadas y garantizar programas integrales que respondan a las necesidades específicas de los sectores excluidos para que alcancen igualdad de condiciones para su reinserción social.

PROPUESTAS

1. Formular políticas sociales con enfoque de género que promuevan soluciones integrales a los procesos de exclusión y pobreza. Estas políticas deben tener en cuenta las diferentes manifestaciones de la pobreza y atender tanto las carencias materiales como los aspectos subjetivos de las mujeres fomentando su autonomía en los ámbitos sociales y domésticos y en los sociales y económicos.

2. Desarrollar políticas activas de generación de ingresos hacia las mujeres desde lo local, especialmente dirigidas a hogares con niños/as en situación de pobreza, articuladas territorialmente con el conjunto de las políticas sociales de salud, educación, cuidado infantil y prevención de violencia doméstica y sexual.

3. Garantizar que las políticas públicas de emergencia social tengan proyección en las posibilidades futuras de inserción laboral y social de las mujeres.

4. Definir indicadores con perspectiva de género que permitan evaluar las intervenciones y redefinir políticas más adecuadas a corto, mediano y largo plazo.