En Uruguay las mujeres continúan ingresando sostenidamente en el
mercado laboral, aún
en los peores períodos de crisis económica. No obstante, las
tasas de desempleo, el acceso
y las formas de inserción, reflejan notorias diferencias entre
hombres y mujeres, demostrando
que las características estructurales del mercado se mantienen.
La división sexual del trabajo sobre la cual se organiza nuestra
sociedad, constituye el origen
de una serie de desigualdades que afecta la vida de las mujeres,
condiciona su inserción
en el mercado de trabajo y compromete su desarrollo y
condiciones de vida.
El recorte de las políticas sociales ha significado un aumento
de las responsabilidades de
las mujeres en el cuidado y atención de los hijos y las
familias, produciéndose una sobrecarga
de las tareas domésticas con el consiguiente desgaste físico y
emocional que representa
la doble y triple jornada de trabajo.
Es necesario que se reconozca el aporte económico del trabajo no
remunerado de las mujeres
tanto en las tareas dentro de los hogares como en el suministro
de bienestar social en la comunidad.
Este trabajo doméstico no remunerado es invisible, incluso para
las propias mujeres y
limita su participación en los ámbitos económico y social y en
el ejercicio de su ciudadanía.
La precariedad laboral, el sub-empleo y la informalidad afectan
particularmente a las
mujeres que, en muchos casos, acceden a empleos mal remunerados,
inestables y sin protección
social.
Son las mujeres más pobres las más desempleadas y dentro de este
grupo predominan las
jóvenes, aumentándose de este modo la brecha entre las mismas
mujeres.
La flexibilización laboral, la pérdida de normas claras de
trabajo, ha significado peores condiciones
laborales, colocando en riesgo muchas veces la salud y la
seguridad de los y las
trabajadoras. El miedo a la desocupación genera graves
situaciones de autoexigencia para
los empleados y de abuso por parte de los empleadores. La
participación de las mujeres en
el ámbito sindical se ve limitada por una serie de factores: la
doble jornada, la falta de
perspectiva de género de algunos sectores laborales, la ausencia
de organización sindical
en determinadas ramas del trabajo donde las mujeres son mayoría
(servicio doméstico,
supermercados, trabajo informal, etc.).
La situación de discriminación y de segmentación ocupacional
entre los géneros no ha
variado demasiado, pues si bien ha habido un crecimiento
cuantitativo del empleo en las
mujeres este hecho no se corresponde con un aumento de la
calidad del mismo. Frente a
igualdad de tareas y responsabilidades, las mujeres perciben
menos salario que los hombres.
Los estereotipos continúan incidiendo sustantivamente a la hora
de excluir a las
mujeres de cargos de decisión y de ciertas ocupaciones que se
consideran tradicionalmente
masculinas, e influyen negativamente en los y las jóvenes al
momento de elegir su educación
o formación profesional.
Los niveles educativos alcanzados, no han significado una
ventaja para las mujeres a la
hora de insertarse laboralmente y aún necesitan contar con
respaldos curriculares mayores
que los hombres para alcanzar similares niveles de ingreso.
El porcentaje de mujeres que accede a la enseñanza técnica
continúa siendo la mitad que
el de lo hombres. Sus opciones profesionales aún se concentran
en carreras tradicionalmente
femeninas pese a haber aumentado su participación en las
consideradas tradicionalmente
masculinas.
El sistema actual de seguridad social agudiza las desigualdades
sociales, no responde a las
características del envejecimiento de la población ni al del
mercado informal del trabajo.
Las mujeres se han visto directamente perjudicadas al aumentarse
la edad de retiro, los
años de servicio y los efectivamente aportados. Las mujeres
viven más y perciben salarios
menores que los hombres durante la carrera ocupacional, esta
situación incide negativamente
tanto para la jubilación complementaria como para el cálculo del
salario básico jubilatorio.
Así ante iguales aportes, iguales años de vida y mismo trabajo
que los hombres; las
mujeres reciben un salario menor.
El trabajo infantil, en todas sus manifestaciones incluidas las
situaciones de prostitución y
tráfico de niños/as, es un atentado a sus derechos. Deben
extremarse las medidas contra
aquellas personas que promueven y se benefician de la
explotación de niños/as. Los poderes
del Estado, políticos y sociales deben controlar que los
derechos de niños/as sean respetados
y garantizados.
A nivel oficial el programa Proimujer (Programa de Promoción de
la Igualdad de
Oportunidades para la Mujer en el empleo y la formación
profesional) orientado a mejorar
la empleabilidad y las condiciones de inserción en el mercado
laboral ha significado un
avance, que aún no es suficiente. Debe darse un mejor
seguimiento que de cuenta de la
inserción efectiva de las mujeres en el mercado laboral.
La elaboración del Plan de Igualdad en el Empleo -acordado en el
ámbito de la Comisión
Tripartita de Igualdad de Oportunidades- puede ser evaluado como
un avance, pero cabe
señalar que aún espera la aprobación por el responsable del
Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
La creación del Departamento de Género y Equidad del PIT-CNT
(julio 2000) así como la
aprobación en el Congreso del PIT–CNT (octubre 2003) de la cuota
femenina en la representación
sindical han significado cambios positivos en la incorporación y
tratamiento de
la perspectiva de género en el empleo.
RECOMENDACIONES
Las políticas de empleo que se promuevan deben contemplar la
equidad entre los géneros
y facilitar la inserción laboral de las mujeres de diferentes
estratos socioeconómicos, niveles
educativos y franjas etarias, apuntando al fortalecimiento de su
autonomía.
El cumplimiento de las leyes vigentes en materia laboral, así
como los distintos convenios
firmados con la OIT, incluidos aquellos referidos al acoso
sexual (ley 16.045) y protección
de la maternidad, deben garantizarse aplicando sanciones a todos
aquellos que no cumplan
con las normativas acordadas.
El conocimiento de la normativa laboral en general y la
específica de género, así como los
mecanismos de reclamo ante las autoridades competentes debe
tener la más amplia difusión
y promoción.
Los programas sociales de apoyo (educación, vivienda, salud,
guarderías) deben ser integrales,
teniendo en cuenta la diversidad de situaciones familiares,
económicas y sociales
que viven las mujeres.
Deben asegurarse y desarrollarse ámbitos de asesoramiento
técnico y jurídico con perspectiva
de género que promuevan la creación de nuevas áreas de inserción
laboral para
las mujeres.
A nivel nacional y local se debe mejorar la capacidad de
generación de ingresos de las
mujeres del área rural facilitando la igualdad de acceso y el
control de los recursos productivos,
la tierra, el crédito, el capital y los derechos de propiedad.
El sistema de Seguridad Social debe adecuarse a la realidad
laboral de hombres y mujeres y a
los nuevos arreglos familiares, incluido el concubinato,
contemplando específicamente aquellas
situaciones que representen riesgo social para las personas
(embarazo en adolescentes,
mujeres jóvenes con hijos a cargo) y que no estén cubiertas o lo
estén insuficientemente.
Debe garantizarse que los y las trabajadores/as de todos los
sectores tengan salarios dignos
y condiciones laborales que les permitan desempeñar
adecuadamente sus funciones y
preservar su calidad de vida, sin que medie discriminación
alguna.
PROPUESTAS
1. Aprobar una legislación específica que contemple actividades,
como servicios personales,
servicio doméstico, trabajo informal y domiciliario.
2. Garantizar el acceso y las facilidades en la obtención de
créditos para promover emprendimientos
productivos, asociativos y cooperativos, liderados por mujeres.
3. Generar programas de capacitación para mujeres desempleadas,
en situación de pobreza,
a nivel local, con contenidos que promuevan el desarrollo de su
autoestima y las
habilidades básicas para su inserción laboral y social.
4. Capacitar para la empleabilidad, atendiendo la equidad de
género, con la promoción de
programas que apunten al ingreso de mujeres en áreas de trabajo
consideradas tradicionalmente
masculinas.
5. Evaluar sistemáticamente los programas nacionales en
desarrollo, en tanto insumo para
la formulación de políticas de empleo.
6. Promover la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el
trabajo doméstico facilitado
por licencias laborales para hombres por paternidad, adopción
y/o enfermedad de un
familiar.
7. Investigar en profundidad y tomar las medidas necesarias para
impedir las consecuencias
físicas y psicológicas que en determinadas áreas de trabajo,
especialmente en las
mujeres, producen desgaste laboral (“burn out”, lesiones por
esfuerzo repetitivo, exposición
a sustancias tóxicas a nivel industrial y agrícola).
III)
Trabajo
