III. EVALUACIÓN
GENERAL DEL INFM
Antes de analizar el
rendimiento de la actual gestión del INFM, se propone resaltar ciertos
problemas inherentes al INFM como institución que, a catorce años de
su creación, representan obstáculos aparentemente insuperables para un
funcionamiento eficiente y eficaz de la misma. Estas dificultades han
sido señaladas en reiteradas ocasiones por mujeres de todos los
partidos políticos, así como de organizaciones sociales, incluyendo la
Comisión Nacional de Seguimiento a los Compromisos de Beijing (CNS).
Recordemos que la PAM
recomienda que:
Para
lograr un funcionamiento eficaz de los mecanismos nacionales es
preciso que:
- Ocupen una posición
en las más altas instancias posibles de gobierno, y que estén
bajo la responsabilidad de un ministro o ministra del gabinete.
- Existan mecanismos o
procesos institucionales que agilicen, según proceda, la
planificación descentralizada, la aplicación y el seguimiento
con miras a lograr la participación de las organizaciones no
gubernamentales y comunitarias, empezando por los niveles más
básicos de participación popular.
- Se disponga de
suficientes recursos a nivel presupuestario y de personal
profesional capacitado.
- Haya oportunidades
para influir en el desarrollo de todas las políticas
gubernamentales.
(PAM,
párrafo 201)
Es de notar que en el
caso uruguayo estas cuatro recomendaciones básicas o directamente no se
cumplen, o no se han implementado adecuadamente.
Primero, lejos de estar
bajo la responsabilidad de un ministro o ministra, el cargo de
Dirección del INFM ni siquiera existe en el organigrama del MEC, como
constató el Ministro de Educación en su entrevista con la CGE (CGE,
2001: 4), y tampoco se cuenta con la previsión presupuestal
correspondiente a ese cargo (INFM Documentos).
Segundo, desde que se
refundó el Instituto en 1991, no existe ningún mecanismo institucional
permanente que asegure la participación de las organizaciones no
gubernamentales en la planificación, aplicación y seguimiento de las
acciones del INFM.
Tercero, a pesar del
aumento logrado en 2001, el presupuesto del INFM sigue siendo muy
limitado. Además, el INFM no tiene autonomía para ejecutar su partida
presupuestal, sino que la ejecución de la misma corresponde a la
dirección del MEC.
Cuarto, los cometidos del
INFM abarcan las cuatro etapas del proceso de creación de políticas
públicas: iniciación, elaboración, implementación y evaluación. Sin
embargo, dado el bajo rango político y la falta de autonomía del
Instituto, sumados a sus pocos recursos económicos y humanos, resulta
imposible que el Instituto cumpla con el cometido de
"ejecutar" por sí solo políticas nacionales de género.
Además, el Instituto carece de las competencias, capacidad y funciones
necesarias para incidir en los procesos de formulación e evaluación de
políticas públicas llevados a cabo por otros actores gubernamentales.
Tampoco existen canales formales de coordinación y diálogo con el
resto de los ámbitos estatales —los organismos legislativos y
judiciales a nivel nacional y departamental, los entes autónomos y
decentralizados y los órganos de contralor.
La falta de una
coordinación interinstitucional a nivel del gobierno nacional se debe
no sólo a la debilidad institucional del INFM, sino también a la
persistencia de una cultura de desconocimiento y/o resistencia al tema
de género en todo el estado. Esto, sin duda, ha contribuido a que desde
1995 el INFM no ha logrado promover efectivamente la implementación de
las recomendaciones emanadas de la Conferencia de Beijing. En párrafos
293-8 de la PAM, se establecen las acciones que se deben tomar para su
implementación, indicando el rol central a desempeñar por los
mecanismos nacionales en la elaboración y seguimiento de un plan de
acción nacional, asegurando la participación en ambas actividades de
representantes de la sociedad civil, en particular organizaciones de
mujeres y grupos feministas. En el caso uruguayo, sin embargo, la
intención de la anterior directora del INFM, Alba Osores de Lanza, de
conformar una Comisión Oficial de Seguimiento y Propuestas de los
Compromisos de Beijing, integrada por representantes ministeriales, y de
crear comisiones de trabajo con participación de la sociedad civil,
según las recomendaciones del PAR (Acción estratégica VIII.c), no se
efectivizó, y hasta el día de hoy no se ha concretado un plan de
acción nacional.
En términos generales,
se puede afirmar que la permanencia institucional que se consiguió con
la refundación del INFM en 1991 no se ha traducido en su consolidación
ni en su fortalecimiento. La ubicación del INFM dentro del organigrama
del estado uruguayo sigue siendo marginal y sus competencias
inadecuadas, lo que lo debilita, acotando seriamente sus posibilidades
de incidir efectivamente en la agenda política nacional y de cumplir
con sus cometidos. No es de extrañarse, entonces, que su existencia
tampoco ha conllevado la institucionalización de políticas de género,
ni mucho menos la transversalización de una perspectiva de género en
todo el estado.
En suma, se puede afirmar
que los obstáculos identificados en la Declaración de Beijing +5
reflejan fielmente las dificultades para lograr en Uruguay un mecanismo
nacional para el avance de las mujeres eficaz, más allá de la
efectividad de gestiones particulares:
En una
serie de países, la insuficiencia de recursos humanos y financieros y
la falta de voluntad y compromiso políticos constituyen el principal
obstáculo a que se enfrentan los mecanismos nacionales. Ello se ve
intensificado por la insuficiente comprensión de la igualdad entre
los géneros y la incorporación de la perspectiva de género por
parte de las estructuras gubernamentales, así como por los
estereotipos basados en el género que existen, las actividades
discriminatorias, la competencia en las prioridades de los gobiernos,
y en algunos países, la falta de mandatos claros y una ubicación al
margen de las estructuras gubernamentales nacionales, la falta de
datos desglosados por sexos y edad en muchas esferas y la aplicación
insuficiente de métodos para evaluar los progresos, además de la
falta de autoridad y de la insuficiencia de vínculos con la sociedad
civil. Las actividades de los mecanismos nacionales se vieron también
obstaculizadas por problemas estructurales y de comunicación dentro
de los organismos de los gobiernos y entre ellos.
(B+5,
párrafo 25, pág. 17)
Asimismo, es evidente que
el estado uruguayo está lejos de cumplir con el compromiso asumido
cuando firmó el Consenso de Lima, de "fortalecer los mecanismos
institucionales para la promoción de la mujer [...], dotándolos de
recursos adecuados de toda índole, personalidad jurídica y autonomía
presupuestal, así como del respaldo político al más alto nivel"
(Lima, párrafo e)).
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