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Eduardo Gudynas

Como broche del año pasado, la adjudicación de premios por el Fondo Nacional de Investigadores desató una polémica sobre las prioridades y evaluaciones científicas en el país. Han quedado en evidencia problemas y resistencias que requieren un esfuerzo distinto, plural y abierto, para construir una política nacional en ciencia y tecnología.

El año 2000 amaneció con un debate sobre la promoción de la investigación científica en Uruguay. La razón fue la adjudicación de 153 premios del Fondo Nacional de Investigadores (FNI), administrado por el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICYT), dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. Entre todos los seleccionados, ordenados en tres categorías, recibirán poco menos de un millón de dólares, por sobresueldos mensuales que van de cuatromil a sietemil pesos durante tres años. Al llamado del FNI se presentaron 702 aspirantes, de los cuales fueron seleccionados 143 bajo la responsabilidad de una comisión evaluadora de 10 miembros, los que a su vez también recibieron la premiación del sobresueldo.

Si bien la polémica se venía insinuando, al conocerse estos resultados (en los últimos días de diciembre de 1999) se desató una discusión que abarcó varios frentes. En primer lugar se denunció la insuficiencia de los recursos financieros, lo que obligó a que muchos investigadores de valía quedaran fuera de la asignación de fondos. Pero más allá de ese problema financiero quedaron en evidencia otras dificultades. Por ejemplo, el hecho de que la comisión evaluadora fuese a su vez premiada de oficio, su integración, y la ausencia de jurados elegidos por los concursantes, promovieron fuertes críticas que se asomaron en las listas de correo electrónico y en la prensa.

También se pusieron en discusión los criterios de evaluación, que nunca fueron adecuadamente presentados ni definidos. En el momento del llamado se ofreció una muy breve explicación, y cuando la polémica ya estaba instalada se dio a conocer un nuevo documento que contenía los criterios de evaluación. Pero esa publicación, al hacerse después que se otorgaron los premios, en lugar de calmar la discusión, la reavivó.

Se han cruzado asimismo múltiples mensajes sobre si los elegidos eran los más o menos adecuados, o si quienes quedaron excluidos eran en realidad mejores o peores, así como alertas sobre los vínculos familiares de varios de los beneficiados. Puntos como estos se dejarán de lado en el presente artículo.

Las áreas temáticas beneficiadas suscitaron varios cuestionamientos. Por ejemplo, entre los 143 premiados sólo cinco correspondían a las ciencias agrarias, lo que sembró dudas sobre cómo contemplaba las prioridades nacionales este tipo de mecanismo. También se denunció la exclusión de investigadores de las universidades privadas, un mal manejo de los títulos académicos, el hecho que el premio era en realidad un sobresueldo (algo que estaba excluido por la ley de creación del fondo, y que además plantea dudas legales sobre si lo pueden cobrar quienes gozan de compensación por dedicación total), la particular situación de decanos que ganaron a pesar de no explicarse cómo podían simultáneamente dedicarle un mínimo semanal a la investigación (lo que llevó a que varios de ellos renunciaran al fondo...) y así sucesivamente, hasta sumar todo un conjunto de preocupaciones.

El debate alcanzó estado público y en general cuestionó la transparencia y rigurosidad en el proceso. Tan solo a manera de ejemplo: analistas como Alfredo Errandonea sostenían que la decisión del FNI era muestra de la "pésima aplicación de una buena iniciativa" (La República, 18 enero); un prestigioso economista, J. Notaro, renunciaba declarando que había faltado transparencia (El País, 23 enero 2000); Pablo da Silveira alertaba sobre la situación de las universidades privadas (El País, 5 Enero); y uno de los solitarios ganadores en ciencias agrarias, Fernando García Préchac, criticaba desde Internet los criterios de evaluación. Mientras tanto, funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura defendían lo actuado, se lamentaban de las críticas, y dejaban flotando la idea que la iniciativa podría no repetirse. Finalmente, hasta donde puede saberse, el jurado guarda silencio.

Una controversia como esta debe ser bienvenida. Permite poner en primer plano la importancia de la ciencia, abandonando los corrillos de los corredores. Por ello es necesario participar constructivamente, analizando los conceptos e ideas en juego. Como parte de esa tarea, en otro artículo analicé algunos aspectos del FNI, partiendo de la hipótesis de trabajo que el mecanismo de evaluación utilizado fuera válido (Gudynas, 2000). En efecto, suponiendo que la evaluación de los científicos por una comisión experta y el reparto de dinero entre ganadores fuese el mejor proceder, se examinó la consistencia interna del procedimiento y su pretendida objetividad. El resultado es que aun aceptando esa hipótesis extrema se observa una diversidad de posiciones y de valoraciones que plantea serias dudas sobre las presuntas bondades del procedimiento. En este artículo me propongo complementar ese análisis ampliándolo a otros aspectos, tales como los indicadores y temas en discusión. No es el objeto de estas breves notas provocar un debate de tono personal sobre los méritos de las personas ganadoras o de los rechazados, sino el intento de examinar conceptualmente las ideas en juego.

Los temas privilegiados

Uno de los resultados más debatidos del dictamen del FNI fue el privilegio otorgado a ciertas ciencias básicas, en detrimento de una bajísima representación de las ciencias agropecuarias. Este hecho depende de cómo se privilegian o no los temas de investigación. Un problema común en el país ha sido menospreciar ciertas áreas del conocimiento, en particular cuando resultan ser novedosas o transdisciplinarias. Esta dificultad también se observa en otros países. Por ejemplo, Herman Daly es considerado de uno de los padres fundadores de la economía ecológica, una disciplina que vincula la economía, con la ecología y hasta con la antropología. Es un prolífico autor, inclusive de libros que recibieron premios nacionales en los EE UU, y que fue durante años investigador principal del Banco Mundial. Pocos años atrás, al asumir un puesto docente en el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad de Maryland, su pedido de dedicación total fue vetado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas, ya que sus profesores consideraban que la economía ecológica no era una disciplina seria.

Este caso muestra cómo un conjunto de académicos reacciona contra otros que representantes de campos novedosos que están poniendo en cuestión su saber tradicional. Este problema se resuelve de distinta manera en otros países que el nuestro ya que esa crítica es abierta y explícita, y en ellos uno y otro bando ponen en discusión franca sus argumentos. También a diferencia de lo que sucede en Uruguay los resultados son distintos: Daly obtuvo su dedicación total por otros medios y no perdió su puesto universitario. Mientras en nuestro país las estructuras académicas son rígidas, y por lo tanto tienden a excluir las opciones alternativas, en la Universidad de Maryland las mantienen y las alientan como institutos asociados, aumentando así el abanico de posibilidades en docencia e investigación. Por si fuera poco, en la actualidad una comisión internacional está promoviendo la candidatura de Daly al premio Nobel de economía.

Mecanismos como el FNI no resuelven estos problemas sino que los acentúan, debilitando los embriones de nuevos campos de investigación. Las autoridades ministeriales refuerzan todavía más ese proceso. Por ejemplo, el entonces ministro Yamandú Fau declaraba que los que no accedieron a los premios del FNI carecían de nivel. Seguramente es una apreciación errada, basada en la supuesta evaluación ponderada e infalible de los evaluadores, olvidando los aspectos objetivos y subjetivos que tienden a reforzar unas áreas sobre otras. Seguramente muchos de quienes perdieron realizaron tareas de investigación más que importantes, pero distintas a la que los evaluadores consideran buenas. No existe un criterio certero de objetividad, lo que termina generando, de manera implícita, una política de selección de investigadores.

La importancia de los títulos

Uno de los puntos en discusión se refiere al peso que deberían tener los títulos académicos en una evaluación de investigadores; por ejemplo, Pablo da Silveira cuestionó el manejo que el FNI realizó de los diplomas. Hay quienes defienden que solamente las personas poseedoras de un título universitario de grado, como el doctorado, pueden ser investigadores, o, sin llegar a considerarlo como un requisito excluyente, que ello debería tener un peso determinante.

Sin embargo, en esa apreciación no se considera correctamente qué es un investigador, y se confunde la necesidad de un título que habilita solo para ejercer una profesión, como la de médico o abogado. Dejando en claro que el caso de los investigadores es distinto, se mantiene la vigencia del análisis que realizáramos más de diez años atrás con Fernando Costa y Fernando Pérez Miles (1989), donde se alertaba que un título es esencialmente un certificado que acredita haber cumplido requisitos mínimos, esencialmente de tipo formativo, y que en consecuencia habilita a la persona para ejercer una profesión en el campo científico. Y enseguida se agregaba: "El título de biólogo no permite predecir si el poseedor será un buen o mal investigador. Por esta razón es que no hay títulos de investigadores en biología y es por lo mismo que médicos, veterinarios, maestros y simples ciudadanos han logrado destacarse como investigadores". En el caso de los títulos que apuntan a la investigación, éstos aseguran que por lo menos se ha realizado una investigación con éxito (la tesis). En el mismo sentido, el conocido estudio de Latour y Woolgar (1995) sobre la vida dentro de un laboratorio, advierte que en un CV la lista de títulos "no asegura que el individuo sea un científico, pero le permite ser admitido" en las actividades propias de ellos. En las tareas propias de los investigadores, como por ejemplo escribir un artículo original para una revista académica o presentar una ponencia en un congreso, no se exige poseer un título. La información que se presenta no se evalúa por el diploma de quien la presenta, sino por el grado de originalidad que ella encierra.

Por cierto que tampoco puede llegarse al extremo de ignorar los diplomas, pero hay que tener cuidado en no caer en un prejuicio, por el cual se da por descontado que aquellos que carecen de títulos no pueden ser investigadores, incluso frente a personas que pueden demostrar lo contrario por medio de publicaciones académicas. Ello va en contra de la tradición de la investigación en nuestro país, así como en muchos otros países latinoamericanos, donde se destacan los logros de Clemente Estable, un notable investigador que simplemente era maestro de escuela.

Los límites de las publicaciones arbitradas

En el debate también ha surgido el problema de cómo ponderar las publicaciones de un investigador. Parecería que en el caso del FNI se ha dado prioridad a las revistas arbitradas extranjeras (esto es, aquellas revistas que una vez que reciben un manuscrito lo someten a un conjunto de revisores, en muchos casos anónimos, a especializados en el tema, quienes lo analizan y determinan si alcanza los niveles necesarios para publicarlo).

Por ejemplo, García Préchac advertía en su carta abierta que no discute la validez de las publicaciones arbitradas, pero argumenta "con el mayor énfasis, que este criterio predominante discrimina a la investigación aplicada y no se ajusta a las necesidades de los contribuyentes (el país), que son los que financian" a los investigadores nacionales.

La idea es que este tipo de revisión entre pares, y en particular pares restringidos al tema específico en estudio, es el mejor método para determinar la calidad. En contraste, la publicación en países del sur, y Uruguay entre ellos, arroja menores puntajes, ya que en muchos casos esa revisión no existe o es de escasa significación.

La revisión es un método extraordinariamente positivo, ya que permite mejorar en muchos casos (no siempre) la calidad de los artículos. Es un proceso típico de los "journals" del hemisferio norte y raro en nuestro medio. Frente a esto se plantean muchas cuestiones dignas de analizar, como por ejemplo la valoración que se hace de las revistas nacionales, donde no está claro si existe un sistema de referato de ese tipo. Por ejemplo, ¿cómo evaluar los artículos publicados en los "Cuadernos del CLAEH", una de las revistas nacionales y regionales más prestigiosas en ciencias sociales? ¿Tiene el mismo valor un artículo en esa revista que otro publicado en la American Sociological Review?

La insistencia en enfatizar los "journals" tiene varias consecuencias. Termina inhibiendo el desarrollo y mantenimiento de revistas nacionales, ya que los autores prefieren enviar sus mejores artículos a las publicaciones del hemisferio norte. Genera una confusión, pues se presupone que lo publicado en el exterior es mejor que lo editado en nuestro país. Pero además sesga los temas, dado que las cuestiones prioritarias en esos países son, en muchos casos, distintos a las cuestiones que promueven discusión nacional.

Finalmente se ha desencadenado el curioso hecho de olvidar que también se puede mantener un sistema de arbitraje en Uruguay. Nada impide contar con publicaciones nacionales con ese sistema de revisión, y en realidad una política nacional en ciencia y tecnología incluiría subvenciones a revistas científicas urubuayas con los mejores arbitrajes.

Asimismo, el énfasis en la cantidad de artículos puede terminar dando prefedencia el número sobre la calidad. En este punto, el astrónomo Julio Fernández advertía en una nota distribuida por correo electrónico que el FNI podría incitar a publicar "papers en serie, como chorizos", preguntándose quién invertiría "tiempo en una línea de investigación de alto riesgo, pero muy creativa, cuyos resultados no estén a la vista en el corto plazo" o que no conduzca a artículos "publicables en revistas internacionales, pero que puede ser de gran interés y beneficio a nivel local". Fernández declara temer que "estos procedimientos que desembocan en un conteo mecánico de papers terminen estimulando la mediocridad" y que el "inmediatismo puede convertirse en un serio enemigo de la verdadera excelencia". Además, ese mecanismo podría estimular, según Fernández, ciertos niveles de corrupción científica, como dividir un buen trabajo en dos o mas artículos para aumentar la cantidad total de publicaciones, o "crear una especie de 'cooperativa de autores' en que cada uno tiene asegurado su ingreso en un pool de autores como devolución de favores mutuos". Todo esto llevó a Fernández a escribir una excelente ironía sobre la candidatura de Nicolás Copérnico a un fondo de este tipo, la que resultó como era de esperarse, en su rechazo.

Pero además de los artículos, los investigadores publican ensayos, y con ellos se reiteran los mismos problemas. En esta misma revista, relaciones, se han publicado muchos ensayos que son de excelente factura y nada tienen que envidiar a mi juicio, a los que se leen en francés o inglés. Pero habría que preguntarse si un artículo publicado en relaciones tendría el mismo puntaje que otro editado en la muy prestigiosa estadounidense Daedalus.

Finalmente, también debe considerarse el caso de los libros. En primer lugar, no está claro cómo fueron evaluados ni si se aplicaron tasas de equivalencia (donde un libro equivale a tantos artículos arbitrados). Nuevamente es necesario plantearse si existen diferencias esenciales entre un libro publicado por Academic Press en los EE.UU., o uno aparecido aquí bajo el sello de Trilce o Banda Oriental. Una editorial, sea en Montevideo o en New York, puede encaminar un proceso de revisión académica, y muchas lo hacen. Pero tanto en el ensayo como en el libro, el proceso de revisión depende de la voluntad del autor, y hay quienes lo hacen y quienes no. Tampoco debe olvidarse que las editoriales del hemisferio norte analizan un libro no sólo por su calidad académica, sino también por su retorno económico, de donde queda abierta la pregunta sobre cómo valuar medios de publicación que también son afectados por intereses comerciales.

Acceso a la información

Hasta el momento toda la polémica sobre el FNI se ha desarrollado dentro de un laberinto, ya que un aspecto clave para cualquier conclusión se mantiene en secreto: los curricula vitae de los investigadores. No sólo no se pueden cotejar los pretendidos criterios de evaluación usados por el FNI con los investigadores ganadores (y con los perdedores), sino que ni siquiera se sabe bien en qué está trabajando la comunidad académica nacional, ya que una sistematización ordenada de su producción no se ha publicado y, peor aún, menos lo sabe el resto de la sociedad.

Este hecho se viene discutiendo desde hace por lo menos diez años. En 1990 los pedidos de acceso a esa información eran mirados con malos ojos por las autoridades de turno ("... parecía que no estaba mal que un neófito ocupara un lugar indebido, estaba mal que se supiera..."; Costa y colab., 1990).

En la presente discusión, se han sucedido los reclamos para establecer de un mecanismo que determine que los curricula se hagan públicos. Allí no hay nada secreto, y de hecho los científicos se desviven por publicar y dar a conocer sus hallazgos a las más amplias audiencias. Si bien nadie rechaza enfáticamente tal pedido, no se dan los pasos necesarios para hacer pública esa información. Este es uno de los hechos más sorprendentes y llamativos ocurridos a este respecto en los últimos años.

Como lo indicaba en un artículo anterior, en Brasil ya existe un sistema generalizado y público de curricula vitae disponibles en Internet. En Argentina se está operando una discusión parecida a la uruguaya, con la diferencia que las nuevas autoridades del consejo en ciencia y tecnología de ese país han asumido la necesidad de ofrecer esa información. En efecto, el nuevo presidente del Conicet de Argentina, el matemático Pablo Jacovkis, sostiene que una de las metas de su gestión es "dar más transparencia para terminar con las discusiones sobre si los ascensos en la carrera están bien dados" y para ello propone que en el sitio en Internet de ese organismo se publiquen los "antecedentes de las personas que fueron admitidas en la carrera de investigador". El investigador admite que no es algo difícil de instrumentar pero reconoce que "hay mucha resistencia", y agrega: "Alguna gente puede pensar que no saldría muy bien parado con esto y, además, hay una tendencia a pensar que ese tipo de información no debería ser pública. Sin embargo, yo estoy en desacuerdo. Mas aún, sería muy importante que los investigadores dieran a conocer también por Internet qué es lo que hicieron durante los últimos cinco años, cuáles son sus planes, los trabajos publicados... Esto no es ninguna genialidad. Se hace en cualquier universidad de los Estados Unidos" (La Nación, 30 enero/2000).

Una polémica recurrente

Los conceptos en discusión en el FNI no son nuevos. En realidad, muestran una recurrencia de las dificultades, de las trabas en la evaluación y generación de una política científica, en un contexto donde prevalecen las discusiones cerradas, del escaso acceso público a la información, y al encauzamiento y control en la participación en la toma de decisiones. El hecho de mantener los curricula fuera del acceso público, la publicación de mayores detalles sobre los criterios de evaluación después de realizadas las evaluaciones, el peso otorgado a las publicaciones, y muchos otros temas más, muestran que no todas las dificultades se deben a los fondos escasos. Estas dificultades desatan la polémica, y en este caso presenciamos problemas similares a los vividos a fines de la década de 1980 con el Programa de Ciencias Básicas (Pedeciba).

Si bien varios analistas han indicado que la actual discordia se debe sobre todo a la exigua dotación de dinero asignada al fondo, considero que buena parte de los problemas no tienen que ver con las finanzas. Por cierto que más dinero habría aumentado la cantidad de beneficiarios, pero ello no habría anulado los mecanismos y conceptos de evaluación que se utilizaron. La escasez de fondos tan sólo puso en evidencia estas tensiones, y como ella se origina en una evaluación entre pares, es precisamente entre esos iguales donde deben analizarse los problemas.

Por esta razón las responsabilidades no deberían buscarse solamente en los "tomadores de decisión" ministeriales, sino que también se debe analizar el papel de toda la comunidad científica. Por cierto que los jerarcas tienen su cuota parte de responsabilidad, pero también la poseen los demás investigadores toda vez que no defienden las publicaciones nacionales o la ampliación de los mecanismos de participación e información. Aun más: debería desentrañarse hasta qué punto muchos investigadores que diez años atrás presenciaban polémicas de este tipo pero sin ahondar en ellas, no han reproducido con el paso del tiempo esa misma lógica, y repentinamente se encuentran ahora enfrentados a un problema que en su momento minimizaron.

Las relaciones de los científicos con la sociedad

Además de las tensiones internas dentro de la comunidad científica, también es necesario abordar las dificultades de articulación de ésta con el resto de la sociedad. En Argentina se padece un problema similar, pero hay que admitir que han avanzado mucho más en su análisis, reconociendo las problemas y buscando salidas. Por lo tanto, nos llevan una buena ventaja. Por ejemplo, Mario Albornoz admitía en 1993 que "... los científicos comenzaron a generar algún tipo de excusa discursiva que los convirtió en víctimas de la incomprensión oficial, que se resiste a pagarles lo que corresponde y que los ignora" y si bien eso "es cierto, pero también lo es que buena parte de ellos no han conseguido demostrarle a la sociedad hasta qué punto es útil y necesario su trabajo para lograr un proceso de desarrollo". Por su parte, Carlos Girotti (1993) reconoce que en la práctica "se ha mantenido una estructura básicamente endogámica, en la que los científicos no tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos a la gente", agregando que la "discusión de las prioridades en ciencia y técnica no puede ser patrimonio exclusivo del sector".

Mientras el resto de la sociedad no perciba y valore el papel de la ciencia nacional, los avances se harán a los tropezones. Ese esfuerzo le corresponde tanto a la propia comunidad científica como a otras actores destacados, en especial los políticos, empresarios y ese amplio conjunto de profesionales universitarios que, aunque no practiquen la ciencia cotidianamente, tienen una buena noción de su valor e importancia.

Democratización y evaluación pública

Este artículo, y otro anterior complementario, ponen en evidencia la diversidad de concepciones y valoraciones sobre la práctica científica y sobre cómo evaluarla. Ello no es malo en sí mismo, pero sí constituye un grave problema ignorar el hecho, no generar los espacios para su discusión, y pretender imponer decisiones por medio de una supuesta valoración neutra y objetiva.

La práctica de los científicos no debería estar fuera de una evaluación plural y abierta. En primer lugar, dentro de la propia comunidad científica, por los colegas que comparten el mismo campo de estudio, pero también entre disciplinas distintas. Si bien una y otra vez se busca imitar a los EE.UU., habría que preguntarse entonces qué se espera para encarar por ejemplo evaluaciones éticas de la manipulación genética. En segundo lugar, hacerlo por medio de la discusión y el escrutinio desde los ámbitos no científicos, tales como políticos, empresarios, y hasta por los ciudadanos de la calle.

El escrutinio público de la actividad de los científicos es común en otros países. Por ejemplo, en estas semanas en los Estados Unidos, tras la muerte de un paciente de 18 años en un centro de ensayos en terapias genéticas, ha salido a la luz que sus investigadores no habían informado a las autoridades de modificaciones en el tratamiento como de las reacciones adversas que éste originaba. El hecho salió a luz en una audiencia pública del comité que evalúa las técnicas de ADN recombinante, lo que demuestra que hasta en temas complejos como ése es posible la presencia y la intervención del público. En Uruguay también se han sucedido varios cuestionamientos a los procedimientos académicos, y aunque muchas veces se pasan por alto, una lista detallada sorprendería por lo larga (denuncias acerca de las sobreindicaciones de cesáreas, vinculadas al cobro de actos médicos, un decano renunciante cuestionado por plagio, el papel de los científicos en la promoción de cultivos transgénicos, etc.). Son síntomas de que el halo sagrado que hacía al científico inmune al cuestionamiento social parece rasgarse.

La construcción de una política nacional en ciencia y tecnología requiere de estos componentes. Aun más: en tanto debe ser una política, es indispensable un escenario político, no sólo en el sentido acotado de los partidos, sino en su acepción más amplia, como discusión pública. En esa discusión, como ya dijimos, deben participar varios actores.

Los gobiernos, hasta ahora, han declarado mucho y hecho poco. Se suceden los discursos de apoyo a la investigación y los investigadores, pero en realidad los dineros y las ayudas no llegan, se tardan años, o son demasiados pequeñas. A pesar de proclamar la importancia de la ciencia para nutrir a los sectores productivos, parecería que consideran más acertado comprar los paquetes tecnológicos en el exterior, en lugar de generarlos domésticamente. Resulta claro entonces que es urgente una tarea de reasignación del gasto, en la que se coloque al desarrollo científico técnico en el lugar prioritario que merece.

Pero como los fondos públicos son escasos, y el dinero que se utilice en investigación no se podrá utilizar con otros fines, deben establecerse las prioridades nacionales en esa materia. Esa tarea no puede estar en manos únicamente de los científicos, y el caso del FNI lo demuestra, tanto por los problemas internos de evaluación señalados como por el desamparo en que se dejó a áreas críticas para el desarrollo nacional.

La construcción de una política en ciencia y tecnología

El Poder Legislativo aparece entonces como el escenario privilegiado para determinar la política nacional en esta materia. Pero además es el medio ideal para construirla por medio de una extendida y abierta participación pública. El debate acerca del FNI ha dejado en claro la dificultad de encontrar ámbitos de análisis sin exclusión, tanto entre los propios científicos, como de éstos frente a otros actores. Precisamente ese papel podría asumirlo el Poder Legislativo, y en especial las comisiones de ciencia y tecnología, donde todos los grupos interesados pueden dar a conocer sus voces. No debe pensarse que todos los políticos son refractarios a estos temas, ya que existen varios genuinamente preocupados por estos temas (lo atestigua un capítulo sobre estos asuntos en el reciente libro de Enrique Rubio, 1999), y, con respecto a los desinteresados, también es tarea de los científicos demostrarles la importancia de su trabajo para el país.

Esto no quiere decir que una comisión de diputados o senadores deba ser la encargada de otorgar premios como los del FNI. Pero sí es necesario contar con una política nacional que determine las áreas de prioridad en la investigación nacional y los marcos de evaluación para otorgar fondos. Tampoco debe olvidarse que será en el parlamento donde se discutirá el presupuesto, y que por lo tanto los rubros asignados a estas tareas deberán ser analizados en ese espacio. Es más, cualquier iniciativa gubernamental sobre esta materia, como la recientemente anunciada creación del CONACYT, dedicado a la ciencia, la innovación y la tecnología, debería ser discutida a ese nivel.

Por cierto que la posibilidad de la discusión pública en el parlamento, o incluso la disposición de fondos adecuados, no solucionarán de por sí las rigideces y resistencias internas de la comunidad científica nacional. Hechos como la publicación de los curricula en Internet, que costarían poco o nada, y que no dependen del Poder Ejecutivo, siguen sin implementarse. Por lo tanto, son necesarios cambios importantes en la propia comunidad científica, que dependen sobre todo de opciones personales. En uno y otro frente, la ciencia y la tecnología son tan importantes para el país como la salud o la educación, y ya es tiempo que sean tomadas en serio, con todas las responsabilidades que ello implica para todos nosotros.