Serie: Convivencias (XXXVIII)

En el Uruguay hoy 

Violencia, inseguridad pública y desigualdad social

Luis Eduardo Morás

Los multifacéticos aspectos involucrados en la definición de la violencia y la "inseguridad" involucran un conjunto de problemáticas. En este artículo se analiza la relación en términos de incremento de las desigualdades sociales y el desafío que suponen a la intervención del Estado.

Un factor de inevitable referencia en el análisis del panorama social del Uruguay actual, está constituido por los multifacéticos aspectos incomprendidos en el problema de la "inseguridad ciudadana" y por sus consecuencias en diferentes planos. Escasamente estudiado en toda su complejidad, el fenómeno adquiere singular importancia en la medida que supone un estado de la opinión pública sensibilizado por diversas manifestaciones de violencia y expectante con respecto a las respuestas que se articulan desde la esfera estatal.

Es por ello que a la generalizada percepción de la violencia como un fenómeno creciente, se suma, la certeza de que resultan insuficientes las respuestas brindadas desde los organismos de prevención y represión, lo que promueve un conjunto de reacciones que deben ser consideradas atentamente.

Ciertamente, las percepciones sobre incremento delictivo y pérdida de seguridad no resultan en absoluto originales, ni en la realidad nacional ni en la que da cuenta la teoría, y las investigaciones a nivel internacional. (1)

VARIANTES DE LA VIOLENCIA

No todas las manifestaciones de lo que podemos considerar comportamientos delictivos, agotan las complejidades de una perspectiva que pretenda, ser comprensiva. Por esta razón, en este sintético panorama introductorio, no puede dejar de mencionarse el importante volumen de violencia relacional que afecta, de diversas formas a la sociedad uruguaya. La violencia doméstica, el maltrato infantil, las elevadas tasas de suicidios y tentativas de suicidio, así como, una importante proporción de los accidentes de tránsito, deben considerarse dentro de un particular patrón de relaciones como una extensión de diferentes formas y mecanismos de producción y trasmisión de agresión, violencia, competencia y deterioro del tejido social.

Asimismo el concepto de "inseguridad" supone un complejo entramado de significaciones que no se reducen a la sola probabilidad de ser víctima, de un acto criminal. Como señala Rafael Bayce, una definición más comprensiva del término debe incluir, también, las menores probabilidades del ser humano de acceder a un desarrollo individual y social acorde con las creencias y valores vigentes. (2)

Atendiendo a estas consideraciones, este trabajo propone un abordaje limitado de las múltiples posibilidades de análisis Concretamente refiere a la relación entre las percepciones de inseguridad ciudadana -en el sentido, probabilidades de victimización- y las consecuencias, de la extensión de este sentimiento. Los principales postulados que se presentan, se refieren a una ampliación de las desigualdades sociales a partir de procesos evidentes de "privatización" y eventuales de "pérdida de legitimidad" en la esfera de la intervención estatal. Pueden ser sintetizados en cinco afirmaciones:

1) En el Uruguay actual, las demandas por seguridad se encuentran homogéneamente distribuidas en la sociedad y diferencialmente satisfechas. El resultado inicial de esta situación es el incremento de las asimetrías sociales, al reducir las expectativas de acceder a un servicio público a quienes poseen los medios económicos para solventarlo en la esfera privada.

2) La creciente privatización de la seguridad pública supone un deterioro de la imagen acerca de las posibilidades de intervención del Estado. Por esta vía pueden reducirse también las expectativas favorables con respecto al conjunto de su intervención, afectando así las posibilidades de hacerse presente con políticas de diferente tipo dirigidas a reducir las desigualdades sociales.

3) La lógica individualista que en general, anima a los protagonistas de las diferentes manifestaciones de violencia y desvíos de las normas antes que impulsar proyectos sociales alternativos, reduce, las posibilidades de elaborarlos y conspira, contra (todo lo contrario) la construcción de causas comunes tendientes a superar las deficiencias del conjunto.

4) Al influjo de la percepción de inseguridad , comienzan a rediseñarse los espacios públicos y privados. El incremento de "murallas" y "rejas" representa un considerable obstáculo para elaborar políticas de consolidación de espacios públicos propicios a la integración social y a la participación ciudadana, alimentando la segmentación residencial y, excluyendo la comunicación entre los diferentes sectores que componen la sociedad.

5) Antes que oposición entre diferentes políticas (económicas, sociales y educativas) para superar las desigualdades y brechas sociales, debe existir interrelación entre estas y el nivel de eficiencia de los instrumentos para un acceso igualitario a la seguridad pública, desde una perspectiva respetuosa de los derechos humanos.

Los estudios de opinión pública efectuados en la década del noventa exhiben una importante proporción de personas que afirman vivir asediadas por el incremento de diversas manifestaciones de violencia y su traducción en una "in terms of" se nos aparece hasta en la sopa.mayor inseguridad.

Esos estudios presentan un considerable conjunto de limitaciones. Entre otros aspectos problemáticos, se puede señalar las dificultades para homogeneizar resultados que provienen del uso de, metodologías diferentes, algunas inconsistencias existen pese a utilizar instrumentos de medición similares y las propias percepciones de los encuestados, las que en algunos casos,provocan una lectura que puede, parecer, contradictoria si se efectúa un abordaje diacrónico de los mismos.

No obstante estas limitaciones ,los resultados de esos estudios, muestran la gravitación de la violencia en el panorama de las preocupaciones de los uruguayos, situación que puede ser avalada por el incremento de artículos de defensa últimamente ofrecidos en el mercado.

El sondeo de opinión de una empresa encuestadora, publicado en 1995, señalaba que, 80% de los entrevistados creía que el país era en ese momento "más violento" que diez años atrás. (3) Este test, aplicado casi un año después por la misma empresa consultora y con idéntica metodología, indicaba el incremento de las opiniones que consideraban que el país era "más violento" entonces que en la década anterior. Esa medición de 1996 indicaba que 90% de personas compartían esta opinión, discriminando en ese total a 60%, que concordaban con la afirmación "más violento" y a 30% que sostenían que el país era "mucho más violento".(4) Respecto de un grupo etario que frecuentemente sensibiliza especialmente a la población, esta empresa sostenía que, 74% de los encuestados concordaban con la afirmación de que "los jóvenes de hoy son más violentos que los de unos años atrás".(5) Hacia 1997, la proporción de personas que mantenían esta percepción marcaba una aparente consolidación de la opinión; la misma empresa establecía que, 88% de la población creían en el aumento de las conductas violentas, (51% "más violento" y 37% que veían un país "mucho más violento"). (6)

Los resultados en relación con la temática específica de la delincuencia, muestran cierto nivel de coincidencia con las anteriores proyecciones. Del relevamiento efectuado por el Latinobarómetro 1995, surgió que 90% de los entrevistados consideraban que la delincuencia en el Uruguay había "aumentado" durante los cinco años anteriores al sondeo. (7)

Esta configuración de las opiniones, tuvo su evolución entre los años 1997-2000, como se aprecia en un estudio publicado por una tercera fuente de relevamiento de datos. De acuerdo con informes publicados en la prensa, la proporción de personas que en el año 2000 opinaban que la "delincuencia ha aumentado" alcanzaba a 83% de los uruguayos, cifra superior a las difundidas en 1997 (75%) y 1998 (67%).(8)

Los desvelos y temores promovidos por la extensión de la violencia en general, y el delito en particular, deben ser analizados como la expresión de una serie de importantes transformaciones de la sociedad uruguaya, y no circunscribirlos exclusivamente de mayores posibilidades de ser víctima de un delito o situación de violencia. El incremento fáctico de los "riesgos" de toda índole representa una amenaza que gravita más en las sociedades occidentales, estimulando a su vez el incremento de las percepciones de inseguridad. El interés en este trabajo se restringe, entonces, a una visión parcial de los aspectos intervinientes y refiere a la consolidación de un estado de la opinión pública que valora positivamente la búsqueda de mecanismos de protección. Varios diagnósticos recientes han señalado la explosiva expansión de empresas privadas de seguridad, el incremento en la oferta y posesión de armas y de artículos de autodefensa, así como el crecimiento en la contratación de seguros contra hurtos, lo cual mostraría que una proporción importante de personas -en particular aquellas que tienen mejores posibilidades económicas- han volcado a la esfera privada sus expectativas de obtener un mejor servicio o disponer de coberturas ante las probabilidades de ser afectado directamente.

Lo que en este trabajo se intenta destacar consiste en que el resultado de la expansión de esta lógica de mercado, en un área esencialmente pública, promueve un incremento de las brechas sociales, al establecer restricciones económicas para el acceso a servicios que poseen una demanda universalmente instalada en la sociedad.

La década del noventa muestra la configuración de algunas tendencias que ilustrarían también el importante nivel de descreimiento acerca de la autoridad de las agencias estatales para enfrentar el fenómeno. Además de la creciente compra de armas por particulares y la extensión de los servicios de empresas de seguridad, otras opciones parecen esbozarse en el horizonte: (hechos todavía) puntuales de justicia por mano propia, la organización autónoma de vecinos para vigilar algunos barrios, así como el incremento de la aceptación popular que concita la eventual aplicación de la pena de muerte para algunos delitos, se convierten en respuestas que ganan adhesión creciente.

No menos relevantes, son las evaluaciones de las agencias estatales, que se expresan en una fuerte crítica genérica hacia las instituciones amortiguadoras del conflicto y, en particular, hacia aquellas encargadas de garantizar bienes materiales y simbólicos a través del ejercicio del control social (sistemas policial y judicial). Las mediciones disponibles sobre la "confianza" que despiertan estas dos instituciones, si bien son relativamente buenas aún, dentro del contexto continental, no permiten desconocer que la justicia y la policía concitan la negativa opinión de elevados porcentajes de personas, que manifiestan tener poca/ninguna confianza en ellas. (9) Contribuye a extender estas percepciones el sentimiento de "tiempo perdido" frente a la denuncia de sucesos delictivos menores, en virtud de las dificultades de la institución policial para resolver situaciones; así como las dificultades de acceso y la lentitud de la justicia en expedirse y los costos que supone a los justiciables.

En definitiva, puede postularse que existe un deterioro de cierta magnitud en la idoneidad del Estado para "hacerse cargo" de la prevención y represión de la criminalidad. Un dato concreto que puede dar cuenta de esta dinámica lo ofrece el volumen de personal involucrado en suministrar seguridad, tal punto que la esfera privada crece a un ritmo que hace prever que en poco tiempo supere al número de efectivos dependientes del poder público.(10)

El resultado que aquí se destaca -ya que no es el único posible- tiene que ver con la creencia de que estas percepciones suponen una genérica pérdida de legitimidad, lo que se traslada al conjunto de la actividad estatal,reduciendo las expectativas de su concurso en intervenciones protagónicas y positivas. De confirmarse estas tendencias de la opinión pública y algunas de las prácticas que causaron el deterioro de imagen, probablemente se verán afectadas no sólo las políticas de control del crimen, sino también el conjunto de las políticas gubernamentales incluidas las tendientes a disminuir las brechas sociales (políticas educativas, sociales, sanitarias, de empleo, etc.). Por esta vía indirecta se afectarían las posibilidades del principal actor en las acciones genéricas y específicas destinadas a la reducir de las desigualdades sociales existentes.

Una prestigiosa literatura académica y narraciones de trayectorias de vida, así como una importante tradición del pensamiento humanista, difundieron una imagen contestataria de algunas formas etiquetadas como delictivas y ciertas manifestaciones de violencia. Frecuentemente fueron abordadas por esos análisis como respuestas a situaciones de injusticia social, a dificultades del hombre para ser parte actuante y requerida del mercado laboral y para alcanzar una plena inserción social, o bien como producto del estado de alienación proveniente de la lógica perversa de desarrollo de un modelo capitalista competitivo y deshumanizador.

En este sentido se atribuyeron a estas formas alteradas de relación una dosis de idealismo transgresor, y de alternativa un régimen que se representaba como esencialmente opresivo.

Independientemente de los casos históricos puntuales que se puedan señalar, donde efectivamente esta violencia y la contravención de normas jugó un papel de denuncia y de intento de transformación social, cabe apuntar que -en general- la realidad contemporánea muestra el neto predominio de protagonistas de las múltiples variantes y manifestaciones de la violencia y la criminalidad, menos como la consagración de una visión de idealismo políticoy más como expresión del egoísmo humano.

De allí que pueda sostenerse que la generalidad de estos comportamientos no representan el ideal de un nuevo modelo de organización social, ni plantean la posibilidad de constituirse en un componente animador de proyectos políticos alternativos. Por el contrario, la sumatoria de efectos previsibles tendría la característica de afectar hábitos de vida y estilos de convivencia ,agregando un plus de alienación al conjunto de carencias ya albergadas en el modelo individualista y exacerbadamente competitivo de las sociedades contemporáneas.

En la mayoría de los casos suponen la expresión de un patrón de comportamientos que representa el intento de alcanzar finalidades egoístas ante la frustración producida por necesidades insatisfechas y frecuentes reacciones frente a la deprivación relativa.

En la actualidad, múltiples datos empíricos revelan que la globalización cultural y el incremento de los intercambios comerciales a nivel mundial, no han disminuido las brechas entre los seres humanos, sino que incluso las han ampliado a nivel de países y regiones del mundo. No obstante, también parece incontrastable que las múltiples desviaciones individuales al orden normativo que enfrentan las sociedades en países periféricos, carecen de valores alternativos capaces de construir una hegemonía contraria al curso histórico, en la medida que -y es lo que en este trabajo en definitiva interesa destacar- determinan un mayor grado de alienación colectiva para un conjunto creciente de individuos y comunidades.

La cultura hedonista, desprovista de otros valores que los del mero consumo, el triunfalismo de los sobrevivientes de la competencia y el corolario de un individualismo "negativo" promueven comportamientos privados y colectivos impregnados de violencia, que alimentan los círculos perversos de competencia, alienación y falta de compromiso con la suerte de los ideales de proyectos colectivos y se manifiestan también en una cotidianeidad privada, familiar y comunitaria con elevadas dosis de agresividad y proliferación de maltratos.

También en estas realidades coexisten formas competitivas y una cultura del "exitismo", una lógica que proclama ganadores y perdedores; en igual medida que en el mercado existen recompensas y castigos que se distribuyen en forma desigual , y en el que son afectados en primer término los más débiles, aquí resulta frecuente que las peores consecuencias las experimenten los que menores recursos de defensa poseen.

Esta dinámica se traduce en el deterioro de los estilos de convivencia personal, familiar y barrial, afectando en su conjunto las formas de integración y sociabilidad comunitaria; en consecuencia ,antes que contribuir atentan contra las posibilidades de desarrollar propuestas de cambio inspiradas en el accionar colectivo y desalienta la participación.También afecta las posibilidades de desarrollar proyectos alternativos y positivos, reduciéndose estos -escasos- espacios de participación a la "negatividad" de elaborar estrategias de corte "defensivo" ante la eventualidad de ser víctima de alguna ofensa criminal.

Despojadas de ideología, o si se quiere contra toda forma de ideología, la acumulación de una serie de violencias particulares representa un elemento distorsionador y desalentador para la elaboración de fórmulas de solidaridad comunitaria y convivencia democrática.

En síntesis, la conclusión que aquí se expone se refiere no ya ni sólo a la ausencia de un proyecto colectivo definido en tales manifestaciones, sino también a destacar su influencia negativo en el sentido de desalentar posibilidades de cambio; antes que expresión del "malestar" social, los hechos de violencia cuestionan las bases posibles para superar sus causas.

Acompañando al acelerado proceso de "privatización" de los mecanismos que protegen contra la inseguridad, surgen y deben atenderse los costos adicionales, que obviamente se suman al m s inmediato de la compra de un servicio público por parte de familias y empresas. El deterioro de la calidad de vida y el recelo que despiertan las interacciones sociales en un contexto de creciente "amurallamiento" y "enrejamiento" de la vida urbana, representa una de las consecuencias no previstas ni deseadas de la expansión del sentimiento de temor ante el delito.

El componente "inseguridad" representa incalculables costos económicos en diversas direcciones.Al contribuir a un diseño urbano pautado por la segmentación residencial, plantea al futuro un conjunto de dificultades adicionales a los intentos que se realicen por recuperar, mediante políticas específicas, formas no excluyentes de sociabilidad.

Históricamente el proceso de urbanización y la configuración de redes de sociabilidad fueron factores que se conjugaron y alimentaron recíprocamente.

Es posible que sea necesario volver a comienzos del pasado siglo para ubicar una situación con características similares a la actualidad: la inseguridad y el temor urbano de hoy, adopta un tono de temor al contagio de enfermedades de pronóstico grave, dudoso tratamiento y penosos resultados. Al igual que la búsqueda en el pasado del "aire saludable", lejos de posibles centros contaminados y de sospechosos contactos, la procura actual del "barrio cerrado", tomando distancia de los agentes que revisten "peligrosidad", más que una metáfora representa una realidad.

Esta dinámica altera varios de los fundamentos de una sociedad plenamente integrada, extiende sus negativas consecuencias en diversos planos (económicos, sociales, culturales y políticos) y abandona simbólica y efectivamente la utopía de la construcción de una "sociedad amortiguadora", sustituyéndola por una más realista "sociedad de muros", bien provista de una sofisticada tecnología defensiva.

Una ciudad urbanísticamente más "homogénea" en el interior de sus divisiones geográficas, es también una ciudad "partida" en estéticas, dinámicas y servicios paulatinamente m s diferentes y previsiblemente ,en el futuro inmediato, cada día también más antagónicos. Un indicador de este proceso está representado por la creciente oferta de "countries", "barrios cerrados", "barrios jardín", o la promoción publicitaria destacada de la "seguridad" del entorno como valor inmobiliario agregado.

También desde el vértice opuesto de la escala social, e impulsado por razones evidentemente dispares, se asiste a un alejamiento de las zonas centrales del entramado urbano. La proliferación de "asentamientos" y "countries" en la periferia, posee una característica en común: su abandono del espacio urbano con las redes de servicio existentes y su insularización, con el consiguiente cerramiento a los contactos exteriores, lo que hace desarrollar una sociabilidad intramuros. El futuro urbano de buena parte de los países latinoamericanos -realidad de la cual Uruguay se diferencia cada vez menos- muestra una tendencia, más que hacia una modernidad avanzada y a una creciente capacidad de intercomunicación de individuos y grupos, hacia la "medievalización" de la vida cotidiana. Entre los muros del "countries", los del lugar de trabajo y la seguridad del espacio de consumo y ocio del shopping, apenas existen los contactos imprescindibles para llegar a destino y los temores de circular por un territorio desconocido, paisaje hostil pleno de incertidumbres y sospechas.

El desarrollo de este estilo de construir las certezas e incertidumbres, o sea entre el territorio considerado seguro y el mundo exterior de las inseguridades, no deja de representar una dinámica potencialmente dañina para la vida social y, además de ser absolutamente ineficaz en su objetivo, alimenta estilos de comportamientos que entrañan elevadas cuotas de agresión y violencia hacia el entorno y los "otros", cognitivamente convertidos en desconocidos habitantes de extramuros.

Los sectores más desfavorecidos suman entonces, a su segregación espacial, una ajenidad perceptiva que es alimentada profusamente por las sospechas, las anécdotas de encuentros fortuitos con saldo desagradable, las noticias (malas) sobre sus peripecias cotidianas, suministradas por los medios de comunicación. Las características estéticas y comportamentales diferentes son cada día más afirmadas y autónomas por la ausencia de contactos, cuando no el firme rechazo que una parte de la sociedad manifiesta.

Los resultados en ambos vértices de la sociedad son similares: consolidar intragrupalmente valores, actitudes, estéticas en el espacio físico y social donde son aceptados y valorados positivamente. Para los sectores menos favorecidos, el confín es también el contorno de los muros simbólicos que bordean asentamientos y cantegriles, reproduciendo la marginalidad, la ajenidad y eventualmente el rencor.

Las certezas cognitivas, aquí también se construyen entre iguales; el abandono de las mismas y la exposición a la estigmatización al incursionar en el mundo exterior, se produce solamente en caso de imperiosa necesidad, con inseguridad y en tono de desafío personal. Es decir, con el ánimo de aceptar rechazos o bien de responder la agresión simbólica y fáctica de los "de afuera".

En síntesis, la búsqueda de seguridad mediante el desarrollo de propuestas urbanas "cerradas" ante la inseguridad presente o percibida en los espacios públicos, conspira contra el desarrollo de un modelo urbano integrador de los diferentes sectores que componen una sociedad.

Una importante corriente de opinión y calificados científicos sociales, tanto a nivel local como internacional, han elaborado y fundamentado el juicio de que las diversas manifestaciones de violencia son producto de un conjunto de desigualdades económicas y sociales que deben superarse exclusivamente con instrumentos de política económica y la extensión, también en forma exclusiva, de políticas sociales, desinteresándose del contenido de políticas de seguridad como instrumento democratizador, o bien subordinándola a la previa resolución de los primeros aspectos.

Sin desconocer el necesario establecimiento de mejores providencias e instrumentos para disminuir las brechas sociales actualmente existentes, es posible sostener que igualmente importante resulta focalizar los problemas en su especificidad y abordarlos con respuestas orientadas a la atención particular de sus complejidades. Los eventuales cambios estructurales que se adopten con un sentido global no obvian la necesidad de elaborar acciones concretas que disminuyan las diversas manifestaciones de violencia social y relacional. Aún los cambios de política económica más directa, que influyan positivamente en el mercado de trabajo, disminuyendo los niveles de desempleo y mejorando la distribución de la renta, operan en el mediano plazo, y no es evidente una conexión inmediata ni lineal con la reducción de las tasas de violencia y criminalidad.

El correcto funcionamiento del andamiaje de seguridad -entendido como una mayor eficiencia operativa tanto como un mayor respeto a los derechos humanos- es ineludible para complementar los cambios estructurales y extender los mecanismos de integración social. En otras palabras, el incremento de las oportunidades sociales deben estar en consonancia con mayores obstáculos a las desviaciones normativas, incrementando el "costo de oportunidad" de las infracciones a las leyes y desestimulando los desvíos que frecuentemente vehiculizan formas de violencia social hacia el entorno y hacia el propio individuo, o su círculo familiar y comunitario.

Ciertamente es razonable y pertinente concluir que desalentar la vía delictiva para alcanzar determinadas metas, representa una operación que incluye sobre todo decisiones en la económica y acciones firmes en los campos de las políticas educativas y sociales. Esta línea de acción puede ser reafirmada a la luz de algunos indicadores, como el alto porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan, el voluminoso índice de delitos contra la propiedad y la alta participación, entre los procesados, de personas sin antecedentes penales y con edades que superan las consideradas proclives al ingreso a las carreras delictivas. Pero también es plausible afirmar que, ni todas las formas que asumen los delitos, ni todas las manifestaciones de violencia cotidiana, pueden ser superadas por una intervención centrada exclusivamente en políticas económicas, educativas y sociales.

Por supuesto que reafirmar el tejido de sociabilidad a nivel de individuos y entornos familiares y comunitarios requiere, como condición imprescindible, cambios en las realidades de inserción laboral y en las expectativas de servicios y coberturas para un conjunto importante de la población. Condición necesaria,pero no suficiente, si apreciamos el nivel del deterioro en las circunstancias cotidianas de convivencia, que se expresa en las variadas formas y en las cuantitativamente relevantes cifras de violencia relacional. Una manera de "recomponer" trayectorias de vida significa extender los beneficios del acceso a bienes y servicios ausentes, alimentar posibilidades de futuro en el ámbito laboral; y en igual medida universalizar el acceso a patrones de seguridad que garanticen el bienestar colectivo, promoviendo la confianza entre pares y la solución civilizada de los conflictos. Todo ello implica liberar al uso público y participativo los espacios urbanos, así como, el una intervención de la fuerza pública sin abusos, cuando corresponda y respetuosa de los derechos humanos, para la defensa de bienes materiales o de la integridad física.

En definitiva, nada fuera de lo que la parte m s favorecida de la sociedad ya no posea o aspire permanentemente a mejorar como servicio de utilidad pública de vital importancia. O pueda comprar, en vista de las abundantes ofertas existentes en el mercado de la seguridad.

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