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Alcanzadas las firmas necesarias para interponer el recurso del plebiscito, legisladores de la coalición y el doctor Batlle hicieron declaraciones contradictorias sobre lo que deben hacer de ahora en adelante. El senador Larrañaga declaró que tendría que derogarse, lisa y llanamente, los artículos 612 y 613; el senador Gallinal opinó que deben contarse las firmas y, en caso de que haya más de 600 mil, hay que realizar el plebiscito y defender en las urnas lo que defendieron en el Parlamento: dijo que no está de acuerdo con suspender el plebiscito porque las encuestas indiquen que lo van a perder, que ellos ya perdieron un plebiscito importante en 1992, pero que estaban convencidos que había que hacerlo y confrontaron con los que tenían otra opinión; Jorge Batlle, en cambio, sostuvo que hay que derogar los artículos 612 y 613, y presentar otro proyecto que sustituya el 613, pero que mantenga su espíritu. Respecto a ANCAP, el presidente afirmó que hay que derogar los artículos aprobados y, en su lugar, adelantar los plazos de la desmonopolización para importar combustibles para el 2004.
Las diferencias entre los socios de la coalición hay que buscarlas en el origen de los artículos 612 y 613 en la ley de presupuesto. Los colorados, sabiendo que se iban a licitar dos líneas de telefonía celular -venta lisa y llana-, sólo aspiraban a aprobar el cambio en la Carta Orgánica de ANTEL, contenido en el artículo 613. Los blancos le impusieron a sus socios la posibilidad de asociar ANCEL con la iniciativa privada, lo que está contenido en el artículo 612. Los colorados, que partían de la base de que ello y nada era lo mismo, pues nadie se iba a plantear asociarse con una empresa estatal y compartir ganancias, cuando podía comprar un banda de telefonía celular e instalar una empresa que compitiera con el Estado, aceptaron el planteo de los blancos y se aprobó el artículo 612: un artículo
que no significa nada. Por ello, ahora, no tienen inconveniente en derogarlo y volver a plantear, bajo otra forma, el cambio de la Carta Orgánica de ANTEL.
Con ello se evitan la derrota por paliza y mantienen lo único que desde un principio les interesa.
Larrañaga se para desde otro punto de vista, distinto al de Gallinal, y plantea lo que el sentido común indica: obtenidas las firmas, es más fácil obtener los votos necesarios para la derogación y se adelanta a los resultados previsibles. Se evitan los gastos y, sobre todo, se evita una derrota política descomunal.
Las contradicciones existentes permiten dudar del acuerdo unánime alrededor de las afirmaciones realizadas. Por otra parte, el martes 18 de marzo se produjo el lanzamiento de la campaña para obtener las firmas para derogar los artículos que permiten la asociación de ANCAP con las empresas privadas.
Tuvo mucho más fuerza que el lanzamiento de la campaña por la derogación de los artículos 612 y 613. Participaron José D'Elía, Tabaré Vázquez, Nin Novoa, Riet Correa, Hugo De Mello, presidente de la Federación ANCAP, Víctor Fernández, presidente de FUCVAM Mariano Arana, Aramir Silva, productor
rural . y posteriormente firmaron, entre otros, Jorge Lerena, el atleta ciego que representa a Uruguay en los juegos paralímpicos, Lágrima Ríos, Pedro Grafigna, María Julia Muñoz. Y todo hace prever que las firmas para ANCAP se van a reunir con mayor facilidad que en la ocasión anterior.
El planteo que se impone entre los impulsores del referéndum es el de, diga lo que diga el gobierno y sus socios de la coalición, poner el mayor esfuerzo en la recolección de firmas, sin dejarse distraer ni entretener con declaraciones sobre la posible derogación parlamentaria. Y, consecuentes con
ello, poner la mayor fuerza militante en la calle y juntar la mayor cantidad de firmas posible. Seguir trabajando y militando, acumulando cotidianamente, como si nada se hubiera afirmado por parte de los voceros del gobierno.
Esa es la posición más razonable: no ponerse a especular ni esperar a ver qué hacen para después actuar. Está decidido trabajar para juntar 600 ó 700 mil firmas y hay que hacerlo desde ya. Así como, respecto al plebiscito sobre ANCEL, exigir a la Corte Electoral un pronunciamiento sobre las firmas
presentadas dentro de los plazos establecidos.
Por lo demás, el gobierno no encuentra acomodo, empiezan a aparecer contradicciones dentro del Partido Colorado, con el Partido Nacional y las contradicciones se multiplican dentro del Partido Nacional. Las consecuencias de la política económica, el malestar de la gente y el rechazo popular, golpea a los responsables del gobierno y profundiza las contradicciones. Y lo mismo sucede con la percepción que tienen sobre el plebiscito: derogar, modificar, pelear en las urnas, echarle las culpas a
los otros.

21 de marzo de 2002