CHILE

"Reconciliación sin olvido"

 

Los acontecimientos del fin de milenio parecen haber derrumbado definitivamente el intento de las Fuerzas Armadas de imponer un modelo de reconciliación fundado en la impunidad equitativa -mediante la amnistía a los delitos cometidos por ambos bandos del conflicto político post’73- y el olvido de lo ocurrido. El de los Derechos Humanos es un tema que es a la vez bandera moral y piedra en el zapato. Ni aún ahora, contando con mayoría en ambas Cámaras, la Concertación parece dispuesta a dictar una ley interpretativa de la amnistía que, al menos, obligue a investigar los casos y establecer responsabilidades.

 

Los miles de casos que sufrieron represión política constituyen a su vez una memoria colectiva que se constituye en porfiadas expresiones de resistencia al olvido y a la banalización del dolor y de la muerte. De esta manera el pasado no se extingue sino que revive en las memorias individuales y en los relatos registrados para conservarlo...

Frente a este nuevo escenario, a las Fuerzas Armadas se les plantea una dramática disyuntiva: solidarizarse corporativamente con los responsables de crímenes que avergüenzan a sus instituciones, o ingresar en una pedagogía de reconciliación que supone reconocer la culpa y pedir perdón.

Los gobiernos de la Concertación han tenido un proceder errático en la materia. El programa de gobierno de Aylwin contemplaba la revocatoria o declaratoria de nulidad de la ley de amnistía, propósito tempranamente abandonado luego de asumido el primer gobierno democrático. Posteriormente, en 1993 y en 1995 se enviaron proyectos de ley al Congreso con el propósito de "poner término al problema de los derechos humanos", particularmente de los detenidos desaparecidos. Pero dichos intentos fracasaron al no contar con apoyo al interior de la coalición, por entender, especialmente el Partido Socialista, que ambas propuestas podían implicar leyes de punto final.

Con ocasión de la detención de Pinochet en Londres, el gobierno de Frei recurrió a una argumentación muy primitiva en materia de soberanía y jurisdicción, en abierta contravención con compromisos internacionales que el Estado de Chile ha contraído en materia de legislación internacional de Derechos Humanos. Una vez que Pinochet regresó a Chile, se ha insistido en que no es atribución del Ejecutivo intervenir en la labor de los tribunales. Sin embargo, recientemente, en una reunión con empresarios de la Confederación de la Producción y el Comercio, el presidente Lagos les anunció que el proceso contra Pinochet "se cerraría bien y pronto", enviando con ello una señal muy equívoca respecto de la prescindencia del gobierno en estos casos, y de su interés en que se haga justicia a las víctimas.

En general, el liderazgo concertacionista ha privilegiado una política de acuerdos con las Fuerzas Armadas donde el interés de las víctimas ha sido relativamente desatendido. Con la detención de Pinochet en Londres, hubo un leve vuelco en la situación. La interesante iniciativa de la Mesa de Diálogo, una experiencia desgraciadamente incompleta debido al rechazo que tuvo de parte de los familiares de las víctimas, alcanzó logros modestos e inciertos (información relevante acerca del paradero de los detenidos desaparecidos). Aparentemente, la posibilidad cierta de una espiral de condenas a militares incomoda a la Concertación.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Chilena, acogiendo la invitación del Papa, han querido pedir perdón al Dios Vivo. El 24 de noviembre pasado, en una liturgia en la Catedral de Santiago, con la presencia de autoridades de la República, los obispos pidieron perdón por "nueve pecados que resumen y simbolizan la multitud de incoherencias históricas de los hijos de nuestra Iglesia en esta Patria", rogando al mismo tiempo que esta petición de perdón "nos acerque a todos como hermanos, sanando aversiones y enemistades". En una parte del pedido de perdón por los pecados de violaciones a derechos humanos fundamentales, los obispos afirman: "Padre, te pedimos perdón porque algunos hijos de la Iglesia, en tensas y difíciles circunstancias, muchas veces usaron arbitrariamente el poder y no respetaron el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad... y condenaron a otros injustamente al desarraigo del exilio. Perdón, Señor, por el comportamiento de cuantos hijos de la Iglesia no protegieron con justicia a los hermanos perseguidos, callaron, no intercediendo por ellos..."

Recopilación de un artículo de Diego García M. de la revista chilena "Mensaje", nº 495.

 

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