Voluntariado en Argentina
El obispo de San Isidro y actual presidente de Cáritas Argentina, mons.
Jorge Casaretto, ha manifestado que se están elaborando proyectos de "Ley
del Voluntariado" para jerarquizar esa tarea, para que sea valorada por la
sociedad y se difunda. "Una ley -afirma el obispo- evitaría además los
abusos que puede sufrir una institución ante exigencias de colaboradores que no
se hubieran pactado de antemano y que pudieran comprometer su
funcionamiento".
El voluntariado es desde hace
tiempo una realidad en Argentina pero precisa de coordinación y de una
legalidad que le de identidad y un mayor peso social. Sólo Cáritas, que es la
organización asistencial y promocional más importante del país, dispone de 25.000
voluntarios. Antes que terminara el año 2000 se lanzó oficialmente en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el Año Internacional de los Voluntarios 2001.
La idea de consagrar este año al
voluntariado surgió de la Asamblea General de las Naciones Unidas, organismo
que alentó a todos los países del mundo a conformar comités locales de
voluntariado. Se quiere lograr el
reconocimiento de la tarea solidaria que llevan a cabo millones de personas
en el mundo; que los Estados se comprometan a facilitar su labor, que se promueva
y se difunda el trabajo en red... Cada vez hay más redes solidarias en la
Argentina; hay 13 millones de pobres y 4 millones de desocupados, pero hay
también unas cien mil entidades de bien público sin fines de lucro en todo el
país, algunas muy pequeñas pero efectivas.
Existen espacios de convivencia
para chicos de la calle, talleres en las cárceles, grupos de alfabetización
rural, hogares de tránsito para menores solos, internados en institutos o
remitidos por los juzgados, comunidades terapéuticas, voluntarios hospitalarios,
servicios de ayuda a los sin techo, servicios legales, ayuda a escuelas
rurales, huertas comunitarias, trueque de actividades, etc... A nivel de
Iglesia hay experiencias notables como el movimiento de solidaridad que ha
sabido generar la obra de la hna.
Theresa Varela, una religiosa africana de Cabo Verde que trabaja en S.
Marcos Sierras (Córdoba) y atiende de forma integral a 2.500 niños carenciados.
La hna. Theresa fue declarada hace tres años "Mujer del Año" en
Argentina; su lema, que ella atribuye a Juan XXIII, es: "hacer, hacer
hacer, dejar hacer, empujar a hacer".
El Foro del Sector Social agrupa a
3.000 entidades; fue este Foro que eligió el 26 de agosto como "Día de la
Solidaridad" por ser el día de nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta.
La sociedad argentina está participando activamente en forma protagónica y no
quiere ya ser objeto de beneficencia de un Estado paternalista. Pero este
trabajo solidario es un paliativo a las urgencias cuando no se crean las
condiciones económicas y políticas para que los pobres puedan vivir de su
trabajo en un sistema más justo. "El voluntariado no debe constituirse en
un justificativo de las injusticias del sistema", advierte mons. Jorge Casaretto en una
entrevista, y añade: "No hay duda de que en esta transformación que se ha
dado con motivo de la globalización, el Estado se ha debilitado y el
voluntariado cubre esos baches que deja el Estado. La pobreza está tocando
cifras inauditas en nuestra historia, un tercio de la población. Hay que ser
conscientes de que la pobreza es una cuestión de Estado en la Argentina."
¿Para cuándo la amnistía para los indocumentados?
Los equipos de Pastoral Migratoria
de Bahía Blanca, Viedma, Río Gallegos, Neuquén, Alto Valle y San Carlos de
Bariloche dieron a conocer un comunicado de prensa en el que manifiestan su
desilusión al finalizar el Jubileo, por la falta de respuesta del gobierno a su
pedido en favor de los extranjeros indocumentados. "Todos estuvimos
esperanzados en el pedido oficial del episcopado argentino en nombre de toda la
Iglesia elevado oportunamente al gobierno nacional de una amnistía amplia y
generosa para todos los que trabajan y viven en nuestro país pero sin
residencia legal, como gesto jubilar para el año 2000". Y frente a la
indiferencia del gobierno que tampoco escuchó los pedidos de los obispos en
favor de los presos y los indígenas, añaden: "Renovamos nuestro compromiso
de mantener vivo este clamor, porque para nosotros es una deuda jubilar que
debemos saldar, sin la cual no habrá júbilo ni justicia. Solicitamos del
gobierno nacional la promulgación urgente de una amnistía amplia y
generosa".
"Esta amnistía se refiere a
todos los extranjeros indocumentados que ya están trabajando en la Argentina,
que están radicados y han formado sus familias aquí y no a aquellos que están
por venir", explicó mons. Rubén
Frassia, presidente de la Comisión de Migraciones y Turismo de la
Conferencia Episcopal Argentina. Actualmente, decenas de miles de inmigrantes
en su mayoría paraguayos, bolivianos y peruanos viven en la Argentina en
calidad de ilegales, muchos de ellos explotados, sin poder reclamar sus
derechos. La última gran inmigración es la de Perú: de aquel país en los
últimos años han salido 1.900.000 personas de las cuales unas cien mil están en
Argentina. Estudios relacionados con el mercado de trabajo han señalado que la
influencia de dicha migración sobre la desocupación argentina es apenas
relevante; éstos trabajadores inmigrantes alcanzan en general sólo el perfil
más bajo en el mercado laboral ocupando los puestos desechados por los
trabajadores argentinos.
La situación de ilegalidad en que
se encuentran estos miles de inmigrantes se debe a las restricciones
burocráticas, la mayoría de las veces innecesarias, y fundamentalmente a los
elevados costos. Los destinatarios de la amnistía son familias humildes que ya
instaladas en el país tienen muchas de ellas hijos argentinos, que en uso de
sus legítimos derechos asisten a la escuela y se atienden en los hospitales,
mientras sus padres trabajan "en negro".
Por otra parte, el proyecto de
amnistía corresponde a una medida de carácter excepcional, como fue la de 1992
que permitió la radicación de 215 mil inmigrantes, y no exime del diseño de una
nueva legislación de carácter integral y permanente que contemple los
principales lineamientos de política migratoria a nivel nacional.