Preocupación por el proyecto de ley de Salud Reproductiva

El reciente viaje del presidente Fernando De la Rúa al Vaticano le dio la oportunidad de expresar públicamente sus convicciones personales, como católico practicante, en contra del aborto, la manipulación genética y la eutanasia, en defensa de la vida desde la concepción. Esta postura fue defendida con particular vigor también por su predecesor, no sin la finalidad de buscar apoyos políticos. El ex presidente buscaba alejar las críticas de la Iglesia a las consecuencias sociales del modelo económico neoliberal a cambio de apoyar al Vaticano en los foros internacionales para su campaña antiabortista. Actualmente hay preocupación en la Iglesia por un proyecto de ley de Salud Reproductiva a consideración del Congreso Nacional.
La iniciativa, conocida como Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, promueve la difusión de información sexual y la prescripción médica de anticonceptivos en hospitales públicos y centros de salud. Aunque no sea un proyecto del Poder Ejecutivo, ha surgido en el ámbito político que apoya al presidente. La línea oficial de la Iglesia es de condena de los métodos artificiales de anticoncepción pero sobre todo de los que conllevan riesgo abortivo.
El proyecto argentino a nivel nacional tiene un precedente en la Ciudad de Buenos Aires. La legislatura porteña aprobó en junio del año pasado una ley parecida que fue muy resistida por la Iglesia. Se nota una filosofía hedonista y banalizadora del sexo detrás de estos proyectos, capaz inclusive de atentar contra la vida humana y sin tener en cuenta las consecuencias que esta mentalidad puede promover en los jóvenes. El gobierno de De la Rúa buscará en esta ocasión evitar un alineamiento automático con el Vaticano pero a la vez evitar polémicas con la jerarquía católica argentina que ya planteó duramente sus cuestionamientos para con la política económica y social del gobierno. Efectivamente en la misma visita del presidente al Vaticano, el Papa, además de una alusión al proyecto de ley antes señalado, le recordó al presidente la necesidad urgente de "crear un clima de equidad social con medidas que favorezcan una mayor justicia distributiva" dado que "una parte importante de la población experimenta las gravosas consecuencias" de la política económica vigente, sobre todo "el desempleo que lleva a muchos a pensar en la emigración, para buscar mejores horizontes de vida".