COLOMBIA:
UN TRIBUNAL INTERNACIONAL DE OPINIÓN

El jesuita Javier Giraldo, fundador de la Comisión Justicia y Paz de Colombia e Iván Forero, uno de los redactores del documento "Colombia: nunca más", patrocinan junto a otros, la constitución urgente de un Tribunal Internacional de Opinión avalado por la colaboración de figuras de prestigio internacional en la defensa de los derechos humanos. Esta iniciativa responde a la demora en la constitución del Tribunal Penal Internacional de Roma (reconocido hasta ahora tan solo por 29 de los 60 países necesarios para hacerlo funcionar), a la urgencia de presionar sobre el Estado colombiano y a la necesidad de llamar la atención mundial sobre la tragedia colombiana. El Tribunal debería examinar los crímenes cometidos sobre todo en el sur del Bolívar, una zona que representa el foco más fuerte de la violencia y donde desde 1996 más de diez mil campesinos dejaron sus casas y tierras debido a la violencia, sobre todo de los paramilitares. Se piensa que el Tribunal debería constituirse antes de fin de año en Madrid. "En 1999 -explica el p. Javier Giraldo-, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hubo el 99% de impunidad por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el país. Es evidente que dentro del actual sistema judicial, por las presiones y la violencia, es imposible obtener justicia. El perdón y la reconciliación predicados por la Iglesia, no significan legalizar la impunidad a través de leyes de indulto y amnistía, ahondando aún más las heridas de las víctimas, de sus familias y de la sociedad entera", declaró el sacerdote.

ECUADOR:
MANIFIESTO DE LA IGLESIA DE RIOBAMBA

Frente a la situación del país y a la última manifestación de las comunidades indígenas que reunieron en Riobamba a 20.000 personas para pedir justicia, igualdad de derechos y el cese de los atropellos constantes, el obispo Víctor Corral, junto con los sacerdotes y agentes de pastoral publicó un enérgico manifiesto. Después de declarar que la protesta indígena representa "la conciencia viva del pueblo que sufre y que no quiere atentar contra la institucionalidad", denuncia sin medias tintas que "la preocupación y el interés del gobierno va por la línea de responder a las consignas del Fondo Monetario Internacional y a la presión de los sectores poderosos de siempre, y no de atender a la situación crítica de las mayorías". El obispo recuerda después lo que en el Nuevo Testamento, S. Juan llama "pecado del mundo" y el Papa "pecado estructural", para indicar que "ése es el pecado en el que está viviendo nuestra sociedad y ante el cual la Iglesia no puede callar su voz. Se trata de un sistema económico, social, político y cultural de explotación, miseria y corrupción que hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres."

GUATEMALA:
OPOSICIÓN AL PROCESO
POR EL ASESINATO DE GERARDI

Ya son ocho las personas vinculadas al proceso por el homicidio del obispo Juan Gerardi, que han tenido que abandonar el país por amenazas. Los imputados en el juicio son tres militares, el sacerdote Mario Orantes, ex secretario del obispo y Margarita López, ex empleada del mismo. Antes de la reapertura del juicio que se produjo el 23 de marzo pasado, había renunciado por presiones el juez Carlos Chin mientras que la jueza Iris Jazmín Barrios había sido blanco de un atentado con dinamita.
El actual juez Eduardo Cojulun que preside el proceso, ha sido amenazado de muerte y ya declaró que "si las amenazas llegaran a ser insostenibles, abandonaría el caso". Ya se ha escuchado a 209 testigos y han sido más de 100 los documentos presentados por los sindicatos, el Ministerio Público y la Iglesia.
Si bien toda la Iglesia está interesada en saber la verdad como claramente lo expresó el obispo Alvaro Ramazzini, de S. Marcos, aumenta la oposición al proceso por parte de los mandos militares que todavía están en el poder.
En los últimos 14 meses han sido asesinados 13 abogados, 2 procuradores y 7 testigos; se han registrado 147 casos de amenazas y atentados contra personas vinculadas al sistema judicial, en particular por procesos contra miembros de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto en España, el Tribunal Supremo tendrá que decidir si le corresponde a los jueces españoles hacerse cargo de la denuncia de genocidio presentada por Rigoberta Menchú, contra el general Ríos Montt y otros siete altos militares.
Por su parte, la Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala pidió al gobierno del presidente Alfonso Portillo el "pronto y exacto cumplimiento de los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz". Según la Conferencia, "los acuerdos son el único proceso político con visión nacional de largo plazo y con niveles fundamentales de consenso entre la sociedad guatemalteca, para encaminar al país por el rumbo democrático"... Así se expresó el documento final de la VII Asamblea General de la Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala. Efectivamente, después de cuatro años de firmados estos Acuerdos, sólo se han alcanzado pequeños avances. Sumada a la crisis económica y social, "la situación política -afirman las Iglesias Evangélicas- se ha caracterizado por el mantenimiento de la impunidad, la ausencia de resultados para encontrar y juzgar a los autores del asesinato del obispo Gerardi, las maniobras para controlar al Parlamento y la Corte de Constitucionalidad, y para obstruir la justicia".

BOLIVIA:
LA IGLESIA PIDE AL GOBIERNO MÁS DIÁLOGO

La Iglesia Católica boliviana le pidió al gobierno dialogar con los diferentes sectores en conflicto, encabezados por los campesinos.
El vicepresidente de la Conferencia episcopal, Jesús Juárez, le recordó al gobierno que es el tiempo de encontrar salidas a la problemática que está viviendo el país. "La única forma de encontrar soluciones verdaderas -dijo- es a través del diálogo". "La Iglesia condena la espiral de violencia que está naciendo en el país y lamenta las últimas muertes acaecidas en La Paz. La provocación y la represión policial no son el camino para la concertación y para el progreso y el desarrollo de este país. La represión genera resistencia y ésta a su vez mayor violencia, por eso, -añade Juárez- los obispos queremos un alto a la violencia y pedimos al gobierno que escuche a todos los sectores".
Estas declaraciones se produjeron después de que dos personas resultaron muertas en La Paz, junto a varios heridos y vehículos destrozados, como saldo del paro de 24 horas en el transporte, que tuvo lugar el pasado 24 de abril y que se caracterizó por la violenta represión de la policía.
A partir del 1° de mayo los campesinos iniciaron un bloqueo nacional de caminos, demandando el cumplimiento de los 50 acuerdos no respetados por el gobierno desde octubre del año pasado.