MÉXICO:
Después que el 1º de mayo los zapatistas rechazaron la ley sobre "derechos
y cultura indígena" aprobada con cambios sustanciales respecto
al proyecto propuesto por la Comisión por la Concordia y la Pacificación
(COCOPA), el problema de Chiapas y de los indígenas volvió al punto
de partida. Frente a esta situación, el presidente de la Conferencia
del Episcopado Mexicano (CEM), Luis Morales Reyes, manifestó que la
paz en Chiapas sigue siendo una de las principales preocupaciones de
la Iglesia Católica.
El presidente del episcopado invitó
a los sectores involucrados en la solución del conflicto a mejorar la
ley indígena y abrir nuevas rondas de negociaciones. "En estos
momentos quisiéramos que se lograra la paz en Chiapas -explicó Luis
Morales Reyes-; que se mejore la ley de cultura y derechos indígenas,
a fin de que existan las condiciones para que se inicie una nueva ronda
de negociaciones y se alcance la paz en México..., una paz con gran
respeto a la cultura de nuestros hermanos indígenas..."
Cientos de organizaciones y personalidades
de México y otros países publicaron un documento titulado "Por el reconocimiento constitucional
de los derechos y la cultura indígena", defendiendo la ley propuesta por la COCOPA como "única salida
hacia una paz justa y digna". Por otra parte, se conoció el comentario
del ex obispo de San Cristóbal, Samuel
Ruiz: "Algunos dicen: mejor esta ley que nada; aceptemos esta
ley y veamos como mejorarla. Pero de esta manera confundimos la limosna
con los derechos. Y en esa ‘confusión’ han caído varios obispos
que consideran la ley aprobada como un primer paso hacia el reconocimiento
de los derechos de 10 millones de indígenas de Chiapas y de todo México."
De hecho, la no concesión de una jurisdicción
plena de las comunidades indígenas sobre sus recursos naturales deja
abierta la puerta a los grupos económicos internacionales para que exploten
esos recursos; y la falta de reconocimiento de las comunidades indígenas
como "sujeto jurídico" significa seguir con el viejo esquema
de querer asimilar a los indígenas en vez de reconocer y tutelar su
diversidad. Es lo que piensa el p.
Gonzalo Ituarte, confirmado en San Cristóbal de las Casas por el
obispo Felipe Arizmendi como responsable diocesano de Justicia y Paz. "No
se puede pretender que un movimiento armado que decide sustituir la
guerra con la política, haga reivindicaciones blandas; se trata de incidir
en profundidad sobre nuestra incipiente democracia", declaró el
p. Ituarte. Desde San Cristóbal, donde el nuevo obispo se esfuerza por
seguir las líneas pastorales trazadas por el Sínodo Diocesano cuyas
conclusiones fueron promulgadas por don Samuel en diciembre del año
pasado, Ituarte confía que también "las reivindicaciones de los
indígenas serán finalmente aceptadas por el estado mexicano".