PERÚ:
Con el nombramiento de sus siete integrantes
el 6 de julio quedó conformada la Comisión de la Verdad que tendrá un
plazo de 23 meses a partir de agosto para investigar las violaciones
a los derechos humanos ocurridas entre 1980 y el 2000. El rector de
la Pontificia Universidad Católica del Perú, Salomón
Lerner, presidirá la Comisión, que también integrarán el director
de la Comisión Andina de Juristas, Enrique
Bernales; el antropólogo Carlos
Iván Degregori; el analista político Carlos
Tapia; el rev. Gastón Garatea,
presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza;
el ex rector de la Universidad de Huamanga, Alberto
Morote, y la congresista Beatriz
Alva Hart.
La Comisión tendrá que esclarecer
el proceso, los hechos y responsabilidades de las violaciones a los
derechos humanos imputables tanto a las organizaciones terroristas como
a los agentes del Estado. También deberá proponer
iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los
peruanos. Su trabajo -que no tiene atribuciones jurisdiccionales, por
lo que no sustituye en sus funciones al Poder Judicial ni al Ministerio
Público- estará enfocado en asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas,
torturas y otras lesiones graves, violaciones a los derechos colectivos
de las comunidades andinas y amazónicas, y otros crímenes y graves violaciones
contra los derechos de las personas.
El nombramiento de los comisionados
provocó un arduo debate. El congresista Javier
Diez Canseco en el diario "La República" declaró: "la
Comisión busca verdad y justicia, aunque hay quienes piensan saltarse
a la garrocha la justicia y llegar, ficticiamente, a una rápida reconciliación,
lo que sería repetir experiencias latinoamericanas que por falta de
justicia, nunca cerraron heridas abiertas".
Por otra parte, el obispo de Callao
y secretario de la Conferencia Episcopal Peruana, Miguel Irizar, ha sido nombrado presidente de la "Iniciativa Nacional Anticorrupción",
una comisión de 11 representantes de la sociedad civil creada por el
gobierno provisorio de Valentín Paniagua para controlar la transparencia
de las actividades públicas. El 20 de julio pasado esta comisión presentó
un proyecto titulado: "Compromiso
ético con el Perú" que se propone "institucionalizar la
lucha contra la corrupción, promover la ética pública, garantizar la
transparencia y el control de la administración pública con instrumentos
legales y acciones concretas".
JAMAICA:
Un sacerdote jesuita canadiense, el
p. Martin Royackers, fue
asesinado el 21 de junio en la parroquia Santa Teresa, de la que era
responsable, en la ciudad de Annotto Bay. Según el diácono Fernando
Pulle, "el sacerdote se dedicaba completamente a la gente,
como si no le importara nada su persona". En la homilía del domingo
17 de junio había denunciado a los posibles responsables de la violencia
en Jamaica; 453 personas, entre ellas tres sacerdotes, han sido asesinadas
en la isla desde comienzos de año. Y dijo además: "Esto podría
sucederme también a mí; en ese caso quiero ser sepultado aquí, entre
mi gente". El sacerdote, que ya había recibido varias amenazas,
se ocupaba de un proyecto de desarrollo para explotar las tierras no
cultivadas del Estado y luchaba para que el gobierno entregara tierra
a los campesinos.
El esfuerzo conjunto del gobierno
y la organización católica "Fe y Alegría" brinda la oportunidad
a miles de venezolanos de aprender a leer, escribir y proseguir sus
estudios hasta llegar a secundaria, a través de programas radiales.
En el marco de la campaña de alfabetización lanzada por el presidente
Hugo Chávez el año pasado, el Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA)
emite programas especiales en los que se enseña a formar palabras
y números, así como sobre cuestiones económicas, políticas, laborales
y familiares. El IRFA, cuya experiencia en educación radiofónica se
remonta a 1975, está integrado por sacerdotes que enseñan en escuelas
de sectores pobres. Su objetivo es ofrecer "una justa educación
para que el pueblo pueda valerse por sí mismo", dijo el director
del IRGA, el jesuita Jesús Orbegozo.
Según el Ministerio de Educación, el analfabetismo alcanza al 18% de
los 24 millones de venezolanos.