BOLIVIA
La Iglesia pide diálogo y concertación
Al término de su última Asamblea Plenaria de 2001, los obispos bolivianos
se pronunciaron en contra del cultivo de coca excedentaria en el trópico
de Cochabamba, por ser una actividad "dañina para la salud y
el corazón de nuestro pueblo", y exhortaron a los campesinos
a buscar y asegurar nuevas opciones que les permitan llevar una vida
con dignidad y libertad. Asimismo, pidieron a los cocaleros y a los
militares, protagonistas de violentos episodios, retomar el diálogo
y la concertación.
"Nuestra posición es clara",
afirmó el card. Julio Terrazas,
presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, al pedir a los
cocaleros no aferrarse a un cultivo que mella la salud del pueblo.
Terrazas comprometió el mejor de los esfuerzos de la Iglesia para
que "las nuevas producciones" puedan dignificar la vida
de los 30.000 campesinos productores de coca excedentaria de la zona
tropical del Chapare.
El card. Terrazas y la defensora del
pueblo, Ana Ma. Romero,
coincidieron en que el diálogo
y la concertación son la única solución al enfrentamiento entre
el gobierno y los cocaleros, que ha generado un clima de guerra en
el trópico, desde que el gobierno envió tropas del Ejército a custodiar
las carreteras para evitar bloqueos.
Por su parte, el presidente de la
República, Jorge Quiroga,
aseguró que "Bolivia no volverá a caer en las garras del narcotráfico"
y reiteró que su administración "no negociará la producción de
coca en el trópico de Cochabamba, actividad considerada ilegal".
Los dirigentes de los productores de coca anunciaron nuevos bloqueos
de caminos para lograr su demanda de un "cato de coca",
cultivo de la hoja con una extensión de 40 x 40 m2 por familia, y
el rechazo de cualquier cultivo alternativo, que según ellos no les
genera los mismos ingresos económicos.
En su mensaje, los obispos plantearon
que algunas cosas se han podido mejorar en el país. "Nos alegramos
-dicen-, porque los bolivianos hemos dado pasos en este sentido y
tales cambios nos dan esperanza para que podamos seguir por el camino
recorrido".
Los obispos llaman la atención al
Estado para que adecúe algunas leyes y promulgue otras que eviten
una "flagrante injusticia", como cuando a los pequeños prestatarios
se les despojó de sus instrumentos de trabajo y viviendas, o la reciente
matanza no esclarecida de cinco campesinos "sin tierra"
en el Chaco boliviano, al sur del país, a manos de grupos paramilitares
financiados por terratenientes.
Varios convenios firmados por el gobierno
con el aval de la Iglesia y otras instituciones, no se han cumplido;
por eso "los sectores sociales deben plantear exigencias de acuerdo
a las posibilidades del país, y el gobierno no contraer compromisos
que no podrá cumplir", señala el documento. De todos modos, la
crisis económica es la asignatura pendiente más importante. Así el
mensaje estima que el gobierno dio algunos pasos, pero no los suficientes,
por lo que debe atender los compromisos del Acta
de Entendimiento suscrita el 20 de junio de 2001 en la que se
buscaba "fortalecer la democracia y la participación ciudadana".
"Nos alegramos con la noticia
de que los fondos provenientes de la condonación de parte de nuestra
deuda externa serán destinados en buen porcentaje a proyectos de salud
y educación, -dicen los obispos-. El mecanismo de Control Social es
un instrumento indispensable para que se cumplan con honestidad y
eficacia los proyectos que respondan a las reales necesidades del
pueblo".
El país tiene puestas gran parte de
sus esperanzas en el gas. "Es urgente el diseño de una política
de Estado para el aprovechamiento pleno del gas natural como recurso
estratégico para el desarrollo del país", concluye el mensaje
("Vida Nueva" n. 2.306).