Se necesita una nueva pedagogía de paz
El
26 de mayo pasado tuvieron lugar las elecciones presidenciales. Se teme
que con el nuevo gobierno se vuelva a la mano dura y quede sepultado el
proceso de paz. El gobierno fue acusado por las organizaciones de
Derechos Humanos de no haber cumplido con las promesas de paz y de no
castigar a los militares simpatizantes o cómplices de los grupos
paramilitares. Por su parte, la Iglesia Católica no deja de insistir
que "se necesita una nueva pedagogía de paz".
El 21 de febrero pasado el presidente Pastrana puso fin a tres años de negociaciones de paz con la guerrilla, reflotadas a último momento por la intervención de la Iglesia y de la ONU. Pastrana revocó la zona desmilitarizada cedida a las FARC en 1998 por las negociaciones de paz; ordenó un impresionante bombardeo de la zona y reactivó las órdenes de arresto para todos los líderes guerrilleros, suspendidas durante las conversaciones. La repentina decisión de Pastrana obedeció aparentemente al secues-tro por parte de los guerrilleros del senador Jorge Gechen. En realidad, el gobierno aprovechó el nuevo equilibrio internacional de fuerzas por el cual, después del 11 de setiembre, los guerrilleros son simples terroristas, cada vez más aislados políticamente.
El gobierno ha obtenido de Estados Unidos miles de millones de dólares para combatir "el terrorismo y el narcotráfico". Por otra parte, las FARC continuaron con su ofensiva militar durante los tres años de negociaciones, quitándole credibi-lidad al proceso de paz; parecieron carentes de un verdadero interés en lograr un acuerdo negociado. El grupo rebelde enfrenta un creciente aislamiento político y diplomático tanto en el país como en el extranjero. Los 120 Consejos Comunitarios de la Asociación Campesina del Atrato enviaron a las FARC una carta pública muy valiente, no contestada, donde denuncian los atropellos y violencias de la guerrilla para con los campe-sinos y las comunidades indígenas.
Con respecto al gobierno, unas setenta organizaciones de Derechos Humanos y Sociales, lo acusaron de no cumplir con las recomendaciones de la ONU. El 85% de las violaciones de los derechos humanos se atribuye a los agentes estatales y sobre todo a los paramilitares, y el 15% a los guerrilleros. Las acciones delictivas de los paramilitares no fueron enfrentadas ni castigadas, a pesar de las declaraciones condena-torias; de junio de 2000 a junio de 2001 éstos cometieron 171 masa-cres. Recientemente, la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, lanzó un llamado a Colombia advirtiendo que quienes ganarán con la continuación de la guerra serán el paramilitarismo que tendrá manos libres para actuar y Estados Unidos que expandirá su penetración en el país; criticó al gobierno y también a la guerrilla "por no haber escuchado el clamor de la sociedad civil a favor de la paz".
En esta misma línea, la Iglesia apoya la resistencia civil de los sectores populares que lenta pero firmemente construyen las bases de una nueva democracia y promueve todos los esfuerzos por una paz fundada en la justicia.
El Congreso Nacional de Paz realizado el mes pasado fue una gran oportunidad para lanzar nuevas estrategias en vista de un proyecto de paz y de una solución política negociada que se le confiarán al nuevo gobierno.