El
triunfador moral en las reñidas elecciones del 30 de junio pasado en
Bolivia fue Evo Morales, el líder indígena de los cocaleros que
expulsado del Parlamento donde era diputado, conquistó el segundo lugar
en la contienda electoral. Será el nuevo Congreso el que defina el 4 de
agosto quién gobernará al país.
Si en los años ’50 eran los sindicatos mineros los que impulsaban al resto de la población, en particular a los obreros y campesinos en las manifestaciones masivas exigiendo un cambio en la sociedad, hoy son los indígenas cultivadores de coca los abanderados de las clases más humildes. En 1997, los cien sindicatos cocaleros acordaron con el gobierno reducir voluntariamente la producción de coca frente a la presión de Estados Unidos que por su parte se comprometía a entregar 40 millones de dólares para combatir el narcotráfico. Este dinero se usó para crear un cuerpo armado especial que sólo durante 1999 y en la región tropical de Chapare (Cochabamba) erradicó 13 mil hectáreas de cultivo de hoja de coca sin desarrollar cultivos alternativos. En el Chapare hay instaladas bases militares estadounidenses que junto al gobierno local buscan dar una respuesta militar al problema de la erradicación de la coca que es eminentemente social. Los campesinos se han hartado de ver cómo arrasan sus cosechas de coca que son su único medio de subsistencia desde hace siglos, sin ofrecerles una alternativa viable, y han salido a la calle repetidas veces. Ya hubo 47 muertos en esta "guerra de la coca".
Desde siempre en Bolivia una parte importante de la producción de coca está destinada al consumo tradicional y al comercio legal. Pero el gobierno y Estados Unidos siempre han rechazado la propuesta campesina de dejar la cuarta parte de una hectárea (un "cato") por cada familia para el cultivo de la hoja, en vista de su subsistencia y de los diferentes usos que se le da a la coca. En febrero pasado el gobierno reconoció la distinción entre coca ilegal y coca legal cultivada para uso doméstico, pero la lucha que en los últimos seis meses dejó un muerto por semana con cientos de presos y heridos por la represión cada vez más violenta, aún no ha terminado. La expulsión del Parlamento del diputado Evo Morales, líder de los cocaleros, el 26 de enero pasado ha agudizado el problema. Según los parlamentarios el desafuero de Evo Morales fue por sus declaraciones contra la política antidrogas en el Chapare y por incitar a la violencia. Pero los cocaleros denunciaron que se trató de una interferencia directa del embajador norteamericano, definido por Morales como "el verdadero dueño del circo", que amenazó con retirar cualquier apoyo de Estados Unidos al país si no se marginaba de la escena política a Morales. La respuesta del electorado ha sido contundente. El gravísimo malestar social que está llevando a Bolivia al borde de una explosión, no se da sin embargo sólo por el tema cocalero, sino por la desocupación creciente, el problema de los sin tierra y los campesinos, la corrupción, la crisis económica.
La Iglesia ha intervenido permanentemente en estos temas. En los últimos cinco años no ha existido un solo conflicto social para cuya solución no se haya recurrido a la Iglesia Católica como mediadora. Su influencia en asuntos políticos nacionales es decisiva por la debilidad de los gobiernos y la corrupción de los partidos políticos. En el último enfrentamiento del gobierno con los cocaleros en enero pasado, el gobierno se negaba a dialogar con Evo Morales, pero la intervención del card. Julio Terrazas obligó a las partes a negociar.
En ocasión de estas elecciones los obispos de Bolivia han emitido meses atrás un documento ("Por unas elecciones responsables, libres y limpias") donde se anticipaban a la campaña electoral que resultó muy costosa para un país pobre como Bolivia, pidiendo que ese dinero fuera destinado más bien a finalidades humanitarias.