URUGUAY: INFORME FINAL DE LA COMISIÓN PARA LA PAZ:
"La verdad posible"
El pasado 10 de abril la Comisión para la Paz creada por el Presidente
de la República, dio a conocer su informe final sobre lo ocurrido con
los detenidos desaparecidos durante el régimen de facto en Uruguay
(1973-1985). Entre las conclusiones presentadas queda claro que las
víctimas no participaron de una guerra interna. "Los antecedentes
de las personas fallecidas evidencian que la enorme mayoría de ellas no
participaba en forma directa en actos de violencia ni integraban
organizaciones subversivas", dice el informe.
La Comisión para la Paz (en adelante, la Comisión) fue creada por la Presidencia de la República el 9 de agosto de 2000, atendiendo a la necesidad de "dar los pasos posibles para determinar la situación de los detenidos-desaparecidos durante el régimen de facto". La creación de la Comisión intentaba dar cumplimiento a "una obligación ética del Estado", encarando "una tarea imprescindible para preservar la memoria histórica" de la Nación, así como para "consolidar la pacificación nacional y sellar para siempre la paz entre los uruguayos". La Comisión estuvo integrada por el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, el sacerdote jesuita Luis Pérez Aguirre, el señor José D´Elía y los doctores José Claudio Williman, Gonzalo Fernández y Carlos Ramela y después del lamentado fallecimiento del p. Pérez Aguirre, por el presbítero Jorge Osorio. En primer término se abocó a recopilar toda la información existente en materia de detenidos-desaparecidos, nutriéndose inicialmente de los generosos aportes documentales hechos por la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y por el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ). También se recabó información de la República Argentina, en cuyo territorio se registra el mayor número de desapariciones forzadas de ciudadanos uruguayos. Luego se comenzó a entrevistar a múltiples testigos, entre ellos a numerosos integrantes de las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas, intentando persuadirles de que cooperaran.
Una de las principales dificultades fue -además del largo tiempo transcurrido desde el acaecimiento de los hechos- que "la información clave o final estaba en manos de fuentes policiales o militares..."
La Comisión no se limitó a "analizar denuncias y a aceptar pasivamente confirmaciones". "Se trató, en definitiva, no de lograr ‘una verdad’ o la ‘verdad más conveniente’, sino solamente ‘la verdad posible’. Además de las conclusiones generales, la Comisión brindó a cada familia una explicación detallada con relación a cada denuncia recibida.
Las denuncias específicamente referidas a personas desaparecidas en el Uruguay ascienden a 38. Las conclusiones confirman en la enorme mayoría de los casos el contenido de las denuncias recibidas. "Es necesario aprender y recordar por siempre -dice el informe- que no existe diferencia o divergencia que habilite la violencia, el secuestro y la muerte de cualquier origen o signo y que esas manifestaciones deben ser siempre y en todo caso condenadas..."
En otra parte del informe se confirma la plena convicción acerca de "las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas. Desde la tortura, la detención ilegítima en centros clandestinos, hasta llegar a los casos más graves de desaparición forzada, se constata la actuación de agentes estatales que, en el ejercicio de su función pública, obraron al margen de la ley y empleando métodos represivos ilegales..."
Sobre el destino de los restos de los detenidos-desaparecidos, "una cuestión esencial que aflige y lastima en forma especial a sus familiares", lamentablemente la información obtenida en base a fuentes militares descarta la posibilidad de ubicar restos, salvo en un caso, pero la Comisión no confirma ni descarta esa información y destaca que los uruguayos merecen a esta altura "una explicación más clara y contundente".
El informe concluye con una serie de recomendaciones, entre ellas promover actos de homenaje a los de-saparecidos e incorporar a los planes de estudio "un análisis objetivo y global de la triste realidad que vivió el país desde los años 60 hasta mediados de los 80" así como la enseñanza de valores y principios como la democracia, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos y la consolidación plena del Estado de Derecho, "generando una conciencia colectiva nacional que condene por igual toda forma de intolerancia y violencia y que procese un auténtico y definitivo Nunca Más".