CUBA:
LA IGLESIA RECLAMA MAYOR PRESENCIA
Coincidiendo con la fiesta de la patrona de Cuba, Nuestra Señora
de la Caridad del Cobre, los obispos de la isla han pedido al gobierno
un gesto de clemencia para quienes están en la cárcel, al tiempo que
han identificado lo que califican como "problemas y propuestas
que requieren especial atención para abrir caminos al futuro de
Cuba". En su tradicional mensaje del 8 de setiembre, los pastores
señalan que en Cuba la libertad religiosa "sigue siendo
restringida al ámbito de lo cultual", y piden respeto a la
libertad religiosa, lo que incluye "que se facilite la
participación social de los cristianos en la vida sindical,
profesional y política", el reconocimiento del derecho de la
Iglesia a construir templos y facilitar la entrada al país de
sacerdotes y religiosas que quieren ayudar en la evangelización.
"Nos preocupan de modo particular -expresa la carta- el
encarcelamiento y las altas condenas impuestas a un número
considerable de opositores políticos, así como la aplicación de
varias penas de muerte en juicios sumarios".
Los obispos reconocen el clima de cierta apertura que siguió a su carta pastoral El amor todo lo espera (1993). Este clima favoreció los preparativos de la visita papal en 1998, pero todo cambió después. Pese a los espacios que parecían abrirse, se inició un "aparente proceso de revisión que no favorecía las aspiraciones de pluralismo, tolerancia y apertura que se vislumbraban en el horizonte nacional". En este sentido, "es preocupante constatar que hoy todo lo que en el pensamiento y las acciones no coincida con la ideología oficial, se considera carente de legalidad y es descalificado y combatido sin tener en cuenta la verdad y bondad que puedan poseer".
En su mensaje, los obispos cubanos constatan también los signos de crecimiento en la Iglesia cubana y clarifican por qué ésta debe ser "germen de solidaridad universal y anunciar y defender la dignidad humana, la justicia social y los derechos del hombre, inseparables del Reino de Dios".
CHILE:
MISIÓN DE LA FAMILIA
Como una oportunidad para que las familias católicas expresen y
cultiven, como Iglesia doméstica, su espíritu misionero, la Vicaría
de la Familia del arzobispado de Santiago ha organizado una original
misión durante el mes de setiembre.
Durante 4 semanas, matrimonios de diversas parroquias visitaron a familias de su sector para llevarles un mensaje de esperanza y de fe, y al mismo tiempo invitarlas a adherirse a la Semana de la Familia 2003, que este año se realiza del 5 al 12 de octubre. El mensaje de este año se orienta a la conquista de un espacio en el interior de los hogares que exprese la fe y la vida religiosa de la familia; de ahí que el lema de esta Semana de la Familia sea "Mi hogar, un Altar". "Deseamos que todas las familias de Santiago tengan un lugar especial de encuentro con Dios, un lugar físico donde se sitúe un pequeño altar familiar destinado al encuentro personal y familiar con el Dios de la Vida", explica Rosario Jiménez, secretaria pastoral de la Vicaría para la Familia. "Todo hogar es una iglesia en pequeño, un templo, y eso requiere tener un altar propio", añade. Con el fin de apoyar la labor de las familias misioneras, se han preparado fichas de motivación, trípticos, altares y cirios.
MÉXICO:
DENUNCIAN CAMPAÑA CONTRA LA IGLESIA
El vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, José
Guadalupe Martín Rábago, ha constatado que tiene lugar en estos
momentos una dura campaña de grupos interesados en desprestigiar a la
Iglesia. Como ejemplo, el obispo de León citó las infundadas
acusaciones sobre lavado de dinero que se han lanzado contra el card.
Juan Sandoval, arzobispo de Guada-lajara, sucesor del card.
Juan Jesús Posadas, asesinado en 1993. En una rueda de prensa, el
obispo de León constata que "hay, ciertamente, intereses de
parte de ciertos grupos y personas que efectivamente quieren
desprestigiar a la Iglesia y se ha podido percibir, en los últimos
tiempos, que este tipo de embestida se ha intensificado... No puedo
saber cuáles son realmente los intereses que están atrás, pero creo
que es claro descubrir que hay este deseo, este proyecto, de
desacreditar a la Iglesia, y de alguna manera golpear su imagen ante
la comunidad", concluyó.
CHILE:
A 30 AÑOS DEL GOLPE DE
ESTADO
Con un acto ecuménico en La
Moneda en que estuvo presente el card. Errázuriz pero ausentes
los representantes de los partidos de oposición y los dirigentes de
la Democracia Cristiana, se conmemoraron los 30 años del golpe
militar de 1973. Marchas y protestas populares -no exentas de
incidentes- pusieron en evidencia que la historia sigue dividiendo a
los chilenos. En la semana del "11 de setiembre" hubo en
Chile diversas ceremonias que desde su preparación generaron fuertes
discusiones en la Concerta-ción, el conglomerado de partidos
políticos de gobierno. La Iglesia tampoco ha estado ausente de esta
memoria. La fecha tiene un significado especial, por eso, todos los
medios de comunicación sin excepción han evocado hechos o
circunstancias de aquel fatídico 11 de setiembre para los chilenos.
Imágenes de televisión en blanco y negro con el Palacio de La Moneda
en llamas y la bandera chilena quemándose en su mástil, han inundado
las pantallas, diarios y revistas dejando impávidos a los que aún no
tenían conciencia hace 30 años. "El tema de la memoria
histórica para muchos es un elemento clave porque es el pasado el que
permite proyectar el futuro. No cabe, entonces, hablar de dar vuelta
la página o cerrar el pasado, porque no tenemos otra cosa en común
que nuestro pasado como colectividad", sostiene el sociólogo Manuel
Antonio Garretón en la revista Mensaje, de
los jesuitas.
La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación creada en 1990, fue un gran avance, ya que permitió oficializar una verdad negada sistemáticamente por los militares y reivindicar la memoria de las víctimas de la dictadura a las que se les calificó durante 17 años como terroristas y delincuentes.
COLOMBIA:
LA IGLESIA, GARANTE DE LA
PAZ
En el acuerdo logrado entre
el gobierno colombiano y los paramilitares, la Iglesia ha sido llamada
a prestar un servicio de "presencia constante y garantía de
paz". El acuerdo prevé el fin de las hostilidades, el completo
desarme de unos 10.000 paramili-tares para 2005 y el pleno apoyo al
proceso de democratización del país. Por su parte, el Ejecutivo
facilitará la reinserción en la sociedad de estos militantes de
extrema derecha. Los escuadrones paramilitares son organizaciones
ilegales armadas que se financian con el apoyo de comerciantes,
ganaderos y hacendados perseguidos por la guerrilla, a la que combaten
y a la que han expulsado de varias regiones. Han sido acusados de
contar con el apoyo de sectores de las Fuerzas Armadas y de cometer
violaciones contra los derechos humanos, en medio de un conflicto que
desde hace cuatro décadas oprime al país de más de 40 millones de
habitantes. El pacto no sólo solicita que la Iglesia Católica siga
acompañando este proceso, sino que pide que la comunidad
internacional lo respalde.
VENEZUELA:
LOS OBISPOS RECHAZAN LAS ACUSACIONES DEL
PRESIDENTE
La Conferencia Episcopal
rechazó las acusaciones que le hizo el presidente Hugo Chávez de
mentir "descaradamente" y apoyar a la oposición. El ataque
del presidente busca "desviar la opinión pública de los
verdaderos problemas que aquejan a nuestra sociedad", afirmó el
presidente del episcopado, Baltazar Porras. Chávez acusó a la
cúpula de la Iglesia Católica venezolana, durante su programa
dominical radiotelevisado "Aló Presidente", de haberse
convertido en "vocera de la oposición" y de ser
"inmoral" e "indigna", enriqueciendo sus insultos
con sonoros adjetivos. Obispos y templos católicos han sido objeto de
atentados y actos de violencia en los últimos meses. El arzobispo
Porras hizo pública una respuesta, en nombre de los obispos de
Venezuela, como respuesta a los recientes "grandes insultos
cometidos por el presidente". La declaración, titulada "A
todos los venezolanos de buena voluntad", tras exponer la grave
situación política y económica del país y el deterioro de la paz y
la convivencia, reclama con urgencia la realización de un referendo
revocatorio, como lo prevé la Constitución. "No habrá paz
social en Venezuela -afirma el documento- si no se recupera la
confianza en los poderes públicos. Es necesaria la participación
real de todos los ciudadanos en la toma de las grandes decisiones que
afectan la vida y el futuro del país".