ARGENTINA:
Semana de los pueblos indígenas
Del 18 al 25 de abril se celebró en toda Argentina la Semana de los Pueblos Indígenas organizada anualmente por la Comisión Pastoral del episcopado ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen). Esta Semana ha sido adoptada por muchos países de América Latina, como espacio de reflexión y solidaridad.
El
origen de la Semana de los Pueblos Indígenas se remonta al primer
Congreso Indigenista Interamericano que se realizó el 19 de
abril de 1940 en Patzcuaro (México) con delegaciones de distintos
países. Esta conferencia elaboró un documento que entre otras cosas
creó el Instituto Indigenista Interamericano, dependiente de la OEA y
con sede en Ciudad de México. Argentina se adhirió al documento de
Patzcuaro en 1945 y al Día Panamericano del Indio el 19 de abril.
En 1984, en una reunión de organizaciones católicas que defendían
los derechos de los indígenas, se decidió extender esta celebración
a una semana entera, la que fue promovida desde el comienzo por
ENDEPA. En 1992, a los 500 años de la primera evangelización, se
estableció en forma definitiva la Semana de los Pueblos Indígenas.
Este año el tema de reflexión han sido los valores de los pueblos indígenas: el respeto a la naturaleza, la solidaridad, la memoria histórica, el sentido sagrado de la vida, la vivencia comunitaria, la escucha de los ancianos, el valor de la palabra. Éstos son los valores que quieren aportar los hermanos aborígenes "para que otro mundo sea posible". En Argentina hay más de un millón y medio de personas que integran 18 Pueblos Indígenas cada cual con su idioma, cultura, historia e identidad. Con la reforma constitucional del 94 se reconoció el carácter multiétnico y multicultural del país y se brindó reconocimiento constitucional a esos pueblos con la enseñanza bilingüe, etc.. Nadie olvida cómo en la historia argentina las matanzas del sur fueron mucho mayores en la época republicana que en la época de la conquista y de la colonia; baste recordar la "marcha del desierto" de los presos mapuches por 1.200 kilómetros a pie en la que unos cien mil murieron por el maltrato y las enfermedades a fines del 800. En la historia los aborígenes ayudaron a gestar la independencia, pero luego fueron diezmados y aculturados. Ahora la Iglesia impulsa mentalidades y conductas que acaben con la discriminación real.
COLOMBIA:
LA IGLESIA DIALOGA CON LA
GUERRILLA
La Comisión de Conciliación Nacional que busca facilitar el diálogo del gobierno con las FARC ha presentado una nueva propuesta de paz elaborada por el obispo de Tunja, Luis Augusto Castro.
El documento es el quinto producto de la Comisión desde comienzos de este año después del encuentro del obispo Luis Castro y del sacerdote Darío Echeverri, secretario general de la Comisión, con las FARC a fines del año pasado. La propuesta se refiere entre otras cosas a la liberación e intercambio de presos, a la puesta en libertad de los civiles secuestrados por la guerrilla y a la suspensión de operaciones militares por parte del gobierno en las zonas previamente concordadas. Estos acuerdos serían garantizados y controlados por la ONU y la Cruz Roja. La Iglesia pide negociaciones pero sin impunidad.
Efectivamente, desde que las milicias paramilitares han depuesto las armas, ninguno de sus líderes acusados de feroces masacres y crímenes de lesa humanidad ha sido procesado (además siguen matando y secuestrando). El card. Pedro Rubiano Sáenz ha dicho sobre este tema: "La paz debe hacerse pero no en perjuicio del estado de derecho o de los derechos fundamentales, en el contexto de la verdad, de la justicia y la reparación.
Nadie va a negociar para terminar en la cárcel, pero el olvido de los crímenes cometidos no puede ser un instrumento para obtener la paz; hace falta reconocer los errores y repararlos adecuadamente".
Por su parte, Juan Pablo II ha pedido públicamente el mes pasado por la liberación del sacerdote César Darío Peña García, secuestrado desde mediados de marzo por las FARC y ha enviado al obispo local "la aseveración de su oración y afecto" por el sacerdote.
Hay varios sacerdotes católicos amenazados de muerte; en los últimos 10 años han sido asesinadas 57 personas entre obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas.
MÉXICO:
REABREN EL CASO DEL CARD. POSADAS
Después de casi 11 años se dictaron las primeras sentencias con respecto al caso del asesinato del card. Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de Guada-lajara. Trece de los 15 presos procesados han sido condenados. El arzobispo fue asesinado el 24 de mayo de 1993, junto con otras seis personas.
Según el gobierno de la época se habría tratado de un intercambio de fuego entre dos bandas de narcotraficantes y el cardenal habría muerto en la balacera. A pedido de la Iglesia se reabrió el proceso. Los obispos insisten en que el cardenal no pudo ser confundido con otra persona; había la intención expresa de eliminarlo, quizás porque poseía informaciones sobre actividades del narcotráfico que hacían peligrar los negocios de prominentes personajes de la política local y nacional. En particular, el actual cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñíguez, ha calificado este hecho de crimen político dirigido desde las altas esferas del poder en México.
La actual ofensiva de la Iglesia se circunscribe en el marco de una celebrada iniciativa del presidente Vicente Fox de llevar a cabo una reforma de la Constitución para que se reconozcan explícitamente los derechos humanos, entre ellos el de la libertad religiosa.
Hasta ahora la Constitución no consideraba a los derechos humanos como "inherentes a la persona humana"; era el Estado el que otorgaba las garantías individuales. Y esto dio pie para que en el pasado se violaran los derechos humanos y en particular el derecho a la libertad religiosa y a la actividad pública de la Iglesia.
CHILE:
¿CUÁL RECONCILIACIÓN?
El
gobierno constituyó en Chile una Comisión Nacional sobre
"Cárcel, política y tortura" cuyo presidente es p.
Sergio Valech, director de la Vicaría de la Solidaridad. Su
objetivo es investigar el nombre de los que durante la dictadura han
sido encarcelados y torturados por motivos políticos para que se haga
con ellos una debida reparación. El trabajo de la comisión empezado
en noviembre pasado debería terminar en julio próximo. La
vicepresidenta de la comisión es María Luisa Sepúlveda,
casada y madre de tres hijos, católica y activista de los derechos
humanos. Es una de las personas que el obispo Fernando Ariztía,
fallecido en noviembre pasado, recordó como merecedora de la gratitud
de los chilenos en el homenaje que le tributó al obispo la Cámara de
Diputados el año pasado. María Luisa Sepúlveda declaró en una
reciente entrevista: "Todo lo que hacemos a favor de la vida, la
justicia y la reparación es en vista de una plena reconciliación
entre chilenos. La mayor parte de las víctimas pide esto, no
venganza. A menudo se confunde reconciliación con olvido. Hoy
son pocos los que niegan o justifican los crímenes cometidos. Pero
son heridas profundas de las que tenemos que hacernos cargo porque
forman parte de nuestra historia y seguirán pesando sobre las
próximas generaciones".
GUATEMALA:
¿LUCES EN LAS TINIEBLAS?
Al perder su inmunidad por expirar en enero su mandato como miembro del Congreso, el ex dictador Efraín Ríos Montt ha sido puesto bajo arresto domiciliario, acusado de una larga cadena de crímenes. Ríos Montt presidió el peor período de la guerra civil con una política de tierra arrasada y de masacres contra las poblaciones indígenas. Desde que Oscar Berger asumió como presidente el 14 de enero de este año, también se han abierto procesos por corrupción contra nueve políticos prominentes. El anterior presidente Alfonso Portillo, que enfrenta 11 cargos, huyó a México el 18 de febrero después que la Corte Constitucional revocara la inmunidad que disfrutaba.
El card. Rodolfo Quezada, en el sexto aniversario del asesinato del obispo Juan Gerardi, clamó por el pleno esclarecimiento y el juicio de los responsables del crimen acusando a la Justicia del país de "desastrosa". "Estamos dispuestos a perdonar, pero queremos saber a quién perdonar y por qué se ha cometido este crimen", declaró el cardenal; y defendió el trabajo de la Oficina de Derechos Humanos de la curia de Ciudad de Guatemala.
El 27 de abril, día de la muerte de Gerardi, una multitud con velas marchó en silencio desde la catedral hasta la parroquia San Sebastián donde el obispo fue asesinado. Muchos piensan y entre ellos la misma Organización de Estados Americanos, que los arrestos que se están llevando adelante sólo apuntan a los "peces chicos" quedando a salvo los poderes ocultos y paralelos, cuerpos de seguridad clandestinos y estructuras vinculadas al Estado.
En su Asamblea Plenaria del 6 y 7 de enero los obispos sacaron un documento ("Vida digna para todos") donde exigen esclarecer y juzgar a los responsables del asesinato de Gerardi.
Pero no es fácil la vida de la Iglesia en ese país; a fines del año pasado fue asesinado el p. Chemita y ha sido amenazado de muerte el obispo auxiliar de la capital, Mario Enrique Ríos Montt.
HAITÍ:
¿CANCELAR LA DEUDA
EXTERNA?
El Vaticano pidió que las autoridades de los organismos internacionales consideren la posibilidad de cancelar la deuda exterior de Haití ya que, según el nuncio apostólico Luigi Bonazzi, "hay una escandalosa pobreza en la que vive la mayoría de los hombres, mujeres y niños del país".
La deuda exterior llegaría a 1,3 mil millones de dólares, particularmente con el Banco Mundial y el Banco Interamericano para el Desarrollo. Actualmente el país está en manos de un gobierno provisorio y contará próximamente con la presencia de fuerzas de la ONU.
ARGENTINA:
NUEVA LEY MIGRATORIA
Se
espera que entre en vigor a mediados de año una nueva ley
migratoria que pone fin a décadas de discriminación, fruto de la
legislación represiva de las dictaduras militares. Miles de
inmigrantes indocumentados que eran víctimas de empleadores
inescrupulosos y tenían vedado el acceso a la salud y educación
pública, podrán regularizar su situación y residir legalmente en
Argentina, con los mismos derechos (inclusive los laborales,
sindicales, a la seguridad social), que los ciudadanos argentinos.
El número de personas que podrán regularizar su situación es de 800 mil según el gobierno, pero la Comisión Católica para las Migraciones reduce el número a 300 mil y el Instituto de Estadísticas calcula un máximo de 250 mil.
La inmensa mayoría de inmigrantes irregulares provienen de Paraguay, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay y Brasil, en ese orden; la mayor corriente emigratoria en la década del noventa fue la peruana. Entre 2000 y 2002 fueron expulsadas de Argentina 11.685 personas. Con esta nueva ley el país salda una deuda con los inmigrantes limítrofes que a través de la ley anterior sancionada en 1981 por la dictadura militar eran considerados como un peligro para la seguridad nacional.