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CHILE:

Impacto del Informe Valech

El informe de la Comisión que encabezó por mandato del gobierno el obispo Sergio Valech sobre las torturas y las prisiones políticas durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), recabó 35 mil testimonios durante más de un año. El informe divulgado por el mismo presidente Ricardo Lagos en noviembre pasado, impactó profundamente en la población porque reconoce que la prisión política y las torturas fueron una práctica institucional del Estado perpetrada en más de 1.000 cárceles, regimientos y campos clandestinos de detención.

No fueron excesos ni casos aislados. A los 28 mil torturados, acreditados por la Comisión, se les otorgará una pensión vitalicia equivalente a 200 dólares por cada víctima, como reparación simbólica. Los obispos católicos emitieron el 1º de diciembre una declaración pública ("Momento de dignidad") en la cual formulaban una enérgica condena a las torturas y atropellos a la libertad durante la dictadura. Hubo una protesta porque el informe no identifica a los torturadores como para poder llevarlos a los tribunales, a lo que el mismo Presidente de la República contestó que ésta era una comisión para investigar la verdad y no para señalar culpables.

Éste sería un paso ulterior que corresponde a otras instancias en la justicia. Lo que queda identificado son los centros secretos de prisión y tortura.

María Luisa Sepúlveda fue la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional sobre "Prisión Política y Tortura". Como ferviente cristiana trabajó intensamente durante la dictadura en la famosa Vicaría de la Solidaridad, de la cual el obispo Sergio Valech era presidente. La Comisión tuvo entrevistas también fuera de Chile, en más de 40 países.

El comandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheyre reconoció la responsabilidad institucional del ejército: "Nunca y para nadie puede existir alguna justificación ética para estas violaciones a los derechos humanos". Sin embargo, lamentó que estos juicios e investigaciones se estén prolongando demasiado, siendo hora ya de mirar el futuro; la Armada y los Carabineros dijeron algo parecido. Por el contrario, rechazando toda esa hipocresía que busca tapar el pasado e impide avanzar, el nuevo secretario de la Conferencia Episcopal, el obispo Alejandro Goic, afirmó que este informe es "un paso adelante en la reconciliación nacional". Sólo una vez establecida la verdad y alguna forma de justa reparación histórica para no amparar la impunidad de estos horribles delitos de lesa humanidad, "debemos abrirnos -añadió el obispo- a la misericordia y al perdón para lograr la reconciliación".

Los demás obispos chilenos se manifestaron dispuestos a seguir recibiendo y acompañando como en el pasado a quienes han sufrido y sufren por estas heridas aún abiertas.

Éste fue uno de los temas tratados en la Asamblea Plenaria n.88 de la Conferencia Episcopal chilena realizada en Punta Tralca.

Allí fue elegido como nuevo presidente de la misma el obispo de Rancagua, Alejandro Goic. El mismo declaró: "Vamos a seguir defendiendo la vida en todas sus formas. Antes fuimos condenados por defender la dignidad humana transgredida a través de las torturas. Hoy somos criticados por otros aspectos, pero no claudicaremos en esta lucha, obviamente en un ambiente de diálogo y en un contexto plural". El acompañamiento de los sacerdotes fue el tema central y se acordó entregarles una carta de aliento y estímulo a todos los sacerdotes del país.






		CHILE: Impacto del Informe Valech El informe de la Comisión que encabezó por mandato del gobierno el obispo Sergio Valech sobre las torturas y las prisiones políticas durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), recabó 35 mil testimonios durante más de un año. El informe divulgado por el mismo presidente Ricardo Lagos en noviembre pasado, impactó profundamente en la población porque reconoce que la prisión política y las torturas fueron una práctica institucional del Estado perpetrada en más de 1.000 cárceles, regimientos y campos clandestinos de detención. No fueron excesos ni casos aislados. A los 28 mil torturados, acreditados por la Comisión, se les otorgará una pensión vitalicia equivalente a 200 dólares por cada víctima, como reparación simbólica. Los obispos católicos emitieron el 1º de diciembre una declaración pública (*"Momento de dignidad") en la cual formulaban una enérgica condena a las torturas y atropellos a la libertad durante la dictadura. Hubo una protesta porque el informe no identifica a los torturadores como para poder llevarlos a los tribunales, a lo que el mismo Presidente de la República contestó que ésta era una comisión para investigar la verdad y no para señalar culpables. Éste sería un paso ulterior que corresponde a otras instancias en la justicia. Lo que queda identificado son los centros secretos de prisión y tortura. María Luisa Sepúlveda* fue la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional sobre "Prisión Política y Tortura". Como ferviente cristiana trabajó intensamente durante la dictadura en la famosa Vicaría de la Solidaridad, de la cual el obispo Sergio Valech era presidente. La Comisión tuvo entrevistas también fuera de Chile, en más de 40 países. El comandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheyre reconoció la responsabilidad institucional del ejército: "Nunca y para nadie puede existir alguna justificación ética para estas violaciones a los derechos humanos". Sin embargo, lamentó que estos juicios e investigaciones se estén prolongando demasiado, siendo hora ya de mirar el futuro; la Armada y los Carabineros dijeron algo parecido. Por el contrario, rechazando toda esa hipocresía que busca tapar el pasado e impide avanzar, el nuevo secretario de la Conferencia Episcopal, el obispo Alejandro Goic, afirmó que este informe es "un paso adelante en la reconciliación nacional". Sólo una vez establecida la verdad y alguna forma de justa reparación histórica para no amparar la impunidad de estos horribles delitos de lesa humanidad, "debemos abrirnos -añadió el obispo- a la misericordia y al perdón para lograr la reconciliación". Los demás obispos chilenos se manifestaron dispuestos a seguir recibiendo y acompañando como en el pasado a quienes han sufrido y sufren por estas heridas aún abiertas. Éste fue uno de los temas tratados en la Asamblea Plenaria n.88 de la Conferencia Episcopal chilena realizada en Punta Tralca. Allí fue elegido como nuevo presidente de la misma el obispo de Rancagua, Alejandro Goic. El mismo declaró: "Vamos a seguir defendiendo la vida en todas sus formas. Antes fuimos condenados por defender la dignidad humana transgredida a través de las torturas. Hoy somos criticados por otros aspectos, pero no claudicaremos en esta lucha, obviamente en un ambiente de diálogo y en un contexto plural". El acompañamiento de los sacerdotes fue el tema central y se acordó entregarles una carta de aliento y estímulo a todos los sacerdotes del país.