El arzobispo de Tegucigalpa, card. Oscar Rodríguez Maradiaga, reveló los esfuerzos hechos por la Iglesia para lograr la condonación de la deuda externa de 18 países entre los más pobres del mundo por parte del G8 que son los siete países más industrializados del mundo, más Rusia. A fines de mayo una delegación de obispos del sur (India, Etiopía, Nigeria, Zambia) más el mismo Maradiaga se desplazaron a Berlín, Londres, Bruselas y París para pedir a los gobiernos este "acto de justicia", según palabras del mismo cardenal. Mientras tanto en Washington, el card. Theodore McCarrick presionaba con éxito sobre el presidente estadounidense. "Ahora se trata, dice Maradiaga, de convencer a los presidentes de Estados Unidos, de Canadá y de Japón para que destinen el 0,7% del producto bruto interno al desarrollo de los países pobres y de verificar que la promesa de la Unión Europea de hacerlo antes del 2015 sea mantenida". El cardenal se pregunta también como será aplicado el perdón de las deudas. En el caso de Honduras (uno de los cuatro países beneficiados de América Latina junto a Bolivia, Guayana y Nicaragua) se ahorran 400 millones de dólares al año por intereses; son dineros que tienen que llegar a aliviar efectivamente la pobreza". Preguntado por qué consideraba esto un "acto de justicia", contestó: "Eran deudas contraídas en los años setenta, en la época de los petrodólares con un índice de interés del 6% que después, con la crisis de los años 80, se llevó unilateralmente hasta el 20% convirtiéndose así en un peso insoportable para nuestras frágiles economías". Evidentemente, según la mayoría de los observadores, no hubo en la reunión del G8 ninguna intención de reformar ciertas estructuras y menos las reglas del comercio internacional. Éste es tan sólo un primer paso; lo "perdonado" no supone más que el 2% de la deuda externa de los países en desarrollo. El G8 que representa tan solo al 15% de la población del globo maneja de hecho la economía mundial, frente a tres mil millones de personas que viven en la pobreza.

El obispo sucesor de Samuel Ruiz como titular de San Cristóbal de las Casas (Chiapas), Felipe Arizmendi, en concomitancia con la decisión de los zapatistas de integrarse a la actividad política declaró en un documento, que "sigue ausente una respuesta realmente efectiva por parte del gobierno y de los políticos a las causas que han generado y siguen alimentando el conflicto de Chiapas. Constatamos que la injusticia estructural sigue vigente y las necesidades básicas del pueblo siguen insatisfechas, mostrando la ineficacia del sistema neoliberal". En su comunicado el obispo invita al gobierno a escuchar con atención las palabras y propuestas del EZLN y a su vez invita a los zapatistas a evitar cualquier acto de violencia o acción bélica, manteniendo siempre una necesaria autocrítica. Arizmendi en una entrevista con la prensa afirmó también: "No hay necesidad de tanta presencia militar ni en Chiapas ni en ninguna otra parte de México; que el dinero que se emplea en sostener y modernizar el ejército, se destine a apoyar el campo y combatir la marginación. La presencia militar debe ahora dejarse de lado y todos tenemos que volcarnos a construir la justicia y la paz. Nos alegra que el EZLN haya decidido no emprender más acciones armadas. Queremos luchar contra la exclusión de los indígenas con métodos no violentos, que son los que nos ha enseñado Jesucristo". Los zapatistas han decidido lanzar una "Campaña Nacional para construir otra forma de hacer política" buscando establecer alianzas con organizaciones y movimientos de izquierda, con la intención de lograr un amplio programa político y un proceso que culmine con una nueva Constitución. En todo el país y en Chiapas habrá elecciones generales el año próximo y ya se está viviendo un clima preelectoral.

El CELAM cumple este año su 50 aniversario y su presidente, el card. Francisco Errázuriz, de Chile, habló de dos iniciativas que llamaron la atención: en el 2007 el CELAM se reunirá por primera vez en Cuba, y en preparación de la 5ª Conferencia de obispos latinoamericanos se ha convocado a un grupo de expertos para estudiar como ayudar a remediar la brecha creciente entre ricos y pobres en un continente de economía abierta. En relación a la 5ª Conferencia que se celebrará en febrero del 2007, también el nuevo secretario del CELAM, el argentino Andrés Stanovnik, obispo de Reconquista, explicó cómo se le pidió al Papa pocos días después de concluir el cónclave poder celebrar esta Conferencia en América Latina y se le sugirió tener presentes las distintas zonas que hasta ahora se han elegido como sede: Cono Sur (Río de Janeiro), zona Bolivariana (Medellín), Centro América y México (Puebla), Caribe y Antillas (Santo Domingo); por un criterio de rotación le tocaría ahora de nuevo al Cono Sur.

Según el vicepresidente del CELAM, el obispo mexicano Carlos Aguiar Retes, Chile y Argentina serían concretamente los dos países con más probabilidades. El Papa, que ya aseguró su presencia, tomará la decisión final, y encargó al CELAM y a la Pontificia Comisión para América Latina la preparación de esta conferencia, dedicada al tema de la Misión y del Discipulado. El obispo Stanovnik enumeró algunos de los desafíos actuales que se deberán estudiar como la crisis de la familia, los ataques a la vida, la violencia y la inseguridad, la inequidad social y la exclusión creciente...

A la vez destacó los logros de estos últimos años en cuanto a la comunión y participación en la vida de la Iglesia, a la promoción laical y al compromiso social... En cuanto a la opción preferencial por los pobres afirmó que ésta "se ha ido purificando de su carga ideológica y pasó a ser parte esencial de la vida de la Iglesia".

El obispo Alvaro Ramazzini, que por haber participado en las movilizaciones populares que culminaron con el asesinato de un campesino fue acusado por el gobierno de haber fomentado los desórdenes, ha sido elegido recientemente para sustituir al obispo Samuel Ruiz como presidente del "Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina", organización mundial que lleva el nombre de Oscar Romero.

En ocasión de dicho nombramiento, Ramazzini dio una entrevista en la que afirma: "Nuestra pastoral sigue la metodología del ver, juzgar, obrar. Guatemala, según la ONU, es el país de América Latina que tiene la brecha más profunda entre ricos y pobres (el 80% de la población es pobre y el 45% vive en la miseria). Nuestra opción pastoral por los pobres y el campesinado se complementa con la opción por la formación de los laicos.

En mi diócesis hay 34 sacerdotes y 56 religiosas, pero al mismo tiempo hay 4.000 ministros extraordinarios de la Eucaristía y entre ellos hay muchos delegados de la Palabra que reciben formación a lo largo de dos años. Actualmente insistimos en la formación social y política porque es absolutamente necesaria una nueva clase dirigente. También privile-giamos la promoción de la mujer y la pastoral de la familia". Preguntado sobre la acción de los curas contestó: "en los últimos años los nuevos presbíteros han perdido la sensibilidad social que tienen los curas extranjeros a pesar de su edad avanzada... Yo pido siempre que a los seminaristas se los haga trabajar en el campo para evitar el aburguesamiento y para que no se olviden de sus orígenes campesinos. Es necesario hoy más que nunca vivir en la pobreza y la austeridad para compartir la vida de la gente". Ramazzini ha tenido un papel muy importante en los Acuerdos de Paz de 1996, fue colaborador directo del obispo Juan Gerardi y es presidente de la Pastoral de la Tierra de su país.

El 5 de julio pasado los 85 obispos de Colombia reunidos en su Asamblea Plenaria n.79, eligieron como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal al arzobispo de Tunja, Luis Castro Quiroga, conocido por su labor de mediación e intercambio humanitario de prisioneros en manos de la guerrilla. Sustituye al card. Pedro Rubiano de 72 años y se propone como tarea primordial la promoción de la paz y la defensa de la vida, con el objetivo final de la reconciliación de los colombianos. Desde hace dos años, gracias a la labor de este y otros obispos, el gobierno está logrando la vuelta de los paramilitares a la vida civil: desde noviembre del 2003 han depuesto las armas más de 6.000 paramilitares quedando todavía grupos que con el pretexto de combatir a la guerrilla siguen matando a civiles y campesinos y traficando droga. Así lo denuncian los tres obispos del Chocó sobre la costa del Océano Pacífico en una carta al Presidente de la República junto con otras 47 organizaciones humanitarias. El proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia deberá completarse antes de fin de año; a cambio de dejar las armas, recibirán atención de salud, educación, oportunidades de trabajo (entrando en el ejército o en la policía) y 150 dólares mensuales por 18 meses. Las organizaciones de derechos humanos piden la institución de una "Comisión de verdad, justicia y reparación" que no contemple sólo los delitos de lesa humanidad sino también la devolución de la tierra (los grupos paramilitares, en los últimos 15 años se habían adueñado de 5 millones de hectáreas). Otro tema que se quiere plantear es el del narcotráfico, ya que los paramilitares han llegado a controlar el 40% de las exportaciones de cocaína de Colombia. Se quiere garantizar la justicia y no sólo el desarme. En cuanto a las guerrillas insurgentes, la Iglesia en los últimos años ha hecho opciones valientes, ha tenido numerosos mártires y ha desarrollado mediaciones significativas, gozando de la mayor credibilidad en el país. Se le preguntó al obispo Luis Castro por qué la jerarquía eclesiástica no era más profética: "Me gustaría a veces pronunciarme enérgicamente contra el gobierno. Pero en nuestro caso preferimos una postura de mediación para construir la paz. La Iglesia trabaja en los tiempos largos. Esta es la hora de un profetismo no llamativo, pero sí, más eficaz", afirmó.