Este referéndum, preparado a lo largo de un año por una campaña a favor de una nueva ley prohibitiva, respondía a que Brasil, después de Estados Unidos, es el país con mayor venta de armas de fuego en el mundo. Sólo en el estado de Rio de Janeiro en los últimos tres años se cometieron 5.000 homicidios con armas de fuego. Cada año en Brasil mueren por esa causa 36 mil personas; cada día mueren 100 personas y otras tantas se quedan parapléjicas. Es como una guerra civil cuyas víctimas son en un 40% jóvenes de entre 14 y 25 años. En Brasil hay 17 millones de armas de fuego en manos de los civiles, de las cuales casi 9 millones son ilegales. La campaña contra el uso privado de las armas comenzó en julio de 2004, impulsada por el Ministerio de Justicia y apoyado por la UNESCO. Se pagó hasta 100 dólares a cada ciudadano que fuera a entregar su arma. La campaña logró la entrega de más de medio millón de armas de fuego; como consecuencia disminuyó por primera vez de manera sensible el porcentaje de muertos por armas de fuego.

Sin embargo, el referéndum que culminó la campaña, tuvo por resultado el rechazo a la propuesta de prohibición, expresando así el miedo de la población frente a los grupos de la criminalidad organizada, la desconfianza en las fuerzas de seguridad, la insatisfacción por la poca operatividad de la justicia y por la corrupción. Muchos observadores opinaron que también fue un voto en contra del gobierno y principalmente de los políticos, advirtiendo inclusive el riesgo de un giro a la derecha en la sociedad que pide mano dura. Desde varios países del mundo se movilizaron asociaciones y grupos de pacifistas para alentar al pueblo brasilero a dar ese paso importante e histórico contra la mentalidad de la violencia. El problema es que este tema toca intereses enormes. Los que votaron "Sí" a la prohibición (más de un 30%) tenían su mirada sobre las víctimas y sobre un sistema privado de manejar la seguridad que perjudica la paz de nuestro futuro. Lamentablemente el "No" tenía como aliado el mundo de la fabricación y del comercio de las armas, que usa el tema de la inseguridad para su interés económico.

Sin embargo, haber llamado la atención de un pueblo sobre un problema que normalmente se maneja sólo a nivel de gobierno, es una novedad democrática de extraordinaria importancia: una manera para devolver a la gente el rol que le corresponde.

No se podía pensar en derrotar la mentalidad violenta, que tiene un pasado milenario, con el primer intento: ahora el problema está planteado y muchos, no sólo en Brasil, reflexionaron sobre él. Este acontecimiento, junto con muchos otros que se dan en el mundo, representa un paso más hacia la nueva mentalidad alentada por la Conferencia Episcopal de Brasil (CNBB), cuyo portavoz afirmaró: "Es preciso mejorar las condiciones de seguridad de la población. Pero también es indispensable seguir educando para la paz y la defensa de la vida a través de prácticas de no violencia activa".