La Asociación Nacional de Ministros Evangélicos de Guatemala tomó la decisión de apoyar a un general retirado, candidato del derechista Partido Patriota, que afirmó frente a un centenar de pastores: "Jehová es el Dios de los ejércitos y no rechaza a los militares". Los ministros evangélicos le extendieron sus manos, en señal de bendición y respaldo. Éste ha centrado su campaña en la crisis de seguridad que hay en el país, con promesas de mano dura contra el crimen. Guatemala tiene uno de los índices de asesinatos más altos del mundo. Sin embargo, en las elecciones del 4 de setiembre fue más votado el candidato centro-izquierdista de la Unión Nacional de la Esperanza. El 4 de noviembre habrá una segunda vuelta, para decidir cual de los dos candidatos será el presidente. Rigoberta Menchú, candidata del Encuentro por Guatemala, fue derrotada en la primera vuelta, a pesar de representar a los 23 pueblos indígenas de Guatemala que son el 60% de los 13 millones de habitantes. Dijo ella: "Las elecciones en Guatemala son un mercado desde hace años. Me impresiona cómo ciertos políticos salen de un cofre a decir que aman a los pobres, a los indígenas y que están en contra de los grupos oligárquicos; ni vergüenza tienen". Amnistía Internacional pidió a los candidatos que condenen los asesinatos de más de 40 dirigentes políticos en una campaña sangrienta, la más violenta desde 1996 y también la total impunidad reinante. Detrás está la sombra de los grandes narcotraficantes y ex paramilitares. Indignó también el despilfarro en los gastos de campaña: desde el año pasado, las 16 agrupaciones políticas inscriptas en la campaña gastaron 41 millones de dólares; los tres Partidos principales han utilizado la mitad de ese monto. Rigoberta Menchú fue la única mujer entre 14 candidatos. Su campaña ha resultado difícil por no tener padrinos y por enfrentar un sistema dominado tradicionalmente por los criollos, en "un país machista, racista y excluyente", según la misma Menchú. Los que se le oponen, la acusan de indigenismo y de querer partir en dos el país.

En un documento los obispos pidieron superar la tentación del abstencionismo y no votar a candidatos vinculados con el narcotráfico o el crimen. Constataban el "bajo entusiasmo cívico" y el hecho de que "la variada oferta electoral no lograba atraer al electorado". Hicieron un llamado a la esperanza y al cambio en un país donde la pobreza llega al 56,2% y que ha sido definido por la ONU como "un Estado colapsado".

El obispo de Misiones, Mario Melanio Medina, se presentó por su propia voluntad a la Fiscalía General de la República pidiendo que se le investigue por tres delitos de los que lo acusó el Presidente de Paraguay, quien hasta el momento no ha presentado pruebas. "Las acusaciones son graves y estoy dispuesto a ser investigado", declaró el obispo. Él no responderá a los ataques, pero sí quiere que se sepa la verdad. El obispo de Caacupé, Claudio Giménez, le contestó al Presidente paraguayo: "Deseamos que el Presidente por lo menos en esta última parte de su mandato pueda aprovechar el tiempo y cumplir con sus promesas electorales. Cuando se prometen cosas y no se cumplen, esto produce mucha desazón y desánimo en el pueblo; lleva además a la falta de creencia y confianza en las autoridades". Desde que el ex obispo de San Pedro, Fernando Lugo, se lanzó como candidato presidencial para desalojar del poder -después de 60 años- al Partido Colorado, y tiene preferencia en las encuestas, el oficialismo dirigió masivos ataques contra la Iglesia, que alcanzaron a obispos y sacerdotes.

El gobierno acusó de injerencia en los asuntos políticos a sacerdotes y obispos. Dijo el presidente (de religión protestante): "Así como algunos sacerdotes desconfían de los políticos, también los políticos tienen el derecho de desconfiar de sacerdotes y pastores. Acusó además a algunos "sotanudos" de cometer las peores perversiones...; también acusó al obispo Medina de "político frustrado"; "si los obispos quieren meterse en la cancha política, que tiren sus sotanas y bajen a la cancha", sostuvo. El arzobispo de Asunción, Pastor Cuquejo, frente a los ataques del presidente, lamentó esas declaraciones "repetitivas" del mandatario y optó por alentar a los ciudadanos en las futuras elecciones a "elegir mejor a sus próximas autoridades".

El 24 de agosto el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal pidió "respeto y cordura" a las autoridades. En un comunicado expresaron: "Las fricciones creadas por las mutuas agresiones verbales entre el señor Presidente de la República, de personas de su entorno y algunos miembros de la Iglesia, no nos parecen oportunas ni convenientes; estas fricciones hacen perder de vista el bien común del pueblo". Los obispos aclaran además que la Iglesia como tal "no apoya ni acompaña a ningún candidato, y exhorta a sacerdotes y religiosos a no promover candidaturas políticas ni usar recintos de la Iglesia para fines políticos partidarios".

El obispo Ignacio Gogorza, presidente de la Conferencia Episcopal, declaró que "Lugo no representa a la Iglesia; en este momento está suspendido por tiempo indeterminado" y pidió no usar los púlpitos para hacer política. El presidente paraguayo, que se reunirá con el Papa el 29 de octubre en el Vaticano, se declaró conforme con el comunicado de tono conciliador de los obispos.

Con este lema en un comunicado del 22 de agosto, los obispos chilenos del Comité Permanente convocaron a un diálogo nacional para acercar posiciones y lograr acuerdos en nombre de las numerosas familias que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas. Sugieren acuerdos entre el gobierno, la oposición y los sectores privados para promover la creación de empleos en beneficio de los más desprotegidos, impulsar la productividad y dar a la educación de calidad la prioridad que se merece. Gracias a la mediación de la Iglesia y en particular del obispo de Rancagua, Alejandro Goic, presidente de la Conferencia Episcopal, se pudo superar una huelga de más de un mes por parte de los trabajadores del cobre en julio pasado. Alejandro Goic llamó a los chilenos a un debate para solucionar los problemas sociales: "En un país donde el 90% son cristianos y hemos resuelto juntos el paso de un régimen de facto a uno democrático; ¿no será el momento de abrir un gran debate nacional para ver como distribuimos la riqueza? Yo me pregunto: ¿es posible vivir con un sueldo mínimo de 140 mil pesos (unos 270 dólares)? Con profundo respeto invito a debatir esta deuda pendiente que tenemos con los más pobres de Chile". En respuesta a una senadora, que lo acusó de "no tener ni idea de economía", el obispo contestó: "Efectivamente no soy economista. Soy un pastor que está cerca de la gente y el contacto con los más pobres me permite percibir el drama que viven y por ello la necesidad de debatir sobre un salario justo, ético. Me hago eco de sus sentimientos y apelo a la conciencia cristiana de todos para tener un país más justo". El obispo reconoció que Chile registra un crecimiento económico sostenido, "pero es necesario dar el paso hacia un país más equitativo y por eso hablo de un sueldo ético en contraposición a un sueldo mínimo". Ampliando su visión y recordando lo que se expresó en Aparecida, dijo que "toda la Iglesia debe hacer una autocrítica muy sincera para ver por qué los católicos de la región no se encuentran en la vanguardia de las reformas en pos de la justicia social". Estas declaraciones fueron hechas en el contexto de los festejos de los 100 años del nacimiento del card. Raúl Silva Henríquez, que se destacó por su labor en favor de los derechos humanos y de los más pobres; su figura fue recordada en el parlamento chileno como "hombre relevante para la historia del país". A las advertencias de Goic y de los obispos siguieron efectivamente en Chile, grandes movilizaciones de trabajadores pidiendo acceder a los beneficios del modelo económico y exigiendo la concreción de un Estado social, democrático y solidario. La Presidenta chilena creó ahora el Consejo para la Equidad Social, con una amplia representatividad.

El 15 de agosto se suspendió la Asamblea Constituyente por la exigencia de los delegados de Sucre de que en la nueva Constitución se definiera el traslado de la capital desde La Paz a Sucre (unos 500 kilómetros al sur). El conflicto entre La Paz y Sucre, donde se produjo el primer grito de independencia contra la monarquía española en 1809, viene desde fines del siglo XIX y llevó al país a una guerra civil que favoreció a La Paz; por eso ésta se quedó con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y Sucre con el Poder Judicial. El 28 de agosto, en apoyo de Sucre, se levantaron otros cinco departamentos con huelgas y hechos de violencia. A raíz de estas protestas, el Secretario General de la Conferencia Episcopal, el obispo Jesús Suárez, recordó al gobierno y a los líderes políticos "su responsabilidad de mantener la unidad del país" y lamentó que la Constituyente "presionada por el gobierno y por la oposición no haya podido actuar con libertad para redactar una nueva Constitución". El gobierno se opone a que la Constituyente delibere sobre el traslado de los poderes del Estado a Sucre; hacerlo provocaría la desintegración del país y el rechazo de La Paz, que es la zona más poblada del país, y la más pobre. Los líderes de Sucre han pedido la mediación del card. Julio Terrazas, el cual se declaró disponible. Los obispos en un documento del 4 de setiembre ("Diálogo y bien común") urgieron a "recuperar la serenidad y a debatir el tema con otros ánimos, porque de lo contrario queda amenazada seriamente la unidad entre los hermanos bolivianos". La Comisión de Justicia y Paz de los Franciscanos instó a que se siga la labor de la Constituyente en un clima de mayor tolerancia "porque la inclusión social, la educación y el trabajo para todos, el mejor reparto de la tierra, la seguridad; no se darán por el simple cambio de la sede del gobierno, sino por un nuevo proyecto de país que favorezca a los más pobres".

El card. Norberto Rivera Carrera, arzobispo de México, envió un mensaje de solidaridad a Elvira Arellano, deportada desde los Estados Unidos. Su hijo Saúl nació en aquel país y es ciudadano nortea-mericano. Siendo ella indo-cumentada, para poder quedarse junto a su hijo, se refugió en un templo de Chicago pero fue arrestada, expulsada por su condición de ilegal y separada violentamente de su hijo. El cardenal se manifestó dispuesto a ayudarla por todos los medios y denunció esta injusticia que hacía imposible la reunificación familiar. También en Los Ángeles hubieron protestas multitudinarias en favor de Elvira Arellano. De este hecho se hizo eco con un comunicado, el obispo de Brooklyn, Nicholas Di Marzio, en nombre de la Conferencia Episcopal y en ocasión del 3 de setiembre, Día del Trabajo en Estados Unidos. Allí se declara que "en meses recientes la discusión sobre los trabajadores inmigrantes, vital para la nación, ha polarizado el país, paralizado el Congreso y le ha fallado a todos. Hay que reiniciar el debate, hacerle frente a este tema y encontrar soluciones prácticas y realistas. Necesitamos encarar rápidamente una reforma migratoria integral. La dignidad humana y los derechos humanos no dependen del lugar de dónde uno viene, de cuándo uno llega o de los documentos que posee".

El de Elvira Arellano es un caso típico de lo que está pasando desde que el Congreso de Estados Unidos fracasara en aprobar una reforma migratoria. En abierto desafío a las autoridades, muchas iglesias ofrecen refugio a los indocu-mentados y protección legal. "Si queremos ser presencia de Dios, no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a estos atropellos", dijo el sacerdote católico Juan Carlos Ruiz, uno de los coordinadores del Nuevo Movimiento Santuario, un movimiento originado en una iniciativa similar de la década del ochenta, cuando las iglesias abrieron sus puertas a los refugiados.

Ahora, más de 200 templos de distintas confesiones se han sumado a esta campaña. El año pasado, 221.664 indocumentados fueron deportados a sus países.

A esto hay que añadir el miedo creciente de los 12 millones de indocumentados por los grupos antiinmigrantes que han tomado las armas.