ARGENTINA:
Desencuentros entre
el gobierno y el Vaticano
Preocupa en la Iglesia la tensión con el gobierno argentino generada por la decisión vaticana de negar el placet (= aprobación) a Alberto Iribarne, designado por el gobierno como nuevo embajador en el Vaticano. La negativa se debe a su condición de católico divorciado en nueva unión; y de mantenerse la situación actual, la embajada argentina en el Vaticano podría quedar vacante de manera indefinida, siendo atendida por un encargado de negocios.
E
l Vaticano pone dos condiciones para aceptar a un embajador: que no sea antirreligioso y que no tenga irregularidades canónicas, si es católico. Esta segunda condición es de peso, máxime si la designación proviene de un país cuyo culto oficial es el católico. Algunas voces del gobierno defendieron los antecedentes intachables de Alberto Iribarne, ex Ministro de Justicia, y hasta hablaron de denunciar el Concordato de 1966 que se rigió sobre la fórmula de "autonomía y cooperación" y de promover la separación entre Iglesia y Estado. Aparentemente el episcopado argentino no participó en la decisión vaticana de rehusar dicho placet. La Presidenta argentina recibió antes de fin de año a la cúpula del episcopado después de cuatro años de desencuentros con el gobierno, e invitó al Papa para que asista al aniversario de la paz con Chile por la cuestión del canal de Beagle. La Presidenta no quiere profundizar el enfrentamiento ni plantear la cuestión de la diócesis militar como represalia.Queda latente el malestar por el caso no resuelto del Obispado Castrense. Durante dos años el Vaticano mantuvo al frente de ese obispado a mons. Baseotto, que no tenía el placet del gobierno, hasta que al obispo le llegó la edad de la jubilación y pidió la renuncia. El Papa Benedicto XVI le aceptó la renuncia y dispuso que el vicario general, Pedro Candia, estuviera al frente de la diócesis castrense hasta la designación del nuevo obispo. El Vicariado Castrense fue creado en 1957,
y convertido en Obispado Castrense en 1992; el Congreso nunca los ratificó. El año pasado fue presentado un proyecto de ley en el Congreso que disponía el cese en sus funciones del obispado castrense y de los capellanes y sacerdotes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El proyecto no avanzó, porque el Obispado Castrense se rige por un tratado entre Argentina y el Vaticano que data de 1957.
Por
su parte, el sacerdote Ruben Capitanio, estrecho colaborador del
extinto obispo de Neuquén, Jaime de Nevares e integrante del
Encuentro Nacional de Sacerdotes en la Opción por los Pobres, dio a
conocer también el año pasado una circular apoyando la abolición de
las Vicarías Castrenses, ya que serían hoy una contradicción con el
Evangelio. Se decía en esa circular: "Estoy convencido de que
este tipo de cosas (capellanías de Fuerzas Armadas y de Seguridad)
pertenecen al pasado... ¿Qué derecho hay de imponer una estructura
religiosa, y para peor de corte militar, a integrantes de una
institución que recibe en su seno a miembros de distintas creencias?
El razonamiento de un obispado militar (habría que hacer obispados para los gremios, la educación, la salud...) no resiste la menor argumentación. Los militares católicos pueden concurrir a sus parroquias como lo hacen los miembros de los demás sectores de la sociedad o que el párroco de la zona concurra al cuartel a desempeñar su oficio religioso en forma libre y gratuita".
Es un tema candente que hasta ahora ha sido tabú también a nivel de Iglesia, pero que en una sociedad cada vez más laica y pluralista, deberá enfrentarse a través del diálogo. Mientras tanto, se espera que el gobierno y la Iglesia Argentina también dialoguen para descomprimir la crisis con el Vaticano.