El tercer Congreso Misionero Americano (CAM 3) tendrá lugar en Quito del 12 al 17 de agosto de este año. Ya se ha publicado el Instrumento de Trabajo y se está distribuyendo en toda América, por iniciativa de las Obras Misionales Pontificias en cada país. El Congreso tendrá como lema: "América con Cristo: escucha, aprende y anuncia". Será estructurado sobre los tres ejes centrales del documento de trabajo: Discipulado, Pentecostés, Evangelización. Se quiere promover una comunidad discípula de Jesús, animada por el Espíritu, misionera para la humanidad. Estos congresos, marcados por una amplia y cálida participación eclesial, que antes eran sólo a nivel latinoamericano (COMLA), en Paraná (Argentina) en 1999 se transformaron en Congresos Americanos (CAM) por la participación de las Iglesias del Norte. El último Congreso fue en Guatemala en 2004, con el lema: "La Misión desde la pobreza, la pequeñez y el martirio". Mientras tanto el Celam, después de la primera reunión de la comisión especial encargada de proyectar la Misión Continental a fines del año pasado, está intensificando sus trabajos. Durante el 3er. Congreso Americano en Quito se hará el anuncio de la gran Misión, con el envío misionero a todo el continente. Ya se elaboró un plan que servirá de base para la Misión Continental, la que tendrá carácter de permanente. El objetivo es promover una conversión personal y pastoral de todos los agentes, fomentar su formación integral e impulsar una espiritualidad de la acción misionera. Estos objetivos se deberán alcanzar en 5 etapas: período de introducción, profundizando en las conclusiones de Aparecida; misión con agentes pastorales y evangelizadores; misión con grupos prioritarios; misión sectorial; misión territorial. Cada una de estas etapas deberá tener un período de preparación, uno de realización intensiva y uno de continuidad. El Celam ofrecerá las grandes líneas pastorales y los subsidios fundamentales. Las Conferencias Episcopales darán las orientaciones pastorales en clave de misión para que toda las diócesis entren en estado de misión permanente. Deberán crear una comisión para la coordinación de la misión y ofrecer subsidios, tanto para la formación de los misioneros, como para los contenidos. Todo esto se hará en coordinación con los planes nacionales ya existentes, los que deben ser revisados a la luz de Aparecida, a fin de lograr una gran renovación misionera que contemple también la misión "ad gentes".

Araucania es la región chilena donde más se concentran los indígenas mapuches. El gobierno ha vendido enormes extensiones de tierra a empresas multinacionales que van diezmando las etnias y contaminando el ambiente. El Parlamento chileno ha aprobado una ley que permite al gobierno aplicar medidas "antiterroristas" contra los indígenas resistentes. Todo esto ha causado la reacción, en algunos casos violenta, de los mapuches. Ya el año pasado, la Red Internacional Mapuche había enviado una carta al Papa pidiéndole su intercesión en la audiencia que iba a tener con la presidenta de Chile. En la carta se denunciaba la "represión sistemática" del Estado, el saqueo y el avasallamiento de las etnias. Reconocían, a pesar de muchos desencuentros con la Iglesia, gestos positivos de parte de ella, como la beatificación de Ceferino Namuncurá y las palabras dirigidas a ellos por Juan Pablo II, en su visita a Araucania en 1987. A fines del año pasado se produjeron hechos graves y varios mapuches terminaron en la cárcel. El 14 de enero, el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Alejandro Goic, en nombre de los demás obispos, publicó un documento: "La paz en Araucania, fruto de la justicia", donde afirma: "La muerte de un joven, las acciones violentas..., son síntomas de un conflicto que no hemos abordado en profundidad, apuntando a las causas de fondo". El documento lamenta que atrás de los hechos haya habido "un contexto de desencuentros, prejuicios y discriminación hacia los indígenas, de políticas inadecuadas, de instrumentalización de personas ajenas a esta realidad que obstruyen los acuerdos... y que no se note el esfuerzo real de escuchar la voz de sus dirigentes representativos y de comprender su cultura". Los hechos más destacados fueron la muerte, el pasado 3 de enero, de un estudiante mapuche en un incidente con la policía y la huelga de hambre indefinida empezada el 12 de octubre pasado por Patricia Troncoso, una activista mapuche que llevaba más de un año encarcelada y pedía su traslado a un centro de educación y trabajo y la derogación de la ley antiterrorista en contra de su pueblo. La activista mapuche había sido condenada a 10 años de prisión y al pago de 900 mil dólares por el incendio de terrenos de la empresa Forestal Micinco, que pertenece a la familia Matte, una de las más ricas de América Latina, a raíz de las protestas mapuches, en reclamo de la propiedad de esas tierras. El obispo Alejandro Goic había pedido a la activista mapuche que suspendiera el ayuno (el más largo de la historia de Chile), prometiendo la mediación de la Iglesia. Tras 112 días de ayuno (perdió 20 kilos), Patricia Troncoso puso fin a su huelga el 30 de diciembre. En un comunicado agradeció al obispo Goic "quien ha dado grandes muestras de responsabilidad, comprensión de lo difícil de nuestra lucha y de paciencia... La Iglesia como garante ha dado su palabra para el cumplimiento de lo acordado y creemos en ella". El 14 de enero el documento público de Goic enfrentaba los problemas de fondo y dirigiéndose a Troncoso, decía: "Su esfuerzo no ha sido en vano porque el tema mapuche se ha instalado en la sociedad chilena. La Iglesia compromete su palabra y su acción para que este conflicto lo podamos resolver como sociedad en su conjunto". La resistencia del pueblo mapuche a perder sus tierras y su identidad cultural, más las presiones internacionales, han llevado a que el gobierno deje de considerarlos terroristas e inicie una negociación hacia un camino de autonomía de los mapuches.

El obispo franciscano de Barra (Bahía) Luiz Cappio, es conocido por sus huelgas de hambre, en protesta por el proyecto de trasvase del río San Francisco, el tercero en el país por cantidad de agua y longitud. Luiz Cappio envió una carta al gobierno, recordando que no se cumplió lo acordado en 2005 tras el primer ayuno de 11 días; no se convocó a un debate popular para buscar otras alternativas y no se realizó un estudio sobre el impacto medioambiental y social del desvío del río. El obispo busca ahora que el ejército se retire del lugar donde empezaron los trabajos y que se archive el proyecto. El presidente de la CNBB, dom Geraldo Lyrio Rocha, a pesar de las presiones del gobierno, llamó a todos a unirse con la oración y el ayuno a dom Luiz, en defensa de la gente de las riberas y del ambiente. Hubo un gran movimiento de solidaridad con el obispo, dentro y fuera de la Iglesia. Luiz Cappio dijo haber apoyado al actual presidente de Brasil para que llegara al gobierno, pero que ahora "se ha olvidado del pueblo que lo ha elegido para que sea el presidente de los pobres de este país". En cuanto al problema medioambiental, afirmó: "La Palabra de Dios dice que cuando el enemigo es muy fuerte, solamente el ayuno y la oración pueden vencerlo; por eso hemos entrado en un clima de oración y ayuno". A los 24 días de la huelga, el obispo suspendió el ayuno dejándose convencer, debido a su extrema debilidad.

En un comunicado manifestó: "Termino el ayuno, pero nuestra lucha continúa porque está afirmada sobre la fe en el Dios de la vida y en la acción organizada de los pobres. Seguimos luchando contra la destrucción de nuestra biodiversidad, de nuestros ríos, de nuestra gente y contra la arrogancia de los que quieren transformar todo en mercancía y moneda de cambio". La contrapropuesta del obispo y de los movimientos sociales, no fue considerada, y se retomaron los trabajos, temporalmente suspendidos. En un comunicado, la CNBB pidió que se revitalice el río y se respeten los derechos de los pueblos ribereños. Actualmente circula un manifiesto que se titula: "Una vida por la vida" y que ya ha recogido más de mil firmas (entre las cuales están la del obispo Casaldáliga, Leonardo Boff, el premio Nobel Pérez Esquivel, Eduardo Galeano, etc.). En él toman posición contra "el faraónico, arbitrario y autoritario proyecto del gobierno" y expresan su apoyo al obispo y a "su gesto profético, digno de los discípulos de Jesús".

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Augusto Castro, se ha sumado al llamado de la comunidad internacional para que se permita, como un acto humanitario, la visita de médicos de la Cruz Roja Internacional a los secuestrados en manos de la guerrilla.

"Si las FARC aceptan el pedido, la Iglesia estaría dispuesta a acompañar una misión humanitaria", dijo Castro.

Delegados del episcopado ya han logrado tener los primeros contactos con los líderes de las FARC. La Iglesia también participó oficialmente el 4 de febrero en una marcha "contra los secuestros" que se llevó a cabo en todo el país y en otras 131 ciudades del mundo. El flagelo del secuestro sacude a Colombia desde la década del noventa. Desde 1996 a la fecha se produjeron 23.144 secuestros.

De ellos la mayoría han sido cometidos por las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, mientras que los demás lo fueron por delincuentes comunes, y grupos paramilitares. En la actualidad habría más de 3.000 secuestrados en el país, entre los que se encuentra el grupo considerado "canjeable" por las FARC (43 rehenes, algunos de los cuales ya llevan ocho años en la selva), a cambio de la liberación de 500 guerrilleros presos, acusados de diversos crímenes.

La gestión de la Iglesia para liberar a los secuestrados de las FARC es apoyada por el gobierno, pero aún no ha tenido éxito. Hasta ahora las FARC se han mantenido inamovibles en la línea de pedir el retiro del ejército y de la policía de dos importantes regiones del país donde opera la guerrilla: los municipios de Pradera y Florida en el Valle del Cauca, totalizando un territorio de 800 kilómetros cuadrados cerca de Cali, a lo que el gobierno se niega.

La Iglesia, por su parte, propone otra zona de encuentro desmilitarizada, de 150 kilómetros cuadrados. En diciembre pasado el gobierno colombiano fundió más de 18 mil armas recogidas por las parroquias en todo el país, entregadas a la Iglesia por los paramilitares que se han desmovilizado.

La Iglesia se opone a que el gobierno intente liberar a los rehenes con una acción militar, y los familiares de los secuestrados también. Los embajadores de varios países se reunieron a fines de enero con un grupo de obispos para ver cómo llegar a un canje factible.

La Iglesia, junto al Comisionado de Paz de Colombia, se ofrece como facilitadora para lograr la liberación de todos los secuestrados. El 11 de enero las FARC liberaron a Consuelo González y Clara Rojas, con la mediación del gobierno de Venezuela.

El pueblo está cansado de enfrentamientos ideológicos y militares; desde agosto de 2002, han dejado las armas 13.829 miembros de grupos armados ilegales (de ellos el 57% militó en las FARC).

Más de 2.500 universitarios de todo Chile realizaron la Campaña: "Misión País 2008". Es una campaña evangelizadora que empezó el pasado 5 de enero con la Misa de Envío, presidida por el card. Francisco Javier Errázuriz en el templo votivo de Maipú. Más de 2.000 jóvenes, representantes de 56 universidades, misionaron hasta el 14 de enero, buscando evangelizar las 13 regiones de Chile, para lo cual se subdividió el territorio nacional en 60 zonas, rurales y urbanas. Participaron 150 jóvenes misioneros de otros países de América Latina deseosos de llevar a sus propios países esta iniciativa. La misión tuvo gran relevancia; los jóvenes realizaron talleres familiares, talleres de capacitación, visitas a los hogares de ancianos y niños, cárceles y hospitales.

La Misión Nacional Juvenil es una iniciativa de los obispos chilenos, que todos los años en enero movilizan sobre todo a los estudiantes, para que aprovechen sus vacaciones de otra manera. Otra iniciativa, a fines del año pasado, fue la primera Asamblea Eclesial de Chile, en la que participaron 537 personas durante tres días en Santiago. Estaban representando a todas las diócesis y realidades pastorales del país. Todos tenían derecho a voz y voto y aportaron para las Orientaciones Pastorales de los próximos tres años. La Iglesia chilena quiere ponerse en estado de misión y hacer realidad lo proclamado en Aparecida.