Según Jon Sobrino, no se puede conocer a Jesús sin saber por qué murió. Las sintéticas palabras del credo apostólico, además de Jesús y María, sólo recuerdan un personaje histórico: Poncio Pilato, responsable de la condena a muerte de Jesús. Jesús fue condenado a muerte por el gobernador romano de turno, y entonces su muerte no fue una casualidad, ni un hecho sólo religioso: la inscripción puesta en la cruz (INRI - Jesús Nazareno Rey de los Judíos) manifiesta claramente que la motivación de la condena fue política. Por un lado, fueron los sacerdotes (jefes religiosos y políticos de los judíos de aquel tiempo, aunque políticamente no reconocidos por el dominador romano) los que entregaron a Jesús. La predicación y la acción del Nazareno ponía bajo juicio el sistema religioso y social del pueblo judío y provocaba nuevos entusiasmos peligrosos para el poder en manos de los sacerdotes. Por otro lado, Pilato no podía, políticamente, rechazar la colaboración de sus enemigos los sacerdotes en el momento en que le proponían la condena de alguien que estaba contra el César. Posteriormente, los discípulos de Jesús siguieron creándole problemas al imperio romano: rechazaban la adoración al emperador y sus religiones, se negaban al servicio militar, obedecían antes a Dios que al Estado. De esta forma llegaron a dar un aporte determinante al deterioro y a la caída del Imperio, manifestando que en realidad la condena de Jesús por Pilato no fue tan desubicada. En definitiva, es evidente que la Palabra y la obra de Jesús no fueron políticamente indiferentes: por el contrario, encerraban un aliento hacia un cambio en la vida social y política, un juicio para los que tenían el poder y para el poder mismo.

Es evidente, entonces, que el cristiano, discípulo de Jesús, no puede desinteresarse de la política. Es cierto que por mucho tiempo, después de la alianza entre Iglesia e Imperio que se inició en el tiempo de Constantino, más que la mayoría de los cristianos, eran principalmente los obispos los que se interesaban en política: los creyentes por su parte tenían que obedecer a las indicaciones que venían de la jerarquía. Recién en los últimos siglos se afirmó una nueva sensibilidad democrática, impulsada por las revoluciones americana y francesa, por el positivismo y el movimiento socialista; pero sólo después de la Segunda Guerra Mundial encontró sus mejores realizaciones. Esta sensibilidad democrática llegó por supuesto también a la Iglesia que en el último siglo asumió como compromiso de todos los cristianos el deber de participar en la vida política con una preferencia por los sistemas democráticos. Durante varias décadas (1950 - 80) las comunidades cristianas y muchos creyentes dieron frutos maravillosos en el terreno político, llevando a fermentar las sociedades para que se empaparan del espíritu evangélico. Ejemplares fueron los aportes, sólo para recordar algunos ejemplos, de Julius Nyerere en Tanzania (África); La Pira, Dossetti y de Gasperi en Italia (Europa); Martin Luther King y el movimiento de la Teología de la Liberación (en las Américas); Gandhi, que reconocía haber aprendido la no-violencia por el Evangelio de Jesús, en India (Asia). Hoy en día, después de los últimos años del siglo pasado y los primeros de este siglo, los cristianos viven un desamor por la política, casi una falta de interés, que muchas veces se manifiesta en la falta de proyectos políticos llevados adelante por creyentes.

Jesús vino a anunciar el Reino, el proyecto de vida de Dios para cada uno de sus hijos. En realidad, el haber traído a Dios al centro de su propuesta, fue la originalidad de la acción política de Jesús (Joseph Ratzinger, Communio,julio-agosto de 1995): todo proyecto, todo poder, todo juicio llega a ser relativo, abriéndolo a un sentido superior, que es el de Dios. De hecho, nunca los cristianos se opusieron a los Estados o a los poderes en sí mismos: cuando se opusieron fue para denunciar la exclusión de Dios que genera la exclusión social, que en cambio sus conciencias no podían excluir. "La gloria de Dios es el hombre que vive": así resumió Ireneo de Lyon el proyecto del Reino. De aquí el actuar de Jesús y las palabras de las Bienaventuranzas que poniendo en el centro a Dios ponen en el centro a los que no tenían valor en la sociedad, y que en cambio estaban en el centro del Corazón de Dios. Dios y los excluidos dan el sentido al proyecto de Jesús. De aquí también se deriva el proyecto político de los cristianos.

El Compendio de la Doctrina Social (Roma, junio de 2004) presenta algunas directrices que se inspiran en la Palabra de Dios y en la tradición de la Iglesia.

El Compendio observa que Jesús critica la opresión y el despotismo, pero no se opone directamente a las autoridades civiles de su tiempo. La famosa frase sobre el pago de impuestos al César (Mc 12,17) rechaza los esfuerzos del poder temporal de convertirse en absoluto, pero también le concede el debido lugar. Jesús enseña que la autoridad humana, tentada por el deseo de dominar, encuentra "su auténtico y completo significado como servicio" (n. 383) hacia los demás, no en el poder sobre ellos, una vez que se mide con el proyecto de Dios.

En la primera comunidad cristiana, San Pablo recomienda el pago de impuestos, las oraciones por los gobernantes, y la sumisión a la autoridad legítima. Pero cuando la autoridad humana va más allá de los límites queridos por Dios, el libro del Apocalipsis (17,6) tiene duras palabras para tal autoridad que "se hace a sí misma un dios y demanda sumisión absoluta" (n. 382).

El Compendio, siguiendo una línea que caracteriza toda la Revelación cristiana, coloca a la persona humana en el centro. Podríamos decir que el principio básico que sale de la enseñanza de Jesús es que la persona es siempre fin y nunca medio. Pero la persona es un ser social y político por naturaleza, que necesita la interacción con los demás para alcanzar su plenitud. La comunidad política, por ello, existe en orden a facilitar "el crecimiento pleno de cada uno de sus miembros, llamados a cooperar con firmeza para lograr el bien común" (n. 384).

Esto no puede significar que "la gente", o sea la comunidad política, llegue a ser considerada como una multitud a manipular o explotar. Significa más bien que se precisa crear grupos de personas, capaces de formarse una opinión sobre los temas públicos, y con la libertad de expresar sus opciones políticas.

Poner a la persona humana como el fundamento de la comunidad política lleva al Compendio a considerar también el tema de los derechos humanos. Los derechos y deberes de la persona "contienen un resumen sucinto de los principales requisitos morales y jurídicos que deben presidir la construcción de la comunidad política" (n. 388). Estos mismos derechos declarados casi hace 60 años (10 de diciembre de 1948) son los que permiten juzgar si una ley o un gobierno son legítimos: no puede haber institución o acción política en contradicción con ellos, porque se trataría de estructuras no al servicio de la persona humana, sino que se sirven de ella.

Toda comunidad necesita una autoridad reguladora y pueden darse diferentes modos por los que se constituya. Pero esta autoridad debe también tener en cuenta la libertad de los individuos y los grupos, "orientando esta libertad, a respetar y defender la independencia de los sujetos individuales y sociales, para lograr el bien común" (n. 394). Es decir, que la autoridad no se impone, sino que se acepta por su valor moral de servicio al bien común. Por eso la autoridad debería ejercitarse dentro de los límites de la moralidad y dentro del marco de un orden jurídico legalmente constituido sobre la base de los derechos humanos; asimismo ha de orientarse al bien común. Si se cumplen estas condiciones, entonces "los ciudadanos están obligados por conciencia a obedecer".

La autoridad reside en última instancia en el pueblo que constituye la comunidad política. Esta autoridad se transfiere a los elegidos para gobernar, pero el pueblo mantiene la posibilidad de afirmar su soberanía y reemplazar a quienes gobiernan si no llevan a cabo su tarea de modo satisfactorio.

Sin embargo, la mera obtención del consentimiento del pueblo no es suficiente para considerar "justo" el ejercicio de la autoridad. "La autoridad debe guiarse por la ley moral" (n. 396). También debe reconocer y respetar los valores humanos y morales, que no pueden invalidarse por una mayoría de votos. Las leyes, por tanto, deben "corresponderse con la dignidad de la persona humana y lo que la recta razón requiere" (n. 398) y en definitiva con los derechos humanos. Y cuando una ley es contraria a estos principios, es injusta y "cesa de ser ley y se convierte en un acto de violencia".

En este contexto, "los ciudadanos no están obligados en conciencia a seguir las disposiciones de las autoridades civiles si sus preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o las enseñanzas del Evangelio" (n. 399). De hecho, existe el deber de no cooperar en actos moralmente malos, actitud que la ley civil debería reconocer y proteger. En eso también el ciudadano cristiano ejerce su vocación política.

La cooperación con leyes injustas no puede justificarse diciendo que se hace para respetar la libertad de los demás, ni puede legitimarse apuntando que es una acción requerida por la ley civil. "Nadie puede escapar a la responsabilidad moral de las acciones ejercitadas, y todos serán juzgados por Dios mismo en base a esta responsabilidad" (n. 399).

El Compendio entonces da la posibilidad de resistir a la autoridad que no se ejercita de modo justo. Pero afirma que la resistencia no violenta es la forma preferible para los cristianos, de resistir a una autoridad injusta.

El deber político del cristiano no termina en las elecciones; sin llegar al punto de quitar el poder a quien lo ejerce en forma injusta, tiene que aplicar los principios cristianos en su barrio y en su ciudad, donde es más cercana la vida política y donde los responsables de la administración están al alcance de los ciudadanos. Es el principio de la "subsidiaridad", por el cual no hay que llegar a la instancia superior si se puede resolver el problema en un nivel inferior: muchas veces apelar a otra autoridad más alta es una excusa para no asumir la propia responsabilidad. Así muere la política que llega a ser una cuestión de poder.

El Compendio dedica una gran atención a la democracia. Comienza recordando las palabras de la encíclica "Centesimus Annus", de Juan Pablo II, en la que el papa expresaba su aprecio por la democracia como el sistema que permite la participación activa de los ciudadanos. Pero para que la democracia sea auténtica debe respetar la dignidad humana, orientarse hacia el bien común, y respetar una correcta jerarquía de valores.

Quienes tengan autoridad han de ejercer su poder con sentido de servicio a las personas, evitando la tentación de buscar el prestigio o el beneficio personal. En este sentido, la corrupción es una de las deformidades más serias del sistema democrático. Así entendida, la democracia es aceptada y alabada por la Iglesia no como un fin en sí misma, sino como un medio e instrumento valioso para lograr el bienestar general o bien común.

El poder hoy encuentra su mejor aliado en los medios de comunicación. El Compendio apoya que los medios se pongan al servicio del bien común, y que se proporcione información basada en la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad. Los problemas se presentan cuando los medios se concentran en manos de unos pocos, o están dominados por una ideología o el deseo de lucro. Vigilar sobre un correcto uso de estos medios es tarea fundamental para mantener un sistema democrático.

El documento toma también en consideración la relación entre el Estado y las comunidades religiosas. Se exhorta al Estado a respetar el derecho a la libertad de conciencia y de religión, que puede regularse según las exigencias de la prudencia y el bien común.

Se pide que el Estado garantice a la Iglesia la suficiente libertad de acción para llevar a cabo su misión. Por su parte, la Iglesia respeta la autonomía legítima del orden democrático.

Una consecuencia importante de lo que se afirma en el Compendio consiste en que el fiel católico que participa en política o interviene de cualquier manera en la vida pública, no actúa como representante de la Iglesia, ni como mandatario de la misma, ni como apoderado de sus intereses espirituales o materiales, sino que interviene en el ordenamiento de la sociedad por propio derecho en vista al bienestar general, es decir, de todos los ciudadanos sin distinción. Un creyente no niega su fe, ni la oculta, pero tampoco la utiliza para fines políticos o de gobierno. El cristiano, con su participación en el campo político y social, no pretende un gobierno o un Estado confesional; al contrario, contribuye a la creación de un verdadero y auténtico Estado laico: respeta toda opción religiosa sin imponer la suya.

Otra consecuencia importante que se desprende de lo dicho, consiste en que el Estado sanamente laico, es decir, aconfesional, es aquel que respeta toda creencia o confesión religiosa, pero no mezcla ninguna en la vida pública. Cada ciudadano, incluido el gobernante, tiene el derecho de profesar su propia fe, tanto en público como en privado, sin que nadie se lo pueda impedir, pero no debe imponerla a los demás ni utilizarla con fines partidistas. El Estado sanamente laico no tiene religión oficial, ni es confesional, pero tampoco es neutral en el campo de los valores, porque pretender ser neutral es una ficción; mucho menos es antirreligioso, sino aconfesional.

"En resumen, el católico participa en la política guiado por el Decálogo, no por las Bienaventuranzas; pero, si vive conforme a éstas, añade a la vida social el perfume del Evangelio" (Carta pastoral n. 9/ 2006/ Testigos de la esperanza: El hombre, camino de la Iglesia, de Mario de Gasperín, obispo de Querétaro, México).

Si todos los cristianos tienen el deber de participar en la vida política, algunos de ellos tienen también que interesarse en la administración política de una forma más comprometida: son los llamados políticos. Lo que ya se dijo sobre la tarea del cristiano en la vida social de su país, vale también para aquel que se consagra a la administración de la cosa pública.

Pero vale la pena subrayar una novedad que se da en nuestro Continente y que es evidentemente una concreción del planteo cristiano en política. Es un hecho que por mucho tiempo quienes ejercían el poder (también los que lo hicieron bien, como un servicio) lo hacían por herencia familiar: los reyes no eran elegidos por sus capacidades, sino por linaje. En el régimen democrático, relativamente joven, se dio hasta ahora lo mismo, aunque no por herencia: la mayoría de los políticos iniciaban su carrera desde jóvenes y terminaban su vida siendo todavía políticos. Así parecía que sólo los especializados podían participar en el gobierno del bien común. Las consecuencias de este estado de cosas son sobre todo dos: que la política llega a ser cosa sólo de los políticos y no de todo el pueblo; y que la política se transforma fácilmente en un poder que se auto-mantiene sin admitir nuevos protagonistas. Independientemente de la evaluación que se haga sobre los contenidos de los programas presentados por ellos, la elección de un tornero (Lula en Brasil), de un médico (Tabaré Vázquez en Uruguay) y de un obispo (Fernando Lugo en Paraguay) a la presidencia, marca una novedad importante en el panorama internacional. Es decir que una persona puede y debe dedicar parte de su tiempo y de su vida a la gestión del bien común, llegando, como en los casos citados, a cubrir cargos de alto nivel por un tiempo determinado y dejando después a otros seguir en lo mismo. Así es más difícil que alguien se apodere de la política y ésta se enriquece con el saber de personas de distintas áreas y no de un solo sector (el de los políticos de profesión). Cristianamente la política es un servicio, lo contrario del poder: un servicio que uno puede ejercer por un cierto tiempo, sin apoderarse de él.

El político cristiano no puede trabajar solo: necesita la referencia o el apoyo de un grupo que puede ser un partido u otra conformación política. Ya se dieron en el correr de las décadas pasadas intentos de crear partidos cristianos, en el clima de la Cristiandad, donde Iglesia y Estado colaboraban (o tenían que colaborar) al mismo fin de servir al Reino. El resultado no fue muy positivo; en algunos casos estas formaciones se pusieron al servicio de objetivos de las Iglesias o de los obispos locales perdiendo capacidad propia y hasta manifestando contradicciones entre lo que hacían y el mensaje evangélico; en otras oportunidades lograron conseguir los votos de los cristianos y apareciendo como un lugar de poder llegaron a tener políticos sin fe que se quedaban en el partido sólo por interés. En fin, si el intento tenía muy buena voluntad, el resultado no fue aquel que se esperaba y el servicio del Reino se volvió un medio y no un fin. En tiempo de laicidad, más que mirar al partido es preciso mirar al programa del partido. Sobre la base del programa es posible que cristianos y no cristianos colaboren, por lo menos en algunos puntos, para concretar objetivos que, sobre el criterio evangélico, se consideren prioritarios en un determinado tiempo y lugar; el respeto o no del programa es la condición para seguir apoyando o para pedir el cambio de un partido. De todas maneras, hay otra característica que no puede faltar en un partido de inspiración cristiana o en un programa apoyado por cristianos: la formación de la ciudadanía. Si democracia es el gobierno del pueblo, es necesario que el pueblo sea capacitado para gobernar, que cada ciudadano sea, en línea de principio, capacitado para asumir, por un tiempo, un cargo de administración de la cosa pública. Es el camino para que el poder no se auto-perpetúe, gracias a la falta de capacitad crítica de los ciudadanos y a la falta de capacitación de nuevos políticos; y para que no falte el aporte de nadie al gobierno democrático. De hecho, en las últimas décadas la carencia de la formación en los programas y la actuación de los partidos fue el ambiente ideal para la generación de los golpes de estado, manifiestos (como en América Latina) u ocultos (como en Europa, donde el poder lo tiene quien llega a manejar los medios de comunicación). La misma elección de Lugo en Paraguay es una señal de la carencia de políticos cristianos formados en la Iglesia. "En realidad, el haber traído a Dios al centro de su proyecto de vida, fue la originalidad de la acción política de Jesús", como se decía anteriormente, parafraseando las palabras de Joseph Ratzinger. Si así lo hicieran los creyentes, gracias a una buena formación eclesial que incluye la acción no sólo de los partidos, sino también de las comunidades cristianas, no sería posible que las campañas políticas y las elecciones se decidieran casi exclusivamente sobre la base de propuestas económicas.