El 25 de enero pasado Bolivia votó la nueva Constitución promovida por el presidente Evo Morales, la que reemplazará la anterior, vigente desde 1967. Esta nueva Constitución confiere al estado el predominio de los recursos naturales, pone en marcha gobiernos autónomos regionales y otorga reivindicaciones ancestrales a los indígenas. El 60% de los bolivianos, menos de lo esperado por el gobierno, votó a favor (sobre todo en el altiplano) mientras la zona oriental (la llamada "media luna") con los 4 departamentos más ricos en gas, petróleo, agricultura (Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando) votó mayoritariamente en contra rechazando la nueva Constitución como estadista e indigenis-ta. Seis de las nueve ciudades capitales de provincia son feudos de la oposición, mientras que el gobierno domina en las áreas rurales.

Bolivia será desde ahora el primer estado latinoamericano multicultural. Dos tercios de la población son indígenas y mestizos; esta mayoría fue históricamente excluida hasta ahora del poder político y de la repartición de los beneficios económicos. El gobierno de Evo Morales quiere romper con el neoliberalismo y apunta a una economía mixta, a un papel mayor del estado, a la recuperación de los recursos naturales del país, a una sociedad más incluyente protagonizada por los movimientos indígenas y campesinos; pero se encuentra con una corriente separatista, xenófoba y antipopular igualmente decidida a no abandonar sus privilegios y a resistir el cambio. La nueva Constitución define también la extensión máxima de tenencia de tierras (entre 5 mil y 10 mil hectáreas). También hay una cláusula por la cual será posible la reelección de presidente y vice "por una sola vez de manera continuada". En diciembre próximo por lo tanto habrá elecciones y Morales podrá ser reelegido para la gestión 2010-2015.

La Iglesia ha participado activamente en todo este proceso. En un documento del 12 de enero los obispos valoraron como positivos los pasos que da la nueva Constitución a nivel social; criticaban sin embargo que se reconociera el derecho a la vida pero sin añadir "desde la concepción", la ambigüedad de los llamados derechos sexuales y reproductivos y se quejaban de que no se reconociera la realidad religiosa mayoritariamente cristiana del pueblo y la relevancia histórica, cultural y social de la Iglesia Católica. En la nueva Constitución el Catolicismo ya no es religión de estado y se consagra un nuevo pluralismo religioso sin diferencias. Más que estas críticas, fue el esfuerzo de la Iglesia por terminar con la polarización y los enfrentamientos, llamar al diálogo y a la negociación, lo que causó choques con el gobierno. En efecto, no hay negociaciones políticas y las posiciones son irreductibles.

La oposición también había organizado Jornadas de Oración en Sucre y en Santa Cruz involucrando a la religión en la campaña del No.

Es el título de una carta pastoral del obispo Luis Infanti de la Mora, vicario apostólico de Aysen en Patagonia, la que ha sido juzgada como el documento más valiente elaborado por un miembro del episcopado chileno desde el retorno de la democracia. Es la primera carta escrita por este obispo en ocho años, sobre la base de un proceso de discernimiento diocesano empezado en el 2006 con la metodología del ver, juzgar, actuar. La idea central es que el agua es un don de Dios para el bien público y un derecho fundamental para la vida. La primera parte de la carta se refiere al análisis de la realidad en el marco de la actual crisis ecológica y de la globalización neoliberal, sobre todo con respecto a Patagonia que es la segunda mayor reserva de agua dulce del planeta. Lamenta que en Chile la privatización del agua sea total, desde que se implantó la Constitución de 1980. Por ese motivo la región atrae enormes inversiones de las multinacionales, con grandes centrales hidroeléctricas e incontables negocios.

"Siendo que la vida no es mercancía y el agua es fuente de vida, no cabe duda de que el agua es un derecho universal y un bien común que no se puede comercializar ni privatizar", afirma el obispo. El texto de la carta sigue pidiendo después a todos una "conversión ecológica" y declara que "si en los años pasados Chile ha reaccionado tarde en contra de la violación de los derechos humanos, hoy tenemos que levantar una voz profética contra la depredación de la naturaleza y el acaparamiento del agua"; y juzga moralmente inaceptable la creciente política de privatización de este elemento esencial para la vida. Sigue diciendo: "Es un deber emprender una lucha no violenta contra cualquier forma de violación del hombre y de la naturaleza". La diócesis de Aysen instituyó la "Jornada de la Creación" y promovió la nacionalización del patrimonio hídrico. Esta carta pastoral que reivindica el agua para todos, tuvo un gran impacto nacional y promovió un amplio debate en la sociedad a favor de una reforma de la Constitución para que sea protegida el agua como bien común. "Es un texto que hará historia", dijo el teólogo Leonardo Boff, que desde hace 20 años se dedica a profundizar la relación entre fe cristiana, opción por los pobres y defensa del ambiente.

El 13 de noviembre pasado dos organizaciones de derechos humanos, por iniciativa de los familiares de las víctimas de origen español, pidieron reabrir el proceso en España. Se trata del proceso contra los militares que asesinaron en la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador a seis jesuitas, a una mujer y a su hija de 15 años el 16 de noviembre de 1981. El 13 de enero pasado el pedido fue acogido por el Tribunal de Madrid. Los jesuitas de España habían declarado que lo correcto era reabrir el proceso en El Salvador, pero "si los familiares de las víctimas, cinco de los cuales son españoles, quisieran empezar el juicio en el Tribunal de Madrid, es legitimo su derecho y ofreceremos nuestro apoyo". En 1991 dos militares habían sido acusados en El Salvador del asesinato y condenados a 30 años de cárcel. La investigación de la Comisión de la Verdad instituida después de los acuerdos de paz en 1992 había dejado en claro que la decisión de asesinar a los jesuitas había sido tomada en el ámbito del estado mayor del ejército con la autorización del ministro de defensa y la ejecución a cargo del batallón Atlacatl. La Ley de Amnistía de 1993 se concretó con la aprobación del parlamento justo poco antes que se hiciera público el informe de la Comisión de la Verdad. Debido a la Ley de Amnistía se anularon los procesos judiciales por los delitos cometidos en la guerra entre 1980 y 1992 y los dos militares acusados del asesinato de los jesuitas fueron liberados. En el 2000 los jesuitas de El Salvador pidieron oficialmente a la Justicia que se reabriera el proceso, sin ningún resultado positivo.

En el 2006 apelaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sin resultado. Todo esto se explica porqué el partido ultraderechista que sigue actualmente en el poder (ARENA) es el mismo que organizó el asesinato del arzobispo Romero y amparó el de los jesuitas y de varias religiosas norteamericanas.

En Madrid están siendo acusados 14 militares del ejército de El Salvador, entre los cuales el ex ministro de Defensa Humberto Larios y el ex jefe del ejercito general René Emilio Ponce. En desacuerdo con este proceso se ha manifestado el actual presidente de El Salvador Antonio Saca: "Reabrir las heridas del pasado no es la mejor manera de lograr la reconciliación", dijo. El arzobispo Fernando Saenz Lacalle, del Opus Dei, negó también que tal iniciativa contribuyera al proceso de reconciliación interna y afirmó que "las cosas de El Salvador han de resolverse en El Salvador".

Muy distinta la reacción del teólogo Jon Sobrino que sobrevivió a la masacre (había viajado en esa ocasión a Thailandia), el cual en el 19º aniversario de los hechos volvió a escribir una carta a su amigo Ignacio Ellacuría (el rector asesinado) comparando la que había sido una "Iglesia difícil, la del seguimiento, la que se proponía unificar la lucha por la fe y la lucha por la justicia, con una Iglesia fácil en la actualidad, hecha de liturgias y devociones, de obras de caridad pero sin mayores preocupaciones con respecto a la justicia".

Un libro reciente ("Paz en Guatemala" de Roberto Bonini) ha revelado la historia secreta de los acuerdos de paz entre el 95 y el 96 en Guatemala y cómo se dio el cese de una guerra de 30 años con 200 mil muertos y medio millón de prófugos. Esos acuerdos que se firmaron bajo la tutela de la ONU, fueron en realidad tan rápidos y sustanciales gracias a la determinante actuación de la Comunidad San Egidio. Ya había un proceso de paz en Guatemala que se iba gestando desde hace veinte años sin resultado. Un integrante de esa Comunidad que fue mediador en las negociaciones, el sacerdote italiano Matteo Zuppi, afirmó recientemente: "Se ha logrado la paz pero no los objetivos de los acuerdos ... Los acuerdos quedan sin embargo como punto de referencia inamovible para un compromiso mucho mas fuerte por la justicia y el desarrollo y sobre todo para la promoción de las poblaciones indígenas".

Guatemala sigue siendo un pueblo ahogado, empobrecido, explotado en el silencio y con la complicidad de los países más poderosos. Hay un obispo de los pobres, Alvaro Ramazzini, de la diócesis de San Marcos, que se ha ganado una cantidad de amenazas de muerte por sus denuncias en contra de los terratenientes. Actualmente vive con escolta policial. "No la quería", dijo. "Cuando se hacen ciertas opciones, hay que ser coherentes; además no es justo tener una escolta cuando los demás no la tienen". El obispo es conocido internacionalmente no solo por su compromiso con el campesinado y sus pedidos de reforma agraria sino también por sus protestas contra las "deportaciones" desde Estados Unidos de cientos de inmigrantes guatemalte-cos cada año. También los obispos en un comunicado reciente han hecho pública su indignación por la violencia creciente y la impunidad total. Según el obispo Ramazzini: "La situación del país bajo ciertos aspectos ha empeorado desde hace diez años. Hay mas muertos hoy que durante la guerra debido a la violencia que se ha instalado, favorecida por la miseria creciente".

El p. José Marins, que trabajó en la CNBB brasileña y en el Celam por 30 años promocionado las Comunidades eclesiales de Base, sigue viajando con su equipe por todo el mundo y ha afirmado en una reciente entrevista: "Nuestra Iglesia en América Latina está dando pasos importantes y positivos en la formación bíblica, sobre todo a nivel popular. Está surgiendo un laicado más maduro y consciente de los grandes desafíos actuales. Hay una búsqueda de una más profunda espiritualidad, mayor interés por la realidad socio-política (no siempre a través de un análisis de las causas estructurales),apertura ecuménica....Pero al mismo tiempo se advierte un ahogo intraeclesial y una involución en la liturgia, en la formación de los seminaristas, en la elección de los obispos, en la práctica de la colegialidad... Vuelve la obsesión por los números y la gran preocupación de la Misión Continental es recuperar a los que se han ido, sin modificar las causas por las que se han alejado. La base de la estructura eclesial sigue siendo la parroquia. En Aparecida se ha repetido la consigna de descentralizar la parroquia y constituir redes de pequeñas comunidades. Las CEBs, aunque ya no sean de moda, están presentes en todos los países; resisten y sorprenden. Son particularmente fuertes en América Central. La misma Conferencia de los Obispos de Asia nos han pedido asesoramiento para acompañar a las CEBs que allí se están multiplicando con el apoyo de los obispos. Las Opción por los pobres ha llegado a ser algo decorativo en muchos casos. Es citada en los documentos y en los discursos, pero no se crean las condiciones para que estos lleguen a ser sujetos en la evangelización y en la sociedad". Estos son algunos de los conceptos expresados por el p. Marins en una entrevista publicada en Brasil y que se titula: "Las venas abiertas de la Iglesia". El p. Marins insiste en que "es impostergable la tarea de reconstruir el nivel de base de la Iglesia, apostando a las redes y a las pequeñas articulaciones". En abril próximo habrá en Paraguay un encuentro latinoamericano de los agentes pastorales (obispos, sacerdotes, religiosos y laicos) que están trabajando con las CEBs, en el intento de llevar a cabo las orientaciones de Aparecida.