1.- La ley no baja el precio de los combustibles y no lo hace porque con asociación o sin asociación, el peso de la carga impositiva, de al menos el 35%, es el que determina el precio final de los combustibles. El crudo representa el 46% y sumados otros gastos, como la distribución, la verdad es que sólo el 1% son los costos de refinación dentro del precio final del combustible. Es ilusorio pensar que algún socio potencial de Ancap, proveedor de petróleo, nos va a suministrar el crudo a precios por debajo de los que rigen internacionalmente. Por lo tanto la incidencia de las posibles mejoras del nivel de eficiencia en la refinación, no reportarían ninguna disminución sensible del precio final. Los combustibles en Uruguay son caros, sin duda, porque el peso de los impuestos que contienen representa un alto porcentaje del precio final.
Lamentablemente para los uruguayos, el precio de los combustibles ha sido utilizado, por este y por los gobiernos anteriores, como una herramienta
para cubrir las necesidades en materia de recaudación fiscal, tomando como rehenes a los productos cuyos precios repercuten sobre la producción y el consumo.

2.- La ley no promueve la apertura del mercado. Y no lo hace porque sólo promueve la constitución de un nuevo monopolio, al que se asocia ahora un privado, con el que se termina repartiendo el mismo mercado que le era propio. Un privado al que se le otorga, además, la gestión de la nueva empresa. Y si bien la ley tiene fecha del fin del monopolio (2006), nada indica que se vaya a cumplir. Ya sabemos que un plazo puede prorrogarse si el socio gestor, incentivado por los beneficios del mercado cautivo, promueve activamente el aplazamiento prometiendo grandes inversiones que "haría" si le dan un poco más de "aire" (plazo) para concretarlas. ¿No acabamos de ver en el caso de Uragua, un ejemplo contundente de esa "técnica" de aplazamiento y postergación de obligaciones de inversión claramente asumidas?
¿Por qué quien se asocie no va a querer abrir el mercado? La respuesta es bastante simple. La conformación del tipo de asociación que la ley propugna, unida a los precios tope en boca de refinería, la propia estrechez de nuestro mercado, los costos de importación, la implantación que posee Ancap en todos los renglones del negocio y la competitividad del mercado argentino (si es que se aspira a su explotación), marcan un escenario sumamente negativo para quien se plantee la importación, refinación y distribución como negocio, provocando que la supuesta apertura y aparición de competidores, se convierta en un riesgo demasiado alto como para aceptarlo. También es natural: toda empresa monopólica querrá seguir siéndolo, por el mayor tiempo posible.

3.- La ley nos ata a los intereses del socio. Y nos amarra fuertemente a los intereses del socio privado, que no son los del país. En algunos casos pueden ir de la mano, pero en otros, los objetivos del país y del socio pueden estar divorciados y entonces prevalecerá obviamente el interés de quien tiene la gestión, del que decide. Por consiguiente, en caso de conflicto, van a prevalecer los intereses del socio frente a los de la comunidad. Porque la inclusión de un socio con el 49% de las acciones, que sería nuestro proveedor de petróleo y además encargado de la gestión de la empresa, lógicamente impide la posibilidad de graduar la producción de la refinería de acuerdo a las coyunturas de precios, desde un criterio de aprovechamiento de oportunidades para el país. Nos referimos a la posibilidad de disminuir la producción e importar el refinado, cuando puntualmente existan oportunidades o "gangas" para adquirir excedentes en la región, con precios convenientes para el país. De esa forma, con capacidad de maniobra y reacción, podrían aprovecharse oportunidades de precios obteniéndose mejores resultados para la empresa y los consumidores. Con la presencia de un socio con el 49% de las acciones y la gestión en sus manos, quedaremos ligados a su provisión y plan de producción de la refinería, no existiendo posibilidades de desarrollar tácticas flexibles, ya que vamos a depender de las posibilidades de acuerdo con un asociado que tiene otra visión del negocio y al cual, de mantenerse la ley, estaremos atados durante 30 años.
El resultado entonces, sería el peor para el país, ya que no bajarán los precios, no se abrirá el mercado a la libre competencia y se sustituirá el monopolio público existente por otro mucho peor, de carácter mixto y con conducción privada, con un doble perjuicio para el país: tener a los consumidores cautivos y dejar la refinería y el negoció "Ancap" al arbitrio del interés de un privado y no al de la comunidad.
Por último: ¿el gobierno está en condiciones de llevar adelante esta asociación? El Nuevo Espacio tiene la firme convicción de que no. Este gobierno, con las debilidades que presenta, está radicalmente incapacitado para enfrentar la tarea que la ley le asigna. A nuestro juicio, el Uruguay no puede confiar la conducción de un proceso tan delicado, a un gobierno que ha agotado su credibilidad frente a los ciudadanos y que no está en condiciones de liderar transformaciones de esta envergadura. Y esto no es menor.
En primer lugar porque cualquier inversor serio y que actúe de buena fe dudaría en embarcarse en un proyecto tan complejo, teniendo como contraparte a un gobierno errático y que ha demostrado hasta el cansancio nula capacidad realizadora.
En segundo lugar, porque quien pretenda transformar las empresas públicas en este país, deberá contar necesariamente con un consenso social acorde con la magnitud del empeño, lo que ni remotamente es el caso de este gobierno.
La larga lista de antecedentes, en cuanto a errores, pérdidas, malos negocios, suspensiones, fracasos, impugnaciones, marchas y contramarchas, que han caracterizado la gestión de las empresas públicas, las concesiones y privatizaciones ensayadas por este gobierno indican, de forma evidente, que esta administración no tiene capacidad para conducir el proceso de transformación de Ancap ni está en condiciones de convocar a inversores serios para asociación alguna.
EL gobierno que padecemos no puede ofrecer credibilidad para gestionar un proceso de este tipo. No se puede engañar a los ciudadanos sosteniendo que el texto de la ley lo es todo y que es indiferente quién vaya a aplicarla. Los que han llevado adelante los peores negocios en Argentina (Sol Petróleo y compañía), los que también han hecho malos negocios y sufrido pérdidas en sus asociaciones con privados en los rubros de cemento y alcoholes, los que han tenido una actitud errática en la transformación de la refinería, comenzando las obras un día para suspenderlas al otro, los que han designado como directores del Ente a personas evidentemente no calificadas para la función, para referirnos sólo a algunos aspectos de la administración de la propia Ancap, no están en condiciones de elegir al socio, controlarlo y luego abrir el mercado. Sería ingenuo pensarlo así y de intentarse tendría consecuencias desastrosas para el país.
En el Nuevo Espacio y en la Nueva Mayoría creemos que la política energética y dentro de ella, la que se refiere al sector combustibles, pueden orientarse en la buena dirección. Queremos asumir ese desafío. Construyendo con la gente un nuevo gobierno con vocación de cambio y de transformación, que nos brinde a todos una oportunidad genuina de procesar reformas creíbles y confiables, respetando el valor del patrimonio de los uruguayos y al mismo tiempo poniéndolo, en las mejores condiciones, al servicio de la producción y del bienestar de los ciudadanos.

SI, primero hay que asociar a Ancap con nuestra gente. 

SI, vamos con confianza, a derogar esta ley y a construir una genuina oportunidad de cambio para todos.