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Gobiernos
locales, descentralización y participación ciudadana en
Montevideo
Seminario
10 años
de descentralización: un debate necesario
vecinet-noticias
- No.
389
vecinet.noticias@gmail.com
La
compleja tarea de simplificar
la ingeniería de la descentralización
Politóloga
María Elena Laurnaga
Coordinadora
del Area de Estudios Municipales del Instituto de
Ciencia Política
Facultad
de Ciencias Sociales. Universidad de la República
La evaluación del proceso de descentralización que la
Intendencia Municipal de Montevideo ha iniciado con la
investigación que hoy se pone a consideración así como con
este proceso de consulta ciudadano que se inaugura, expresa
una voluntad política coherente con los fundamentos que
dieron lugar a ese mismo proceso. Los comentarios que aquí
se realizan toman algunos aspectos del documento de base
como elemento disparador más vinculados a mi práctica
profesional, pero no pueden ni pretenden abarcar la amplitud
y riqueza del documento. Se opta por analizar algunos
aspectos incluidos en ese amplio estudio y se articula con
opiniones y percepciones respecto a la experiencia de la
descentralización que privilegia una lectura en lo que hemos
denominado "clave política" para sumar a las diversas
perspectivas y lecturas que esta iniciativa ya ha generado
en la ciudadanía de Montevideo.
A los resultados esperados de esta iniciativa del gobierno
municipal y a la ya rica respuesta de la gente, hay que
agregar el valor en sí mismo que tiene esta convocatoria.
Independientemente de la adscripción político partidaria de
cada uno en relación al partido de gobierno, es necesario
señalar y reconocer la magnitud de esta apuesta y el "riesgo
político" asumido por el Departamento de Descentralización y
el equipo del Arq. Arana de abrir un debate
sobre un tema complejo en un contexto donde hay
sensibilidades expuestas: de los funcionarios con el elenco
de gobierno, del propio gobierno municipal en relación al
gobierno nacional, de los vecinos en relación a una gestión
que tiene que procesarse en un contexto de restricciones y
crisis fiscal. Se requiere suficiente autoconfianza de parte
del actor político para convocar y generar este espacio de
debate y revisión del formato político institucional de la
descentralización que tiene un significado simbólico por
demás central en la configuración del perfil de gobierno de
la izquierda en Uruguay. Sin dudas no todos los gobiernos lo
pueden hacer después de 10 años de gestión.
Una lectura en clave política para revisar el
proceso de descentralización
El documento presenta un texto muy valioso, empezando por el
esfuerzo de dar insumos para entender el contexto actual y
fundamentalmente, la magnitud de los cambios que se han dado
entre 1990 (año en que la izquierda asume el gobierno de
Montevideo, quebrando allí la histórica alternancia blanca y
colorada) y este año 2001 cuando se encuentra transitando su
tercer período de gobierno.
En este análisis del contexto que el documento realiza es de
destacar la referencia
al as nuevas formas de "socializar" y los cambios procesados
en esta materia, es decir la referencia a algo más que la
socialización: se refiere a los cambios donde se construyen
los vínculos, las referencias, y por lo tanto las imágenes
con quienes los sujetos constituyen un colectivo. Esto está
profundamente afectado por los elementos que se plantean muy
adecuadamente en el documento.
El rol del municipio en un contexto de crisis
Esta cuestión interpela a todos los gobiernos locales y
municipales de la región. La crisis en sus distintas
dimensiones, - explicada tanto por factores exógenos como la
globalización o la inserción en un mercado
mundial fundamentalmente, como por factores endógenos que se
analizan también en el documento,- afecta e impacta sin duda
sobre el rol del municipio. Esto implica que un gobierno
municipal tiene que redefinir hoy, para el 2001, aquellos
roles para los que tiene competencia específica y aquellos
otros que no le competen formalmente pero que tiene que
desarrollar igual. Ahí se establece una racionalidad de la
gestión de gobierno que es necesario tener en cuenta: qué
cosas tiene que hacer la Intendencia de Montevideo y que no,
pero más allá de la definición formal de su rol, qué cosas
efectivamente tiene que asumir por responsabilidad social
compartida, generada o delegada.
En este sentido, vale la pena señalar la inadecuación que la
investigación realizada demuestra entre la magnitud de lo
que la IMM hace en materia de políticas sociales y la escasa
visibilidad de estas políticas en la percepción que la
ciudadanía tiene de ellas. Esto tiene que ver con que la IMM
difunde mal lo que hace, o lo difunde en forma insuficiente
según lo que se ha señalado reiteradamente desde la propia
Intendencia Municipal, diagnóstico que es compartible. Pero
también es cierto que la gestión municipal de
políticas que formalmente son nacionales tiende a diluir el
protagonismo de la Intendencia en la materia. En Uruguay el
sistema de políticas sociales es de competencia nacional y
ocupa un lugar central en el imaginario de la "nación" , lo
que contribuye a que la gente no tenga muy claro si la
oferta de servicios en esta materia es municipal o nacional;
no tiene una clara idea respecto a cuánto del presupuesto
municipal se vuelca a políticas sociales, o cuánto significa
el aporte del municipio a organizaciones no gubernamentales
o de la sociedad civil que contribuyen a la gestión de
políticas sociales de corte nacional pero territorialmente
localizadas en este departamento. El municipio aporta
recursos para la política social nacional, en términos de
cobertura de los déficit que el sistema tiene, pero también
aporta a la sociedad civil en un conjunto de iniciativas de
co-gestión ciudadana que complementan este mismo sistema
nacional.
Por lo tanto, una tarea de gobierno de los ciudadanos en un
modelo de gestión participativa es también la búsqueda de
información e insumos que le permitan calificar y
cuantificar la inversión que hace la Intendencia en
políticas de corte nacional. En el caso de las políticas
sociales, como adecuadamente plantea el documento de base,
este análisis no deber plantearse solamente en términos de
costo-beneficio, sino en una ecuación de costo-eficiencia
que implica necesariamente una valoración política. Esta
tarea entonces de generación, difusión o búsqueda de
información es una tarea política en si misma, necesaria a
la hora de tomar decisiones.
En este orden, otra tarea política de la ciudadanía en este
modelo de gestión participativa que el gobierno municipal de
Montevideo ha planteado, es la construcción de un discurso
que valore el criterio costo - eficiencia en materia de
políticas públicas, que se contraponga al criterio
hegemónico en el discurso más corriente de costo-eficacia.
Recientemente el Dr. Tabaré Vázquez en el seminario sobre
reforma de los servicios públicos que organizó el Centro de
Estudios Estratégicos 1815,- demandaba este criterio.
Los
cambios en el sistema de partidos y el gobierno de la
ciudad
Un segundo elemento en clave política a destacar, que
aparece escasamente señalado en el documento de base, es la
relación de los cambios procesados en la estructura
político-partidaria del país en los últimos años y su
vínculo con el gobierno de la ciudad.
Hubo una reforma política consolidada por la reforma
constitucional de 1997, que establece en su ingeniería
diversos dispositivos referidos a la descentralización como
objetivo político. Pero fundamentalmente esa reforma generó
una transformación importante en el sistema de partidos y en
la lógica de competencias del sistema de partidos. No es lo
mismo gobernar en el año 1990 o incluso en 1994, que
gobernar una ciudad (desde un gobierno de cualquier color
partidario) en un escenario de polarización política que no
está vinculado a una radicalización de la ciudadanía y los
electores sino más bien a la lógica de competencia que los
aspectos electorales de la reforma instala. Este escenario
de polarización política tiene dos particularidades
importantes: la crisis, que hace que gane quien gane todos
tengan que resolver problemas generales (lo que se traduce
en propuestas programáticas que bajan el perfil ideológico
tendiendo al centro, eludiendo los extremos) y por otro
lado, la novedad de la consolidación de la izquierda como
primera fuerza política nacional.
Estos aspectos son relevantes en la medida que no es lo
mismo para el ciudadano que no es de izquierda aceptar o no
aceptar la oferta de un modelo de participación
ciudadana en un contexto más equitativo de peso
político-electoral, que integrarse o no a un modelo de
gestión como el actual en este escenario de polarización.
Algo cambió para los otros partidos, y me atrevería a
sostener la hipótesis de que este escenario hegemónico de la
izquierda en Montevideo generará un efecto de mayor
disposición de los partidos tradicionales a participar en
los espacios de gestión ciudadana al que resistieron en los
primeros períodos del gobierno descentralizado de
Montevideo.
Los ciclos de gobierno
Otro elemento de contexto a jerarquizar es el tema de los
ciclos de gobierno. No es lo mismo un gobierno que recién
nace - la infancia -, que un gobierno maduro; no es lo mismo
el desempeño y los
criterios de gestión que se proponen hacia afuera de la
fuerza política que
gobierna que hacia el interior de la propia fuerza
política.
Los criterios de legitimidad a los que apeló la propuesta
política de la izquierda en 1990 eran sustancialmente
distintos de los actuales. En primer lugar, el discurso
estaba orientado al ciudadano de Montevideo para convencerle
de que no iba a producirse ninguna debacle, en un intento
por
reconstruir un sentimiento que en el imaginario social tenía
sus adherentes, provocado por la incertidumbre frente a la
novedad de la izquierda en el gobierno. En segundo lugar, la
apelación del discurso hacia adentro de la colectividad de
izquierda era de exaltación militante, como recurso para dar
contenidos, sentido y consistencia a una propuesta de
gobierno que constituía el perfil diferenciador del nuevo
elenco pero que tenía por delante el desafío de traducirse
en productos concretos de gobierno.
En este ciclo de madurez de la izquierda que comienza su
tercer período de gestión, es sustancialmente diferente el
posicionamiento del elenco de gobierno hacia la ciudadanía y
hacia la propia estructura militante del Encuentro
Progresista-Frente Amplio. Debe cambiar así el referente de
legitimidad al que se convoca a los ciudadanos no
frentistas, ya que la referencia al "miedo de la izquierda",
a la inevitabilidad de la crisis política o al riesgo de la
ruptura institucional ya no encuentra el mismo predicamento
que en 1989: la cultura de izquierda deja de ser novedosa
para pasar a constituir una "tradición"; la convivencia
nacional - departamental fue posible y no generó fracturas
democráticas o crisis institucionales; y al mismo tiempo, el
porcentaje de adhesión electoral de este tercer gobierno
demuestra que la ciudadanía de otras tradiciones
políticas admite la eficacia de la izquierda para ejecutar
gobierno así como confía en la articulación de los canales
de convivencia con el gobierno nacional hasta ahora
demostrados.
Esto genera factores de mayor permeabilidad y disponibilidad
de los otros partidos a participar hoy en el formato
descentralizado que el gobierno municipal estableció, ya sea
desde la lógica política (Juntas Locales) o desde la lógica
ciudadana (Concejos Vecinales).
Pero también es diferente hacia adentro de la ciudadanía
de izquierda y de los cuadros militantes de este
conglomerado
La imagen corporativa que ha trabajo la IMM estos años ha
correspondido de alguna manera a esta realidad. La imagen de
"Montevideo tu casa" es una apelación a mirar hacia adentro,
a construir adentro para hacer habitable el espacio urbano,
vivible la relación de convivencia de nuevo tipo que el
escenario político dibujó. Hoy en el 2001, tal vez es el
momento de que la IMM cambie su imagen corporativa por una
perspectiva que le permita mirar hacia fuera, lo que implica
obviamente la confianza en un construir juntos algo ....
Este mirar hacia fuera puede asumir dos sentidos. Una mirada
desde Montevideo hacia el interior del país, porque
indudablemente el gobierno de Montevideo ejerce una función
de "demostración" de la eficacia, la sustentabilidad y la
viabilidad del gobierno de la izquierda hacia el resto del
escenario electoral. Y una función más próxima de generación
de un sentimiento común, lo más común posible en el
ciudadano de Montevideo, que le permita involucrarse con el
proyecto político propuesto en un momento que el gobierno de
izquierda ha pedido su carácter de mito o su perfil más
romántico, es decir un gobierno que ha superado largamente
el período de "luna de miel" encontrándose en una fase de
madurez que ha mostrado sus logros y sus dificultades. En
este segundo sentido, el enorme crecimiento del Encuentro
Progresista en Montevideo que eligió al Intendente Mariano
Arana con el 58% de los votos, plantea como paradoja un
techo de crecimiento. Crecer electoralmente ya no es la meta
de la izquierda para hacer el gobierno, sino que en este
escenario hegemónico el desafío que enfrenta en su fase de
madurez es la "legitimidad interna", la continua
legitimación de esa masa electoralmente afín al proyecto de
gobierno.
Los partidos políticos y la
descentralización
Un tercer elemento en clave política es el rol de los
partidos en relación a la descentralización. En el documento
se señala prudentemente que el actor político fue tal vez
uno de los más débiles en el largo proceso de la
descentralización. ¿Qué pasa con los partidos políticos en
relación a la descentralización de Montevideo? Y en
particular, ¿qué pasa con el Encuentro Progresista - Frente
Amplio?.
Es interesante revisar la relación de los elencos de los
partidos con el elenco de gobierno. En este sentido quiero
señalar tres dimensiones:
La dimensión de los partidos. Habitualmente sucede que los elencos político-partidarios se distancian de los elencos de gobierno. En mi opinión esto sucede dentro del Encuentro Progresista como sucede en muchos otros casos; y es una condición de eficacia del gobierno del Encuentro discutir esta cuestión. Esta tensión, que se explica por diversas lógicas que no cabe ahora señalar, se traduce en el ámbito de la descentralización también.
En algunos lugares parece clara la constatación de tensión entre las Juntas Locales y los Concejos Vecinales. Esto se explica porque son roles distintos, aunque muchas veces la adscripción político - partidaria de las personas en quienes se expresa esa tensión sea la misma. En las Juntas Locales, tema que ha sido escasamente tratado en la versión que hemos conocido del documento de base, existe una tensión en relación al vínculo con los ciudadanos que no pertenecen a filas del Encuentro Progresista, pero también se plantea el problema funcional de su relación con los propios órganos administrativos del partido. El documento es muy rico en el análisis de los Concejos Vecinales y la mayor potencia de la percepción ciudadana está focalizada en estos órganos. En consecuencia, se han jerarquizado en la investigación; y creo que esto es un dato para la estructura política: para la administración municipal y para los partidos. Esta "deslegitimación o distancia de la ciudadanía" respecto de lo político se explica por el proceso de fragmentación que se señala en el documento.
En el formato institucional de la descentralización parece advertirse una reproducción casi mecánica de los niveles de organización político - partidarios y de los niveles de gobierno, que seguramente no se correspondan con ninguno de los propósitos de la descentralización.: ni la transferencia de poder efectivo, ni la búsqueda de la eficacia y eficiencia de la gestión. No parece probable que los partidos vayan a desaparecer ni parece deseable que deban desaparecer; pero no tampoco es necesario reproducir burocráticamente el esquema de organización política de los partidos ni la organización administrativa del gobierno en los niveles locales.
De política de partidos a
política de
ciudadanos
La representación de intereses en el ámbito de la
descentralización se expresa a través de dos canales: los
representantes políticos en las Juntas Locales y los
representantes ciudadanos o sociales en los Concejos
Vecinales. Hay una contraposición productiva - no es una
contradicción excluyente -, entre política de partidos y
política de ciudadanos. Los Concejos Vecinales son más
valorados que las Juntas Locales porque son ciudadanos,
porque se acercan más a la propuesta de política de
ciudadanos que constituyó el centro de la innovación
programática del Frente Amplio.
Parece necesario simplificar la ingeniería institucional de
la descentralización. Esto es, pensar con libertad una
estructura institucional que no
reproduzca la estructura político partidaria y la estructura
administrativa en cada
escalón de estructura local para corresponderse mutuamente.
En particular, parecería necesario revisar la
estructura de representación política local; no
necesariamente debe existir una Junta Local por cada Centro
Comunal Zonal o Concejo Vecinal.
Este debate, ha sido a propósito soslayado por el documento
de base - seguramente porque compete a decisiones
estrictamente políticas y también porque está atado a lo que
efectivamente suceda con la reforma constitucional en
materia de descentralización. Si efectivamente se separara
la materia municipal de la departamental tal cual está
formalmente establecido en la constitución, la Junta Local
debería ser ese órgano político que llamamos gobierno
municipal; sin embargo no creo que deban existir
necesariamente 18 gobiernos municipales en Montevideo, y
tampoco creo que la geografía de los mismos deban
corresponderse con el diseño que hoy tienen los CCZ.
Seguramente sería un problema que no coincida el territorio
del gobierno municipal con la división administrativa
pre-existente. Esto implicará comenzar a trabajar con las
variables que definirían un gobierno municipal en sentido
estricto y su relación con el territorio y la ciudadanía de
Montevideo. Si se definieran esas variables, seguramente no
serían las mismas que le dieron sentido a la racionalidad
político administrativa en 18 zonas y a la racionalidad
territorial que organiza la dimensión comunitaria -
ciudadana.
El valor de la desconcentración y la meta de la
descentralización
En resumen, como se dice en el documento de base, comparto
que el proceso de descentralización es todavía más una
desconcentración que una verdadera descentralización. Esto
no es malo en sí mismo. Esta propuesta de gestión del
Encuentro Progresista no ha sido el único modelo de reforma
que Montevideo ha vivido en el período democrático
post-85.
El gobierno del Dr. Aquiles Lanza en 1985 propuso un modelo
de gestión municipal que apostaba también a la política
social, que apostó a la legitimación democrática desde la
lógica de la eficiencia de programas y proyectos de política
sociales organizados desde un centro técnico - la Unidad
Asesora de Proyectos Especiales (UAPE) -, configurando un
diseño de gestión que partía del supuesto de la
imposibilidad de reformar el enorme aparto burocrático
administrativo de la Intendencia de Montevideo. Desde allí
se convocó a la participación ciudadana a través de las
comisiones vecinales y en un período muy breve, poco mas de
un mes, se lograron registrar 578 Comisiones Vecinales. Es
cierto que había una trama comunitaria latente que había
sobrevivido a la dictadura y que tomó forma institucional en
ese momento. Pero mas allá de este contexto y del posterior
fallecimiento del Dr. Lanza, que desvirtúa ineludiblemente
la experiencia en una sucesión de Intendentes, el modelo
propuesto partía del supuesto de que el gran monstruo
burocrático no se podía reformar en el mediano plazo y por
tanto, se optó por un modelo tecnocrático y centralizado,
que obvió el conflicto de legitimidad que significa una
reforma de esta magnitud. Este formato de reforma de
instituciones de alta complejidad es defendido por diversas
perspectivas y aplicado a diversas realidades.
En contraposición con este tipo de experiencias, el
componente desconcentrador de la experiencia de Montevideo
institucionalizada por la administración del Encuentro
Progresista-Frente Amplio es en sí transformadora. Es
pertinente rescatar el valor político de esta reforma,
porque se arriesgó a transformar esa estructura
político-administrativa centralizada con una lógica de
participación. Es desafío ahora es
trascender esa fase; la desconcentración tiene que
profundizarse hacia una efectiva descentralización de poder,
sin que esto implique necesariamente un órgano de
representación político partidario que exprese ese
poder.
El qué y el para qué del poder
A la ya enorme lista de preguntas que se han formulado desde
el documento de base, desde los gobernantes que estuvieron
presentes y desde las presentaciones de los ciudadanos, yo
agregaría una - más como criterio que como efectiva
pregunta. ¿Dónde está el poder y qué cosas efectivamente
constituyen poder? Y después de esto, ¿para qué ese poder?.
Si pensamos sólo en la representación político-partidaria
seguramente se contestará
que debe existir un órgano local que lo canalice; pero es
necesario recordar que hay ya en el distrito territorial del
departamento diversos representantes político-partidarios
(la Junta Departamental, los diputados de Montevideo) que
deben sumarse como representantes a los miembros de las
Juntas Locales. Estas preguntas referidas al poder creo que
deben ser focalizadas, principalmente focalizadas en el
análisis de los Concejos Vecinales.
Los elementos de contexto general que hacen a los roles de
los municipios y a las posibilidades efectivas de los
municipios están asociados a la crisis. Aunque el Intendente
Arana diga que no, los municipios están llamados a
administrar la crisis, y más que la crisis, están convocados
irreversiblemente a administrar el conflicto. Acordamos con
Arana que eso no debería ser el objeto de un gobierno
municipal, pero el gobernante local y el ciudadano tienen
que saber también que el gobierno municipal y los ciudadanos
ocupan un lugar en la lógica global del país, en el contexto
del sistema político y en la lógica del gobierno nacional
donde cumple un rol en relación a la gestión del poder. La
descentralización tiene su contracara en que también se
descentralizan los conflictos y las tensiones; y esto es
parte de las "competencias que los gobiernos locales han
ganado sin pedir en este comienzo de siglo".
No queremos repetir acá que la descentralización no es un
discurso exclusivo de la izquierda, sino que también es un
discurso de muchos partidos a quienes la descentralización
les es funcional para un modelo muchas veces antagónico con
el de izquierda. La descentralización es un instrumento no
un fin en si mismo.
Tal vez la variable común a todas las experiencias de
descentralización con tonos o sentidos políticamente
distintos, sea la
inevitable localización territorial de políticas de carácter
general en un contexto de fragmentación social y de
exclusión de los grandes sistemas de integración. En este
momento hay modelos de descentralización ensayándose con
diversos formatos en otros departamentos del país: Rocha,
Paysandú, Río Negro, que obligan a un debate más profundo
respecto al modelo de gestión implícito en cada uno. En el
caso de Paysandú, pro ejemplo, el Consejo Económico y Social
del Plan Estratégico de Desarrollo podría haber sido una
propuesta de un gobierno de izquierda en cualquier
país.
Por lo tanto, qué hace de la propuesta de la
descentralización de este gobierno de izquierda un modelo
efectivamente "de izquierda" o diferente de otras propuestas
de gobierno?
La ingeniería institucional de la descentralización
Este tema seguramente constituirá el centro del debate que
se inicia en esta actividad y seguramente no haya gente mas
calificada para analizarlo que los "expertos locales", es
decir, la gente que la constituye y que sabe donde están las
debilidades y las fortalezas.
Creo que la figura del Concejo Vecinal es central en la
propuesta descentralizadora de Montevideo, y constituye un
instrumento espectacular si analizamos en perspectiva
comparada esta realidad con otros países de la región.
Sin embargo uno de los problemas a enfrentar es cómo superar
la composición de militantes de izquierda para integrar
efectivamente una lógica ciudadana más pluralista. La
encuesta de referencia del documento de base señala que el
74% de los concejales se autoidentifican como pertenecientes
al Encuentro Progresista. Si bien no puede olvidarse el alto
porcentaje de votación del encuentro en Montevideo, esta
composición confirma que aún expresan la hegemonía de un
tipo de representación: la político- partidaria. Es natural
que esto haya sido así porque hay una respuesta de
compromiso político de los votantes frentistas respecto al
modelo de gestión al que se sienten convocados: pero está
claro que los no frentistas también lo perciben así. Por lo
tanto, los ciudadanos que no participan de los organismos
descentralizados saben que es así.
En resumen, la estructura ciudadana aún es una estructura de
militantes. Sin embargo, la legitimidad del Concejo Vecinal
no está atenuada por esto. Es un dato de la realidad.
Hay que agregar explícitamente como otro dato de la realidad
que el Concejo Vecinal es también una estructura de poder y
de prestigio; allí la condición humana emerge y existen en
la comunidad sistemas de poderes que se reproducen y se
ejercen en forma desigual. Es pertinente también allí la
pregunta respecto a ¿qué cosas constituyen poder en esa
comunidad local; para qué se utiliza el poder?.
En este esquema es sin duda muy relevante la función de los
Concejos Vecinales que se señala en el documento: la tarea
de construir redes. Porque esa es una tarea solidaria y una
tarea democrática. Los riesgos de la democracia en la época
actual no pasan por las dictaduras o en el eventual exceso
de poder de los aparatos institucionales de control social.
Los riesgos de la democracia radican en las condiciones en
que procesa la devolución hacia los ciudadanos de la gestión
de lo social, los límites o no límites de la
gestión ciudadana (vía diversos modos de organización de
proyectos) del control o
regulación de la pobreza, del control del hambre, del
control o regulación del conflicto, de formas "ciudadanas"
de control social. Esta es una tendencia general, que tiene
sus aspectos positivos y democratizadores y sus riesgos;
deberá cuidarse en particular el riesgo de fragmentar y
debilitar de tal forma los órganos locales de poder para
evitar que se puedan transformar en "autoritarismos locales"
institucionalizados democráticamente.
Estas nuevas formas de autoritarismos enraizados en lo local
también deben ser objeto de preocupación; no todo lo pequeño
es bueno y lo grande es malo, no todo lo político es malo y
lo ciudadano bueno, no todo lo descentralizado es bueno y lo
centralizado es malo. Estamos viviendo en la región un
proceso de re-centralización de los estados que
descentralizaron para volver a otras formas de
descentralización a través de mecanismos de
desregulación estatal.
En mi opinión, los órganos locales de poder ciudadano y
político deben estar preparados para hacerse cargo de
desafíos de gobierno que no estarán exclusivamente
propuestos por el gobernante municipal sino que serán parte
de una agenda nacional de reformas que se transfieren hacia
los espacios territorialmente localizados. Es el caso de la
desregulación de Ose, de UTE, de Salud Pública, etc.
En este contexto, los órganos de gobierno local son unidades
de gobierno institucionalizadas (aspecto que constituye el
principal legado hasta el momento del modelo del Encuentro
Progresista- Frente Amplio) que van a tener que hacerse
cargo en el mediano plazo de tareas de gobierno que no las
propondrá Arana, sino el gobierno nacional. Es decir, que en
el territorio local deberán enfrentarse acciones que están
vinculados a racionalidades del gobierno central, a lógicas
de las empresas que gestionen en forma privada o desregulada
los servicio públicos en el territorio y a las lógicas
propiamente municipales.
En suma, el aporte histórico del gobierno del Encuentro
Progresista - Frente Amplio de institucionalizar un modelo
de gestión participativa (aún en su fase desconcentradora) y
de habilitar la convivencia entre una política de partidos y
una política de ciudadanos con respaldo institucional genera
condiciones mas adecuadas para la gestión autónoma del
territorio local, donde confluirán racionalidades políticas
del gobierno municipal, del gobierno central y del mercado.
vecinet
- autogestión vecinal
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