vecinet N. 1.219 – 14 de marzo de 2026
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SUMARIO
1 – ¿Qué impactos y consecuencias provocará el Proyecto de Reestructura del Transporte Metropolitano?
2 – Una disputa sobre el modelo de ciudad
3 – Nueva York: Carolina Cosse recibió carta de ciudadanos preocupados por medio ambiente
4 – Afirman que prospección sísmica “genera impactos socioambientales en sitios que deberían ser protegidos”
5 – Menos situaciones de violencia, más atención en aula y cambios en los recreos, tras restringir el uso del celular
6 – Centros en Foco: el audiovisual como puente entre educación y comunidad
1 – ¿Qué impactos y consecuencias provocará el Proyecto de Reestructura del Transporte Metropolitano?
Piden reunión con MTOP e Intendencias metropolitanas
El Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana difundió el pasado lunes 9 de marzo, una declaración donde piden una reunión al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a las intendencias de Montevideo, Canelones y San José ante los "impactos" y "consecuencias en el largo plazo para la ciudad y las futuras generaciones" que conlleva "la inminente aprobación del Proyecto de Reestructura del transporte metropolitano".
En el comunicado, también solicitaron que la información sobre la reforma del transporte “sea transmitida a la ciudadanía en lenguaje accesible” y que se abra un canal de participación para la sociedad civil con el fin de “despejar las interrogantes”, en el marco de la Ley 18.308, que garantiza la participación social.
"Ante la inminente aprobación del Proyecto de Reestructura del transporte metropolitano por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se constituyó el Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana. Este colectivo está integrado por ciudadanos interesados en el proyecto, sus impactos acumulados durante las obras y sus consecuencias en el largo plazo para la ciudad y futuras generaciones.
Entendemos que dado el porte del proyecto resulta de fundamental importancia actuar con la máxima responsabilidad y de acuerdo al marco regulatorio que la sociedad uruguaya ha consagrado para abordar temáticas como esta.
En función de ello, el Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana resuelve pedir una reunión a las autoridades involucradas (MTOP, Intendencias de Montevideo, Canelones y San José) y asimismo solicitar:
- que la información técnica publicada el 12 de febrero[¹] sea transmitida a la ciudadanía en lenguaje accesible.
- un canal de participación con la Sociedad Civil con instancias abiertas donde despejar las interrogantes. Recordamos que la participación ciudadana está consagrada en la Ley 18308[²], que garantiza la participación social en procesos de modificación sustantivas de territorio.
- que se especifique cómo inciden en la propuesta las tendencias demográficas recientes -envejecimiento y nuevos arreglos familiares-.
- conocer las alternativas no seleccionadas que se excluyen del proyecto.
- contar con detalles de los corredores, longitud y posibles terminales, tanto como la complementariedad de distintos modos de traslado.
- recibir información detallada sobre la futura coordinación público-privada a través de la Agencia de Transporte Metropolitano, en busca de asegurar que en la gestión se privilegie el bien común y los derechos de los usuarios.
- contar con información sobre los incentivos o desincentivos del uso de automóviles particulares, y sobre la interferencia del transporte público con circulación de peatones, birrodados y automotores.
Las interrogantes plateadas por el Foro abarcan desde asuntos muy concretos como el estacionamiento en la zona céntrica y la construcción de un túnel y otros soterramientos, hasta temas como la cultura relacionada a la valoración social de diferentes modos de traslado.
Quedamos a la espera de la reunión con las autoridades involucradas y nos declaramos en asamblea permanente hasta su concreción."
[¹]Ver estudios y consultorías contratados por el MTOP para la elaboración del Proyecto de Transformación del Transporte Público en el Área Metropolitana
[²]Ley 18.308
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18308-2008
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2 – Una disputa sobre el modelo de ciudad
18 de Julio no es un túnel
por Silvana Pissano (Brecha, 06.03.26)
Cada vez que reaparece la idea, el debate se presenta como técnico. Estudios de suelo. Modelos de demanda. Proyecciones financieras. Parece que perforar la ciudad fuera apenas una ecuación de ingeniería. Pero no hay infraestructura neutra. La discusión sobre soterrar un tramo de la avenida 18 de Julio no es solo un debate de movilidad, es una definición sobre prioridades, espacio público, ambiente, economía urbana y modelo de ciudad desde una perspectiva de cuidados. Lo que está en juego no es un túnel: es qué ciudad queremos. Qué se financia con recursos públicos, qué prioridades se establecen y qué modelo de desarrollo urbano se podría llegar a consolidar en un contexto de restricciones fiscales y crisis climática.
En América Latina, el metro se volvió sinónimo de progreso. Ciudades como Buenos Aires o Santiago de Chile desarrollaron hace décadas redes subterráneas acordes a escalas metropolitanas de millones de habitantes y altísima densidad poblacional. Pero Montevideo no es eso. Recordemos que –aunque discutible– el último censo dejó al descubierto que la capital perdió población. Somos menos, pero ocupamos más superficie, a pesar de las políticas departamentales de los gobiernos frenteamplistas de los últimos 35 años de redistribución del suelo urbano mediante la Cartera de Tierras para que no se vacíen las áreas centrales.
Montevideo es una ciudad intermedia, muy extendida a pesar nuestro, con desigualdades territoriales marcadas y una estructura metropolitana que aún necesita integración real. Pensar un túnel por 18 de Julio como salto inevitable a la modernidad puede ser más una operación simbólica que una decisión estratégica. La fascinación por las grandes obras suele esconder una política del espectáculo: mostrar capacidad de transformación y de gestión a través de una infraestructura monumental. Pero no todo salto tecnológico implica un salto social. Y la ciudad como sinónimo de sociedad debe pensar primero en las personas.
Dinamitar –aunque sea de manera controlada– la avenida 18 de Julio implica miles de millones de pesos, endeudamiento a largo plazo y compromisos fiscales que atraviesan gobiernos. No es una inversión neutra ni reversible. En un país donde el déficit habitacional persiste, donde el sistema de cuidados requiere consolidación, donde barrios aún demandan infraestructura básica y servicios de calidad, decidir concentrar recursos en un eje central es una toma de posición cuestionable. No se trata de oponer movilidad a vivienda o transporte a cuidados: se trata de discutir prioridades desde una perspectiva de justicia distributiva.
A lo largo de mi trayectoria política y profesional, una pregunta ha sido recurrente: ¿qué significa pensar la ciudad desde una perspectiva política de izquierda? La respuesta es, sin duda, suprimir las desigualdades en el acceso al derecho a la ciudad. Frente a este proyecto, el paralelismo es simple: ¿qué transforma más la desigualdad territorial? ¿Una megaobra costosísima para excavar 18 de Julio o una intervención de superficie que incluya una red distribuida para fortalecer las periferias y centralidades barriales?
Esa es la disputa.
Un sistema subterráneo no es ambientalmente inocuo
Excavaciones profundas. Uso masivo de hormigón. Maquinaria pesada durante años. Alteración del subsuelo. Vibraciones y explosiones controladas. Contaminación del aire. Emisiones de dióxido de carbono acumuladas antes de que el primer ómnibus circule. El hormigón es responsable de una porción significativa de las emisiones globales de carbono y cada quilómetro de túnel tiene una huella de carbono considerable. ¿La contaminación se compensa?
En tiempos de crisis climática, no alcanza con que el transporte final sea eléctrico, hay que evaluar el ciclo completo de la infraestructura. Seamos consecuentes con nuestra premisa frenteamplista: «No solo nos importa el resultado, sino el camino que hacemos para llegar». Esto vale desde el punto de vista social, pero también del ambiental. Si la transición ecológica es un horizonte político real, entonces el análisis ambiental no puede limitarse al resultado, también importa el proceso constructivo.
Dieciocho de Julio es comercio, empleo, memoria urbana: la Marcha del Silencio, el 8M, la Marcha por la Diversidad. Es el principal eje simbólico y de expresión política colectiva, además de ser el centro comercial a cielo abierto más importante del país. Una obra subterránea de larga duración implica años de afectación directa: cortes, desvíos, polvo, vibraciones, incertidumbre. En un centro que ya enfrenta transformaciones estructurales –cambios en hábitos de consumo, aumento de compras online, teletrabajo, competencia de grandes superficies–, ese impacto puede profundizar la fragilidad existente. ¿Quién absorbe ese costo transitorio? ¿El pequeño comerciante? ¿El trabajador informal? ¿El Estado?
La movilidad no es solo velocidad
Desde una perspectiva ecofeminista, la economía que importa no se mide solo en megainversiones; es la economía cotidiana la que sostiene la vida urbana día a día, los quioscos de diarios, los puestos de venta de mates.
Lo ecológico, la economía y lo social también forman parte de la disputa.
Desde el municipalismo ecofeminista, la movilidad no es solo velocidad. Es tiempo disponible, accesibilidad múltiple, seguridad, integración territorial y calidad del tiempo en la movilidad. Las mujeres hacen más viajes encadenados, más desplazamientos vinculados a tareas de cuidado, más trayectos interbarriales. Un eje lineal subterráneo puede agilizar un tramo, pero no necesariamente transforma la estructura desigual del sistema.
La ciudad que se cuida no es la que acelera más rápido un corredor central. Es la que reduce desigualdades territoriales y garantiza el derecho a la movilidad digna en todos los barrios. Si la modernización no disminuye brechas, puede terminar reforzándolas.
Esa es la disputa de fondo.
El debate no debería reducirse al inmovilismo o a la lógica del subte
Existen alternativas: trenes modernos de superficie, tranvías eléctricos, corredores segregados de alta calidad, prioridad semafórica real, integración tarifaria metropolitana efectiva. Actuar en la dimensión temporal y no solo en la espacial. Me refiero, por ejemplo, a excluir los autos privados en horas pico para que el transporte público y la movilidad activa fluyan en menor tiempo.
Pensemos en sistemas menos costosos, con menor impacto ambiental constructivo, que se puedan ejecutar en plazos más breves y sean compatibles con una planificación policéntrica que preserve la movilidad de las personas. La inteligencia urbana no siempre consiste en excavar más profundo. A veces consiste en distribuir mejor la superficie. Pero, claro, eso significa dar determinadas batallas políticas, que tienen costos que deberíamos estar dispuestos a asumir.
Titulé «18 de Julio no es un túnel» y termino con esa misma frase. Esta es una definición sobre las transformaciones urbanas y la calidad de vida, que pone en valor nuestro patrimonio construido, nuestra identidad. Implica definir en qué invertimos cuando los recursos son finitos. Implica establecer prioridades entre la monumentalidad concentrada o la justicia territorial distribuida.
Pensar la ciudad desde una política urbana de izquierda no debería significar deslumbrarse con una obra que impacta en la foto aérea, debería caminar hacia una Montevideo que sostiene la vida. Estoy convencida de que la verdadera modernidad no es perforar más profundo: es construir una ciudad más justa, más ecológica y más igualitaria.
La disputa está abierta.
3 – Nueva York: Carolina Cosse recibió carta de ciudadanos preocupados por medio ambiente
"Expresamos, de manera respetuosa pero firme, la necesidad democrática, institucional y ética de convocar a un plebiscito nacional en relación con los proyectos de exploración y eventual explotación petrolera en aguas territoriales"
En ocasión de la visita de Carolina Cosse, vicepresidenta de Uruguay, el pasado 10 de febrero de 2026, el Consulado general de Uruguay en Nueva York, cursó invitación a personas nacidas o residentes en el territorio nacional.
Los participantes, "reunidos en su condición de seres humanos vinculados por su pertenencia al territorio nacional, sin distinción de confesión religiosa, afiliación política o cualquier otra definición que no fuera la propia condición humana", hicieron entrega a la vicepresidenta de una carta manifestándose "preocupados por el medio ambiente".
"El encuentro se desarrolló en un marco de respeto institucional y diálogo constructivo, reafirmando el ejercicio de participación cívica y el compromiso de los asuntos de interés común para quienes mantienen vínculos con la República Oriental del Uruguay", explican los ciudadanos en su presentación a vecinet.
Texto de la carta
"Esta es la carta que varios ciudadanos preocupados por el futuro de nuestro medio ambiente compartimos con la Vicepresidenta Carolina Cosse en su visita al Consulado":
"A las autoridades ambientales competentes
Ministerio de Ambiente
República Oriental del Uruguay
15 de febrero de 2026 - Nueva York, EEUU
De nuestra mayor consideración:
La presente tiene por finalidad expresar, de manera respetuosa pero firme, la necesidad democrática, institucional y ética de convocar a un plebiscito nacional en relación con los proyectos de exploración y eventual explotación petrolera en aguas territoriales de la República Oriental del Uruguay.
La cuestión petrolera, por la profundidad, extensión y duración de sus impactos, rebase ampliamente el marco de un proyecto de gobierno e incluso el de una política de Estado entendida en términos ordinarios. Se trata, en rigor, de una decisión de carácter nacional y transgeneracional, cuyas consecuencias afectan de forma directa al medio ambiente, a la arquitectura institucional del país y a la calidad de vida de la población presente y futura.
Por esta razón, ninguna fuerza política puede asumir legítimamente, por sí sola, una decisión de esta magnitud, sin comprometer al país por décadas. Aún cuando se conformara una mesa de diálogo que alcanzara consensos entre las distintas fuerzas políticas, dicho acuerdo resultaría democráticamente insuficiente, pues la naturaleza del asunto exige la participación directa de la ciudadanía, en tanto sujeto colectivo afectado integralmente.
Consideraciones ambientales y legales
La exploración y explotación petrolera conllevan riesgos ambientales estructurales, ampliamente documentados:
· Contaminación marina por derrames, descargas operativas y residuos químicos.
· Afectación directa de ecosistemas marinos, especies protegidas y cadenas tróficas.
· Riesgos acumulativos y de largo plazo que no siempre pueden ser mitigados ni revertidos.
Estos riesgos entran en tensión directa con el marco legal vigente, que protege las especies marinas y los ecosistemas en todas las aguas territoriales del país, así como con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por Uruguay en materia de protección ambiental y biodiversidad.
Coherencia programática y responsabilidad política
La eventual habilitación de la explotación petrolera contradice explícitamente:
· La plataforma programática del actual proyecto de gobierno contempla la protección del medio ambiente como eje estratégico.
· El proyecto histórico de un “Uruguay verde”, que ha logrado reconocimiento internacional, particularmente a través del desarrollo de energías renovables como la energía eólica, sin recurrir a la explotación petrolera ni minera.
Modificar este rumbo mediante una decisión adoptada sin consulta popular directa no sólo debilitaría la coherencia del proyecto país, sino que erosionaría de manera profunda y duradera la credibilidad política del Frente Amplio, comprometiéndola por décadas.
Sobre la erosión de la credibilidad democrática
Pasar por alto la convocatoria a un plebiscito en una decisión de esta magnitud implicaría una irresponsabilidad tanto explícita como implícita:
· Explícita, por asumir una decisión de carácter nacional y transgeneracional sin el mandato directo de la ciudadanía.
· Implícita, por naturalizar un proceder antidemocrático en los hechos, aun cuando se mantenga una formalidad institucional.
Un acto de esta naturaleza no sería leído como una omisión circunstancial, sino como un precedente grave, con efectos persistentes sobre la confianza pública, la legitimidad moral del proyecto político y la relación entre ciudadanía, instituciones y representación democrática.
Consideración final
Uruguay ha alcanzado, sin explotación petrolera ni minera, uno de los mejores indicadores sociales, institucionales y ambientales de la región. Este logro no es accidental, sino resultado de decisiones prudentes, coherentes y sostenidas en el tiempo.
Por todo lo expuesto, se solicita respetuosamente que las autoridades ambientales promuevan y respalden la convocatoria a un plebiscito nacional, como única vía plenamente legítima para decidir sobre una cuestión que compromete el futuro del país y de varias generaciones.
Sin otro particular, y en el mayor respeto por las instituciones democráticas y el rol que a ustedes compete, saluda atentamente,
Patricia Aranibar, Artista, Nueva Jersey; Beatriz Arpayoglou, Arquitecta, Nueva Jersey; Mario Carrero, Músico, Florida; Beatriz Casanello, Pediatra, Nueva Jersey; Roberto Chao, Educador de Arte y Muralista Comunitario, Massachusetts; Javier Couto, Ingeniero y Escritor, París; Luis Custodio, Periodista, Montevideo; Juan Andrés Fagúndez, Empresario, Nueva York; Ana Fernández, Docente, Nueva York; Jorge Fernández, Docente, Nueva Jersey; José Lavalleja Castro, Ingeniero, FAO, Montevideo; Ivonne Levin, Arquitecta, Nueva York; Jorge Majfud, Profesor y Escritor, Florida; José Manggiarotti, Arquitecto, Nueva Jersey; Nelcis Oneill, Gestor Cultural, Nueva Jersey; Alberto Pereda, MD/PhD, Investigador Científico, Nueva York; Roberto Petingi, Docente, Nueva Jersey; Marcos Torres, Astrólogo, Nueva Jersey; Ariel Umpiérrez, YouTuber, Madrid.
4 – Afirman que prospección sísmica “genera impactos socioambientales en sitios que deberían ser protegidos”
por Camila Méndez (la diaria, 05.03.26)
La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras transmitió “preocupación” al Poder Judicial, pidió “respetar el conjunto legal que es base de nuestro sistema de convivencia” y definió las medidas de mitigación propuestas por el Ministerio de Ambiente para la sísmica como “una falta de respeto”.
Marchas, concentraciones, “cadenas humanas” que buscaban salvaguardar el mar. En la tardecita del jueves [5 de marzo] tuvo lugar una nueva movilización en Montevideo para pedir el cese de las prospecciones sísmicas en la plataforma marina, que tienen como objetivo saber si existen o no hidrocarburos y dónde sería propicio hacer un pozo exploratorio.
La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras viene organizando actividades en forma recurrente hace más de un año para difundir su mensaje. Sin embargo, esta instancia tuvo lugar en un momento particular. Los buques de la compañía CGG Services están en marcha, y hace tan solo unos días el Tribunal de Apelaciones en lo civil de sexto turno rechazó por mayoría la acción de amparo presentada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). La herramienta tenía como objetivo detener las prospecciones y fue desestimada por considerar que se presentó después del plazo establecido en la normativa. Mariana Mota, presidenta del organismo, dijo a la diaria que “hubiera sido deseable que se discutiera el tema de fondo”, es decir, la exploración y posible explotación de hidrocarburos, junto con los daños que podría ocasionar.
Preocupación por falta de garantías
En la proclama del jueves, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras manifestó su “mayor preocupación” ante “las limitaciones que ha impuesto el sistema jurídico” a sus reclamos. Recordó que presentaron un recurso y no fue “permitido”. En la causa que la organización inició junto con la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado, la Justicia negó su competencia. “¿Por qué al Poder Judicial no le competería una violación de la Constitución de la República que, en su artículo 47, establece que ‘las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente’? ¿Por qué se desentiende de evaluar contratos que violan la Ley 17.283 de Protección del Medio Ambiente? ¿Por qué permite que contratos con privados violen la Ley 19.128 que en 2013 declaró el mar territorial y la zona económica exclusiva de nuestro país como ‘santuario de ballenas y delfines’?”, preguntó.
El colectivo de personas subrayó que “se están agrediendo los derechos de las poblaciones costeras de continuar viviendo de la pesca y el turismo” y “el derecho de todos los uruguayos de disfrutar costas con vida”. Entiende que el Poder Judicial está “faltando a las garantías que debe otorgar a los ciudadanos”, y pidió “respetar el conjunto legal que es base de nuestro sistema de convivencia”. Alertó que “a nivel internacional hay cientos de artículos científicos que dan cuenta del daño ambiental letal que causan las exploraciones sísmicas”. “En todas las audiencias [públicas, que son espacios de participación abiertos], los oceanógrafos y biólogos uruguayos presentaron amplia información acerca de la gravedad del daño de la sísmica. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, nunca estuvo presente, pero sus funcionarios pudieron tomar nota”, esgrimió en el texto que fue leído ante los participantes.
¿Cuidando la inversión extranjera?
La organización señaló que el Ministerio de Ambiente, “en vez de cuidar el ambiente, está cuidando la inversión extranjera, dando el visto bueno a la depredación”. Cuestionó que la aprobación de la actividad por parte de la cartera se base “en los informes de los empleados de las petroleras y de las empresas de evaluación ambiental que esas empresas pagaron”. “Dicen que para mitigar el riesgo van dos biólogos a bordo y paran los disparos si ven a 1.000 metros una tortuga, una ballena, un delfín. Es una falta de respeto inaceptable”, agregó. Enseguida, rememoró la movilización que tuvo lugar en diciembre, donde entregaron más de 21.700 firmas en contra de la búsqueda y posible explotación de hidrocarburos. Aseguró que sus integrantes siguen “juntando firmas” y van a entregar “muchas más”.
La asamblea planteó que las petroleras generan “impactos socioambientales en sitios que deberían ser protegidos” y exigió a Ortuño que “detenga inmediatamente la exploración”. “Si no lo hace, debe renunciar, ya que no está cumpliendo con las responsabilidades que su cargo le asigna; está contribuyendo a violar la Constitución de la República, la Ley de Protección del Medio Ambiente y la ley que hace al mar uruguayo un santuario de ballenas y delfines”, esbozó en la proclama. Finalmente, declaró que en el Parlamento existe un proyecto de ley que pretende que los delitos contra el ambiente formen parte del Código Penal.
En este contexto, presentó preguntas dirigidas al presidente de la República, Yamandú Orsi. “¿No sería bueno, señor presidente, hacer una comunicación al Poder Legislativo para acelerar este proyecto? ¿A quién va a rendir cuentas usted: a empresas transnacionales con pesados prontuarios de destrucción ambiental y evasión de responsabilidades o a la ciudadanía de su país? Queremos la inmediata detención de la sísmica. Queremos áreas protegidas. Queremos un mar libre de petroleras”, insistió el conglomerado de personas.
5 – Menos situaciones de violencia, más atención en aula y cambios en los recreos, tras restringir el uso del celular
Esto sucedió en dos liceos y dos UTU tras prohibirles el uso del celular: baja de violencia y más atención en clase
Los casos incluidos en ese tramo del relevamiento corresponden a un liceo de Salto, un liceo de Paysandú, una UTU de Montevideo y una UTU de Treinta y Tres.
Según difundió El Observador, en los casos analizados, las direcciones reportaron menos situaciones de violencia, más atención en aula y cambios en los recreos tras restringir el uso del dispositivo.
El estudio sobre la gestión de celulares en aulas de Educación Media Pública en Uruguay de Ceibal relevó experiencias de regulación del celular en centros educativos uruguayos.
Uno de los grupos analizados fueron aquellos donde se prohibió de manera "total" o hubo "restricción muy fuerte" del uso del dispositivo.
El informe aclara que el análisis es descriptivo y que no busca evaluar la pertinencia ni el éxito de las medidas, sino reconstruir cómo surgieron, cómo se aplicaron y qué lectura hicieron de ellas los equipos de dirección y docentes.
Los casos incluidos en ese tramo del relevamiento corresponden a un liceo de Salto, un liceo de Paysandú, una UTU de Montevideo y una UTU de Treinta y Tres.
Aunque los contextos son distintos, en todos aparece un mismo punto de partida: el celular dejó de ser visto solo como una herramienta de uso cotidiano o pedagógico y pasó a ocupar un lugar central en conflictos de convivencia, episodios de violencia, dificultades de atención en clase y tensiones con docentes y familias.
Liceo de Salto
En el liceo de Salto, la decisión de restringir el celular surgió en 2024 después de un diagnóstico institucional impulsado por el equipo de gestión. Se trata de un centro de Educación Media Básica y Superior, con matrícula numerosa, fuerte identidad territorial y un perfil que el propio centro define como “barrial”, marcado por la continuidad generacional de familias que históricamente enviaron allí a sus hijos.
El informe señala que, aunque recibe a estudiantes de distintos contextos socioeconómicos, en el centro predominan los quintiles medios. También remarca que el liceo no tiene una cultura institucional ajena a la tecnología. Integra redes de innovación pedagógica, trabaja con CREA, dispone de Ceilab y promueve proyectos con enfoque STEM. Por eso, la regulación del celular no fue presentada como una impugnación del uso tecnológico, sino como una respuesta específica a problemas de convivencia asociados al dispositivo.
Según la dirección, el punto de quiebre estuvo en la cantidad de situaciones conflictivas que tenían como base redes sociales, mensajes, fotos y grabaciones. El equipo de dirección resumió ese escenario con una frase que el estudio recoge de forma textual: “95 % de las situaciones conflictivas que se daban en la institución era por el mal uso del celular”.
En esa descripción aparecen peleas iniciadas en redes, imágenes tomadas a compañeros sin consentimiento, fotos a docentes, circulación de contenidos en grupos de WhatsApp y también episodios que alteraban el clima laboral. El informe agrega que, en algunos casos, estudiantes se comunicaban de forma directa con sus familias frente a conflictos cotidianos, sin mediar el equipo de adscripción o la dirección. Ante ese panorama, y frente a criterios docentes dispares para manejar el tema en aula, el liceo optó por fijar una medida institucional común.
La resolución consistió en prohibir el uso del celular durante la jornada escolar, aunque con tres alternativas comunicadas previamente a las familias. Una era no llevar el dispositivo al centro. Otra, dejarlo al inicio del turno en cajas ubicadas en adscripción, donde quedaba guardado y bajo custodia hasta el final de la jornada. La tercera permitía llevarlo, pero mantenerlo apagado y dentro de la mochila.
Para sostener ese esquema, el liceo construyó cajas con compartimentos individuales y adquirió lockers, con la intención de garantizar la seguridad de los equipos y responder a inquietudes de las familias. La medida se aplicó desde séptimo hasta primero de Educación Media Superior, mientras que en los cursos más avanzados no se implementó, bajo la idea de una mayor capacidad de autorregulación y la presencia de estudiantes mayores de edad.
El estudio indica que el celular tampoco podía usarse en recreos. Solo se habilitaba cuando un docente lo requería para una actividad pedagógica puntual. En esos casos, el profesor retiraba la caja correspondiente, distribuía los dispositivos y asumía luego su control y devolución.
La implementación cotidiana recayó sobre todo en los equipos de adscripción, que tomaron a su cargo la recolección, custodia y control de los celulares. El informe marca que eso implicó una sobrecarga de tareas. También hubo diferencias entre niveles. Mientras en Educación Media Básica el apoyo docente fue mayor, en primero de Educación Media Superior aparecieron más resistencias, vinculadas a percepciones sobre la edad y la autonomía de los estudiantes.
Pese a esas tensiones, la dirección sostuvo la medida durante todo el año. Según el estudio, la evaluación del centro fue positiva. El equipo directivo reportó una disminución significativa de los conflictos vinculados al celular y una mejora en la atención en clase, con menos necesidad de llamados de atención constantes.
También describió cambios en los recreos y en la forma en que los estudiantes ocupaban los espacios comunes. La directora lo expresó así: “volvimos a ver a los chiquilines mirarse a la cara, conversar en los recreos”. El informe agrega que, según la percepción del centro, reaparecieron juegos compartidos, más uso de mesas y patios y menos aislamiento individual mediado por la pantalla.
La principal dificultad que dejó la experiencia estuvo en la opción de llevar el celular y conservarlo apagado dentro de la mochila. Para la dirección, esa alternativa generó tensiones, percepciones de desigualdad entre estudiantes y más exigencias de control para docentes y adscriptos. El centro entendió que esa posibilidad debilitaba la legitimidad de la norma y planteó que, si la experiencia continúa, sería mejor reducir las opciones a dos: no llevar el celular o llevarlo y entregarlo.
El liceo de Salto también señaló otro punto: la falta de un marco normativo más explícito en el sistema educativo. Según el informe, la dirección entiende que un respaldo más claro fortalecería la legitimidad de este tipo de medidas frente a eventuales cuestionamientos de algunas familias.
Liceo de Paysandú
El caso del liceo de Paysandú aparece en el estudio ligado a una dinámica institucional marcada por la gestión cotidiana de conflictos de convivencia. El centro atiende a una población estudiantil proveniente mayoritariamente de contextos de vulnerabilidad social media y alta, y la dirección lo describe como un liceo donde los conflictos vinculares entre estudiantes se repiten con frecuencia.
El informe recoge además una preocupación específica del equipo directivo: durante el último año se había registrado “un incremento de la violencia entre las chicas de forma importante”. En ese contexto, el celular era de uso habitual entre estudiantes y también podía funcionar como recurso didáctico para algunos docentes. Pero, según la dirección, el dispositivo se había convertido al mismo tiempo en una fuente de distracción constante y en un factor que alimentaba conflictos que luego terminaban dentro del liceo.
La medida comenzó a aplicarse a mitad del año lectivo, cuando la dirección identificó un aumento sostenido de episodios de violencia física entre estudiantes que se organizaban o escalaban a través de redes sociales. El director relató que “empezamos a darnos cuenta de que ellos interactuaban y se ponían de acuerdo a través del WhatsApp”, y que varias de esas situaciones derivaban en peleas durante los recreos.
El problema no terminaba ahí. El estudio señala que mientras algunas de esas agresiones ocurrían, otros estudiantes filmaban lo que pasaba y después lo difundían en redes. En paralelo, en las instancias de evaluación docente aparecía otra observación reiterada: la dificultad para sostener la atención en clase por el uso permanente del celular y la necesidad continua de pedir que lo guardaran.
Frente a ese diagnóstico, la dirección resolvió aplicar una prohibición total. La instrucción inicial fue que los estudiantes no debían llevar el celular al centro. Si alguien lo hacía y era visto utilizándolo, debía dejarlo en adscripción, la situación quedaba registrada mediante una observación y, además, un adulto responsable tenía que concurrir a retirarlo.
La medida fue comunicada formalmente a las familias. Según el estudio, hubo resistencias en un grupo minoritario de padres, algunos de los cuales elevaron cartas y notas a instancias superiores, incluida la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública). De todos modos, el liceo mantuvo la decisión con respaldo de la inspección.
El centro contempló excepciones para casos puntuales de comunicación familiar. En esas situaciones, el estudiante podía concurrir con el celular, dejarlo apagado en una caja de adscripción, usarlo durante el recreo en casos concretos y retirarlo al finalizar la jornada. El director lo fundamentó así: “una vez que ellos entran a la institución, ellos tienen que estar bajo nuestra supervisión”.
El cambio también abrió un frente interno con parte del cuerpo docente que recurría al celular en propuestas pedagógicas. La respuesta de la dirección fue impulsar el uso de computadoras del centro y gestionar ante Ceibal una ampliación de equipos, ya que no todos los estudiantes contaban con un dispositivo en funcionamiento.
Según el equipo directivo, la experiencia produjo efectos positivos en el clima institucional y en la dinámica de aula. El estudio recoge la percepción de que, una vez aplicada la medida, en los recreos hubo más diálogo entre estudiantes y menos grupos aislados mirando la pantalla. También se registró, de acuerdo con la dirección, una reducción de las situaciones de violencia más graves.
El informe aclara que los problemas vinculares no desaparecieron por completo, pero remarca que la dirección identificó un corte importante en la secuencia de episodios más serios. En palabras del director, “el último gran problema que tuvimos fue cuando tomamos las medidas”.
El caso de Paysandú incluye además datos cuantitativos surgidos de una encuesta al cuerpo docente, con 57 respuestas. Allí, el 90 % consideró que el no uso del celular disminuyó las problemáticas entre estudiantes, mientras que más del 75 % calificó ese impacto como “bueno” o “satisfactorio”.
En relación con la tarea docente, el 79 % sostuvo que su trabajo no se vio afectado por la medida. Un 14 % señaló que la afectación fue aceptable y un 7 % entendió que no lo fue. A su vez, el 80 % indicó que el rendimiento académico de sus estudiantes mejoró tras la implementación.
El estudio agrega que la mayoría de las familias recibió bien la decisión y que muchos padres valoraron el respaldo institucional para limitar el uso del celular. A partir de esa experiencia, el liceo proyectaba sostener la prohibición en el año siguiente e incorporarla al consentimiento que las familias firman al momento de la inscripción.
UTU de Montevideo
La experiencia relevada en una UTU (Universidad del Trabajo del Uruguay) de Montevideo se desarrolla en un centro de educación técnico-profesional que atiende principalmente a estudiantes provenientes de contextos socioeconómicos vulnerables, ubicados en el quintil 1. Según la directora, esa realidad exige “un acompañamiento muy cercano” por parte de la institución.
El centro ofrece distintas modalidades, entre ellas Educación Básica Integrada, Formación Profesional Básica y bachillerato, y también cuenta con recursos tecnológicos. El estudio menciona dispositivos de Ceibal, uso de CREA y propuestas vinculadas a robótica y STEM. Al igual que en el liceo de Salto, la regulación del celular no es presentada como rechazo a la tecnología, sino como una respuesta al “mal uso” del dispositivo.
En este caso, el origen de la iniciativa estuvo en reiteradas quejas docentes por la falta de atención en clase y en conflictos de convivencia mediados por redes sociales. Entre los episodios señalados aparece la creación de una cuenta de Instagram en la que se difundían comentarios ofensivos sobre integrantes de la comunidad educativa.
La directora describió además un escenario de dependencia fuerte del celular, asociado tanto a juegos como a redes. El estudio recoge esta frase: “los chiquilines en la casa están todo el día con el celular, se acuestan tardísimo y después llegan acá sin poder concentrarse”. Ese diagnóstico llevó al centro a poner el foco no solo en la distracción, sino también en el modo en que el dispositivo incidía sobre los vínculos cotidianos.
La medida adoptada implicó prohibir el uso del celular durante las clases, mediante un sistema de canastos ubicados en la dirección. Cada estudiante debía dejar su dispositivo dentro de un sobre individual identificado. El formato buscó resolver una preocupación concreta del cuerpo docente: no querer manipular directamente los celulares.
Según la directora, en un primer momento se había evaluado que los estudiantes dejaran los aparatos sobre el escritorio, pero esa idea no prosperó. La resistencia no pasaba únicamente por una cuestión operativa, sino por la decisión de no asumir responsabilidad sobre un objeto personal que podía generar conflictos posteriores.
Con el sistema finalmente adoptado, si un estudiante era visto usando el celular en clase o en los pasillos, debía llevarlo a la dirección, donde quedaba guardado hasta el final de la jornada. Si lo mantenía guardado en la mochila y no lo usaba, podía conservarlo. En algunos casos, incluso podía utilizarlo en recreos, según el criterio del docente.
Esa combinación hizo que la aplicación fuera parcial y desigual entre niveles y turnos. El estudio señala que los estudiantes de mayor edad se adaptaron con mayor facilidad e incluso hubo algunos que entregaban voluntariamente el celular al reconocer que, si lo tenían consigo, se distraían.
En esos grupos, la dirección y los docentes percibieron mejoras en la atención y en el clima de clase. También reportaron cambios en los recreos, con más participación en actividades deportivas o lúdicas y menos uso individual del dispositivo.
La principal limitación estuvo en la adhesión del cuerpo docente. El informe aclara que la heterogeneidad no respondió solo a diferencias pedagógicas, sino también al cansancio, a la evitación del conflicto y a las distintas relaciones que cada docente construía con sus grupos. La directora lo resumió así: “tenemos que tener a todos los docentes afines a eso, y todavía no se da eso”.
Según el estudio, esa aplicación desigual debilitó la legitimidad institucional de la medida. Los estudiantes detectaban con rapidez qué docentes la sostenían y cuáles no, y eso terminaba afectando su efectividad. Aun así, la dirección valoró la experiencia como un primer paso positivo, sobre todo por las mejoras observadas en atención y convivencia.
El informe subraya, sin embargo, que el propio centro reconoce que para sostener una regulación de este tipo en el tiempo necesita reforzarla desde el comienzo del año lectivo, construir más consensos y lograr mayor compromiso del colectivo docente. La directora sintetizó esa dependencia con otra frase recogida en el estudio: “si no tengo el apoyo de los docentes, no pasa nada”.
UTU de Treinta y Tres
La UTU de Treinta y Tres que aparece en el relevamiento tiene un perfil institucional distinto al resto de los casos. Es una institución de Educación Media con orientación agraria, organizada bajo modalidad de alternancia y con residencia estudiantil. La mayoría de sus alumnos son internos: pasan una semana en la escuela y otra en sus hogares. Un grupo menor asiste como estudiante externo, pero igual permanece en el centro durante jornadas largas.
Esa estructura configura una convivencia intensa y prolongada, con actividades que comienzan temprano y se extienden hasta la noche. En ese marco, la regulación del celular no aparece como una decisión reciente ni como respuesta a una coyuntura puntual, sino como parte de una política institucional estable.
Según la directora, la práctica se aplica desde 2012 o 2013, cuando una directora anterior acordó con las familias que los estudiantes debían entregar sus teléfonos al ingresar al centro. Desde entonces, la medida se mantuvo a lo largo de distintas gestiones y sin interrupciones significativas.
En esta experiencia, la entrega del celular está integrada a la rutina institucional. El estudiante externo lo deja al entrar y lo recupera cuando termina la jornada. El interno, en cambio, lo entrega durante todo el día y solo dispone de una habilitación acotada de alrededor de una hora u hora y media por la noche, después de cenar. Luego vuelve a entregarlo antes de irse a dormir.
La directora explicó esa dinámica en el estudio: “el alumno externo entra, entrega el celular y cuando se va, se le da el celular”. En el caso de quienes viven en la residencia, la lógica es más amplia, porque la regulación también alcanza el tiempo no lectivo, salvo ese tramo breve de uso recreativo nocturno.
Durante el horario educativo, los celulares quedan guardados en un mueble especialmente diseñado y ubicado en el área de adscripción. El uso pedagógico, sin embargo, está habilitado y es frecuente. Cuando un docente lo requiere para trabajar en clase, un estudiante —por lo general el delegado— retira los dispositivos, los lleva al aula y luego los devuelve. El acceso, por tanto, se da dentro de una lógica colectiva, regulada y asociada a una finalidad pedagógica concreta.
En 2023, además, el centro incorporó otra restricción: el control del uso de computadoras sin supervisión, tanto de dispositivos de Ceibal como de equipos personales. Esa medida se tomó después de detectar un número alto de estudiantes con múltiples unidades curriculares pendientes.
La directora señaló que en 2023 había entre 30 y 40 estudiantes en espacios de acompañamiento, dentro de una matrícula de entre 100 y 110 alumnos. Tras aplicar esa nueva restricción, la evaluación de 2024 mostró, según su testimonio, una caída importante de esa cifra, que quedó por debajo de diez.
El estudio presenta este caso como una experiencia de regulación muy institucionalizada y sostenida en el tiempo, donde la participación de las familias fue central. La directora destaca que hubo acompañamiento tanto en la medida sobre celulares como en la regulación de computadoras, y que en este último caso algunos padres incluso expresaron su aprobación de forma explícita. Según su relato, “los padres casi que me felicitaban”.
Sobre los estudiantes, la dirección reconoce que no siempre acuerdan con tener menos tiempo de uso, pero también señala que varios terminan identificando efectos positivos sobre su concentración y sus aprendizajes. El informe ubica allí una diferencia importante respecto de otros casos: la medida no aparece como una intervención puntual ante una crisis reciente, sino como una regla estable que la comunidad educativa ya incorporó a su funcionamiento.
En esa UTU, la modalidad de alternancia, la residencia estudiantil y la fuerte implicación de las familias aparecen en el estudio como factores decisivos para la viabilidad de una política de restricción tan extendida.
5 – Centros en Foco: el audiovisual como puente entre educación y comunidad
El pasado 27 de febrero se realizó la presentación oficial de la propuesta Centros en Foco en la Sala de Inspectores de Área y Asignatura de UTU, un programa que surge con el objetivo de fortalecer el vínculo entre los centros educativos y sus comunidades, visibilizando el trabajo cotidiano y las experiencias transformadoras que se desarrollan en cada institución.
4 de marzo de 2026
Esta instancia, impulsada por la Dirección General de Educación Técnico Profesional, se realizó con la coordinación de la inspectora coordinadora de Área/Asignatura, Guadalupe Barreto, y el subdirector general de Universidad del Trabajo del Uruguay, Wilson Netto. Además de llevarse a cabo por el equipo responsable integrado por el Inspector de Audiovisual, Álvaro Camilo, la coordinadora Karin Porley, y docentes y referentes territoriales nacionales, Leonardo Nahum y Abel Alonzo.
Centros en Foco es una iniciativa de acción institucional que trasciende el aula para ofrecer acompañamiento, herramientas creativas y metodologías participativas que permiten a cada centro narrarse y proyectarse desde su realidad. Se sustenta en el uso del lenguaje audiovisual como recurso pedagógico para que los centros educativos puedan contar sus propias historias y procesos, abordando temáticas sociales relevantes y generando sentido de pertenencia e identidad en su territorio.
De esta manera, Centros en Foco se posiciona como un espacio de expresión, donde cada comunidad educativa es protagonista de su relato y de su impacto en la sociedad.
Si en tu centro educativo existen proyectos vinculados con la comunidad o con alguna temática social, te invitamos a comunicarte a centrosenfoco@utu.edu.uy y ser parte de la propuesta. Los interesados en inscribirse pueden acceder mediante el siguiente enlace.
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