Diario El Observador - 12/08/1999
10 % de los uruguayos
“Falta muchísimo” para la
integración
Sí
No
Normativa
por Ana Inés Cibils de la redacción de El Observador
Salir de casa, ir al supermercado, estudiar o simplemente cruzar la calle y tomar un ómnibus puede transformarse en una tarea prácticamente imposible si se está en una silla de ruedas. Y la sola idea de enfrentarse a veredas rotas, escalones u otras barreras arquitectónicas descorazona a muchos de los que tienen alguna dificultad motriz que les dificulta el desplazamiento.
Sin embargo, un grupo de instituciones comenzó a trabajar para que la ciudad brinde mejores servicios a estos uruguayos. Se calcula que el 10% de la población uruguaya padece algún tipo de discapacidad y que un 4% tiene dificultades motrices.
Quienes se desplazan por Montevideo en silla de ruedas disponen de rebajes en el tramo de 18 de Julio entre Ejido y la plaza Independencia. Además, las plazas que se remodelaron en los últimos meses son accesibles, así como los shopping y muchos hoteles.
La Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) hizo una rampa en Michigan y la rambla para bajar a la playa; el aeropuerto de Carrasco tiene rampas y baños para discapacitados y el Estadio Centenario presenta un sector especialmente arreglado para permitir el acceso de sillas de ruedas. El Teatro Solís, el nuevo edificio del SODRE y la sala Alfredo Zitarrosa se sumarán a la lista. Pero eso no alcanza.
Gente en obra
Delegados del Sindicato Médico (SMU), de la Facultad de Arquitectura y del Plenario Nacional de Personas con Incapacidad Física (Plenadi) comenzaron a analizar el tema de las barreras arquitectónicas y urbanísticas para lograr que todos los lugares sean accesibles, incluso para quienes tienen algún tipo de incapacidad. “Recién empezamos a conversar. Pero estamos tratando de juntar varias cabezas para que sea visto como un problema nacional”, contó a El Observador Antonio Turnes, administrador del SMU.
“Hay barreras arquitectónicas en toda la ciudad, en los edificios públicos y aun en los de atención médica. Estamos viendo cómo podemos colaborar para que en todos los lugares donde hay atención médica haya igualdad de acceso”, explicó Turnes, quien señaló que son pocos los hospitales o mutualistas que tienen acceso para personas discapacitadas o baños para ellos.
“No está en la cabeza de los directores, ni de los administradores ni de los arquitectos”, subrayó. “Y las personas por ser discapacitadas no están impedidas de valerse por sus propios medios, esas estructuras tienen que estar incorporadas”.
Evolución favorable
Para Mabel Ubiría, secretaria general del Plenadi, la accesibilidad de las personas con incapacidades motrices “ha ido evolucionando” aunque consideró que “siempre demora un poco”.
“Hay otros países que tienen otras razones como las guerras que los hacen tomar conciencia mucho antes. Pero en este país, a nadie le importaba que las personas con discapacidad estuvieran en su casa”, opinó. Según Ubiría, el cambio que se está logrando se debe a la lucha de los propios discapacitados por obtener igualdad de oportunidades.
Ubiría tiene 67 años y hace seis que está en una silla de ruedas, pero antes utilizó bastones. Eso no le impidió recibirse de arquitecta, pese a que cuando terminó la carrera ya se desplazaba con dificultad. “Igual trabajé durante 30 años y creo que somos las propias personas con discapacidad las que tenemos que mostrar que se puede”, destacó.
La arquitecta añadió que la ciudad también debería tener más elementos para ayudar a las personas ciegas o sordas. “En los parques y plazas hay que buscar la manera de que las personas ciegas tengan elementos que los guíen. En las plazas, por ejemplo, los canteros con plantas los ayudan a orientarse y también está ahora la experiencia de los semáforos”, manifestó.
Falta de conciencia
“Supuestamente todos los arquitectos deben cumplir con la reglamentación del decreto municipal. Pero es una normativa que va a cumplir 10 años y no hay demasiada conciencia de los técnicos ni los controladores, lo que hace que muchas veces no se aplique la ordenanza o, peor, se aplique con errores”, señaló a El Observador Jorge Galindes, director general de Arquitectura de la Universidad de la República y docente del Instituto de Diseño de la Facultad de Arquitectura.
Agregó que “se actúa en forma muy despareja. En 18 de Julio está muy bien resuelto, pero en otros lugares se hizo mal”. Galindes dijo que “falta conciencia y tener claro para qué sirven las cosas” porque “las barreras son más sociales que físicas”.
El Instituto de Diseño comenzó a trabajar en el tema a mediados de la década de 1980, cuando una organización pidió que se hiciera un proyecto de viviendas. “Nos dimos cuenta que como arquitectos nunca habíamos recibido formación” sobre las necesidades de los discapacitados.
El arquitecto destacó que la accesibilidad no sólo implica ingresar a un edificio, sino después poder dirigirse a los diferentes espacios del mismo y usarlos. “La rampa de la facultad recién resuelve uno de los parámetros. No pueden subir a la planta alta y tampoco pueden usar algunos lugares, como los baños”, señaló.
“Las medidas son sencillas, pero el proceso para concretarlas es lento porque no todos están concientizados”. El instituto ha hecho algunas “prácticas introductorias” con los estudiantes, que implican hacer un recorrido dentro del edificio con una silla de ruedas, y después hacer lo mismo por el barrio, para que los alumnos vean las barreras que encuentran a su paso.
10 % de los uruguayosDe acuerdo al último censo de población, esa cifra representa alrededor de 317 mil personas. En América Latina ese porcentaje sube a un 17% del total de la población. |
A los 3 años Víctor Mariscalchi tuvo polio, lo que le dejó secuelas en los medios superiores e inferiores y significó que durante varios años debió usar una especie de pantalón de yeso. A los 8 años empezó a ir a la escuela, gracias a la ayuda de su madre, que lo llevaba cada día alzado para que pudiera entrar al local. A los 12 años empezó a caminar y a los 19 obtuvo un cargo de peón en una multinacional. Allí terminó siendo encargado, para luego pasar a una empresa pública, donde se desempeñó como ascensorista y luego ayudante de contador. A los 36 años fue a Estados Unidos con una beca, estudió Relaciones Públicas y se transformó en uno de los primeros profesores en esa materia de Uruguay. En total, pasó por 14 operaciones a lo largo de sus 57 años de vida, y actualmente se desplaza con bastante facilidad. Hace 15 años que es jefe de Relaciones Públicas de OSE y también el presidente de la Asociación de la Asociación Pro Recuperación del Inválido (APRI).
Para Mariscalchi “los mayores obstáculos surgen de la falta de conciencia en la sociedad y en el gobierno de que el discapacitado debe tener oportunidades de integración, tanto laborales como culturales y recreativas. La Intendencia sí se ha concientizado y en varios cruces está poniendo rampas. Pero son lugares muy puntuales, el transitar de cualquier persona no se circunscribe a 18 de Julio”. Mariscalchi considera que debería haber una política especial en ese sentido, para que en cada esquina se vayan creando lugares de acceso.
Desde 1990 la legislación establece que el 4% de las vacantes públicas deben ser ocupadas por discapacitados, pero “como no está reglamentada no se cumple”, señaló. Otra ley, de 1962, faculta al Banco República a dar créditos para comprar medios de recuperación o integración para personas discapacitadas, como automóviles, sillas de ruedas o bastones. “Han pasado 37 años y el BROU no dio hasta ahora un solo crédito”, se lamentó.
“En la institución tenemos 3.000 socios y veo que son muy pocas las puertas que se abren para darles oportunidades. Sigue primando la primera impresión, nos juzgan como nos ven. Me duele, porque estamos capacitando gente y cuando luego de mucho esfuerzo egresan del curso no tienen la oportunidad de volcar sus conocimientos”, señaló.
El presidente de APRI enumera otras decepciones: el Banco Hipotecario tiene decretos internos que lo facultan a dar créditos a personas discapacitadas para acceder a la vivienda, pero esa línea de crédito se cerró; la Comisión de Educación Física no apoya a los deportistas discapacitados; desde 1994 un proyecto de hacer una piscina que sería usada por todo el barrio “duerme” en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Según Mariscalchi, “falta muchísimo” para la integración. Hace poco APRI consiguió una beca en una institución deportiva para que los jóvenes hicieran gimnasia y natación. Pero a las pocas semanas las autoridades del club dijeron que “había cierta discrepancia de los socios” y les pidieron que fueran de 6 a 7 de la mañana o de 11 a 12 de la noche.
“En EEUU nadie se daba vuelta a mirarme por ser discapacitado. Es haber asumido que la discapacidad no es una diferencia”, señaló Mariscalchi. “Cuando daba clases era consciente de que los chicos me miraban las manos o mi forma de caminar. Es una etapa que uno debe superar y la asimilaba y comprendía. Pero no hay conciencia que el discapacitado es una persona más, sólo que con una deficiencia física”.
El decreto aprobado el 24 de octubre de 1985 por la Junta Departamental, y reglamentado en 1989, establece que la construcción, ampliación y reforma de los edificios públicos y privados destinados a uso público, así como la planificación y urbanización de las plazas o parques públicos deberán posibilitar el acceso y utilización de personas discapacitadas. Agrega que las instalaciones, edificios y calles existentes deberán adaptarse gradualmente. También establece que “los proyectos de conjuntos habitacionales que se lleven a cabo por organismos públicos o privados deberán incluir obligatoriamente un mínimo de un 3% de viviendas destinadas específicamente a personas discapacitadas”.
El edil Jaime Igorra que esta semana hizo una intervención en la Junta por este tema dijo a El Observador que, si bien hay normativas, “no se cumplen en su totalidad y es muy poco lo que se verifica”.
“El concepto de incapacidad no es exclusivo para el inválido. Incluye a las mujeres embarazadas a término, que pueden tener dificultades para desplazarse, o a cualquier persona sana que se fractura y pasa a ser por un período de tiempo un incapacitado. Las personas mayores, por reflejos o capacidad motriz, también tienen limitaciones”, añadió. Según Igorra, “un país que quiere ser sede del Mercosur tiene que tener en cuenta estos aspectos. Hay muchos turistas adultos mayores y con discapacidades motrices que, si averiguan que en este país no les ofrecen las mínimas garantías, no vienen”.
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Guillermo Font - ELECTRICISTA
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