 FUCVAM |
SEMINARIO
INTERNACIONAL |
 |
Federación
de Tierra, Vivienda y Hábitat
Central
de Trabajadores Argentino
1.-
Identificación general
Nombre
de la experiencia:
Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat – Central de Trabajadores
Argentinos (FTV-CTA)
Ubicación:
República Argentina
Autores
de la ficha:
Carla Rodriguez, Lucila Pucci, José Rocha, Soraya Giraldez, Andrea Echevarría,
Eduardo Balán, Javuer Bráncoli, Rubén Pascolini, Jorge Ñancucheo, Benigno López.
Breve
caracterización del caso:
La Federación de Tierra y Vivienda constituye una red nacional de
organizaciones comunitarias que surge a partir de las demandas, problemas y
necesidades que afectan a barrios y asentamientos de las grandes ciudades, así
como comunidades y pueblos situados en el ámbito rural.[1]
2.-
Historia, antecedentes y contexto
Contexto
social, político e institucional en que se desarrolla la experiencia:
El
incremento de la pobreza y el desempleo encuentra una objetiva materialización
en la situación de marginación que padecen miles de familias para acceder a la
tierra propia, a la vivienda digna y a un hábitat adecuado: campesinos y pequeños
productores obligados a migrar a los centros urbanos; comunidades indígenas
cercadas por la destrucción de su cultura y medio ambiente; barrios y
asentamientos de las periferias de las grandes ciudades en condiciones de
precariedad y hacinamiento; sectores medios pauperizados que ven perder su
vivienda por remates y desalojos compulsivos configuran un doloroso mapa de la
exclusión .
De
acuerdo a una estimación de las necesidades habitacionales realizadas por la
Subsecretaría de Vivienda de la Nación[2]
en 1995 el déficit habitacional
correspondía a un 33% del total de hogares. Presentan condiciones deficitarias
de vivienda 3039018 familias[3],
es decir que más de la tercera parte de la población vive hacinada y/o en
viviendas precarias.[4]
La
evolución de la situación de tenencia
(de viviendas y terrenos) pone en evidencia la declinación de las
condiciones de vida a través del abrupto descenso de las formas regulares de
ocupación de las viviendas (que disminuyen, en su conjunto, del 87.3% en 1980
al 82% en 1991) aunque en este período abarca la Dictadura Militar en que
estaba prohibido lo irregular. Para la última fecha, alrededor de 1millón 500
mil hogares presentaban alguna modalidad de ocupación informal (a través de la
ocupación de hecho de tierras y/o edificios, el préstamo o la cesión )
Finalmente, considerando la distribución del déficit entre diferentes estratos
de la población agrupados según niveles de ingresos, el 84% de las situaciones
deficitarias se encuentra en los
estratos bajos y medios bajos, aquellos que han sido directamente golpeados por
el proceso de transformaciones económicas y sociales que
se llevaron adelante en la última década en nuestro país y que
requieren de la acción estatal para solucionar sus problemas.
La
falta de una política de tierra y vivienda en nuestro país y el fenómeno crónico
de desempleo y precariedad laboral afecta a una tercera parte de la población
(como se ve en el cuadro) y constituyen aspectos de una misma realidad.
El
intento de organizaciones sociales y comunitarias por dar respuesta a estas
necesidades encuentra muchas alternativas solidarias pero aisladas. La Federación
de Tierra y Vivienda constituye un espacio de articulación de estas
experiencias e intenta recomponer en el plano organizativo a aquellos sectores
que fueron desplazados del mercado laboral y por lo tanto ven reducida su
capacidad de acción en las organizaciones sindicales tradicionales.
CUADRO
1 : Argentina. Algunos datos síntesis. [5]
|
Población |
Personas. |
Hogares |
|
Total
de población.(1) |
34.180.171 (100)% |
9.243.858 (100%) |
|
Total
de población en situación habitacional deficitaria.(2) |
12.782.279 (37%) |
3.039.018 (33%) |
|
Total
de población en situación de pobreza. (Pobres
e indigentes) (3) |
13.000.000 (38%) |
3.523.000 (38%) |
|
Total
de población con problemas de empleo. (4) |
6.800.000 |
- |
Originador
del proyecto
El
desarrollo político y organizativo de la Federación Nacional de Trabajadores
por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat (FTV) como ámbito donde confluyen
experiencias diversas y heterogéneas plantea un doble desafío: por un lado
consolidar un espacio de articulación de organizaciones de base con acción en
ámbitos territoriales que, en el marco de la Central de Trabajadores Argentinos
(CTA) logre instalación en el escenario nacional y por otra parte desarrollar
políticas y proyectos específicos destinados a cada sector que puedan tener
impacto en la agenda de las políticas públicas estatales y en las
organizaciones de la sociedad civil.
Fecha
de inicio:
Congreso Fundacional 18 de Julio 1998
Fases
del proceso:
conformación de una red nacional; institucionalización de la red y sus
representaciones locales; elección directa de autoridades; gestión y
desarrollo de políticas y proyectos destinados al sector.
Situación
actual:
desarrollo territorial y organizativo de la red con alcance nacional a partir de
la conformación de mesas de alcance local y provincial.
3.-
Objetivos, estrategias y alcances
Según el Estatuto aprobado en el Congreso Fundacional de la FTV, se plantean un conjunto amplio de objetivos y metas que dan sentido a esta red:
a)
Representar y defender los intereses de todos aquellos trabajadores comprendidos
en su ámbito subjetivo de actuación, tendiendo a remover los obstáculos que
de cualquier forma impidan o dificulten la realización plena de los mismos.-
b)
Garantizar, practicar y defender la más absoluta autonomía sindical con
respecto al Estado, los empleadores y partidos políticos.-
c)
Hacer efectiva la democracia sindical, promoviendo el voto directo y secreto de
los afiliados para elegir las conducciones Locales, Provinciales o Regionales, y
Nacionales. Rechazar las estériles divisiones y el sectarismo de cualquier
tipo.-
d)
Revalorizar la ética en la conducción y representación, atacando la corrupción
y el falso pragmatismo con el que las dirigencias caducas terminan legitimando
el saqueo del patrimonio nacional y el ajuste perjudicial a los que elaboran la
riqueza del país.-
e)
Defender la democracia recuperada por la lucha popular y su profundización
hasta alcanzar la verdadera democracia política, económica y social.-
f)
Defender los intereses de los pobladores de villas, barrios y asentamientos de
las grandes ciudades del País.-
g)
Procurar la defensa de la propiedad de la tierra adquirida por la ocupación pacífica
de tierras privadas o fiscales.-
h)
Defender los intereses de los campesinos y pequeños productores que a su vez no
tengan trabajadores en relación de dependencia.-
i)
La defensa de la tierra de los campesinos y productores rurales y las
condiciones de trabajo de los trabajadores rurales que se desempeñan en grandes
establecimientos.-
j)
Asegurar el acceso a la vivienda digna y la defensa del crédito social para las
viviendas de los trabajadores.-
k)
La defensa de los intereses y derechos de los trabajadores que viven en casas
tomadas, falsos hoteles, inquilinatos y pensiones.-
l)
La defensa de los derechos a la tierra, al trabajo y a la no discriminación de
los pueblos originarios;
m)
La defensa, organización de los trabajadores usuarios de las Empresas Privadas
de Servicios Públicos.-
n)
Promover la organización vecinal cooperativa y de trabajadores que provuren la
provisión de los servicios públicos escenciales: agua, electricidad, cloacales,
etc.-
Las
líneas de acción estratégicas están orientadas por :
La
FTV
impulsa cobertura jurídica legal para apoyo
en conflictos por la tenencia de la tierra y la vivienda que enfrentan
las organizaciones afiliadas, este apoyo se complementa a través del contacto
con medios de comunicación, apoyo institucional, formación de delegados, y la
implementación de diferentes estrategias de presión, en conjunto con otras
organizaciones.
La
FTV
plantea la gestión de planes y proyectos que beneficien a este sector, y
reclama la implementación de políticas sociales específicas que promueven la
regularización dominial, la vivienda popular, el acceso a la infraestructura
adecuada, respetando y consolidando la autonomía y autogestión de las
organizaciones participantes.
La
FTV
fortalece el desarrollo territorial a través de una estructura legitimada a
partir de elecciones democráticas en todo el país, integrada por
organizaciones locales, que en cada región protagonicen la defensa por el
derecho a la tierra y la vivienda, a su vez articuladas en una mesa nacional que
unifique los principios políticos operativos que guiarán la acción.
La
FTV
implementa espacios de capacitación
para dirigentes y compañeros de las organizaciones convocadas, en lo
que hace a la problemática legal, y cuestiones técnicas relacionadas a
gestiones, formulación de proyectos constructivos-productivos, socializando
herramientas metodológicas necesarias en el fortalecimiento de la autonomía de
las organizaciones.
Tamaño
de la población participante y beneficiaria:
10000 asociados de 15 provincias del país.
Alcance
territorial:
nacional
Aspectos
innovadores:
El
aspecto socio organizativo constituye el objetivo específico y el principal
aporte diferencial de nuestra experiencia ya que constitutye un intento de
articulación entre las organizaciones sociales y comunitarias y el movimiento
obrero. Una relación con viejos antecedentes históricos que encuentra desde
esta perspectiva un enfoque innovador: la
nueva fábrica es el barrio ya que permite reconstituir nuevos lazos
asociativos.
La
caracterización de la situación actual del movimiento sindical en la Argentina
determina que hayan perdido centralidad las organizaciones del movimiento
obrero y su poder de negociación.
Por
lo tanto, el intento de la CTA por recomponer en el terreno organizativo a
aquellos sectores que han perdido inserción en el mercado laboral da origen a
esta red nacional de organizaciones que es la FTV, con idea central que hoy se
expresa en que el territorio, el barrio, la comunidad son la retaguardia son los
ámbitos de organización de una nueva clase trabajadora.
Por
otra parte la constitución de esta red ha permitido promover y capacitar nuevos
dirigentes sociales con una perspectiva política en el ejercicio de su rol a
partir de la problemática específica del hábitat y la vivienda.
Al
mismo tiempo se han favorecido los espacios de negociación y gestión frente al
estado teniendo logrando un mayor reconocimiento y visibilidad de nuestras
organizaciones en el escenario nacional.
Desde
el punto de vista metodológico el desarrollo de esta experiencia se nutre de
viejas tradiciones asociativas como el cooperativismo y el fomentismo; el
movimiento obrero y las comunidades eclesiales de base.
4.-
Actores involucrados y papel que desarrollan
4.1
Actores sociales e institucionales
que sustentan la experiencia.
Población
beneficiaria:
pobladores de asentamientos, casas tomadas e inquilinatos, villas urbanas;
comunidades de pueblos originarios, campesinos y trabajadores rurales;
adjudicatarios de planes oficiales de vivienda; organizaciones de usuarios de
servicios públicos privatizados.
Organizaciones
sociales:
sindicatos nucleados en la CTA, cooperativas de pequeños productores y
campesinos; comunidades de pueblos originarios; asociaciones civiles y entidades
vecinales de barrios y asentamientos urbanos; comisiones de desalojados y de
usuarios de servicios públicos.
ONGs.:
de apoyo para asistencia técnica, gestión institucional, asesoramiento y
capacitación (Fundación Vivienda y Comunidad; Asociación Civil Madre Tierra)
Gobierno
(local, nacional): constitución de ámbitos de gestión con los gobiernos
locales como por ejemplo Consejo de Crisis de La Matanza; Consejo de Tierra y
Vivienda de Quilmes; Comisión Ley 341 ciudad de Buenos Aires.
Universidades:
Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (ATE); Facultad de Ciencias
Sociales UBA.
Cooperación
internacional:
Comité Católico Francés contra el Hambre y por el Desarrollo
4.2
Composición y origen de las organizaciones de base que integran la FTV
En
los barrios y asentamientos de las grandes ciudades
el proceso expulsivo de estos grandes centros urbanos en vías de modernización,
el crecimiento vegetativo de la población[6]
en los cordones que rodean las grandes ciudades, las migraciones internas, el
desempleo crónico y la precariedad laboral son las principales causas que
definen un escenario complejo, heterogéneo y altamente turbulento.
La
mayor incidencia del déficit habitacional se sitúa en estos centros urbanos:
·
Gran
Buenos Aires: 749503 hogares (26% del total)
·
Santa
Fe: 243693 hogares (8%)
·
Córdoba:
234641 hogares (7,7%)
Frente
esta situación se reproducen las experiencias organizadas de toma de tierras -
fiscales y privadas - en ciclos aproximados de una década que representan
verdaderas oleadas de familias pobres y sin tierra produciendo ocupaciones
masivas (la mayoría en el marco del período democrático). Se desarrollan
comisiones de delegados de asentamientos ligados a la problemática del hábitat
urbano y del empleo. En muchos casos estos conjuntos de familias cuentan con el
apoyo de organizaciones gremiales, políticas y pastorales. Las políticas de
regularización dominial y otras complementarias que han implementado los
distintos niveles de gobierno para atender estas críticas situaciones, siempre
marchan muy por detrás de las dinámica poblacional, resolviendo sólo
parcialmente situaciones de larga data y, generalmente, transfiriendo problemas
y generando otros nuevos a las familias (pagos que no pueden afrontarse, cargas
y costos de urbanización, padecimiento de enfrentamientos de instancias de
gobierno de distintos niveles que debieran cooperar entre sí,
boicots a las organizaciones propias de los distintos barrios, y la lista
continúa).
En
el caso del acceso a los servicios
públicos uno de los principales aspectos que presentó el desempeño de
las empresas privatizadas durante los ’90 es que las inversiones que
realizaron las firmas fueron financiadas sistemáticamente por los usuarios a
partir de un incremento en las tarifas que los mismos abonan. El sistema de
tarifas ofrecidas por las empresas favorecidas con el proceso privatizador ha
experimentado un incremento considerable en la última década. Este incremento
fue sustancial e implicó un fuerte impacto en el presupuesto familiar de los
sectores populares realizando una transferencia de ingresos desde los usuarios
residenciales (familias) para subsidiar el consumo de los grandes usuarios
(empresas) como en el caso del gas y la electricidad que constituyen servicios
de consumo masivo.[7]
En
la instalación de los medidores, en las condiciones de tendido de las redes, en
los criterios para la facturación, en la integración con las construcciones
comunitarias, los trabajadores enfrentan a gerentes empresarios sin ninguna
regulación del estado ya que los Entes Reguladores , en algunos casos, se
conformaron posteriormente a la adjudicación de las empresas privatizadas y sin
participación de las organizaciones comunitarias y gremiales que han
desarrollado acciones denuncia y reclamo a nivel local obteniendo logros
parciales frente a las empresas.
La
desarticulación del Sistema Nacional de Vivienda
expresó la voluntad de trasladar al mercado financiero la responsabilidad en la
construcción de viviendas que hasta ese momento llevaban adelante el Banco
Hipotecario Nacional y el Fondo Nacional de la Vivienda como instrumentos estratégicos
de la política pública.
La
privatización del Banco Hipotecario[8]
junto con la transferencia de carteras de deudores de los planes oficiales de
vivienda (a través de convenios con los Institutos Provinciales de Vivienda)
constituyeron la más clara mercantilización de la política de vivienda pública
que debe resolver un déficit habitacional de más de 3 millones de viviendas en
todo el país. Los recortes presupuestario y el cambio de partidas con destinos
específicos implican el remate casi definitivo del sistema público de vivienda
tal como lo han impulsado distintos organismos financieros internacionales.[9]
Frente
a esto, organizaciones sociales integradas por vecinos, técnicos y empleados
estatales, han desarrollado experiencias cooperativas de participación
comunitaria y autogestión para la provisión de servicios, construcción y
mejoramiento de viviendas a partir de la administración directa de estos fondos
públicos específicos, defendiendo un sistema nacional con origen desde hace más
de 50 años en nuestro país y que se ha desarrollado con éxito en algunos
distritos (en Capital Federal el MOI; en Mendoza la ASEVIS; en Solano la Comisión del Barrio El Tala).
En
el caso de las economías regionales la existencia de grandes latifundios
improductivos, el proceso de concentración de la tierra y la depredación de
recursos naturales por parte de grupos económicos locales y extranjeros
produjeron en los últimos años una migración de familias pobres[10]
del campo a las ciudades intermedias[11]
del interior y a las grandes metrópolis, en un contexto urbano que ya no ofrece
trabajo estable como forma principal para lograr mayores niveles de integración
social.
Las
distintas situaciones irregulares de tenencia de la tierra[12]
ocasiona la inseguridad resultante para realizar mejoras e inversiones, los
expone al riesgo de conflicto y desalojo y no es aceptada como garantía por los
bancos para obtener préstamos. Los productores familiares y minifundistas[13]
conforman economías de subsistencia destinadas al autoabastecimiento que no han
encontrado en estos años el apoyo necesario y suficiente para su desarrollo:
falta de acceso a tierra productiva; créditos blandos e innovación tecnológica
adecuada.
La creación de cooperativas
de trabajo, la conformación de redes de comercialización , la experiencia de
las ferias francas, el intercambio directo a través del trueque y los procesos
organizativos de estas comunidades constituyen intentos de estos sectores para
no abandonar el campo con su medio ambiente y forma de vida.
5.-
Componentes del Proyecto Institucional de la FTV
Elementos
del hábitat incluidos en el proceso desarrollado por la FTV:
Acceso
a la tierra: en las gestiones realizadas por la red se destacan los procesos de
regularización dominial de ocupaciones realizadas en tierras fiscales y
privadas particularmente en grandes centros urbanos.
vivienda:
los procesos de autogestión en vivienda desarrollados por distintas
organizaciones de la red con fondos públicos o privados constituyen
experiencias locales que han sido desarrolladas para la ampliación y
mejoramiento habitacional así como en la construcción de viviendas nuevas.
Infraestructura,
servicios, espacios públicos, equipamientos: la provisión de servicios y obras
públicas para el mejoramiento barrial se han desarrollado como contraprestación
de programas de empleo temporario que son otorgados por distintas dependencias
oficiales y tienen como población destinataria a jefes de hogar desocupados. El
impulso de la tarifa de Interés social para hogares con jefe desocupado
constituye otra estrategia que tuvo desarrollo particularmente en la provincia
de Buenos Aires.
Aspectos
sociales y organizativos:
Fortalecimiento
organizativo: la construcción de redes sociales en el ámbito del hábitat y la
vivienda ha permitido generar una instalación pública de la problemática y un
reconocimiento del sector.
Grado
de autonomía alcanzado: la obtención de una persona jurídica ha permitido dar
institucionalidad al funcionamiento de esta red.
Concertación
con otros actores: la búsqueda de articulación de organizaciones diversas y
heterogéneas que tanto en el campo como en la ciudad buscan el acceso a la
tierra propia y a la vivienda digna representan un nuevo marco para la
construcción de un colectivo social de pobladores con fuerte identidad de
clase. El reconocimiento del ¨trabajador¨ como sujeto popular e histórico y
la particular gravedad de la problemática del empleo (tanto rural como urbano)
plantea ejes transversales que atraviesan a estos sectores.
Fortalecimiento
económico de los participantes:
Al mismo tiempo se han
instalado, junto con las demandas relacionadas con el hábitat y la vivienda,
reivindicaciones ligadas al autoconsumo y la subsistencia (partidas alimentarias,
becas estudiantiles, políticas sociales en general) y fundamentalmente reclamos
por planes de empleo (Plan Trabajar, etc.) que constituyen un paliativo frente
al desempleo y la posibilidad para el desarrollo de infraestructura barrial y
comunitaria. La generación de emprendimientos comunitarios productivos no
encuentra posibilidades reales de desarrollo en un contexto de recesión
prolongada y de falta de políticas públicas de apoyo a la economía popular.
En
relación al acceso a hábitat y servicios urbanos, las características
principales de las acciones desarrolladas tienen que ver con la ocupación de
inmuebles (tierras y casas abandonadas) en general en condiciones deficitarias
(tierras contaminadas, próximas a arroyos y de baja cota hidráulica, etc.).
Esto procesos constituyen fenómenos organizativos que agrupan a conjuntos de
familias que oscilan entre grupos pequeños (10 o 15 familias) y verdaderas
multitudes (por sobre los 1000 grupos familiares). La población está compuesta
por personas y familias jóvenes sin empleo o con trabajo precario y en algunos
casos con alta proporción de migrantes.
Particularmente
en el Gran Buenos Aires se han desarrollado estos fenómenos en la zona sur y
oeste (Solano-Quilmes, Lomas de Zamora, La Matanza, Esteban Echeverría) extendiéndose
territorialmente la población que hace 20 años atrás se había asentado en
estas tierras.
La
experiencia de trabajo en este caso, se desarrolló fundamentalmente en el ámbito de la Provincia de Buenos
Aires. La movilización realizada a la Legislatura Provincial en mayo del ´99
permitió la generación de un ámbito de trabajo en el marco de una comisión
bicameral que funcionó con discontinuidades,
pero permitió el tratamiento de casos particulares de cada barrio –
ocupaciones, remates y desalojos - y la presentación de iniciativas generales
para la provincia: suspensión de desalojos en la provincia, modificación del código
de procedimientos, tarifa de interés social.
La
acción de municipios o propietarios (en algunos casos asociados) frente a las
ocupaciones de tierras y edificios operan en forma distinta según cada caso
particular. El delito penal por usurpación es el tipo de denuncia que suelen
llevar adelante los propietarios (estado o privados) contra los ocupantes.
La
ocupación en tierras fiscales presentan mayores posibilidades de
resolución en el mediano plazo y
tienen antecedentes legales para permitir la resolución del conflicto.[14]
En
el caso de las tierras privadas los procesos judiciales dan lugar a
causas penales por usurpación agravadas por el incremento de las penas en el código
procesal penal (1994). Los caminos de regularización en este caso están
orientados a la gestión política para la aprobación de proyectos de leyes de
expropiación en la Legislatura Provincial que constituyen soluciones temporales
(2 años para la efectivización de los juicios expropiatorios) y vulnerables
(demoras en el proceso de regularización, falta de partidas para el pago de los
juicios).[15]
Los
procesos judiciales de desalojo tienen origen en diversas situaciones que
presentan como constante la imposibilidad de pago por parte de familias con
problemas de empleo e ingresos para hacer frente a pago de lotes, servicios básicos
y cuotas de viviendas.[16]
Uno
de los proyectos impulsados por la FTV en el ámbito de la Pcia. de Buenos
Aires, con media sanción en la Cámara de Diputados, plantea la SUSPENSION DE
DESALOJOS por 2 años. Esta
iniciativa se encuentra demorada por las objeciones que plantean algunos bloques
en la Comisión de Vivienda del Senado provincial, pero cuenta con viejos
antecedentes[17].
6.-
Principales instrumentos utilizados.
·
Criterio
y forma organizativa: la FTV está compuesta por una Mesa Nacional de coordinación
compuesta por 50 representantes de cada una de las regiones y sectores que la
componen. Al mismo tiempo existen mesas locales o provinciales que expresan a
cada uno de las organizaciones sectoriales.
·
Formación
y capacitación: las actividades de formación y capacitación se desarrollan en
cada uno de los distritos a través de talleres y cursos con el apoyo del Equipo
Técnico y de estudiantes universitarios pasantes de las carreras de trabajo
social, agronomía, sociología y derecho. También se realizan encuentros periódicos
a nivel regional y nacional con sus miembros integrantes.
·
Proceso
participativo: desde su conformación la FTV ha realizado dos Congresos
Nacionales y más de 15 reuniones nacionales de coordinación que constituyen
los ámbitos de representación y participación de las organizaciones
asociadas.
·
Información
y comunicación: la comunicación de la red se encuentra centralizada en la
secretaria de organizaxción en Buenos Aires. Existen serias dificultades de
infraestructura y recursos que dinamice la comunicación interorganizacional.
·
Financieros:
los principales recursos para el funcionamiento de la red surgen de la cooperación
internacional (Francia); la gestión de proyectos sociales frente al Estado y la
colaboración de gremios y organismos de derechos humanos que sostienen su
estructura de funcionamiento. El aporte voluntario de cada organización ha
permitido también sostener las actividades y movilizaciones en el ámbito
local.
·
Figura
legal adoptada: la construcción de una entidad federativa que agrupa a
entidades de distinta naturaleza como sindicatos, cooperativas, sociedades de
fomento no encuentra figuras jurídicas que permitan su reconocimiento. En el
caso de la legislación laboral y civil no existen antecedentes de este tipo de
agrupamientos a nivel nacional. Por lo tanto la tramitación de la personería
jurídica ha permitido generar un instrumento operativo que permite llevar
adelante gestiones y trámites pero que no expresan la realidad de nuestra
organización desde el punto de vista de la representación y composición
interna.
·
Acuerdos
y convenios: se han celebrado convenios de apoyo y cooperación con:
-
Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (Asoc. Trabajadores del
Estado): asistencia técnica y coordinación operativa de la Federación.
-
Facultad de Ciencias Sociales UBA: inserción de estudiantes pasantes en las
organizaciones de base de la federación.
-
Fundación Poder Ciudadano: control en la asignación y ejecución de planes de
empleo temporario otorgados por el estado nacional y Provincial.
otros
7.-
Logros y principales lecciones aprendidas: propuestas y resultados
En
el proceso político y organizativo que va desde el primer Encuentro en La
Matanza en Setiembre de 1997, los Congresos
Nacionales (Julio de 1998 Mayo 1999) las Jornadas y Encuentros Provinciales
hasta la instalación pública lograda en los últimos meses podemos identificar
como los principales resultados:
1.
Instalación
en la agenda pública nacional la
problemática de la exclusión social que afecta particularmente a migrantes,
aborígenes, desocupados, campesinos y asentamientos urbanos.
2.
Fortalecimiento
de los vínculos intersectoriales entre organizaciones sociales, gremiales y
eclesiales que comparten en todo el país un diagnóstico y perspectivas comunes
en relación a la problemática de la tierra, la vivienda y el hábitat.
3.
Articulación
de un conjunto de demandas y necesidades identificadas localmente por las
organizaciones involucradas expresadas en la gestión y formulación de
programas y proyectos en algunas áreas del Estado Nacional, Provincial y
Municipal.
Para
la profundización y consolidación de estos resultados es necesario desarrollar
un conjunto de propuestas que hagan posible y sustentable en el tiempo las
iniciativas de nuestra organización en cada una de las regiones y sectores que
la componen y definen a su interior una realidad compleja y heterogénea. Estos
ejes constitutyen propuestas de trabajo actualmente en desarrollo y objetivos a
alcanzar:
Creación
de los Consejos Sociales para la Emergencia.
Estos
consejos constituyen experiencias concretas que se han desarrollado como
mecanismos de democracia directa y control de gestión a partir de la iniciativa
y movilización de organizaciones territoriales y redes vecinales. Con
diferentes matices en algunos distritos (La
Matanza, Quilmes, Córdoba, etc.) se han planteado legislaciones y proyectos que
regulan su funcionamiento y representan el intento por dar un marco legal que
garantice la participación real y sistemática de las organizaciones de base,
sindicatos, ongs, iglesias y bloques parlamentarios para incidir sobre los políticas,
programas y presupuestos del poder ejecutivo provincial o municipal en las áreas
de tierras y viviendas; los servicios públicos y los planes asistenciales y de
empleo (alimentos, salud, empleo temporario o pasantías).
·
Programa
de Emergencia frente al déficit habitacional.
El
objetivo inicial de estos consejos frente al déficit de tierras y viviendas será
la elaboración de un Proyecto de Ley que establezca criterios para la Emergencia
Habitacional[18]
que comprende a la población de ¨...ocupantes,
tenedores o poseedores, de asentamientos constituidos
sobre tierras de propiedad pública o privada, de bajos ingresos y que erigieron
su vivienda única en condiciones deficitarias de habitabilidad, conforme los
parámetros censales oficiales...¨. [19]
La
creación de estos consejos provinciales o municipales para la emergencia
habitacional tendrá como funciones asignadas establecer normativas y mecanismos
de control para el acceso a la tierra en el ámbito de cada distrito y estará
integrado por Secretarías y Direcciones de Tierras, Institutos Provinciales de
la Vivienda, Comisiones de Tierra y Vivienda de los respectivos Poderes
Legislativos, organizaciones no gubernamentales y dirigentes y organizaciones
comunitarias que tenga como funciones.
1.
Hacer
efectiva la declaración de la Emergencia
Habitacional a partir de la suspensión de juicios y desalojos a familias
que ocupan tierras en forma irregular o precaria.
2.
Identificar,
delimitar y declarar distritos de
urbanización prioritaria a todas las villas, asentamientos y núcleos
habitacionales transitorios para que ¨aparezcan¨ en los planos. Esto tendría
que extenderse al registro de la propiedad para que conste la existencia de una
posesión colectiva, pacífica y basada en la necesidad.
3.
Realizar
censos distritales de tierras y viviendas
deshabitadas para identificar su situación dominial e impositiva.
4.
Introducir
una figura similar a la ¨conciliación
obligatoria¨[20] en juicios e
intimaciones de desalojo evitando los lanzamientos compulsivos a partir de una
mediación previa entre las partes.
5.
Garantizar
el financiamiento de las leyes de
expropiación en curso y ya sancionadas a través de los presupuestos
provinciales determinando cuales
son las partidas que se destinan a expropiaciones y que otras podrían ser
afectadas.
6.
Creación
de Bancos Provinciales de Tierras que
realicen un registro y priorice la afectación de inmuebles públicos
innecesarios a políticas de hábitat popular.
7.
Creación
de Fondos Provinciales de Tierras que
administren los fondos de recupero de leyes de expropiación y programas
oficiales (vivienda social, infraestructura, equipamiento); fondos de quebranto
(operatoria 4686); fondos provinciales (partidas parciales de Fonavi, Foprovi,
Fondo del Conurbano) administrados con el control de los Consejos Comunitarios
Municipales de Tierra y Vivienda que permita la compra directa de tierras y la
realización de obras de interés público con participación de las
organizaciones comunitarias.
8.
Financiamiento
de los trabajos de mensura, proyecto urbano, infraestructura, relocalización,
subdivisión y traspaso de dominio de los barrios cuyas tierras han sido
compradas o expropiadas por el estado.
9.
Impulso
de una estrategia para los ocupantes de Tierras fiscales nacionales que permita
el completamiento de la regularización dominial rural y urbana de los
pobladores contenidos en el "Plan
Arraigo" (ordenamiento, infraestructura, construcción de viviendas
para la relocalización de las familias, subdivisión y escrituración a favor
de cada familia).
10.En
aquellos distritos donde existan antecedentes de venta o cesión de tierras
municipales, acelerar los procesos de regularización dominial a través de
convenios con los Colegios de Escribanos u otras operatorias pertinentes.
11.Regularización
dominial de "casas tomadas" a partir de la promoción de acuerdos de
compra y expropiaciones con la intervención del Estado y de planes
autogestionados de restauración y recuperación edilicia.
12.Promover
líneas de crédito para compras de tierras y gastos de escrituración,
recuperación de viviendas deficitarias o ampliación de aquellas con
hacinamiento por cuarto, construcción de núcleos básicos de vivienda
progresiva para reemplazar viviendas irrecuperables, créditos para construcción
de viviendas nuevas y promoción del cooperativismo autogestionario.
13.Gestionar
la declaración judicial de vacancia
de inmuebles abandonados y la realización de juicios de apremios.
14.Promover
planes de viviendas para trabajadores rurales para los cuales el acceso a la
vivienda depende del empleo, hecho que determina absolutamente las condiciones
salariales y de trabajo en general.
15.Defender
la permanencia y la ampliación de los fondos específicos para políticas de
vivienda de interés social: resulta imprescindible defender el mantenimiento de
fondos específicos para la construcción de viviendas de interés social como
los Fondos FO.NA.VI. y en el caso de la Provincia de Buenos Aires los FO.PRO.VI.
a contramano de lo que se impone desde los organismos financieros que recetan
promover el reemplazo de los fondos públicos destinados al sector por otros que
provengan del mercado financiero.
16.Democratización
del Estado a través de la puesta en práctica de acciones como son el
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO o de la modificación de las leyes orgánicas de los
organismos que administran los fondos destinados a políticas referidas al hábitat
popular, de manera que los legítimos beneficiarios participen junto con los
trabajadores, directamente en la toma de decisiones.
Al
mismo tiempo se promueven desde estos ámbitos la modificación de leyes
vigentes que resultan inadecuadas o de baja aplicación y están destinadas
originalmente a garantizar el acceso a la tierra y la vivienda.
Modificación
de Ley 24464 (Sistema Federal de Viviendas):
resulta necesario establecer un nuevo sistema de tasación de viviendas de interés
social (Fonavi, Banco Hipotecario) que permita determinar criterios sociales de
evaluación de la capacidad de pago de las familias y valores diferenciados en
las tasas de interés para desocupados y jubilados. En distintas provincias (Neuquén,
por ejemplo) se han impulsado juicios contra los Institutos Provinciales de
Vivienda para reclamar el recálculo de deudas y los vicios de obra. En el caso
del Banco Hipotecario la presión de los adjudicatarios obtuvo, en algunos
casos, la reevaluación del costo de las viviendas y una nueva financiación
aplicándose el art.13 (el único aspecto de la ley de Privatización del Banco
que contempla la situación de familias carenciadas).
Por
otra parte es necesaria la elaboración por parte de los Consejos de Emergencia
de una guía que normalice la declaración de "Viviendas de Interés
Social" en base a indicadores sociales precisos.
Modificación
de la Ley 24374 (Ley Pierri):
el origen de esta ley es beneficiar a familias individuales para acceder a la
regularización dominial. Resulta posible plantear la ampliación del alcance de
la ley beneficiando a personas jurídicas (operatorias colectivas) y declarando
como causa lícita todas las ocupaciones pacíficas y por estado de necesidad
con extensión del plazo de posesión hasta la sanción de una nueva Ley;
reducción del período en que puede accionar el propietario de 10 a 5 años;
eximición del pago de actas notariales y escrituras a través de Ordenanzas
Municipales de Declaración de Interés Social y escrituración a través de las
Escribanías Públicas.
Ampliación
de la Operatoria 4686/96 (Provincia de Buenos Aires): regular
jurídicamente esta operatoria que permite otorgar créditos a familias
carenciadas por parte del Banco Provincia para compra de tierras, ampliación y
refacción de viviendas teniendo en cuenta la reducción de las tasas de interés
de estos préstamos que actualmente son del 15,5% anual; eximir de indexación
por morosidad a las familias en condiciones de vulnerabilidad; transparentar los
mecanismos de administración de estos fondos a partir de la participación
comunitaria.
·
La
autoconstrucción como estrategia para la solución habitacional y el fomento
del empleo.
La
implementación de una política de generación de empleo (como el Seguro de
Empleo y Formación) es complementaria con la necesidad de desarrollar
estrategias de construcción de viviendas con utilización de mano de obra
intensiva que de respuesta al enorme déficit habitacional.
Es
necesario recuperar la experiencia desarrollada por cooperativas, mutuales,
sindicatos y comisiones barriales, organizaciones no gubernamentales de técnicos
y el propio Estado que se basen en la priorización de los sistemas de autogestión
como generadores de organización social, capacitación, empleo y producción
habitacional a bajo costo teniendo en cuenta:
·
Participación
de las organizaciones populares en la priorización del destino de los recursos
públicos.
·
Diseño
participado de los proyectos arquitectónicos,
la elección de materiales, la contratación de mano de obra, la
elaboración de presupuestos, etc.
·
La
instrumentación de operatorias crediticias dirigidas a los sectores populares
combinadas con subsidios públicos.
·
Adecuación
de montos y modalidades de devolución a las capacidades de pago en los sectores
de bajos recursos incluidos en las operatorias declaradas de interés social.
·
Control
de la morosidad a través de una evaluación de las reales dificultades sociales
que atraviesan las familias. En los casos de atrasos en los pagos, implementación
de mecanismos de refinanciación de las deudas agregando cuotas al final o de
devolución de cuotas atrasadas mediante trabajos comunitarios.
·
Control
de calidad de los materiales y sistemas constructivos a utilizar por parte de
los propios beneficiarios.
·
lmplementación
de modalidades de contratación de mano de obra que posibiliten el empleo de
trabajadores del barrio a través de las Organizaciones Barriales y se integren
en políticas locales de generación de empleo.
·
Creación
de corralones y equipos de trabajo barriales en base a los criterios
desarrollados.
·
Promover
el ahorro de los sectores organizados (Sindicatos, Cooperativas, Mutuales)
aprovechando su capacidad de gestión y complementando desde el Estado su
capacidad financiera.
·
Promover
la implementación de los sistemas de ahorro solidario con plazos
predeterminados y los Fondos Rotatorios con encadenamiento de inversiones.
La
implementación de programas combinados en lo que hace a construcción de
viviendas debe plantear una secuencia gradual y progresiva, entendiendo a la
vivienda, no como un producto, sino como un proceso permanente que debe
contemplar las necesidades y etapas en el desarrollo evolutivo de una familia:
a)
Lotes con servicios: Acceso a tierra
nueva urbanizada y con los servidos básicos indispensables (apertura de calles,
agua, luz, cloacas y equipamiento comunitario) en donde las familias sin tierra
ni vivienda puedan construir sus viviendas con asesoramiento técnico.
b)
Lotes con servicios con núcleo sanitario:
de la misma manera que en el programa anterior las familias acceden a un lote
pero además con la cáscara de un baño y su instalación de agua y de cloacas.
c)
Viviendas progresivas: se trata de un
diseño para la construcción básica de paredes de cerramiento, baño y cocina,
a las que las familias puedan ir incorporando nuevas mejoras y ampliaciones.
d)
Mejoramiento, completamiento y ampliación
de la vivienda existente: apoyo a familias para terminación, refacción y
mejoras en sus viviendas.
e)
Construcción
de Núcleos Sanitarios:
construcción de cocina y baño con sus instalaciones a partir de la cual las
familias completan el resto de la vivienda.
f)
Créditos
para compras de materiales de construcción:
para grupos de familias que en forma solidaria aporten su mano de obra en la
construcción de sus viviendas, y necesiten apoyo para la compra de materiales.
g)
Implementación
de la Ley 341/00
(Ciudad de Buenos Aires): financiación directa a las organizaciones sociales
para la compra, reciclaje y ejecución de obras nuevas. Impulso a su replicación
en otros ámbitos del país.
Algunas
de estas propuestas estan planteadas en programas existentes a nivel nacional y
provincial (el Programa 27 dependiente de la Sub Secretaría de Vivienda de la
Nación) que surge luego del encuentro internacional del hábitat realizado en
Estambul en 1995, en consenso con organizaciones de la comunidad y gobierno pero
totalmente desfinanciadas (con un desembolso previsto de solo $ 2.200.000 anual
desde 1998 al 2001). Existen Programas en los niveles Provinciales coincidentes
con la propuesta planteada, implementados desde Secretarias o ministerios de
Desarrollo o Acción Social. El FONAVI desde
su modificación en 1994, otorga marco para la implementación de este tipo de
programas de autoconstrucción y alternativos a las políticas de llave
en mano.
·
Programa
de desarrollo local para los pequeños productores y comunidades aborígenes.
La
urgente necesidad del impulso de políticas activas para el desarrollo
productivo de vastas zonas y comunidades del interior del país requiere de un
programa para la regularización dominial de las tierras que ocupan y el fomento
de incentivos y protecciones para la producción. Para ello se ha generado a
partir del debate en los congresos nacionales, encuentros y jornadas
provinciales un conjunto de propuestas a partir para afrontar esta crisis:
1.
Implementación
de expropiaciones y ejecuciones de juicios
de prescripción veinteñal que permitan la regularización dominial de
campesinos y pequeños productores.
2.
Impulso
de programas de desarrollo local en orden al aprovechamiento de latifundios
improductivos de las distintas regiones agrarias.
3.
Entrega
de las tierras en propiedad a los aborígenes de cada provincia, de acuerdo a
las modalidades recomendadas en cada comunidad e implementación de las mensuras
y adicionamiento de tierras necesarias en las reservas ya establecidas.
4.
Generar
mecanismos para el acceso a créditos
blandos diferenciados, tanto para la mensura de tierras, adquisición de
tecnología apropiada, pago de servicios, etc., favoreciendo a los pequeños
productores familiares. Actualmente los productores se ven restringidos en el
acceso de los mismos por carecer del
título de propiedad de sus tierras.
5.
Refinanciación
y recálculos de deudas
que atenten contra la tenencia de los pequeños propietarios de sus tierras.
6.
Reactivación
del mercado interno para los productores a través de la instalación de ferias
francas, circuitos alternativos de comercialización y garantía de fijación
de precios en origen.
7.
Estimular
la formación de cooperativas,
brindando capacitación, asesoramiento y acompañamiento técnico necesario.
8.
Desarrollo
de proyectos para el mejoramiento de la
vivienda campesina en orden a las condiciones sanitarias para la prevención
de enfermedades.
9.
Diseño
y ejecución de un plan de
infraestructura y comunicación rural para favorecer el contacto y la
interrelación entre las comunidades y parajes, a partir de estructuras
adecuadas de telefonía y transporte.
·
Obras
y Servicios Públicos.
Al
mismo tiempo estos Consejos de Emergencia, como ámbitos de participación
comunitaria, constituyen una posibilidad para regular el funcionamiento y
control de obras y servicios públicos y asegurar la provisión de servicios básicos
para desocupados, trabajadores precarios y jubilados para:
1.
Impulsar
la derogación o modificación de normativas (ordenanza y leyes provinciales)
que establezcan la realización de obra pública (asfalto, desagües, etc.)
tomando como garantía la vivienda de las familias.[21]
2.
Crear
mecanismos de excepción y/o tarifas diferenciales de servicios públicos para
familias en situación irregular de dominio, grupos vulnerables (desocupados,
jubilados, madres solteras) y extensión y mejoramiento de redes de
infraestructura.
3.
Iniciar
procesos tendientes a la eliminación de los cargos ¨suma¨ (u otra denominación)
que constituyen el financiamiento del tendido de redes por parte de los usuarios
en beneficio de las empresas privatizadas de servicios públicos y el cobro
doble por la realización de estas obras.
4.
Promover
la participación organizada de la comunidad en los entes reguladores de
servicios básicos tal como lo plantea la Constitución Nacional en su art. 42.
5.
Gestionar
ante las empresas y los poderes ejecutivos (provinciales o municipales) la Tarifa
de Interés Social (TIS).
En
el caso de la Provincia de Buenos Aires, la Tarifa Social es una tarifa de menor
valor, donde el Estado provincial se compromete a eliminar los impuestos propios
que intervienen en la facturación, si la Empresa distribuidora se aviene
reducir el 40% o más el costo de la energía eléctrica, el Estado municipal
también se compromete a lo mismo; la empresa se compromete con los trabajadores
a formar un padrón de carenciados que integren la posibilidad de ingresar a
esta tarifa.[22]
·
Planes
asistenciales y de empleo.
La
profunda crisis que afecta a millones de familias en nuestro país implica la
urgencia de llevar a cabo acciones que permitan sobrellevar esta coyuntura. Las
estrategias familiares y comunitarias[23]
que se desarrollan en este sentido implican respuestas más o menos organizadas
frente a la emergencia: comedores y ollas populares; guarderías y jardines
maternales; provisión de materiales de estudio y apoyo escolar; asistencia
frente a problemas crónicos de salud; gestión de programas temporarios de
empleo (Plan Trabajar, etc).
El
papel de las organizaciones de Base en estos programas es fundamental, ya que,
por su inserción territorial, pueden detectar mejor tanto las necesidades más
urgentes de la zona, como sus recursos disponibles y sus capacidades instaladas.
La
posibilidad de articular el trabajo con este tipo de planes en un ámbito de
concertación como el que proponemos, permitiría además:
1.
Identificar
la población en riesgo social (menores, ancianos, madres solas, etc.)
2.
Crear
registros de beneficiarios de los distintos programas
planes sociales, con participación y control de las organizaciones
comunitarias.
3.
Establecer
un sistema de participación comunitaria que determine prioridades y urgencias
en la asignación presupuestaria y en la distribución de recursos por áreas
(presupuesto participativo).
4.
De
la misma manera, identificar en las distintas zonas: necesidades de inversión
en obras y servicios; organizaciones de base, ONG’s, Iglesias, y otros actores
con actividad en la zona; principales demandas de la población; etc.,
estableciendo así un mapa de prioridades del distrito.
5.
Articular
las acciones y proyectos emprendidos por distintos actores en una misma zona, a
fin de consolidar un proyecto de desarrollo más integral.
6.
Desarrollar
acciones de capacitación y formación con los actores involucrados en cada
zona: miembros de las organizaciones, delegados municipales, técnicos,
profesionales, etc.
7.
Gestionar
en forma conjunta proyectos y recursos necesarios para llevarlos a cabo
(materiales, herramientas,etc.)
La
propuesta del Seguro de Empleo y Formación y asignación universal por hijo
impulsada por la Central y la estrategia de articulación multisectorial a través
del Movimiento por la Consulta Popular permite potenciar y organizar estas
estrategias locales o comunitarias. La definición de un nuevo circuito de
recursos y capacidades de la comunidad barrial y las urgentes necesidades de
esta población constituyen el punto de partida para la elaboración de políticas
que no tiendan a la reproducción de la pobreza. Un nuevo modelo de política
social que a partir de la asistencia en el corto plazo tiendan a fortalecer las
acciones de transformación, promoción y desarrollo de nuestras familias y
comunidades.
8.-
Palabras clave
Escribir
las palabras clave que más se aplican al caso: redes, autogestión,
desocupados, regularización dominial, trabajadores.
9.-
Fuentes
Documento
Congreso Fundacional 18 de Julio 1998. Ciudad de Buenos Aires.
Censo
Nacional de Población y Vivienda de 1991.
Subsecretaría
de Vivienda de la Nación. Bases de una política integral de vivienda.1995.
EPH-
INDEC. Octubre 1998.
Privatizaciones
e impacto en los sectores populares. Martín Abeles.
¨Los
productores familiares en la Argentina¨. Centro de Estudios y Promoción
Agraria. Noviembre 1997.
10.-
Contactos
Federación
de Tierra, Vivienda y Hábitat
Independencia
766. Buenos Aires. Argentina. Código Postal 1099
Tel:
(011) 4300-5835 / 5175 /4170 / 5334
Fax:
(011) 4300-1015
[1] Congreso Fundacional 18 de Julio 1998. Ciudad de Buenos Aires
[3] Esta cifra se compone de la siguiente manera: 510.000 familias habitan viviendas consideradas irrecuperables debido a la calidad constructiva de los materiales; 1.635.000 viven en unidades que podrían ser recuperadas a través de intervenciones de reparación, 454.000 familias habitan viviendas que están en buen estado pero se encuentran hacinadas (más de dos personas por cuarto) y 438.779 comparte la vivienda, por lo menos, con otro hogar. (Martínez de Jiménez: 1996)
[4] La precariedad de la vivienda el censo nacional las clasifica en “B” a las incompletas y “C” a las irrecuperables, esta diferenciación es importante de destacar porque se vincula a diferentes propuestas al momento de pensar políticas para el sector .
[5] Elaboración propia con base en las siguientes fuentes: Censo Nacional de Vivienda. INDEC.1991 Subsecretaría de Vivienda de la Nación. Bases de una política integral de vivienda.1995. EPH- INDEC. Octubre 1998. Estimaciones del MTSS. Octubre de 1998. Incluye desempleados, subempleados, subsidios en programas oficiales de empleo, trabajadores en negro con ingresos.
[6] En algunos distritos del segundo cordón del Gran Buenos Aires el crecimiento demográfico en la última década fueron muy superiores a la media en el distrito: Gral. Sarmiento 29,8%; Moreno 48%; Merlo 33%; Esteban Echeverría 46%; Florencio Varela 47%
[7] Con respecto al gas natural las tarifas aumentaron un 111,8% desde la convertibilidad mientras que los usuarios industriales pequeños lo hicieron un 15,1% y los grandes consumidores se mantuvieron prácticamente constantes. En el caso de la electricidad las tarifas residenciales registraron una disminución del 1,6% mientras que los usuarios de alto consumo lo hicieron en un 70,4%. Privatizaciones e impacto en los sectores populares. Martín Abeles.
[8] Ley 24143: mediante esta norma el BHN reajustó el saldo adeudado de los créditos otorgados para la compra y construcción de viviendas únicas transformándose en deudas impagables y confiscatorias. Ley 24855: autoriza la privatización del Banco y legisla con retroactividad anulando lo pactado originalmente.
[8] 1) En 1992 se redujo a través del Pacto Federal de 1.200 millones a 900 millones los fondos FO.NA.VI. Durante los últimos años la Nación no remitió a las Provincias la totalidad de las transferencias comprometidas. 2) En el presupuesto 2000, se eliminó el 50% de la especificidad de los fondos autorizando a los gobiernos provinciales y a la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a utilizarlos en cualquier fin. 3) Está integrando como garantía los fondos fiduciarios de los planes de infraestructura de la Nación como de la Provincia de Buenos Aires. 4) En la Provincia de Buenos Aires en el transcurso del año 2000 los Fondos FO.NA.VI. se han utilizado en demoler las viviendas de Fuerte Apache e indemnizar a sus ocupantes, en el intento por atenuar las consecuencias de la suba de napas freáticas en el Gran Buenos Aires, en reforzar los recursos de O.S.B.A. (Residual) y en la emergencia hídrica declarada hace unos meses en la Provincia.
[9] ¨Entorno propicio para el mercado habitacional¨. Documento Banco Mundial.
[10] El 22% de los hogares rurales (1 millón y medio de personas) vive en condiciones de necesidades básicas insatisfechas. ¨Los productores familiares en la Argentina¨. Centro de Estudios y Promoción Agraria. Noviembre 1997.
[11] Ciudades intermedias: entre 100 y 250 mil habitantes, como Formosa, Corrientes, Resistencia. Grandes ciudades: Rosario, Córdoba, Santa Fé, La Plata. Buenos Aires constituye un caso particular.
[12] Más del 11% de las explotaciones censadas en 1988 tenían problemas serios en la tenencia de la tierra: ocupantes en tierras fiscales, tierras privadas sin permiso, ocupantes de campos comuneros).
[13]En 1988 representaban el 38% del total de los productores según el programa Social Agropecuario.
[14] Ordenanzas municipales para la venta a los ocupantes; Ley Provincial 11418/94 (Bs. As.); Leyes Nacionales 24146 y 23967.
[15] Existen antecedentes legislativos que obligan al Estado a declarar la utilidad social de bienes ociosos a través de juicios de apremios y otras vías (Ordenanza Provincial Nro 38/1969); al mismo tiempo algunas normas provinciales resguardan el derecho de niños y familias en el casos de desalojos (Ley Provincial 7822/72.Decreto 4217) pero sólo representan una demora transitoria de 6 meses para la ejecución de la sentencia.
[16] En el caso de la Provincia de Buenos Aires, la actual Ordenanza 165/72 permite a Municipios y Provincia ejecutar obras poniendo como garantía las viviendas de los vecinos frentistas lo que produjo intimaciones de desalojo en diversos distrito de la Provincia.
[17] ¨Ley Nro.11157/21. Locación urbana: congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos¨.
[18] La emergencia, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, ha sido declarada dos veces por el Ejecutivo provincial a través de decretos: el 3736/91 (urbana y habitacional) de reconstrucción Urbana y el 231/95 (habitacional) de creación de la Unidad provincial de Tierras.
[19] Art.2 del Proyecto de Ley con media sanción en Diputados - Pcia de Buenos Aires.
[20] Podemos encontrar como antecedente la Ley 7822/72 Art. 3 ¨...proponer formas conciliatorias entre las partes en conflicto...¨
[21] La Ordenanza 165/73 en provincia de Buenos Aires, habilita la ejecución de obras de infraestructura municipal declarándolas de interés público y de pago obligatorio con el 70% de las firmas de los vecinos en cada barrio, en detrimento de los que nos pueden pagar, y que por esta vía se ven obligados a hacerlo poniendo como garantía la vivienda de los frentistas. Algunos Municipios a través de ordenanzas municipales han hecho menos democrático el sistema reduciendo hasta el 50% el porcentaje de adhesiones necesarias. Todo esto, sumado a que miles de frentistas que adhirieron oportunamente, han sido víctimas del deterioro económico que viene afectando a los sectores populares los últimos años.
[22] Hasta el momento la ¨tarifa social¨ se aplicó a la energía eléctrica. También, en el caso de los servicios sanitarios, la reivindicación fue incorporada recientemente en los acuerdos que hicieron la Nación con Aguas Argentinas, y la Provincia de Buenos Aires con la Empresa Azurix. Creemos que en los casos ya establecidos la aplicación debe facilitarse y además que debe extenderse a otras jurisdicciones y a los otros servicios esenciales (gas y también al transporte).
[23] Denominadas estrategias de sobrevivencia o estrategias familiares de vida (Susana Hintze).
Más información sobre el tema en la Sección Cooperativismo y Autogestión y Vivienda Popular de esta WEB
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