Referéndum contra los Artículos 612 y 613
La derogación triunfaría hoy
por una ventaja de 3 a 1
(El Observador)

En 1992 el 71,5 % contra las privatizaciones (vecinet-notici@s)
Luz verde para derogación de artículos 612 y 613 (La República)

Con un 16% de indecisos, hoy votaría en contra de la ley sobre ANTEL-ANCEL
el 63% de los uruguayos y a favor el 21%.
La derogación es mayoritaria también entre blancos y colorados.

(Informe de Factum Opinión Pública, especial para El Observador)

Cuando todavía no se ha convocado formalmente a referéndum, todo indica que las nuevas normas sobre ANTEl y ANCEL mueren a más tardar a fin de año, es decir, quedan derogados los artículos 612 y 613 del presupuesto nacional. Es un hecho que las firmas cubren los requerimientos mínimos constitucionales, es decir, superan el 25% del total de inscriptos en el Registro Cívico Nacional. Pero además la intención de voto de los uruguayos es de meridiana claridad: si la votación se realizase hoy la derogación triunfaría en una relación de 3 a 1. Exactamente hay 63% en contra, 21% a favor y 16% de indecisos. Si se proyectan los indecisos en función de varios componentes (simpatías políticas, juzgamiento de la gestión del gobierno, visión sobre el papel del Estado, opinión sobre el desempeño de ANTEL), al día de hoy se registraría una votación de 74% por la derogación de la ley, 24% por su mantenimiento y 2% en blanco. Los frenteamplistas votarían en contra por 9 a 1, los colorados lo harían en una relación de 5 a 3, los independientes y de otros partidos por 11 a 3, y entre los blancos habría un virtual empate (aunque también con leve ventaja en contra de la ley). En todos los segmentos políticos, niveles socioeconómicos y grupos de edad del país predomina la oposición a la ley.
Pero si todos los dirigentes blancos y colorados juegan su pellejo en el referéndum, podría aventurarse un cambio, en particular una nítida ventaja del mantenimiento de la ley entre los blancos y una ajustada diferencia en favor de la norma entre los colorados, donde el electorado del Foro Batllista es fuertemente estatista. Aún así lo único posible para la coalición de gobierno es atemperar una derrota, que igual sería categórica: en lugar de una diferencia de 3 a 1, bajaría al 2 a 1. El resultado más favorable a la coalición oficialista sería:

• En contra 66%

• A favor 2%

• En blanco 2%

Para llegar a estas cifras es necesario que se vuelquen en contra de la ley casi todos los blancos y colorados que estén indecisos e incluso todos los que estén tibiamente a favor de la ley (en principio en contra, pero sin tener seguridad de mantener esta decisión de voto). Aún así es un resultado muy negativo para el gobierno. Y obtenerlo supone comprometer todo el prestigio político de todos los líderes colorados y blancos. El tema aparece como particularmente difícil para Julio Ma. Sanguinetti para quien una campaña activa a favor de la ley lo ubicaría en una fuerte asintonía con la gran mayoría de su electorado, cuya oposición a la ley es casi similar a la del electorado frenteamplista, tanto en cantidad como en intensidad.

El grupo de edad más estatista, y en este caso más firme opositor a las normas sobre ANTEL y ANCEL, son las personas de 24 a 46 años de edad, es decir, las que se socializaron políticamente entre 1976 y 1994 (votaron por primera vez entre el plebiscito constitucional de 1980 y las elecciones nacionales de 1994). El grupo en que predomina el estatismo, pero en forma algo más atenuada es el de personas mayores de 60 años. Y en posturas intermedias, fuertemente estatistas, pero sin llegar al máximo, se encuentran quienes tienen de 16 a 23 años y el tramo que va de 47 a 59. Los niveles socioeconómicos alto, medio y semibajo no presentan demasiadas diferencias, mientras que el nivel propiamente bajo presenta el menor rechazo a las normas sobre ANTEL y ANCEL.

Con este panorama parece que lo más favorable al oficialismo es apresurar la derogación por vía parlamentaria y eludir el camino de las urnas.

Luz verde para derogación de artículos 612 y 613
(La República)

El senador colorado Alejandro Atchugarry transmitió el martes al senador José Korzeniak del Encuentro Progresista la disposición de modificar el articulado del proyecto que deroga los artículos 612 y 613 y contemplar las aspiraciones de los promotores del referéndum.

En estos días la Corte Electoral se pronunciará oficialmente sobre si alcanzaron las firmas para habilitar el recurso interpuesto, lo cual extraoficialmente ya se vislumbra como un hecho al superarse las 620 mil firmas requeridas.

Korzeniak recordó que "el Poder Ejecutivo envió un proyecto por el cual se establece en el primer artículo, que se derogan los artículos 612 y 613 del Presupuesto, que es lo que nosotros quisimos cuando promovimos el referéndum contra esos artículos".

"Pero el proyecto que envió el Ejecutivo y que acaba de entrar ahora a la Comisión de Constitución y Legislación tenía una segunda norma por la cual se hacía una especie de estimación de cuál es el régimen vigente que queda dentro de Antel", puntualizó. Por tanto, a título personal opinamos que "con este segundo artículo no podíamos votar el primero de la derogación, y como consecuencia, había que hacer el referéndum".

Sin embargo, "en estas condiciones, el senador Atchugarry anunció que el Poder Ejecutivo está dispuesto a desglosar la cosa, y que se trate un proyecto de ley que diga solamente se derogan los artículos 612 y 613 del Presupuesto, y lo otro estudiarlo después en otro proyecto o en una discusión que no sea un proyecto de ley, pero no tratarlo ahí".

"Si eso es así, yo entiendo que hay que votar esa derogación porque hay que ser coherente con la postura de que no queríamos esos artículos y que la consecuencia jurídica si sale esa ley, es que no haya plebiscito. ¿Por qué? Porque el plebiscito tiene por objeto, si se gana, derogar esos artículos y si los mismos ya no existen, están derogados, obviamente, ya no tiene objeto", consideró el parlamentario encuentrista.

El artículo segundo del proyecto establece que "la prestación a terceros del servicio público de telefonía fija, conmutada y referida al tráfico nacional continuará siendo realizada en exclusividad por la Administración Nacional de Telecomunicaciones". De esta manera se asegura que Antel tendrá únicamente el monopolio de la telefonía básica, compitiendo en el resto de los servicios.

Sin recursos
A nivel de la Corte Electoral, el conteo y revisión de papeletas para habilitar el referéndum continúa independientemente de los anuncios de derogación de los artículos del presupuesto referidos a Antel.

El ministro Edgardo Martínez Zimarioff dijo a LA REPUBLICA que para la Corte "no existe nada hasta que la ley no esté promulgada. Si efectivamente se derogan los artículos se suspende el proceso de forma inmediata a la promulgación de la derogación, pero no antes".

Los dactilóscopos terminarán de revisar todas las firmas dentro de dos semanas y ya es seguro que se alcanzarán las 620 mil papeletas necesarias para habilitar el recurso. Por otra parte, la Comisión de Asuntos Electorales todavía no se ha expedido sobre la viabilidad del mismo, aunque también hay mayorías para aprobarlo. La comisión tiene plazo hasta setiembre para expedirse, por lo que el llamado a referéndum podría seguirse demorando.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo continúa sin transferir los recursos prometidos para realizar el proceso de revisión de firmas. Martínez Zimarioff indicó que la transferencia de estos fondos es "independiente de que se haga el referéndum. El dinero que estamos pidiendo es por un trabajo que ya se hizo y no para el posible acto. Tenemos que pagar por la revisión de la documentación porque la ley nos obliga a cumplir plazos que requirieron que la gente trabajara doce horas por día".

Hasta el momento, la Corte Electoral ha pagado con el dinero correspondiente a la Inscripción Cívica pero una parte del trabajo realizado "no se ha podido pagar porque no tenemos más recursos. Necesitamos que el Poder Ejecutivo realice la transferencia".

En 1992 el 71,5 % contra las privatizaciones
(vecinet-notici@s)

     El 13 de diciembre de 1992 la ciudadanía uruguaya se manifestó por una aplastante mayoría a favor de mantener las empresas públicas dentro de la órbita estatal, rechazando radicalmente la propuesta del gobierno del entonces presidente Luis Alberto Lacalle a favor de la privatización, informó La República.
     Con un 71.57% de votos a favor los uruguayos derogaron los artículos 1, 2, 3, 10 y 32 de la Ley Nº 16.211, denominada Ley de Empresas Públicas. El Sí triunfó en todos los departamentos del país.
De un total de 1.801.516 votos válidos, 1.289.503 ciudadanos se pronunciaron por el Sí, mientras que únicamente 489.847 (27.19%) votaron por el No. Hubo 22.136 votos en blanco (1.22%), 107.888 observados y 36.760 anulados. El triunfo del Sí fue inapelable y llegó a superar el 80% en algunas localidades como Juan Lacaze. A las 21 horas del domingo 13 de abril, Lacalle ya había reconocido públicamente su derrota.
     La campaña para derogar cinco artículos de la Ley de Empresas Públicas comenzó el 20 de diciembre de 1991, el día que se conformó la Comisión de Defensa del Patrimonio Nacional y Reforma del Estado.
     En un acto realizado en el Palacio Legislativo, personalidades de diversos sectores políticos y el PIT-CNT se unieron para iniciar la recolección de firmas que permitiría llevar a referéndum los artículos de la norma privatizadora.
     En su declaración, la Comisión planteaba que los artículos que finalmente fueron derogados habilitaban "un desmantelamiento indiscriminado y discrecional de las empresas públicas en general, y de Antel en particular, cuyas consecuencias para nuestro Uruguay pueden ser devastadoras".

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Guillermo Font - ELECTRICISTA
Correo Electrónico: guifont@chasque.apc.org
Montevideo - URUGUAY