Estado de situación de los Derechos Sexuales y Reproductivos 

Los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos: un campo de incidencia política
Los programas públicos en salud reproductiva
La atención humanizada del parto y el puerperio
Recomendaciones de líneas de acción para el 2002


LA SITUACION DEL ABORTO EN EL 2001.

La problemática del aborto en el país reapareció en los medios de comunicación recién comenzado el año. A raíz de una entrevista realizada a la diputada Glenda Rondán en el semanario "Busqueda" el 15 de febrero, la situación legal del aborto volvió al debate público. La propuesta de un posible plebiscito planteada por la legisladora oficialista generó una serie de reacciones en los distintos medios de prensa que expuso, otra vez, las opiniones a favor y en contra de diversos representantes políticos, de la entonces presidenta del Instituto de la Familia y la Mujer, de las organizaciones de mujeres así como de numerosas opiniones emitidas a través de las Cartas de los lectores.

Pero lo más impactante y lo que detonó las reacciones en cadena que se mantuvieron hasta finales del año, fueron las muertes por abortos que llegaron a un total de 8 registradas por la prensa, 5 de ellas producidas en el Hospital Pereira Rossel.

El 20 de mayo una joven de 23 años perdía su vida por maniobras abortivas. Desde hace mucho tiempo las organizaciones de mujeres comprometidas con cambiar la injusta situación del aborto en nuestro país venimos planteando de que deben encontrarse puentes de entendimiento entre defensores y detractores de la descriminalización del aborto, porque perder el tiempo en ese terreno se paga en perjuicios, sojuzgamientos, abandonos, maltratos, mutilaciones y muertes de mujeres.

Todos los debates y las polémicas que hemos sostenido en más de 10 años no lograron evitar que en el 2001, Sandra de 23 años, Paola de 19; Margarita de 43, María de 29 y Miryam de 41 años murieran en el hospital Pereira Rossell por complicaciones de abortos realizados en condiciones de inseguridad y clandestinidad.

En lo que va de este año y en un solo centro hospitalario se han producido más muertes maternas por aborto que las registradas en todo el país, en años anteriores.

Son claras las evidencias, mantener su prohibición legal no sólo no ha puesto fin a su práctica sino que ha agravado la situación de salud de las mujeres.

Muchos médicos y profesionales de la salud cuestionan éticamente que su rol y responsabilidad frente a la situación del aborto, como problema de salud pública, quede reducido a atender las consecuencias graves de la mal praxis clandestina y/o a firmar los certificados de defunción de las mujeres que ingresaron a los servicios de emergencia con abortos mal hechos. Una intervención sanitaria responsable implicaría realizar acciones de prevención y contar con servicios que pudieran dar mejor respuesta al problema.
Con fecha 19 de diciembre la Sociedad de Ginecobstetricia del Uruguay realizó un ateneo sobre Muerte Materna por Aborto Inseguro en nuestro país, difundiendo las cifras resultantes de los estudios más recientes.

En el trabajo presentado por el Dr.Leonel Briozzo et. al. se evidencia que de las 21 pacientes que fueron trasladadas del Hospital Pereira Rossell a C.T.I. POR COMPLICACIONES POST ABORTO PROVOCADO entre 1996 - y noviembre de 2001, 7 MURIERON ( todas por causa infecciosa) 5 durante el año 2001. De las 14 que sobrevivieron 7 quedaron MUTILADAS y de 3 no se tienen datos.

En el C.H.P.R. entre 1996 - 2001, el 47% de las MUERTES MATERNAS fueron CAUSADAS POR COMPLICACIONES POST ABORTO PROVOCADO EN CONDICIONES DE RIESGO.

Mientras que a nivel MUNDIAL el porcentaje de esta causa de muerte materna está en una media del 13%, y en AMERICA LATINA el promedio es del 21%, en URUGUAY en el periodo 1995-1999) fue del 27.7%. Y, sólo en el Hospital Pereira Rossell entre 1996 y noviembre de 2001, la muerte materna por aborto realizado en condiciones de riesgo fue del 47%.

En Uruguay, además de la falta de políticas específicas, se carece de información correcta sobre el número de embarazos no deseados y el número de interrupciones voluntarias (aborto provocado) realizadas. En este contexto, también es desconocida la proporción de abortos provocados en condiciones seguras y en condiciones de riesgo. Esta situación es aún mas grave ya que tampoco hay reportes periódicos sobres la morbimortalidad por aborto. "En la última publicación internacional sobre causas de mortalidad materna en las Américas, entre los únicos 4 países que no tiene cifras registradas se encuentra el nuestro, junto con República Dominicana, Jamaica y Haiti" (Briozzo y ot., 2001)

MUERTES MATERNAS EN EL CHPR. PERIODO 1996 – 2001*

FUENTE: Uruguay. Sistema Informático Perinatal. Centro Hospitalario Pereira Rossell. * La información del año 2001 corresponde sólo al período enero – setiembre.

"El aborto en condiciones de riesgo es la principal causa de mortalidad materna en los países subdesarrollados que no cuentan con un marco legal para la interrupción del embarazo de manera segura. En el Uruguay ha habido un incremento marcado de la mortalidad por esta causa que se ubica hoy como la principal causa de mortalidad materna, siendo particularmente dramática la situación en el nivel asistencial público, donde se asiste la población más carenciada. No sería digno de nuestra condición de médicos comprometidos con las realidades sociales de nuestra disciplina, callar el hecho de que son las mujeres pobres las que mueren. Las clases más privilegiadas pueden acceder a aborto provocado en condiciones de bajo riesgo, porque esto en nuestro país se consigue con dinero. Las mujeres que vemos morir en el CHPR no tienen esa posibilidad. Al margen de cualquier otra consideración que se quiera plantear, esto es también una injusticia social y una desigualdad tolerada por una sociedad que hace la vista gorda." (Briozzo et. al.)

La preocupación sobre la situación sanitaria del aborto llevó a la Sociedad de Gineco-obstetricia del Uruguay (SGU) a encomendarle a ese equipo de médicos analizar la situación y estudiar posibles medidas a implementar dentro del marco legal existente. En el trabajo de análisis el Dr. Briozzo et. al. se plantea que "en nuestro país, así como en la mayoría de los países donde el aborto es ilegal, muchos integrantes del equipo de salud, incluyendo médicos, parteras y enfermeras, carecen de información fundamental sobre la legislación del aborto y no saben como transmitirla. Así, muchas mujeres que estarían en condiciones de obtener abortos seguros, son rechazadas por falta de conocimiento de los proveedores acerca de las condiciones que habilita la ley, o por sus consideraciones personales, sean éticas, religiosas, etc. de cada integrante del equipo de salud. Frecuentemente la atención medica después de un aborto es demorada o inaccesible por desinformación, falta de protocolos para la atención posterior al aborto, diagnóstico erróneo o actitudes punitivas de los proveedores de salud".

El núcleo de la propuesta elevada a la SGU se centra en incrementar hasta donde sea posible las condiciones de seguridad de la mujer que ha decidido realizarse un aborto provocado. Las medidas se basan en:

• Educar a la comunidad acerca de la salud reproductiva y los abortos en condiciones de riesgo y promover cambios en las políticas para salvaguardar la salud reproductiva de la mujer evitando siempre el aborto como método anticonceptivo.

• Información a la comunidad y a las pacientes que lo requieran con respecto al aborto en condiciones de riesgo y cómo evitar los mismos o por lo menos minimizarlos.

• Desarrollar una correcta evaluación clínica y paraclínica pre aborto, que incluya el asesoramiento, el examen clínico, la confirmación ecográfica de embarazo intrauterino, la edad gestacional del mismo y la determinación del grupo sanguíneo de la madre, para evitar la inmunización en los casos de madres Rh (D) negativo.

• Mejorar la calidad y accesibilidad de la atención postaborto promocionando la consulta precoz ante síntomas de una posible complicación. El elemento determinante es generar condiciones de confianza en la consulta siendo quizás necesario revisar el principio del secreto profesional frente a la necesidad de denuncia a la policía.

• Brindar asesoramiento post aborto sobre métodos anticonceptivos y soporte psicológico a las mujeres que lo realizaron.

Este cambio en la actitud de la Sociedad de Ginecología y el interés de la Facultad de Medicina en sus Cátedras de Gineco-obstetricia en el problema del aborto, es sumamente importante y determina nuevas condiciones en el abordaje público y político del tema. Lograr articular esfuerzos con estos actores que hasta la fecha han tenido intervenciones muy conservadoras o poco comprometidas con la búsqueda de soluciones, debería ser una de nuestras prioridades. Sumado a lo anterior se registran las intenciones de la Comisión de Género y Políticas Públicas del Sindicato Médico del Uruguay, de ir abordando seriamente todos estos temas que hacen a la Calidad de la Atención en Salud Sexual y Reproductiva.

Por otro lado, y en el terreno político, las legisladoras de la Bancada Femenina (con algunas excepciones) han decidido desarchivar los 4 proyectos de ley sobre la regulación del aborto en el Uruguay y que han sido elaborados desde 1985. Los han presentado en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes y están dispuestas a impulsar un debate y generar las condiciones para que alguno de ellos sea aprobado, o en su defecto generar otra iniciativa que mejor responda a la situación. La Comisión de Salud ya los ha integrado, y a pesar de algunas resistencias muy probablemente en el 2002 el tema del aborto sea uno de los temas a estudio.
Los medios de comunicación han vuelto a ocuparse del tema y habilitan un debate público. Algunos espacios universitarios y académicos están proyectando investigaciones e involucrándose más en el asunto. Se suman las personas e instituciones que no están de acuerdo con que la única acción de un Estado laico frente al problema del aborto, sea una ley de 1938 que condena a las mujeres que lo practican, a los profesionales que lo realizan y a aquellos que las acompañan. Leyes de estas características no resuelven los problemas, no responden a la realidad social, no garantizan el ejercicio de los derechos ni fortalecen las bases de una convivencia más justa y democrática. Intervenir sólo para juzgar y condenar no es una buena apuesta para el desarrollo de las personas ni de nuestras sociedades.

La diversidad como condición moral de la humanidad es un principio bioético que refleja la multiplicidad de dilemas que deben enfrentar los seres humanos, en diferentes momentos y condiciones de vida y sobre las que deben tomar decisiones que implican elecciones morales diversas. "La discordia moral -plantea la antropóloga brasileña Debora Diniz en sus estudios sobre bioética- ha sido parte de la vida humana organizada en sociedades. Donde han habido seres humanos reunidos en sociedades, han existido diferencias que condujeron a conflictos. La novedad para las sociedades libres y defensoras de la democracia es tratar de lidiar con los conflictos morales humanos de la manera menos violenta posible... Quizás el desafío de la modernidad no consista (entonces) en salir a buscar principios norteadores para alcanzar el bien-vivir universal, sino el encontrar las estrategias para contener la intolerancia. Jamás seremos sujetos plenamente tolerantes, este es un principio imposible, lo mejor será convertirnos en sujetos controlados en nuestras intolerancias".

Ser capaces de reducir nuestros niveles de intolerancia podría constituirse en uno de los medios para articular esfuerzos que redunden en las soluciones que tanto reclaman temas como éste que jamás alcanzará el consenso universal. El desafío de priorizar un principio de solidaridad que nos permita ir aproximándonos a aquellos que desacreditamos, no con la intención primaria de convencerles sino con el propósito de entender sus razones, podría habilitar acuerdos que nos permitieran avanzar en el fortalecimiento de condiciones de convivencia más democrática. Ese es el desafío de las sociedades que buscan ser plurales y defensoras de la tolerancia.

Los mecanismos que apunten a superar inequidades parecen ser las respuestas más acertadas en esta búsqueda. Otorgar herramientas (educación, información, servicios, recursos) y garantizar igualdad de condiciones son mejores medios para que las personas tomen decisiones conscientes y responsables, que el tratar de imponerles una posición de manera hegemónica (sea cual sea la posición de la que estemos hablando).

Para algunos podrá ser inmoral que las mujeres aborten. Para otros será inmoral que lo hagan en condiciones que ponen en riesgo la salud y la vida. Algunas argumentaciones podrán resultar mas o menos intolerantes que otras. Las razones para su práctica irán adquiriendo distintos grados de aceptación o rechazo como lo demuestra su tratamiento a lo largo de la historia de la civilizaciónhumana.

En términos generales podemos afirmar que en Uruguay el porcentaje de la población que no admite ninguna justificación para la realización de un aborto es absolutamente minoritaria. Las encuestas de opinión la sitúan en menos de un 10%. Sin embargo es un sector que manifiesta los mayores niveles de intolerancia y ejerce su poder de la manera más autoritaria pretendiendo imponer -a cualquier costo- sus posturas al resto de la sociedad.

A nivel regional e internacional, la influencia de sectores como las jerarquías de la Iglesia Católica, los grupos Opus Dei, los autodenominados "pro-vida" y los sectores más reaccionarios y conservadores han determinado que América Latina sea la región del mundo con el menor porcentaje de países que cuentan con legislaciones que admitan alguna forma de aborto legal. Comparativamente Europa y los países del norte tienen un 84% de países con legislaciones permisivas, la región asiática tiene un 54%, los países musulmanes llegan al 14% mientras que en América Latina sólo cuenta con el 5%.

La regla de la mordaza implementada por el gobierno de los Estados Unidos es un ejemplo de cómo funcionan mecanismos de imposición a través, en este caso, del condicionamiento económico. El 22 de enero de 2001, en su primer día de trabajo en el cargo (y en el 28 aniversario de Roe vs. Wade, la decisión de la Corte Suprema estadounidense que estableció el derecho de las mujeres al aborto), el Presidente George Bush, reimpuso la regla de obstucción global al programa de población de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID). Esta política retringe a todas las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos de USAID para la planificación familiar, a realizar servicios de aborto, cabildear frente a sus gobiernos para la reforma de las leyes restrictivas, e incluso proporcionar atención médica u orientación adecuada en relación al aborto. Sin embargo aumentó el apoyo a los grupos autoproclamados pro-vida.

Mediante esta regla, el gobierno de los EEUU no sólo inhibe la libertad de expresión, sino que discrimina de manera particular a quien tiene una opinión diferente, sentando un peligroso precedente. La regla de obstrucción global obliga a las organizaciones de salud a tomar una opción inmoral: o renuncian a fondos que son necesarios para desarrollar sus planes de planificación familiar y otros servicios de salud reproductiva, o renuncian a la libertad de expresión y a la posibilidad de proporcionar a las usuarias información médica completa y rigurosa.

En el tema de aborto, como en muchos otros, no se trata de sustituir una fe por otra, de hecho no se trata de combatir la fe de nadie, sino de respetar las ideas de todos y procurar hacer este mundo un poco más habitable. Imponer dogmas o atemorizar a las personas no genera actos de conciencia. La ignorancia produce siempre frutos amargos. Miedo, irracionalidad, odio, imposición de creencias, falta de respeto a otras posturas y decisiones, no resuelve la situación ni favorece una vida digna y democrática.

Podríamos tener otra legislación sobre aborto que enfrentara y resolviera mejor el problema. Una legislación que fuese decente y que no se ensañara con los más débiles precisamente en sus momentos de mayor angustia. Podríamos tener políticas y acciones que garantizaran mejores condiciones de vida para las personas. No perdamos la oportunidad de conseguirlas. Sería un importante paso en la construcción de una sociedad más justa, más equitativa y menos intolerante.

Dentro de las líneas de trabajo desarrolladas por MYSU, una de ellas fue la de promover la creación de un grupo interdisciplinario con experiencia y compromiso en la búsqueda de soluciones al problema del aborto. Desde finales de 1999 y hasta agosto de 2001, se generó una instancia en la que participaron ex legisladores y legisladoras que elaboraron proyectos de ley, distintos profesionales vinculados al área de la salud y el derecho, integrantes del movimiento de mujeres y representantes de medios de comunicación. Esta Iniciativa Ciudadana contra el Aborto Inseguro (ICCAI), que por el momento no está funcionando, surgió con el objetivo de desarrollar líneas de acción permanente que permitan modificar las condiciones de la práctica del aborto en nuestro país.

En cuanto a las acciones realizadas conjuntamente con la CNS, se desatacan:

La mesa redonda sobre Aborto "Un debate siempre pendiente" realizada en el Salón Rojo de la IMM el lunes 28 de mayo en el marco de las acciones del "Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer". Participaron como panelistas: la diputada Glenda Rondán, la Dra. Graciela Dufau, la presidenta de la Comisión de la Mujer de la IMM A.S Mariella Mazzotti, la historiadora Graciela Sapriza y la coordinadora de MYSU y representante de Cotidiano Mujer, Lilián Abracinskas. (las ponencias se encuentran a disposición en la página web de la comisión en el Dossier de Aborto).

El comunicado de prensa enviado a los medios de comunicación por el 28 de setiembre "Día por la Descriminalización del Aborto en América Latina y el Caribe".

Participación conjunta en distintos medios de prensa para informar sobre la situación del aborto en nuestro país.

La elaboración de un Dossier sobre "El aborto en el Uruguay" con cifras y datos útiles para el trabajo de consulta e información de grupos interesados en el tema. El mismo se puede consultar a partir de febrero de 2001 en la página web de la CNS.