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Actuación del Instituto Nacional de la Mujer y la Familia
I. Objetivos, metodología y estrategias
de la investigación
II. El Instituto Nacional de la
Familia y la Mujer: orígenes y desarrollo
IV. Funcionamiento y actuación del INFM,
Noviembre 2000 - Octubre 2000
V. Conclusión
III. EVALUACIÓN GENERAL DEL INFM
Antes de analizar el rendimiento de la actual gestión del INFM,
se propone resaltar ciertos problemas inherentes al INFM como
institución que, a catorce años de su creación, representan
obstáculos aparentemente insuperables para un funcionamiento
eficiente y eficaz de la misma. Estas dificultades han sido
señaladas en reiteradas ocasiones por mujeres de todos los
partidos políticos, así como de organizaciones sociales,
incluyendo la Comisión Nacional de Seguimiento a los Compromisos
de Beijing (CNS).
Recordemos que la PAM recomienda que:
-
Ocupen una posición
en las más altas instancias posibles de gobierno, y que estén
bajo la responsabilidad de un ministro o ministra del gabinete.
-
Existan mecanismos o
procesos institucionales que agilicen, según proceda, la
planificación descentralizada, la aplicación y el seguimiento
con miras a lograr la participación de las organizaciones no
gubernamentales y comunitarias, empezando por los niveles más
básicos de participación popular.
-
Se disponga de
suficientes recursos a nivel presupuestario y de personal
profesional capacitado.
-
Haya oportunidades
para influir en el desarrollo de todas las políticas
gubernamentales.
(PAM, párrafo 201)
Es de notar que en
el caso uruguayo estas cuatro recomendaciones básicas o
directamente no se cumplen, o no se han implementado
adecuadamente.
Primero, lejos de estar bajo la responsabilidad de un ministro o
ministra, el cargo de Dirección del INFM ni siquiera existe en
el organigrama del MEC, como constató el Ministro de Educación
en su entrevista con la CGE (CGE, 2001: 4), y tampoco se cuenta
con la previsión presupuestal correspondiente a ese cargo (INFM
Documentos).
Segundo, desde que se refundó el Instituto en 1991, no existe
ningún mecanismo institucional permanente que asegure la
participación de las organizaciones no gubernamentales en la
planificación, aplicación y seguimiento de las acciones del INFM.
Tercero, a pesar del aumento logrado en 2001, el presupuesto del
INFM sigue siendo muy limitado. Además, el INFM no tiene
autonomía para ejecutar su partida presupuestal, sino que la
ejecución de la misma corresponde a la dirección del MEC.
Cuarto, los cometidos del INFM abarcan las cuatro etapas del
proceso de creación de políticas públicas: iniciación,
elaboración, implementación y evaluación. Sin embargo, dado el
bajo rango político y la falta de autonomía del Instituto,
sumados a sus pocos recursos económicos y humanos, resulta
imposible que el Instituto cumpla con el cometido de "ejecutar"
por sí solo políticas nacionales de género. Además, el Instituto
carece de las competencias, capacidad y funciones necesarias
para incidir en los procesos de formulación e evaluación de
políticas públicas llevados a cabo por otros actores
gubernamentales. Tampoco existen canales formales de
coordinación y diálogo con el resto de los ámbitos estatales
—los organismos legislativos y judiciales a nivel nacional y
departamental, los entes autónomos y descentralizados y los
órganos de contralor.
La falta de una coordinación interinstitucional a nivel del
gobierno nacional se debe no sólo a la debilidad institucional
del INFM, sino también a la persistencia de una cultura de
desconocimiento y/o resistencia al tema de género en todo el
estado. Esto, sin duda, ha contribuido a que desde 1995 el INFM
no ha logrado promover efectivamente la implementación de las
recomendaciones emanadas de la Conferencia de Beijing. En
párrafos 293-8 de la PAM, se establecen las acciones que se
deben tomar para su implementación, indicando el rol central a
desempeñar por los mecanismos nacionales en la elaboración y
seguimiento de un plan de acción nacional, asegurando la
participación en ambas actividades de representantes de la
sociedad civil, en particular organizaciones de mujeres y grupos
feministas. En el caso uruguayo, sin embargo, la intención de la
anterior directora del INFM, Alba Osores de Lanza, de conformar
una Comisión Oficial de Seguimiento y Propuestas de los
Compromisos de Beijing, integrada por representantes
ministeriales, y de crear comisiones de trabajo con
participación de la sociedad civil, según las recomendaciones
del PAR (Acción estratégica VIII.c), no se efectivizó, y hasta
el día de hoy no se ha concretado un plan de acción nacional.
En términos generales, se puede afirmar que la permanencia
institucional que se consiguió con la refundación del INFM en
1991 no se ha traducido en su consolidación ni en su
fortalecimiento. La ubicación del INFM dentro del organigrama
del estado uruguayo sigue siendo marginal y sus competencias
inadecuadas, lo que lo debilita, acotando seriamente sus
posibilidades de incidir efectivamente en la agenda política
nacional y de cumplir con sus cometidos. No es de extrañarse,
entonces, que su existencia tampoco ha conllevado la
institucionalización de políticas de género, ni mucho menos la
transversalización de una perspectiva de género en todo el
estado.
En suma, se puede afirmar que los obstáculos identificados en la
Declaración de Beijing +5 reflejan fielmente las dificultades
para lograr en Uruguay un mecanismo nacional para el avance de
las mujeres eficaz, más allá de la efectividad de gestiones
particulares:
En una serie de
países, la insuficiencia de recursos humanos y financieros y la
falta de voluntad y compromiso políticos constituyen el
principal obstáculo a que se enfrentan los mecanismos
nacionales. Ello se ve intensificado por la insuficiente
comprensión de la igualdad entre los géneros y la incorporación
de la perspectiva de género por parte de las estructuras
gubernamentales, así como por los estereotipos basados en el
género que existen, las actividades discriminatorias, la
competencia en las prioridades de los gobiernos, y en algunos
países, la falta de mandatos claros y una ubicación al margen de
las estructuras gubernamentales nacionales, la falta de datos
desglosados por sexos y edad en muchas esferas y la aplicación
insuficiente de métodos para evaluar los progresos, además de la
falta de autoridad y de la insuficiencia de vínculos con la
sociedad civil. Las actividades de los mecanismos nacionales se
vieron también obstaculizadas por problemas estructurales y de
comunicación dentro de los organismos de los gobiernos y entre
ellos.
(B+5, párrafo 25, pág. 17)
Asimismo, es
evidente que el estado uruguayo está lejos de cumplir con el
compromiso asumido cuando firmó el Consenso de Lima, de
"fortalecer los mecanismos institucionales para la promoción de
la mujer [...], dotándolos de recursos adecuados de toda índole,
personalidad jurídica y autonomía presupuestal, así como del
respaldo político al más alto nivel" (Lima, párrafo e)).
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