Buenos días. Quiero comenzar por agradecer la invitación, pero también por felicitar esta iniciativa de la Vertiente Artiguista porque creo que es sumamente importante, necesario e imperioso establecer la mayor cantidad de puentes de  diálogo que nos permitan abordar la complejidad de la situación social del país desde diversas miradas y diversos actores/as de la sociedad. Esto no sólo fortalece la vida democrática sino que pronostica la construcción de un país que respete y garantice los derechos humanos de toda su población sin discriminaciones de ningún tipo.

Es importante para la democracia, así como para las identidades diversas, tener marcos que permitan que esa diversidad se exprese y sea representada. Eso permitiría que la democracia  en tanto sistema perfectible sea modificada, complejizada y enriquecida, otorgando mejores condiciones y garantías para el ejercicio de la ciudadanía.  Esto es lo que nos une más allá de las diferencias y las diversidades. Porque la diversidad no es solo un conjunto de diferencias sino un valor al que deseamos otorgarle un impulso de reconocimiento para enriquecer la convivencia y para que se refleje de manera positiva y concreta en el desarrollo del país.

“Para vivir la diversidad como valor positivo, las personas necesitan contar con un marco social que les permita manifestar su diversidad más allá del discurso, lo que implica un cambio social de grandes dimensiones. La consideración de la diversidad como valor positivo corre el riesgo de perder su sentido si no se crean las condiciones sociales para que las personas dejen de sufrir discriminación y opresión a causa de sus diferencias.” (Declaración de Cuernavaca – Agenda de la Sociedad Civil, México 1998)

Las democracias en el mundo se encuentran hoy ante un verdadero desafío que sólo podrán afrontar si dejan de engañarse con la posibilidad de un consenso que eliminaría definitivamente la diversidad. Se deben abordar las distintas identidades de una manera nueva y a partir de una comprensión distinta de lo político y de la política.

Si definimos lo político como la dimensión del antagonismo entre los seres humanos donde la identidad se establece por relación y cuya condición de existencia es la afirmación de una diferencia, es posible entender el surgimiento del antagonismo. Y, si la política es la manera para establecer un orden y organizar la coexistencia humana, ¿Cómo hacer para que la diversidad elegida sea al mismo tiempo una autoafirmación pero también un aprendizaje sobre las diferencias vitales de los otros, que no son como uno o una pero sí pueden coincidir en la construcción de una pedagogía de la tolerancia? ¿Cómo hacer para que un trabajo político con la identidad sea realmente significativo?

No voy a centrar mi participación de hoy en abordar los aspectos que hacen a la discriminación de las mujeres en nuestra sociedad ni como esa discriminación se hace más compleja cuando se mezclan otras dimensiones de la identidad como la etnia, la raza , la orientación sexual o la edad. Tampoco voy a profundizar o tratar de convencerles en lo importante y sustancial que es incorporar la dimensión de género tanto para mirar la realidad como para intentar cambiarla.

Aunque sí quiero enfatizar que es fundamental analizar las relaciones de poder que atraviesan toda forma de relación entre seres humanos y  cómo la distribución no equitativa y la formas de ejercer el poder han convertido las diferencias biológicas entre hombres y mujeres en desigualdades sociales que han generado la exclusión y marginación específica de las mujeres, más allá y junto con la discriminación por clase social, etnia, raza, orientación sexual, edad o capacidad diferente.

El análisis de género nos permite también profundizar más en las situaciones de discriminación que se dan al interno de los propios grupos diversos. A las discriminaciones por ser negro, indígena, joven, viejo, pobre y/u homosexual, se le suma siempre el de ser mujer, agudizando aún más la situación de discriminación.  Hacer evidentes las relaciones de poder que se dan entre e intra diversos/as es un buen camino para evitar, también, identidades esencialistas que impiden cualquier tipo de acuerdo social o político para avanzar en la construcción de una sociedad más democrática, que no pretenda homogeneizar a las personas pero sí garantizarles igualdad de condiciones para ejercer esa diversidad con igualdad de derechos.

Pero les decía que hoy me interesa compartir con Uds. la experiencia vivida desde la sociedad civil organizada en relación al Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva porque creo que es un buen ejemplo de construcción desde la diversidad. Desde la pluralidad de razones se generó una acción ciudadana amplia y concreta promovida desde una Coordinación de Organizaciones sociales por la defensa de la salud reproductiva (1), que concentró a una amplia diversidad de identidades en donde no sólo fue  trazado un objetivo común sino que, fundamentalmente permitió el enriquecimiento mutuo de las diferentes miradas y razones, y también aportó más elementos a un debate tan complejo como el del aborto y los derechos sexuales y reproductivos en tanto derechos humanos.

La Coordinación Nacional De Organizaciones por la Defensa De La Salud Reproductiva que se consolidó a partir de la obtención de la media sanción del proyecto de ley en Cámara de Diputados, tuvo en su constitución una riqueza de diversidad que creo que muy pocas veces se ha dado en este país, por lo menos en lo que hace a la problemática del aborto y los derechos sexuales y reproductivos. Fue mucho más que sumar gente distinta dentro de un espacio común para hacer un proyecto común, fue un proceso riquísimo de intercambio de miradas y de intercambio de reflexiones que hace justamente a la convivencia de las identidades distintas. Del aborto, la educación sexual, el ejercicio de maternidades y paternidades deseadas y responsables, del valor de la vida se habló en todos los rincones del país. En las oficinas, las fábricas, en las zonas rurales, en los partidos de basketball, en gran parte de los medios de comunicación, se discutía sobre estos temas. Los y las jóvenes, adultos/as de todas las clases sociales y niveles socio-culturales pudieron decir abiertamente aquello de lo que no se hablaba o se lo hacía en voz baja.

Es de los temas de la agenda social que trascendió los límites históricos del movimiento feminista y de mujeres para instalarse en la prioridades de otros grupos sociales y llegar a la opinión pública como nunca antes se había logrado:  63% de la opinión pública se manifestó a favor del proyecto de ley. (2)

Pero también me parece importante hablar de este proceso porque es un buen ejemplo de cómo los niveles de consenso alcanzados en la democracia participativa no se vieron reflejados en el resultado de la votación, vía democracia representativa. Las reflexiones de la Iglesia Valdense, los aportes de la Iglesia Metodista, de la religión afro-umbandista, las miradas desde el movimiento afro, desde la diversidad sexual, desde las preocupaciones de los/las jóvenes, desde las católicas por el derecho a decidir, desde las organizaciones feministas, fueron de una riqueza infinitamente mayor que las argumentaciones escuchadas en el Senado o la cobertura dada por los medios de comunicación. Aquí, para muchos, fue intrascendente que la Central de trabajadoras y trabajadores del país (PIT-CNT)  tomara posición pública a favor del proyecto de ley. Que instancias como el Consejo Directivo Central de la Universidad y el Sindicato Médico del Uruguay se posicionaran públicamente sobre el tema, apoyando la aprobación de la ley.

La tendencia o intención fue polarizar el debate: a favor o en contra del aborto, a favor o en contra de la vida, jerarquía católica versus feministas radicales, presión política confundida con participación ciudadana. Y, vale la pena enfatizar, que esa tentación de dicotomizar o de “meter todo en el mismo saco” la tuvieron senadores que votaron en contra del proyecto pero, también, algunos de los que votaron a favor. Asimilar presión política por parte de jerarquías eclesiásticas con el derecho ciudadano a la participación, nos parece grave. Más aún si esa “confusión” viene de las filas progresistas que promueven la participación popular.

La “presión política” ejercida desde la Coordinación de organizaciones sociales fue la de aportar argumentos, reflexiones, resultados de encuestas, bibliografía e informar a la población sobre el contenido del proyecto de ley. El objetivo fue de ampliar masa crítica y hacer conocer a los y las legisladores/as los consensos alcanzados en el ámbito social. No fue desde estas filas que se llamó a la desobediencia civil en caso de aprobarse el proyecto de ley, ni desde donde se exhortó a no votar a los y las legisladores que apoyaran el proyecto. Esa presión la ejercieron los grupos religiosos contrarios al proyecto de ley.

Por otro lado, muchas argumentaciones a favor del proyecto podrían enmarcarse más en una razón asistencialista basada en la victimización de las mujeres y no en el respeto y reconocimiento de su ciudadanía. Cuesta reconocer que las mujeres tenemos el derecho ciudadano a la autodetermiación, y pesa enormemente generar las condiciones para la libertad de elección. ¿Por qué razón pensarán los señores legisladores que tienen más capacidad que las mujeres para tomar decisiones responsables?

Coincidimos totalmente con la diputada Percovich (quien ocupó la banca senatorial en lugar del senador Couriel) que en el debate político parlamentario no se reflejó ni la riqueza de la diversidad de razones alcanzadas en lo social ni se logró responder a la altura de las exigencias que hoy la democracia necesita. Por ejemplo, cuando las mujeres reclamamos el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo ¿qué queremos decir? ¿Estamos hablando de una reivindicación estética? No. ¿Estamos hablando de una reivindicación individualista? No. Las personas, todas las personas, tienen una materialidad esencial con la cual relacionarse con las otras personas, y esa materialidad es su cuerpo. Mas allá que uno pueda creer en el alma, en la conciencia, en la vida futura o en otras vidas; para demostrar afectos, para demostrar capacidades, para relacionarse con los otros, tenemos el cuerpo. Si sobre ese cuerpo puede decidir el poder político, el poder religioso, el poder jurídico, el poder médico, antes que uno mismo o una misma, es muy difícil pensar que esa persona puede ejercer su ciudadanía con plenitud y por lo tanto, gozar de sus derechos.

De allí que vale la pena preguntarse cómo construir los puentes de comunicación para que en los espacios de decisión políticos-partidarios se incorporen y analicen los avances alcanzados desde una sociedad civil rica en organizaciones diversas, en experiencias y producción teórica que ha permitido profundizar en conceptos como los de ciudadanía, de participación ciudadana, de derecho a tener derechos y de maduración de propuestas que –muy frecuentemente- chocan o no son asimiladas por el sistema político institucional.

Construir una cultura de respeto que asuma la tolerancia, no como capacidad para soportar lo diverso sino como una práctica que reconoce y respeta al otro/otra, necesita de una cultura democrática que no oculte el conflicto por la diferencia sino que lo afronte con respeto, aceptando la diferencia aún dentro de la diversidad y evitando caer en el error de homogeneizar lo diverso. O, de imponer modelos o creencias hegemónicas. Consideramos urgente establecer un acuerdo político que garantice reglas de coexistencia en el pluralismo.

Por eso nos parecía sustancial, luego de este debate y de este proceso de 2 años, generar nuevas formas de diálogo con el sector político partidario, porque, de alguna manera ha quedado claro que el sector político partidario adolece de la riqueza, de la producción teórica y de la experiencia que ha acumulado la sociedad civil organizada. Y esto no es menor cuando nos enfrentamos a un nuevo debate electoral donde sería deseable que las propuestas de próximo gobierno incluyeran los temas que levanta la diversidad social.

Aparentemente el Uruguay es un país que necesita tiempo para madurar cambios, pero cuando los hace realmente son sólidos –así opinan algunas personas. Pero tengamos claro que en algunas cosas, esos tiempos se pagan muy caro. Se paga caro cuando no se da respuesta al aumento de muertes maternas por aborto inseguro. Se paga caro cuando no se garantizan condiciones para ejercer el derecho a la educación sexual, el acceso universal a métodos anticonceptivos, el promover maternidades y paternidades responsables. Y convengamos, que el país perdió una invalorable oportunidad de generar legislación que acoja la diversidad de creencias, respete el pluralismo y de condiciones para el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Uno de los objetivos que debe ser compartido por aquellas personas convencidas de que la sociedad es diversa, debe ser preservar y profundizar el laicismo de las instituciones públicas. Redefinir y refrendar el laicismo debería ser un nuevo pacto social en nuestro país si es que queremos profundizar en la construcción de un país plural y con una convivencia civilizada entre personas diferentes.

No creo que los y las uruguayos/as nos sintamos hoy representados en nuestra identidad con los cantos que rodearon el Palacio Legislativo en la noche del 4 de mayo: “olé, olé, olé Jesús, Jesús, Jesús,  el Diablo ha sido vencido”.

Por eso queremos comprometer al posible próximo gobierno progresista de este país, que en el primer año de la futura legislación se apruebe un proyecto de ley basado y sustentado en éste. Porque es una buena propuesta, es integral y cuenta con el respaldo de la mayoría de la opinión pública.

Gracias

 * Lilián Abracinskas, integrante de la organización feminista Cotidiano Mujer, co-coordinadora de MYSU (Mujer y Salud en Uruguay) articulación de organizaciones y personas por la defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, integrante del comité ejecutivo de la Coordinación Nacional de Organizaciones por la Defensa de la Salud Reproductiva

1) La Coordinación está integrada por: MYSU (Mujer y Salud en Uruguay); CNS (Comisión Nacional de Seguimiento: Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía; CLADEM Uruguay; Cotidiano Mujer; Casa de la Mujer de la Unión; Mujer Ahora; Comisión de Género y Equidad del PIT-CNT (Central Única de Trabajadores/as); Consejo de Estudios y Difusión de las Culturas y Religiones Africanas y Amerindias; Pastor Bolioli de la Iglesia Evangélica Metodista del Uruguay; Católicas por el Derecho a Decidir; Grupo de Bioética de la Iglesia Valdense; Red Género y Familia; Red de Jóvenes DESYR; Juventud Socialista y Juventud de la Vertiente Artiguista, Grupos de la Diversidad Sexual.

2) Encuesta de opinión contratada por la Coordinación de Organizaciones Sociales a equipos MORI, implementada los días 27,28 y 29 de abril 2004, días previos a la votación en el Senado. Para consultar más información consultar en aquí.