vecinet – No. 833 – especial – 12/06/06

10 años de Comunicación alternativa independiente para la participación y la organización popular

"...es necesario contar historias del pueblo de tal forma que en vez de paralizarnos nos lleve a la acción" Danny Glover / "La causa de los pueblos no admite la menor demora" "... que los más infelices sean los más privilegiados"  "América es mi sistema" "La libertad de América es y será siempre el objeto de mi anhelo" José Artigas /  "La patria es América" Simón Bolívar

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s u m a r i o

     1- Cooperativas y Reforma Tributaria
     2- Seminario Cooperativas, Modelo de País y Reforma Tributaria
     3- Ver también sobre Reforma Tributaria
     4- Publicidad oficial y libertad de expresión: ¿es posible asegurar que no haya interferencias?
     5- La Amazonia ¿propiedad internacional?

Policlínicas apoyan para dejar de fumar  |   Policlínicas de referencia para adictos de Pasta Base

Dejá de fumar y tendrás unas buenas vacaciones |  AUTOSERVICIO Tío Pancho

1- Cooperativas y Reforma Tributaria

    Sí a un sistema tributario verdaderamente equitativo

    No al desmantelamiento del Movimiento Cooperativo Uruguayo

     CUDECOOP: Comisión Nacional de Fomento Rural; Cooperativas Agrarias Federadas; Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua; Federación de Cooperativas de Vivienda por Ahorro Previo; COFAC; FUCAC; FECOAC; Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo; Centro Cooperativista Uruguayo; Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay; ACAC; Surco Seguros; Integración AFAP; Federación Médica del Interior; Red Confiar; CABAL; Cooperativa de Radioemisoras del Interior; Cooperativa Policial de Ahorro y Crédito; Cooperativa Policial de Ahorro y Crédito de Cerro Largo

    Frente a una reforma tributaria que equipara totalmente a las cooperativas con las sociedades comerciales, el movimiento cooperativo entiende pertinente realizar una primera consideración general y luego otras más específicas.
    El mencionado proyecto contempla, entre otros temas, la derogación de las exoneraciones fiscales que al día de hoy existen a favor de las cooperativas de diferente tipo. Así, en el capítulo que crea el Impuesto  a las Rentas de las Actividades Empresariales, en los art. 57 y 101, se grava a las cooperativas de distinto tipo con el Impuesto a la Rentas; por arrastre de esta derogación del régimen actual, también caen también gravadas con el Impuesto al Patrimonio; el art. 79 del proyecto de ley, deroga la exoneración vigente sobre las cargas sociales patronales; y algunos artículos vinculados al Impuesto al Valor Agregado, perjudican a las Cooperativas de Vivienda, a las Cooperativas Financieras y a las Cooperativas de Transporte.
    1) Desconoce la especificidad cooperativa
    Las cooperativas conforman un modelo asociativo y empresarial con fines de servicio. Si bien el capital es indispensable para su funcionamiento, como en cualquier empresa, la función de las cooperativas no es incrementar el capital para distribuirlo entre sus tenedores, sino servir a los propios socios, que son los tomadores de los servicios. Por eso, los precios cobrados a los socios usuarios y las retribuciones a los socios trabajadores, se consideran provisorios. Si se generan excedentes (no utilidades), se distribuyen en función de los consumos o del trabajo aportado, como forma de reliquidación de los precios o de las remuneraciones, no en función del capital.
    La cooperativa es una sociedad de interposición, que no intermedia sino que organiza los servicios recíprocos entre los socios para satisfacer sus necesidades. Son los socios los beneficiarios de los resultados, no la cooperativa. De ellos es la renta y a ellos pertenece el patrimonio. Las relaciones entre la cooperativa y los socios son actos cooperativos, no actos de comercio.
    2) Contradice la Recomendación 193 de OIT
    Uruguay apoyó y votó la más moderna norma internacional sobre promoción de las cooperativas, que es la Recomendación de OIT de 20 de junio de 2002. En la misma se reconocen las funciones del cooperativismo, su vigencia especial en el marco económico actual, la necesidad de promoverlo partiendo de su especificidad.  Las normas tributarias que se consideran, equiparan totalmente a las cooperativas con las sociedades comerciales.
    3) No sintoniza con el programa de la fuerza política gobernante
    En un sintético pero sustancioso documento de la Unidad Temática de Cooperativismo del Frente Amplio, se abogaba por reconocer a las cooperativas como una poderosa herramienta de cambio en un mundo en transición y se proponían ocho grandes política y medidas de gobierno, desde una óptica PROMOCIONAL, donde las cooperativas son visualizadas como instrumentos coadyuvantes al desarrollo económico y social y por ello se les adjudica un tratamiento de fomento y control. Dichas políticas y medidas parten de considerar la especial naturaleza de estas entidades y del acto cooperativo y en que incorporen instrumentos que faciliten su integración, capitalización, financiamiento y desarrollo y permita la aplicación en todos sus términos de la Recomendación Nº 193 de OIT.
    Por supuesto, un sistema de promoción supone un contralor estricto de autenticidad y no se reduce a un tratamiento impositivo especial, pero tampoco puede excluirlo y menos que surta efectos inversos a los de las restantes medidas.
    4) Desestimula la propiedad colectiva y de gestión democrática y el asociativismo
    Una norma tributaria que grava más a las personas cuando están asociadas que cuando trabajan individualmente, desestimula el asociativismo. Una norma tributaria que equipara los tributos de empresas que tienen como único norte la maximización de las ganancias con las que toman a su cargo el costo de servicios más onerosos, que cubre necesidades sociales, favorece en los hechos la primera opción. Traduce una tendencia de escuelas económicas funcionales a un modelo de economía global dominado por las empresas multinacionales.
    5) Contradice los propósitos de la reforma tributaria: Paga más el que gana y tiene menos
    Desde que la fuerza política que está gobernando planteó la reforma tributaria, manejó con mucha fuerza que, además de proponerse simplificar el sistema impositivo y levantar trabas para el desarrollo económico, tenía una finalidad central de justicia distributiva: que pague más el que gana más.  No dudamos que sea ese el fin perseguido, fin compartido por la enorme mayoría de los uruguayos. Hacemos notar que cuando se trata igual a lo que es diferente, el resultado es el inverso.
    Si una persona posee una mansión muy valiosa, muestra capacidad contributiva suficiente para pagar el Impuesto al Patrimonio. Si cien familias se asocian en una cooperativa para acceder como usuarios a las viviendas que individualmente no podrían adquirir en propiedad, no están demostrando capacidad contributiva. Un alto valor fiscal del complejo habitacional de propiedad cooperativa, indica una alta inversión colectiva, pero gravarla con el Impuesto al Patrimonio significa castigar indirectamente a quienes carecen de bienes suficientes.
    Si una persona o una sociedad de capitales posee una gran explotación agropecuaria, seguramente estará gravada con el Impuesto a la Renta. No ocurrirá lo mismo con pequeños productores familiares. Si estos pequeños productores, para su sobrevivencia económica, se asocian en una sociedad de fomento rural, cuyos fines excluyen el lucro a punto tal que su ley particular impide totalmente distribuir los excedentes anuales ¿es justo que esa SFR pague Impuesto a la Renta?
    6) Transfiere recursos de la economía social a las empresas capitalistas
    La tributación es una herramienta de distribución de la renta nacional, que se utiliza para que el Estado pueda operar y para asegurar a la población los servicios más esenciales, con independencia de su capacidad económica para demandarlos.
    Hasta este momento, las cooperativas y sociedades de fomento rural han tenido una consideración fiscal determinada. Cuando se les retira la misma y se reduce el costo tributario de las otras formas empresariales, lo que se hace es transferir recursos desde las primeras a éstas últimas. En la exposición de motivos del proyecto presentado, se fundamenta esta transferencia en que los fines de las exoneraciones no se justifican en la práctica. Esto muestra una baja valoración de las cooperativas y su contribución al desarrollo nacional y no una mera distracción de los redactores.
    7) Desestimula la inversión nacional, cuestionando el Uruguay Productivo
    Prácticamente nadie en nuestro País rechaza las inversiones extranjeras directas y es natural que se las atraiga con toda clase de facilidades, que incluyen las tributarias. Cosa muy diferente es fundar el desarrollo económico nacional exclusivamente en este tipo de inversiones. Son las más potentes en aportes de capital y en acceso a la tecnología y a los mercados, pero sabemos que no son las que generan más trabajo, ni más equilibrios sociales, ni necesariamente se reinvierten en el país y que se desarraigan ante cualquier oportunidad superior en otra localización.
    Son las empresas nacionales y especialmente las micro, pequeñas y medianas, en la medida que tengan capacidad para asociar esfuerzos, las que mejor contribuyen a la generación de puestos de trabajo, utilizando mejor recursos materiales escasos. Las cooperativas potencian a este tipo de empresas, son ricas en capital humano y social. Están comprometidas con el medio donde se instalan y se les reconoce como factores de desarrollo local.
    Uruguay Productivo supone una prioridad por la creación de riqueza nacional, indisolublemente ligada a su justa distribución y al beneficio del mayor número de sus habitantes.
    8) Contradice la proyectada ley general de cooperativas y los fines de la CH de Cooperativismo
    Entre las prioridades del actual gobierno se incluyó la promulgación de la ley general de cooperativas. El proyecto de ley que se está tratando tiene como fundamento y piedra angular una definición de cooperativa de la que deriva todo su tratamiento jurídico. Esa definición, que no es otra que la universalmente reconocida, es totalmente opuesta a la concepción mercantilista tradicional de las cooperativas, que es la que en los hechos asume el proyecto de reforma tributaria.
    Esa misma concepción de promoción del cooperativismo es la que inspiró el decreto que amplió la conformación y las atribuciones de la Comisión Honoraria de Cooperativismo. Esta Comisión, que tiene, entre otros, el cometido de asesorar al Poder Ejecutivo en materia de cooperativismo, seguramente hubiera contribuido a una formulación más adecuada, en caso de haber sido consultada.
    9) Desconoce las funciones del cooperativismo
    Un cooperativismo auténtico, autónomo de todo poder político o económico, despliega diversos beneficios sobre la sociedad, que han sido enunciados en documentos de la  Asamblea General de las Naciones Unidas y la OIT. A los efectos económicos y sociales que tradicionalmente se mencionan, se añaden los de índole cultural. Una cultura de la democracia, de la igualdad de derechos, de la tolerancia, de la solidaridad, de la responsabilidad social y propia, son atributos que derivan de los valores y de la práctica de la cooperación. Son elementos comunes a nuestra civilización, incorporados a la identidad nacional, que han conducido a autoridades educativas a incluir el cooperativismo en sus programas oficiales. Por esa misma razón, las dictaduras sistemáticamente se han ensañado contra el cooperativismo.
Es notoria la proyección de los servicios de las cooperativas hacia la comunidad. Por ejemplo cuando una cooperativa de viviendas es habitada, el barrio se ve beneficiado con la aparición de bibliotecas, gimnasios, policlínicas, comisiones barriales... y con frecuencia se extienden servicios públicos que antes no existían en la zona.
    Donde se han podido cuantificar los beneficios obtenidos por la población, se ha verificado que estos superan largamente la cuantía de las exoneraciones impositivas.
    10) Debilita enormemente a la economía social y su potencial de participación en el desarrollo de políticas sociales y públicas
    Las cooperativas y demás organizaciones de la economía social están llamadas a desempeñar un papel cada vez más importante en el apoyo a políticas públicas. El Estado, en lugar de funcionar como prestador directo de todos los servicios sociales, tiende a operar como quien diseña las grandes políticas y apoya activamente su desarrollo, en cooperación con los agentes sociales especializados y con la participación comprometida de los interesados. Dentro de la sociedad civil organizada, las cooperativas de diversas ramas movilizan recursos humanos y materiales para resolver problemáticas sociales y contribuir al desarrollo productivo.
    Como resultado de la iniciativa de los propios sectores afectados, las cooperativas se desarrollan allí donde la sociedad sufre mayores carencias. Frente a la crisis laboral, últimamente han surgido muchas cooperativas de trabajo, que con gran esfuerzo y dificultades de toda índole han creado, mantenido, recuperado y hasta formalizado fuentes laborales sin el menor apoyo estatal. Este tipo de emprendimientos, que para sostenerse y desarrollarse requieren un apoyo activo especialmente en las fases iniciales-, en lugar de obtenerlo, recibirían un golpe de gracia si se les aplicara un régimen impositivo y de aportes a la seguridad social como el que se propone.
    Frente a las empresas tradicionales, las cooperativas tienen una particularidad que puede marcar límites a su ritmo de crecimiento: carecen de tenedores de grandes capitales para invertir. Por esa razón, siguen la política de pequeños pasos, fundada en la acumulación sistemática de limitados aportes de sus socios y especialmente en la capitalización de sus resultados positivos anuales. En lugar de retirarse dividendos, como en la empresa tradicional, las cooperativas optan por incrementar el capital por la vía de resultados que no se distribuyen. La legislación cooperativa obliga a que un porcentaje de los resultados anuales se destine a fondos irrepartibles. Si esos resultados son gravados por el IRAE, se debilita el corazón mismo del mecanismo de acumulación social.
    11) Termina cargando mayores costos al Estado y reduciendo la recaudación
    No es ésta la primera adversidad que deben enfrentar las cooperativas en cuanto a su tratamiento legal y administrativo. Hay ramas, como las de vivienda, consumo y ahorro y crédito, que vienen siendo debilitadas sistemáticamente. Las modalidades de trabajo y agropecuarias han sufrido el impacto de la gran crisis, cuyos efectos no se han disipado. En medio de esta situación, el aumento de los impuestos y aportes a la seguridad social significan ni más ni menos que la desaparición de muchas fuentes de trabajo, que para el Estado redundan en una menor aportación y el costo de un incremento del desempleo y la inseguridad social.
    13) Relega a las cooperativas, discriminándolas
    Toda norma impositiva implica una redistribución de los ingresos nacionales, con la adopción de criterios políticos de promoción de algunas actividades, la no incidencia sobre otras y el desestímulo de otras. No es cierto que la pretendida equiparación obedezca a un puro criterio de justicia y sea neutra.
    Por una parte, se mantienen expresamente una serie de exoneraciones a instituciones consideradas como "sin fines de lucro". Entre ellas no figuran las cooperativas, por lo cual se trata diferente a lo que tiene similitudes. Si el criterio de discriminación es otro, lo que resulta claro es que dichas organizaciones son preferentes a las cooperativas.
    En el otro extremo, también se proponen amplísimas exoneraciones para actividades tales como el procesamiento de la madera, que favorecen especialmente a grandes empresas multinacionales. No cuestionamos que, dentro de los lineamientos políticos nacionales, se establezcan prioridades de ese tipo. Lo que sí decimos es que mientras se establecen beneficios específicos para algunos, se pretende retirar a las cooperativas su consideración tributaria actual. No se las prioriza, se las relega.
    14) Desconoce una política nacional histórica de promoción
    La legislación cooperativa nacional es sumamente parcial y defectuosa. Si se analizan los textos legales, se reconocen distintas visiones, propias de cada época. No obstante ello, el legislador siempre ha reconocido el valor trascendente del cooperativismo y ha perseguido su promoción. A lo largo de los últimos sesenta años, cada norma legal ha avanzado sobre las anteriores en la consideración de la cooperativa como una figura autónoma y distinta de los demás tipos sociales. En materia impositiva, si bien el comportamiento ha seguido la tónica general de buscar fuentes adicionales de recaudación, como consecuencia de la necesidad de equilibrios presupuestales frente a las obligaciones derivadas del creciente endeudamiento externo, nunca en la historia nacional se desconoció lisa y llanamente la especificidad de las cooperativas.
    15) Se replantea la necesidad de definiciones de Estado sobre el cooperativismo
    La discusión más profunda radica en considerar si el cooperativismo es considerado como factor de desarrollo con equidad o simplemente como un instrumento de políticas compensatorias. La consecuencia de tomar una u otra opción es asignarle un lugar en la corriente principal de la economía o solamente en su margen, allí donde no existen competidores ni interesados, ni consumidores con capacidad económica de demanda, sino solamente personas desamparadas.
    En muchos países se tiene claro, por ejemplo, que la capacidad asociativa de productores agropecuarios nacionales, especialmente los pequeños y medianos, en cooperativas, opera no solamente como un factor de equilibrios sociales y de arraigo y radicación de las personas en su medio, sino que generan las capacidades y escalas necesarias para un auténtico desarrollo empresarial. También se toma en cuenta que mediante el cooperativismo se generan o mantienen fuentes de trabajo directo (cooperativismo de trabajo, agropecuario, consumo, etc.) e indirecto (cooperativas financieras que abarcan los espacios que la banca tradicional desprecia, atendiendo a micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país) y acercan a la población servicios claves para el consumo de bienes y de servicios esenciales como la salud, la educación y tantos otros.
    Cuando se apuesta por modelos privatistas clásicos exclusivos y excluyentes, el cooperativismo puede concebirse como un remedio a los males que devienen de la prevalencia de actores poderosos, concentrados, de origen multinacional. En ese caso se discrimina entre cooperativas pequeñas protegidas y grandes que molestan, entre cooperativas para la subsistencia, eternamente dependientes y cooperativas asimiladas a las empresas de capital.
    Cuando de esta última forma se razona, puede darse la paradoja de librar de todo gravamen a las cooperativas sociales, creando puestos de trabajo digno, y al mismo tiempo gravar a las demás cooperativas de trabajadores, inestabilizando o destruyendo otros puestos de trabajo no menos dignos./ vecinet

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2- Seminario Cooperativas, Modelo de País y Reforma Tributaria

    12 de junio de 2006 - Sala 17 – Edificio Anexo – Palacio Legislativo - Organiza: CUDECOOP

    Auspician: Comisión Especial de Marco Cooperativo, Cámara de Representantes; Comisión Honoraria del Cooperativismo, OPP; Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR, ST.
    La presente actividad se enmarca en la necesidad de lograr visiones consensuadas entre los sectores públicos y privados respecto al rol del cooperativismo en las propuestas de cambios estructurales que impulsa el actual gobierno.  Diferentes iniciativas y en particular el proyecto de reforma tributaria muestra la necesidad de comenzar un proceso de reflexión, intercambio y acción, donde todos los actores y en especial el sistema político, tengan "reglas de juego claras" para operar en consecuencia.
    Programa
    Hora 08:30 - Apertura: Juan P. Hounie, Vicepresidente CUDECOOP; Rodolfo Nin Novoa, Vicepresidente de la República; Ec. Carlos Viera, Director Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Dip. Eduardo Brenta, Presidente Comisión Marco Cooperativo; Dip. Jorge Gandini, Presidente Comisión de Hacienda.
    Expositores invitados: Esc. Danilo Gutiérrez, Presidente de CUDECOOP; Cr. Juan José Sarachu, Comisión Honoraria de Cooperativismo, OPP; Dr. Dante Cracogna, Responsable Asuntos Legales RECM, Alianza Cooperativa Internacional (Argentina); Ing. Agr. Paulo Roberto da Silva, Director DENACOOP (Brasil); Dr. Valentín Galeano, Director INCOOP (Paraguay).
    Hora 14 - Comentarios técnicos por modalidad: Cr. Hugo Díaz (Producción y trabajo asociado); Dr. Hugo Speranza (Ahorro y crédito); Dr. Alberto Raffo e Ing. Benjamín Nahoum (Vivienda); Cr. Rodolfo Boragno (Consumo); Dr. Sergio Reyes (Agrarias).
    Hora 15:30 - Opinión parlamentarios, organizaciones sociales: Frente Amplio; Partido Colorado; Partido Nacional; Partido Independiente; ANDA; ANMYPE; ANONG; PIT-CNT
    Hora 17:30 - Cierre y resumen final / vecinet

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3- Ver también sobre Reforma Tributaria

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4- Publicidad oficial y libertad de expresión: ¿es posible asegurar que no haya interferencias?

     [ForoCom] - Destacados representantes del Gobierno, Parlamento, Entes y operadores y gremiales de la comunicación y la publicidad analizaron el tema el pasado viernes 2 de junio.
    ¿Es posible contar con criterios claros, justos y transparentes para distribuir la publicidad que el Estado, desde cualquiera de sus reparticiones, deba realizar? ¿Es posible evitar que el Estado ejerza censura sobre los medios a partir del manejo que hace de sus fondos publicitarios? Pero, además, ¿se está trabajando para contestar las preguntas anteriores? ¿Hay modelos para comparar? Estos elementos fueron el eje del coloquio realizado el pasado viernes 2 de junio en el edificio Libertad, sobre Publicidad oficial y libertad de expresión: nuevos criterios de asignación.
    Organizado por el Grupo Medios y Sociedad, con el apoyo de la Embajada Británica en Uruguay y de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, el coloquio reunió a jerarcas del Estado, legisladores y operadores del sistema publicitario y de medios de comunicación de todo el país. Este es el segundo encuentro que este año realiza el GMS, con el objeto de poner en el debate público temas vinculados a la comunicación que, pese a su relevancia, no suelen estar en la agenda cotidiana.
    La intención específica del encuentro era avanzar hacia soluciones del tema que, según afirmó el ministro de Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra, "carga el peso de un pasado turbulento o, por lo menos, nebuloso".
    Así, situaciones que revelan una absoluta falta de criterios objetivos y profesionales en la asignación de publicidad oficial del pasado no estuvieron presentes más que a modo de ejemplo.
    El centro de gravedad del encuentro estuvo por un lado en la forma en que se está manejando hoy el Estado y, por otra parte, en la presentación de un trabajo realizado en Argentina por la Asociación por los Derechos Civiles, cuyo director, Roberto Saba, fue especialmente invitado para esta ocasión.
    La mirada no apuntó, en el análisis, a las eventuales irregularidades que puedan darse en el manejo discrecional de estos fondos públicos sino en cómo estos manejos atentan contra la libertad de expresión: medios de comunicación directamente afectados -en mayor o menor medida- por el recorte de pautas publicitarias a partir de informaciones que disgustan a jerarcas de organismos públicos, la autocensura que estos hechos generan en otros medios, más dependientes de la publicidad oficial para su subsistencia y -lo más importante- la afectación del debate público (y, con ello, de la calidad de la democracia) al restringir opiniones o voces por el sólo hecho de no ser funcionales al poder de turno.
    El rumbo del gobierno
    El ministro Lepra asumió la importancia del tema y los riesgos que implica un manejo discrecional de la publicidad oficial. "La sociedad tiene derecho a ser informada sobre los asuntos del Estado y éste tiene la responsabilidad de hacerlo. Convengamos también en que los medios de comunicación son importantes para trasmitir tal información a la sociedad, pero además, por esa publicidad oficial pueden recibir ingresos imprescindibles para su viabilidad económica. Por lo tanto, los riesgos de prepotencia y arbitrariedad son importantes", afirmó.
    En su intervención, detalló los pasos dados por la actual administración para ordenar la inversión en publicidad oficial:
 - UTE llamó a licitación pública para la contratación de un servicio de asesoría en comunicación institucional. Fue seleccionada una empresa, a la que se le abonarán menos de la mitad de honorarios de lo que se percibía el año pasado.
 - UTE tiene decenas de funcionarios sin formación especifica. Se pretende formar su propio equipo de comunicaciones para que la empresa gestione la ejecución de sus planes.
 - Los directores de UTE han resuelto no disponer más de la potestad de realizar compra publicitaria en forma directa.
 - ANCAP eliminó las asignaciones directas de publicidad por parte de los directores (U$S 216.000 anuales).
 - La publicidad de ANCAP se redujo sólo a los productos en competencia en el mercado.
 - Se está trabajando en un llamado a licitación pública para contratar una agencia de publicidad con la participación de un veedor de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad.
 - ANTEL está trabajando con dos agencias de publicidad adjudicadas por licitación pública.
 - Las contrataciones de publicidad de ANTEL son evaluadas con criterios técnicos y elevadas al Directorio para su aprobación y estricto control de rubros.
 - Las campañas publicitarias por venta de servicios se evalúan tanto el resultado de la planificación de medios como el resultado en ventas para la empresa.
    Recomendaciones argentinas
    Roberto Saba presentó la investigación realizada por la ADC en cuatro provincias argentinas (Córdoba, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego), donde se comprobaron manejos irregulares de los presupuestos publicitarios de los gobiernos locales, y ordenó los puntos que, a juicio de la ONG que encabeza, deberían estar en el centro de una regulación de la materia.
 - No usar la publicidad -u otras presiones financieras- para interferir con la libertad o independencia de los medios.
 - Contar con una legislación clara y específica, donde se establezcan procedimientos justos, competitivos y transparentes.
 - Descentralizar la asignación de publicidad, para que no quede reservada a funcionarios designados políticamente.
 - Incrementar la transparencia publicando toda la información sobre el manejo de la publicidad oficial, de manera detallada y periódica.
 - Presentar (en sitios web, por ejemplo) los presupuestos de publicidad de los organismos e informes sobre gastos anuales.
 - Auditar con órganos independientes y publicar los resultados de esas auditorias.
 - No confundir distribución de publicidad oficial con subsidios a medios de comunicación. En todo caso, si se considerara que es preciso apoyar financieramente a medios para que no desaparezcan, esto debería hacerse por mecanismos distintos a la distribución e la publicidad.
    Los protagonistas del coloquio
    El evento fue presentado por el ministro de Industrias, Jorge Lepra, y el diputado presidente de la comisión investigadora de entes autónomos, Carlos Varela, acompañados por el embajador británico en Uruguay, Hugh Salvesen, y el director del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de AMARC, Gustavo Gómez.
    Los expositores que presentaron experiencias concretas fueron Raúl Martínez, responsable de Prensa, RRPP y políticas de comunicación de la Intendencia Municipal de Treinta y Tres; Gustavo Vilaró, presidente del Banco de Seguros del Estado, y Gerardo Rey, miembro del Directorio de UTE.
    El experto argentino Roberto Saba, con la presentación de la investigación y las conclusiones a las que arribó su ONG, ocupó un lugar central en el coloquio.
    Finalmente, un panel de representantes de distintas gremiales y operadores de los medios de comunicación y de la publicidad comentaron las exposiciones previas. Allí participaron el diputado José Mahía (impulsor de la investigadora sobre entes autónomos), Emir Cámara (presidente de la Asociación de Agencias de Publicidad), Rafael Inchausti (presidente de ANDEBU), Raúl Arias (presidente de la Organización de la Prensa del Interior), José Luis Castellani (periodista y abogado de la Asociación de la Prensa Uruguaya), y el exdirector del semanario Brecha, Guillermo Waskman.
    Representantes de la organización de radios del interior RAMI estuvieron presentes en el coloquio e hicieron algunos comentarios, pese a no haber aceptado integrar el panel de comentaristas. / vecinet
Ver más información y ponencias: http://www.presidencia.gub.uy/_WEB/noticias/2006/06/2006060204.htm

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5- La Amazonia ¿propiedad internacional?

    por Cristovão Buarque (circula en la red)
    Durante un debate en una Universidad estadounidense, el ex-gobernador del Distrito Federal y actual Ministro de Educación de Brasil, Cristovão Buarque, fue interrogado sobre qué pensaba sobre la internacionalización de la Amazonia. Un joven estadounidense introdujo la pregunta diciendo que esperaba la respuesta de un humanista y no la de un brasileño. Cabe señalar que estaba en el aire un "debate", abierto por los diarios New York Times y Washington Post sobre la eventual "internacionalización" de las selvas amazónicas como forma de "preservación".
    Como brasileño yo simplemente hablaría contra la internacionalización de la Amazonia. Por más que nuestros gobiernos no tengan el debido cuidado con este patrimonio, el mismo es nuestro. Como humanista, sabiendo del riesgo de degradación ambiental que sufre la Amazonia, puedo imaginar su internacionalización -como también de todo lo demás que tiene importancia para la Humanidad.
    Si la Amazonia, desde el punto de vista de una ética humanista, debe internacionalizarse, internacionalicemos también las reservas de petróleo del mundo entero. El petróleo es tan importante para el bienestar de la Humanidad como la Amazonia para nuestro futuro. A pesar de eso, los dueños de las reservas se sienten en el derecho de aumentar o disminuir la extracción de petróleo y subir o no su precio.
    De la misma forma, el capital financiero de los países ricos debería ser internacionalizado. Si la Amazonia es una reserva para todos los seres humanos, ella no puede ser quemada por la voluntad de un propietario, o de un país. Quemar la Amazonia es tan grave como el desempleo provocado por las decisiones arbitrarias de los especuladores globales.
    No podemos dejar que las reservas financieras sirvan para quemar países enteros en medio de la especulación.
    Antes que la Amazonia me gustaría ver la internacionalización de todos los grandes museos del mundo. El Louvre no debe pertenecer apenas a Francia. Cada museo del mundo es el guardián de las más bellas piezas producidas por el genio humano. No podemos permitir que ese patrimonio cultural, como el patrimonio natural amazónico, sea manipulado y destruido por el gusto de un propietario o de un país. No hace mucho, un millonario japonés decidió enterrar su cuerpo con un cuadro de un gran maestro. Antes que eso, aquel cuadro debería haberse internacionalizado.
    Durante este encuentro, Naciones Unidas está realizando el Forum del Milenio, pero algunos presidentes de países tuvieron dificultades para asistir por restricciones en la frontera estadunidense. Por eso yo pienso que Nueva York, como sede de Naciones Unidas, debe ser internacionalizada. Por lo menos Manhattan debería pertenecer a toda la Humanidad. También París, Venecia, Roma, Londres, Río de Janeiro, Brasilia, Recife... Cada ciudad del mundo, con su belleza específica, su historia, debería pertenecer al mundo entero.
    Si Estados Unidos quiere internacionalizar la Amazonia, por el riesgo de dejarla en las manos de brasileños, internacionalicemos todos los arsenales nucleares de los Estados Unidos. Ellos ya demostraron que son capaces de usar esas armas, provocando una destrucción millares de veces mayor que las lamentables quemazones hechas en las selvas de Brasil.
    En los debates, los actuales candidatos a la presidencia de Estados Unidos han defendido la idea de internacionalizar las reservas forestales del mundo como canje de la deuda.
    Comencemos usando esa deuda para garantizar que cada niño del mundo tenga posibilidad de comer y de ir a la escuela. Internacionalicemos a los niños, tratándolos a todos, no importando el país donde nacen como patrimonio que merece cuidarse en el mundo entero.
    Cuando los dirigentes traten a los niños pobres del mundo como un patrimonio de la humanidad, no dejarán que trabajen cuando deberían estudiar, que mueran cuando deberían vivir.
    Como humanista, acepto defender la internacionalización del mundo. Pero, mientras el mundo me trate como brasileño, lucharé para que la Amazonia sea nuestra... ¡Sólo nuestra! / vecinet

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