Experiencia innovadora en ALC: 

Asociación público-privada para el manejo de residuos sólidos urbanos

Pautas legales, institucionales y socioeconómicas para asegurar la eficiencia y sustentabilidad en la conformación de penta-consorcios.

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En el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) viven aprox. 1,5 millones de personas, allí se concentra la casi la totalidad de la industria, comercio y servicios de todo el país, donde, en consecuencia, el índice de contaminación es muy elevado.

Las áreas más pobres– donde vive el 40% de la población de la AMSS-  se caracteriza por no poseer servicios sanitarios ni depósitos de desechos sólidos domiciliarios, agravados por la alta vulnerabilidad de esta zona frente a terremotos, inundaciones y huracanes.  

Frente a esta situación, los municipios de San Salvador elaboraron una iniciativa público-privada para administrar y gestionar las demandas generadas en este territorio de alta densidad poblacional.  

Una nueva experiencia ha surgido con el fin de consolidar la relación entre el sector público y el privado, a través de la asociación de 10 municipios con una empresa internacional, conformando una empresa mixta. Este proyecto conlleva una inversión de US$ 61 millones comprendiendo: construcción de planta de relleno, compostaje, educación, plaza de transferencia y sensibilización pública.   Como resultado, este estudio indicó que para asegurar la eficiencia y sustentabilidad en la conformación de penta consorcios, es importante respetar los siguientes elementos legales, institucionales y socio-económicos:

Legal: Creación y aplicación de normativas legales nacionales para regular todas las actividades de recolección y tratamiento de residuos y servicios públicos, que atraigan al sector privado y que lleve a la sociedad civil a un escenario formal.

Institucional: Institucionalización política de los mecanismos participativos que involucren gobierno local y ciudadanía y sus cooperativas, el sector privado, centros de investigación y eventualmente, bancos de fomento y desarrollo.

Económicos sociales: Planes de gestión para asegurar la continuidad de los consorcios, basados en estudios de rentabilidad, tarifación, contratos de concesión de servicios que incluyan claras pautas de responsabilidades y descripción de actividades a cada miembro operativo.  Coordinación de esfuerzos entre las municipalidades y el nivel regional (subnacional), para definir términos para fijar una única base de normativa técnica.   Los recursos financieros para el programa de fondos competitivos son donados totalmente por el IDRC.

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