vecinet N. 1.247 – 3 de setiembre de 2026
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[Canelones] Parque Roosevelt: mucho más que los árboles que se ven marcados
(vecinet) — Comisión de Vecinal Parque Roosevelt Para Todos anunció que preparan acciones judiciales contra los proyectos privados en el parque. La instalación de un campo de práctica de golf vuelve a poner sobre la mesa una discusión más profunda: qué pasa cuando un espacio ambiental público es transformado para un uso privado y qué costos puede tener esa transformación para el suelo, el agua y la biodiversidad.
Los árboles marcados con puntos blancos fueron la señal que volvió visible un conflicto que las vecinas y vecinos del Parque Roosevelt vienen planteando desde hace tiempo. Este miércoles 2 de setiembre esperaban que comenzara la tala en una zona ubicada entre las avenidas Giannattasio y Racine, donde está previsto instalar un campo de práctica de golf de la Asociación Uruguaya de Golf (AUG). La tala finalmente no comenzó durante la jornada, pero los árboles continúan señalizados y la preocupación permanece.
La Comisión de Vecinal Parque Roosevelt Para Todos se movilizó en el lugar, repartió volantes y colocó carteles para informar a quienes llegaban al parque. Según explicó Doris, integrante de la comisión, pudieron identificar por lo menos 60 árboles marcados, aunque todavía no habían podido recorrer toda el área prevista para el proyecto.
La situación fue recogida por Caras y Caretas, que entrevistó a Doris en el programa "Éramos tan progres". Allí explicó que los vecinos se enteraron de la señalización a partir de un fotógrafo y periodista que había recorrido el parque y observó las marcas en los árboles.
Pero para quienes vienen siguiendo el tema, el problema ambiental no comienza ni termina con esos puntos blancos.
El problema no es solamente cuántos árboles
La discusión pública puede quedar atrapada fácilmente en una cifra: 60, 200, 300 o más de 400 árboles. La cantidad importa, por supuesto, y debe ser conocida con precisión. Pero reducir el problema a contar árboles sería mirar solamente una parte de la transformación que se proyecta. Porque para instalar un campo de práctica de golf no alcanza con retirar árboles.
Como explicó Doris a Caras y Caretas, también habrá que modificar el terreno, preparar el suelo, instalar césped y mantenerlo en condiciones adecuadas para la actividad. Y ahí aparece otra dimensión ambiental que suele quedar escondida detrás de la imagen prolija de una cancha verde.
Un espacio de césped intensivamente mantenido requiere agua, fertilización, control de malezas y manejo permanente. Dependiendo del diseño y de las técnicas utilizadas, también puede implicar utilización de productos fitosanitarios y modificaciones de las condiciones naturales del suelo.
Es decir que, aunque mañana se planten dos árboles por cada árbol retirado, eso no significa que el balance ambiental quede automáticamente resuelto.
Un árbol no es solamente un tronco que puede ser sustituido por otro. Forma parte de un sistema. Da sombra, retiene agua, protege el suelo, aporta materia orgánica, ofrece refugio y alimento para distintas especies y participa de una red de relaciones que se fue construyendo durante años. Lo mismo ocurre con el suelo y con el agua.
El césped también tiene una huella ambiental
El césped de una instalación deportiva no funciona como un espacio natural que simplemente se deja crecer. Necesita ser manejado para mantener determinadas características.
Eso significa riego frecuente, fertilización y control de organismos o plantas consideradas perjudiciales para la superficie de juego. El problema ambiental está también en lo que ocurre debajo de ese césped. Los fertilizantes y productos fitosanitarios utilizados sobre el césped se incorporan al suelo y, a través de la infiltración o del escurrimiento, alcanzan cursos o cuerpos de agua. A eso se suma el consumo permanente de agua que requiere mantener una superficie de estas características. Por eso, tanto los productos utilizados como las cantidades, frecuencias y formas de aplicación deberían formar parte de la evaluación ambiental del proyecto.
La pregunta no debería ser solamente “¿cuántos árboles se cortan?”, sino también: ¿Qué superficie de suelo natural se modifica? ¿Qué cantidad de agua será necesaria para mantener el césped? ¿Qué productos se utilizarán? ¿Cómo se manejarán los fertilizantes y pesticidas? ¿Qué ocurrirá con el escurrimiento del agua? ¿Qué especies de fauna utilizan actualmente ese sector? ¿Qué efectos tendrá la iluminación, el movimiento de personas y la nueva infraestructura?
Son preguntas que hacen al conjunto del proyecto. Y son particularmente importantes cuando la intervención se realiza dentro de un gran parque público.
Un parque no es solamente un lugar donde poner cosas
El Parque Roosevelt tiene una particularidad que muchas veces se pierde cuando se lo analiza solamente desde el punto de vista recreativo. Es también un espacio ambiental.
Por eso puede ser útil pensar el problema del Roosevelt de una manera parecida a como se piensa el de los humedales.
Un humedal no vale solamente porque alguien pueda caminar por él, pescar, observar aves o desarrollar alguna actividad. Su importancia no depende exclusivamente de que sea utilizado directamente por las personas. Cumple funciones ambientales aunque nadie las vea. Entre otras, retiene agua, participa en la regulación hídrica, sostiene biodiversidad, almacena carbono y forma parte de sistemas ecológicos más amplios.
Con un parque ocurre algo semejante. Su valor no está solamente en los juegos, los caminos, los espacios deportivos o en que la gente pueda ir a pasar la tarde. El monte, los árboles, el suelo, los claros, la vegetación y los distintos ambientes forman parte de un sistema que presta servicios ambientales a toda la comunidad.
Por eso un espacio ambiental público no debería ser considerado simplemente como una superficie disponible para colocar una determinada actividad.
Las 4,2 hectáreas y los 20 años
El proyecto del campo de práctica de golf tiene además una dimensión que excede lo estrictamente ambiental.
En marzo de este año, la Asociación Uruguaya de Golf firmó con la Intendencia de Canelones un comodato por 20 años sobre 4,2 hectáreas del Parque Roosevelt. El destino es precisamente la instalación de este campo de práctica.
La cuestión que plantean los vecinos es qué significa que una parte de un parque público quede durante dos décadas destinada a una actividad gestionada por una institución privada.
No se trata solamente de preguntar si el golf puede practicarse en el Roosevelt. También corresponde discutir qué condiciones tiene que cumplir cualquier actividad que ocupe una parte de un espacio público de estas características.
Porque una cosa es que un parque tenga instalaciones deportivas abiertas a la comunidad y otra diferente es que una superficie determinada quede afectada durante 20 años a un proyecto específico, con infraestructura, equipamiento y mantenimiento propios.
La diferencia puede parecer pequeña sobre el mapa. Pero cambia la forma en que se utiliza el territorio.
La movilización vecinal es algo positivo en sí mismo, no solamente como reacción de protesta. La capacidad de los vecinos para organizarse y defender colectivamente el lugar donde viven. No se trata solamente de oponerse a un proyecto, sino de informarse, discutir, presentar argumentos, buscar respuestas de las autoridades y hacer valer el derecho a participar en las decisiones sobre el territorio.
“Roosevelt para todos”
La Comisión de Vecinal Parque Roosevelt Para Todos sostiene que este proceso forma parte de una tendencia más amplia de incorporación de proyectos privados o institucionales dentro del parque. Ya habían cuestionado otras intervenciones y vienen reclamando que el futuro del Roosevelt sea discutido públicamente.
Doris señaló a Caras y Caretas que hasta ahora la Comisión solamente había sido recibida por la Junta Departamental. También solicitó audiencias con el intendente y con el Ministerio de Ambiente.
Ahora anunciaron que avanzarán por la vía judicial. “Estamos para iniciar acciones judiciales”, afirmó la integrante de la Comisión, señalando que se preparan acciones de amparo y de no innovar para intentar detener los proyectos privados que consideran incompatibles con el carácter público del parque.
La Comisión sostiene que las acciones estarán dirigidas contra la Intendencia de Canelones, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y empresas privadas vinculadas a proyectos instalados en el parque.
Será la Justicia la que deberá determinar la procedencia y alcance de esas acciones.
¿Quién decide sobre un espacio que es de todos?
Hay otra cuestión que atraviesa todo el conflicto y que tiene que ver con la participación ciudadana.
Los vecinos y vecinas cuestionan que las decisiones sobre nuevas instalaciones se adopten sin una instancia de discusión suficientemente amplia con quienes utilizan cotidianamente el parque.
No se trata de afirmar que toda decisión sobre un espacio público deba someterse necesariamente a una votación popular. Las instituciones tienen competencias para administrar y planificar.
Pero cuando se trata de un parque de esta magnitud, con importancia recreativa, social y ambiental para buena parte del área metropolitana, parece razonable que la comunidad tenga acceso a la información y pueda conocer y discutir qué se va a hacer, dónde, con qué impactos, durante cuánto tiempo y bajo qué controles.
Más todavía cuando las modificaciones no son solamente paisajísticas, sino que pueden involucrar tala, movimiento de suelos, césped, riego, infraestructura y mantenimiento permanente.
El costo ambiental no aparece solamente el día de la tala
La imagen de los árboles marcados es fuerte porque permite ver inmediatamente lo que está por suceder.
Pero el verdadero impacto de una obra de estas características no se termina el día en que se corta el último árbol.
Después vienen el movimiento de tierra, la preparación del terreno, la construcción, la instalación de infraestructura, el césped, el riego y el mantenimiento. Y durante los 20 años del comodato habrá una actividad permanente sobre ese espacio.
Por eso la discusión ambiental debe mirar todo el ciclo del proyecto. También debe considerar qué había antes.
Un terreno puede parecer “vacío” porque tiene un claro entre los árboles. Pero vacío no significa sin valor. Puede formar parte de un sistema ambiental, ser utilizado por aves, insectos y otros animales, permitir la infiltración del agua o funcionar como transición entre diferentes ambientes.
Lo mismo sucede con los humedales. Durante mucho tiempo fueron considerados lugares que había que “mejorar”, rellenar o transformar porque no parecían tener un uso productivo inmediato. Hoy sabemos que su valor está precisamente en las funciones ambientales que cumplen.
El Roosevelt merece ser mirado con una lógica similar.
Un mismo territorio, distintas disputas
Lo que ocurre en el Roosevelt tampoco sucede en un vacío.
En distintos lugares del país se están produciendo, al mismo tiempo, discusiones sobre grandes intervenciones privadas, infraestructura, usos del suelo y protección ambiental. No son el mismo proyecto, no tienen los mismos actores ni responden necesariamente a una misma estrategia, pero permiten mirar problemas que tienen puntos de contacto.
En los Bañados de Carrasco, por ejemplo, un proyecto inmobiliario de gran magnitud plantea la transformación de unas 228 hectáreas y una inversión anunciada de alrededor de 1.248 millones de dólares durante 15 años, con unas 3.000 viviendas, áreas comerciales, educativas y recreativas. Para que pueda concretarse deberán resolverse, entre otras cuestiones, cambios en la categorización del suelo y las correspondientes autorizaciones ambientales.
El caso de los Bañados tiene además otra particularidad. En 2026 el área quedó fuera, en la etapa final, de un decreto que incorporaba determinados humedales considerados de importancia ambiental. La discusión pública que siguió obligó a volver sobre una pregunta fundamental: qué valor tienen estos territorios aunque todavía no estén ocupados o explotados intensivamente.
En Maldonado, mientras tanto, el proyecto Manantiales Golf propone un complejo deportivo y de servicios sobre unas 300 hectáreas, con un campo de golf de 27 hoyos, instalaciones deportivas y un centro de bienestar, además de una zona residencial. El proyecto anunciado ronda los 42,5 millones de dólares.
Y en Rocha, el proyecto de un nuevo aeropuerto sobre la Ruta 10, en un territorio próximo a las lagunas Garzón y Rocha, provocó una discusión ambiental de otra naturaleza. Allí especialistas del Centro Universitario Regional del Este (CURE) advirtieron sobre la ubicación propuesta y recomendaron evaluar alternativas, mientras que desde el Ministerio de Ambiente se expresó públicamente la necesidad de buscar otra localización.
Son situaciones diferentes. No corresponde mezclarlas ni presentarlas como si fueran parte de una misma operación. Pero juntas muestran algo que merece atención. En distintos puntos del territorio aparecen proyectos que pueden modificar de manera importante ambientes naturales, paisajes, usos del suelo y formas de acceso al territorio. Y en todos esos casos aparece una pregunta común: ¿qué lugar ocupa el ambiente cuando se decide qué hacer con un territorio?
Desarrollo, ¿para quién y a qué costo?
La palabra “desarrollo” suele aparecer rápidamente cuando se anuncian nuevas inversiones, infraestructura, viviendas, instalaciones deportivas o actividades turísticas.
Pero desarrollo puede significar cosas opuestas. Puede significar empleo, actividad económica, servicios y nuevas oportunidades. Pero también puede significar pérdida de suelo natural, fragmentación de ecosistemas, presión sobre el agua, transformación del paisaje o reducción de espacios de uso público.
Por eso no alcanza con saber cuánto se invierte.
También importa saber qué se transforma, quién se beneficia, quién soporta los costos ambientales y qué queda para quienes vendrán después.
En el Roosevelt, la pregunta es especialmente sensible porque no se trata de un terreno privado que cambia de destino. Se trata de un parque público, un espacio que pertenece al conjunto de la sociedad y que cumple funciones ambientales y sociales que van mucho más allá de la actividad que pueda desarrollarse en una determinada parcela.
¿Qué Parque Roosevelt queremos?
El debate de fondo no es si una persona puede jugar al golf o si el golf debe existir.
Tampoco es solamente si se van a cortar 60 árboles, 200, 300 o más de 400. Esa cifra debe ser determinada mediante información pública y verificable.
La pregunta más profunda es qué modelo de Parque Roosevelt se quiere para los próximos años.
Un parque donde cada fracción pueda ser destinada progresivamente a proyectos específicos, deportivos, comerciales o institucionales, o un gran espacio público en el que las instalaciones necesarias convivan con la conservación del territorio y con el libre disfrute de la comunidad.
El golf puede ser una actividad deportiva. El césped puede ser verde y cuidado. Un proyecto puede ofrecer determinadas oportunidades y contraprestaciones.
Pero nada de eso convierte automáticamente una intervención en ambientalmente neutra.
El desarrollo también puede significar cosas opuestas, según quién lo mire y qué se considere desarrollo. Puede significar nuevas instalaciones y actividades, pero también puede significar pérdida de suelo, de monte, de biodiversidad o de espacio público.
Y hay algo todavía más básico. Algunos lugares tienen un valor que no depende de cuánto dinero puedan generar ni de cuántas personas los utilicen.
El Parque Roosevelt es uno de ellos.
Por eso la discusión que hoy comienza con árboles marcados puede terminar siendo mucho más grande. Qué cosas pueden hacerse dentro de un parque público, quién las decide, para quién se hacen y qué ambiente queremos dejar cuando llegue el momento de que esos 20 años hayan pasado.
Mientras tanto, las vecinas y vecinos siguen organizados bajo una consigna sencilla que resume su reclamo: #RooseveltParaTodos
Organización vecinal como protagonista y como herramienta
Lo ocurrido en Punta Ballena es un antecedente cercano. Una movilización vecinal y de organizaciones sociales sostenida logró instalar en la agenda pública la discusión sobre el destino de ese paisaje y poner en cuestión decisiones que parecían encaminadas sin mayor debate ciudadano.
El caso del Roosevelt vuelve a mostrar que, cuando los vecinos se organizan, un problema que podría quedar reducido a una decisión administrativa puede transformarse en una discusión pública sobre qué parque, qué ambiente y qué ciudad queremos.
Pero existe también un problema cuando cada organización, cada barrio o cada grupo de vecinos queda concentrado únicamente en “su” conflicto. La defensa del Roosevelt, la protección de Punta Ballena, los Bañados de Carrasco, la discusión por el campo de golf en Maldonado, la ubicación del aeropuerto en Rocha o la defensa del mar frente a la prospección sísmica tienen sus propias realidades y protagonistas.
Sin embargo, si cada lucha queda encerrada en sus límites, se pierde la posibilidad de reconocer las preguntas que las atraviesan. El desafío es que la organización vecinal y las organizaciones sociales puedan defender su territorio y, al mismo tiempo, aprender de otras experiencias, acompañarlas, coordinar y construir una mirada más amplia sobre las decisiones que afectan los espacios públicos, el ambiente y la vida de las comunidades.
Punta Ballena mostró, justamente, la fuerza que puede alcanzar una movilización sostenida cuando deja de ser solamente “un problema de los vecinos de Punta Ballena” y pasa a formar parte de una discusión que involucra a toda la sociedad.
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VER TAMBIÉN:
• [Canelones] Parque Roosevelt: árboles marcados, vecinos movilizados y una pregunta sobre el destino del espacio público
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• [Canelones] Parque Roosevelt: ¿un espacio público para todos o un parque cada vez más fragmentado?
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