El "Doble Discurso" sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos en América Latina: 
el Abismo entre las Políticas Públicas y los Actos Privados

© Bonnie Shepard, 2000

En todo el mundo, el clima político que rodea a los derechos sexuales y reproductivos se caracteriza por un marcado aumento del fundamentalismo religioso, por un lado, y una globalización cultural, por el otro. Esta discrepancia ha exacerbado las divisiones políticas y culturales que ya existían desde antes. En América Latina, la mayoría de las personas se identifican a sí mismas como católicos romanos, siendo que es la Iglesia la principal fuerza que se opone al completo reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Tal como sucede en los países europeos de tradición católica y entre los católicos de los Estados Unidos, la mayoría de los estudios revela que, en la práctica, los católicos de América Latina no se ciñen a las enseñanzas oficiales de la Iglesia respecto de la regulación de la fecundidad y del aborto.

El progresivo aumento de la fuerza de los sectores conservadores de la Iglesia en los últimos veinte años ha generado una creciente rigidez en sus posiciones con respecto a estos temas, y ha llevado a reprimir cada vez con mayor vigor las opiniones disidentes dentro de las instituciones católicas. Si bien la opinión pública en general no está enterada de los conductos que utiliza la jerarquía católica romana para ejercer su influencia política, los resultados evidentes son las políticas que niegan los derechos sexuales y reproductivos, políticas que parecen afianzarse cada vez y con más fuerza en un clima político polarizado. ¿Cómo logran los países latinoamericanos conciliar las profundas divisiones en la opinión pública respecto de estos temas con la apremiante necesidad de las personas y de las parejas de poder decidir libremente sobre su vida sexual y reproductiva? En muchas culturas existen válvulas de escape que permiten que las personas se acomoden a las políticas represivas, transgrediéndolas a nivel privado sin que se alteren las normas legales o religiosas oficiales. Además, estas válvulas de escape suelen ser más accesibles a las clases sociales media y alta, quienes no sufren las peores consecuencias de las leyes represivas, lo que ayuda a contrarrestar el descontento de las elites frente a estas leyes y a debilitar la voluntad política y social para impulsar un cambio legislativo. Este tipo de brecha entre las posturas públicas y los actos privados también opera en el marco de las personas.

En un libro publicado recientemente, Rosalind Petchesky analiza las estrategias que las mujeres utilizan en el ámbito privado para expandir sus opciones reproductivas: Sin embargo, a medida que avanzábamos en nuestra investigación en terreno, pudimos darnos cuenta que era poco frecuente que las mujeres adoptaran uno de los dos extremos: el de una oposición explícita y el de una acomodación pasiva. Por el contrario, a fin de lograr cierto de grado de autonomía y de mantener al mismo tiempo su sitial dentro de la familia y de la comunidad, nuestras entrevistadas recurrían a estrategias sexuales y reproductivas complejas y sutiles. . . . Una mujer puede sentir que no hay ninguna contradicción entre transgredir una norma y al mismo tiempo defenderla en su discurso.. Y efectivamente, mediante acomodos y sin tener que recurrir a una conducta de confrontación, sino más bien a una conciliadora, muchas veces las personas logran satisfacer sus deseos íntimos y su sentido de justicia. Y es así como un tema recurrente en América Latina y del que la autora se ha interiorizado bien en Colombia, Perú, Chile y Argentina, es el del "doble discurso". En general, este término se aplica a las personas y se entiende por él el arte de acomodarse a las normas socioculturales tradicionales y represivas en el marco de la vida pública, mientras que en la vida privada es frecuente que se haga caso omiso a dichas normas o incluso se transgredan. En este artículo, hemos ampliado el uso del término "doble discurso" para englobar a todo un sistema político y cultural, y no sólo un conjunto de individuos que "pecan" en privado. Gracias a que el doble discurso opera en forma generalizada, en la mayoría de los países latinoamericanos se dispone de más opciones sexuales y reproductivas de las que habría si se toman en cuenta las políticas oficiales. En el centro de este sistema habita el abismo entre el discurso público, que defiende los preceptos religiosos tradicionales que restringen las opciones individuales, y los discursos privados no oficiales, que sólo se expresan en conversaciones privadas, en monólogos interiores y frente a los confesionarios. Son estos discursos privados los que dan la oportunidad de explicar qué circunstancias motivaron la transgresión o permiten pedir perdón por haberla cometido. Los discursos privados se complementan a su vez con mecanismos sociales y políticos: leyes e interpretaciones de las leyes que hacen posible la existencia de válvulas de escape, prácticas generalizadas, servicios clandestinos y otros mecanismos que en su conjunto son los que permiten contar con alternativas más amplias. En consecuencia, como características principales del sistema de doble discurso hay que mencionar que: Por motivos históricos y políticos, la jerarquía de una religión hegemónica ha llegado a ejercer considerable influencia sobre las políticas de estado, logrando así que los códigos morales de la religión influyan sobre las normas legales. De esta forma, la distinción entre inmoralidad y criminalidad se torna borrosa. Adhiriendo a una determinada doctrina religiosa, el discurso y las políticas oficiales defienden la existencia de normas fuertemente restrictivas que violan los derechos sexuales y reproductivos de las personas.

Estas normas están revestidas de un carácter sagrado e inviolable. Propiciar cambios de una norma diferente a la sagrada, siempre trae ciertos costos políticos. Las autoridades públicas y las organizaciones civiles se ven atacadas cuando defienden públicamente la legitimidad de algún derecho sexual o reproductivo, o cuando intentan reformar las políticas. Reconocer públicamente que la ley es ampliamente violada (como en el caso del aborto) o que se usan artilugios legales que echan por tierra la intención de la ley (como en el caso de las nulidades matrimoniales) puede o no traer consigo costos políticos. Las prácticas que transgreden las normas, como también los mecanismos sociales y políticos que hacen posibles que dichas transgresiones existan, están ampliamente difundidas.

Estos mecanismos pasan a constituir una válvula de escape que amplía las opciones sexuales y reproductiva de las personas, pero dado a que son improvisados, ilegales y no oficiales, no garantizan de que se pueda acceder a estas opciones en forma continua y segura (en el caso de los servicios). Por lo tanto, tampoco está garantizado el respeto y la protección de los derechos fundamentales de las personas. Las consecuencias más nefastas de las políticas restrictivas recaen en los sectores de menores ingresos y en los grupos más vulnerables que sufren de discriminación u otro tipo de marginación, como son las minorías étnicas, las madres solteras, las personas que viven en zonas rurales, y los hombres y mujeres homosexuales. Es muy poco frecuente que las elites políticas sufran las peores consecuencias de las leyes restrictivas. Los altos costos políticos que implicarían cualquier intento por reformar las leyes, sumados a la falta de poder de los grupos en los que recaen las peores consecuencias de las políticas restrictivas, producen una falta de voluntad política para propugnar reformas.

Si el tema se discutiera públicamente, ello podría dar origen a una represión aún mayor de la que hay actualmente y restringir los mecanismos informales a través de los cuales las personas pueden hoy en día acceder a otras alternativas. Este panorama plantea serios dilemas éticos a quienes trabajan y abogan por las reformas. En América Latina cuando más fuertemente opera el doble discurso es cuando se trata de abordar temas de sexualidad y reproducción. De hecho, el término "doble discurso" puede llevar a equívocos, debido a que su esencia estipula que los actos privados que se apartan de la norma, aún cuando sean de práctica generalizada, no cuentan con el apoyo de ningún discurso público que los legitime.

El discurso privado en general no sale en defensa de los derechos sexuales y reproductivos que contravienen las normas tradicionales; éste más bien se encarga de justificar por qué las personas cometen tal o cual acto privado, o entrega las explicaciones que justifican dicha transgresión aduciendo argumentos de debilidad y de pecado. El doble discurso construido a la medida y cuyo propósito no es enjuiciar, se origina precisamente en aquellas culturas predominantemente católicas. Con justicia se podría decir que el sistema del doble discurso es inherente a las culturas católicas de los países en los que, por diversas razones históricas y políticas, la Iglesia ejerce gran influencia sobre el Estado. En estos países, muchos de ellos latinoamericanos, las autoridades de gobierno a menudo se sienten obligadas a defender en público la doctrina de la Iglesia, aunque saben que es frecuente que los actos no se ciñan a dichas enseñanzas. Los católicos no consideran que esa actitud sea hipócrita, sino que la aceptan como una forma de defender un ideal que muchos, incluso ellos mismos, no logran alcanzar por razones que Dios se encargará de comprender y perdonar. Tanto las católicas como las personas del clero logran llegar a una paz interior a pesar de transgredir las normas oficiales. Es bastante común que los sacerdotes que hacen trabajo comunitario muestren más empatía y flexibilidad ante esta situación que las autoridades jerárquicas. Debido a que con frecuencia la jerarquía "acalla" a los sacerdotes que se manifiestan públicamente contra las normas represivas de la Iglesia, cuando se trata de mostrarse más comprensivos frente a las conductas sexuales y reproductivas prohibidas, éstos sólo expresan su opinión en el ámbito de la conversación privada y de la confesión.

Una reflexión A través de mecanismos semi-oficiales, clandestinos y privados, se transgreden los límites impuestos por políticas represivas. Se puede observar una profunda polarización de la opinión pública sobre el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Unos ejemplos notables de la operación del doble discurso serían la institución de la nulidad matrimonial en Chile (el válvula de escape debido a la falta de un ley de divorcio), las clínicas clandestinas de aborto, y las múltiples maneras en que la juventud consigue información y servicios de salud sexual y reproductiva. (Véase el artículo completo para una discusión más amplia de estos ejemplos.) No se puede menos que aplaudir el ingenio humano que ha llegado a encontrar maneras tan tortuosas de ampliar bajo esas circunstancias las opciones individuales. Sin embargo, no se pueden ignorar las desventajas de dicho sistema, ya que el cúmulo de consecuencias negativas recae en muchas personas y familias que se ven perjudicadas de una manera irreparable. Cuando no se cuenta con soluciones oficiales que amplíen las alternativas sexuales y reproductivas, cuando éstas son clandestinas, y/o dependen del criterio de profesionales como los proveedores de salud, nadie tiene garantizado el acceso permanente a dichas soluciones y nadie puede supervisar la calidad de los servicios que se proveen. Ello conduce a que las consecuencias tanto legales como de salud recaigan en forma desproporcionada sobre las personas más vulnerables o de menos recursos. Los mecanismos informales que amplían las opciones en general conllevan menos riesgos y se hacen cada vez más accesibles a medida que uno sube la escala socioeconómica, suavizándose con ello las consecuencias de las políticas represivas para los mismos sectores que influyen en las decisiones políticas, ya sea desde el gobierno o desde la sociedad civil.

Debido justamente al hecho de que para estos sectores las consecuencias se van mitigando, unido a que el advocacy implica enfrentarse a riesgos políticos, es que surge la falta de voluntad política para defender tales derechos....Los riesgos también recaen sobre las ONGs y sobre quienes trabajan en instituciones católicas. Costos Políticos Aquellos católicos que creen en el principio de la libertad de conciencia en materias sexuales y reproductivas sufren de una fuerte represión. La red regional de Católicas por el Derecho a Decidir recibe apoyo clandestino de muchas personas que perderían sus trabajos si declararan abiertamente ser miembros de dicha organización. La creciente represión que busca acallar las voces disidentes dentro de la Iglesia ha debilitado los intentos por promover el diálogo al interior de la jerarquía, entre la jerarquía y el clero (incluyendo a las monjas)- que generalmente son mucho más flexibles y progresistas en estos temas- y entre los laicos y la jerarquía. Sacerdotes y monjas que en un acto de valentía han manifestado abiertamente su postura a favor de estos derechos a través de publicaciones y de medios de comunicación han sido "acallados". Ejemplos claros de lo anterior han ocurrido en Colombia y Brasil. Asimismo, un prominente endocrinólogo de la Universidad Católica de Chile perdió recientemente su cargo de Profesor Titular, luego de que se publicara en la sección editorial del periódico El Mercurio una carta que él había enviado al Parlamento de Chile y en la que, esgrimiendo argumentos propios de la teología católica, manifestaba su oposición al proyecto Larraín, proyecto que pretendía aumentar la penalización del aborto. Para enfrentar esta represión, Católicas por el Derecho a Decidir se ha valido de la investigación (por ejemplo, grupos focales sobre estas materias con mujeres católicas) y de encuestas de opinión pública para demostrar la discrepancia que existe entre la realidad privada y la opinión del laicado católico por un lado, y el discurso público de la jerarquía de la Iglesia, por otro. A fin de que estos puntos de vistas alcancen cierta legitimidad, este grupo ha dado a conocer las opiniones de teólogos católicos disidentes a través de publicaciones y de conferencias.

Lamentablemente, la Iglesia Católica no es una democracia. Siendo esa la situación, estas estrategias tienen menos posibilidad de influir en las autoridades eclesiásticas de la que podrían lograr ejercer los laicos en el Parlamento a través de estrategias de advocacy. Sin embargo, esta búsqueda y difusión a través de los medios de comunicación sirve de todas manera a un propósito clave, puesto que ayuda a legitimar el discurso en favor de los derechos en países cuyas políticas públicas están fuertemente influenciadas por la Iglesia. A menudo, los grupos que hacen actividades de advocacy, muchos de los cuales son ONGs de mujeres, no logran ser tan persistentes y efectivos como lo son los activistas que se oponen a los derechos. En el plano económico, y debido a una drástica reducción del financiamiento extranjero, muchas ONGs latinoamericanas han sufrido una situación tan precaria que no han sido capaces de continuar siendo una voz fuerte e independiente en los debates públicos. En América Latina, varias ONGs se han transformado en personas non gratas para algunas agencias gubernamentales, por oponerse a la posición oficial del gobierno con respecto a temas de derechos sexuales y reproductivos...

Estrategias Posibles Al analizar la lógica del sistema de doble discurso se vislumbran tres estrategias posibles para impulsar la voluntad política hacia un cambio: usar tanto los argumentos de salud pública como los de carácter ético; disminuir los riesgos políticos para una diversidad de actores políticos, y eliminar las válvulas de escape. Adoptar este último camino sería una grave equivocación y sólo contribuiría a aumentar el sufrimiento y el daño. Tendría los mismos efectos de las persecuciones a los proveedores de servicios de aborto ilegal en Chile, restringiendo con ello las opciones para miles de mujeres y parejas desesperadas, forzándolas probablemente a tomar medidas incluso de más riesgo para terminar sus embarazos. Las válvulas de escape existen porque son necesarias, y esta necesidad no desaparecerá, independientemente de cuáles sean las políticas oficiales. Entonces nos preguntamos ¿cómo podrían las estrategias de advocacy enfrentar el sistema del doble discurso? En materias que van desde el divorcio hasta el aborto, las principales estrategias han sido recurrir al lobby y usar los datos epidemiológicos más evidentes: los adolescentes tienen una vida sexual activa, las mujeres se practican abortos, hay madres que mueren y hay parejas que se separan.

Premunidos de información sobre las consecuencias negativas que imponen las políticas restrictivas sobre la salud pública, las personas que abogan por estos derechos hacen lobby tras bambalinas y en reuniones con profesionales, de modo de ejercer cierta influencia sobre los responsables de dictar las políticas. Frente a cualquier estrategia de advocacy, es importante determinar cuáles son los grupos objetivos a los que es necesario llegar, y desarrollar mensajes que se adecuen a esos grupos. En la mayoría de los países, los legisladores y las autoridades públicas tienen opiniones diversas más o menos reservadas respecto de esto asuntos. Con las estrategias actuales se suele llegar sólo a los grupos objetivos de más alta visibilidad y poder: los que defienden con más vehemencia los derechos, por un lado, y los que defienden las normas casi sagradas que restringen dichos derechos, por el otro. Usando el análisis de audiencias, la estrategia que utiliza los argumentos de salud pública y equidad tiene una importante falencia para enfrentar al subgrupo de legisladores que abogan de forma vehemente por limitar los derechos argumentando justificaciones de orden religioso: los datos epidemiológicos no tendrían ningún impacto sobre alguien que está defendiendo una norma sagrada. De acuerdo al razonamiento religioso, el hecho de que las personas transgredan o cometan pecados no significa que los Diez Mandamientos debieran mandarse a la basura. Desde este punto de vista, sufrir a consecuencia de haber cometido una transgresión no constituye una injusticia.

La moralidad está fusionada con la ley, y por lo tanto, legalizar el divorcio, el aborto o el adulterio equivale a aprobarlos desde la perspectiva de la moral. Además de los argumentos de salud pública y equidad, existe otro que puede resultar más efectivo para enfrentar a los que se oponen con intransigencia a los derechos sexuales y reproductivos, argumento que puede ser mucho más convincente frente los creyentes de todas las religiones: el principio de la diversidad religiosa. La diversidad religiosa se ha fortalecido significativamente en América Latina y en los países con tradición católica, contribuyendo a ser de éste un argumento importante para quienes hacen advocacy. Una estrategia de advocacy complementaria sería crear alianzas con personas que profesan otras religiones distintas al catolicismo, de modo de exigir que las políticas de Estado no estén vinculadas a doctrinas de ninguna religión. Si bien es importante comprender el sistema en que se fundan las creencias de los más férreos opositores a los derechos sexuales y reproductivos, sigue siendo efectivamente estratégico usar argumentos de salud pública y de equidad frente a otras autoridades responsables de políticas que pueden ser más abiertas a la perspectiva de los derechos. Esta discusión se centrará en dos grupos objetivos menos visibles, pero presentes en muchas instituciones legislativas y agencias gubernamentales: (1) aquellas personas para los que el tema no ha demostrado ser de mucha relevancia y que han adoptado la postura tradicional porque ese ha sido el camino más fácil, y (2) aquellas personas que ya están a favor de los derechos sexuales y reproductivos, pero que sólo se atreven a expresar sus puntos de vista tras bambalinas. Es posible que el primer grupo objetivo no se haya detenido a examinar concienzudamente estos temas, o es posible que la información con que cuentan sea escasa. Tratándose de los políticos, en general estos han optado por camino más seguro, cual es adherir a las normas tradicionales.

Es posible que este grupo esté más abierto a dejarse persuadir por información sobre las consecuencias de la falta de equidad y por los argumentos de salud pública de las leyes y normas represivas, especialmente si la opinión pública se inclina por alguna reforma. El segundo grupo objetivo lo integran aquellos legisladores y autoridades públicas que en privado tienen una postura a favor de los derechos en temas de salud sexual y reproductiva. Existen profundos desacuerdos subterráneos entre las agencias gubernamentales, los partidos políticos y los comités de legisladores, desacuerdos que con frecuencia se traducen en declaraciones de consenso insípidas y carentes de significado, o simplemente conducen a la inercia. Como resultado, el discurso "legítimo" que cuenta con acceso garantizado a los medios de comunicación sigue siendo aquél que emana de la jerarquía de la Iglesia Católica o de las figuras públicas que la respaldan, mientras que las voces disidentes que defienden los derechos sexuales y reproductivos rara vez llegan a la opinión pública, excepto cuando son atacadas por la Iglesia.

Esta dinámica sitúa a los discursos en favor de los derechos en una posición de desventaja, perpetúa la marginalidad política de quienes promueven estos derechos, y permite mantener tras bambalinas y sin sacar a la luz pública los desacuerdos entre los actores políticos. Mientras sean tan altos los costos políticos de apoyar propuestas controvertidas en pro de los derechos, las estrategias políticas de corto plazo más efectivas para quienes hacen advocacy obedecen a la lógica del sistema de doble discurso, conduciendo las negociaciones y el lobby tras bambalinas, lejos de la opinión pública. Esta estrategia podría traer algunos beneficios legales, pero a largo plazo no logrará resolver el problema de que la postura en pro de los derechos en estas materias sea percibida como ilegal e inmoral en el ámbito público. Es claro que las diversas estrategias de advocacy debieran concentrar sus esfuerzos en reducir los riesgos políticos de los potenciales defensores. Una de esas estrategias podría ser exponer las voces que abogan por los derechos en los medios de comunicación masiva, trayendo a la luz las opiniones que hasta el momento se han mantenido en el ámbito privado. Exponer los argumentos de ambos lados ayudaría a legitimar el debate en sí mismo, como también las posiciones en favor de los derechos, y contribuiría a disminuir los costos políticos ser partícipes del debate y de adoptar públicamente una posición disidente. Ampliar la coalición en favor de los derechos es ciertamente una estrategia promisoria para los grupos de la sociedad civil. Mientras más diversos y de más amplia cobertura sean estos grupos, menor será el riesgo político que implique defender estos derechos. La utilidad de esta estrategia radica precisamente en que otorga legitimidad a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos como asuntos políticos fundamentales, reduciendo por lo tanto los riesgos políticos asociados a las actividades de advocacy. Antes de diseñar estrategias, un ejercicio importante para quienes promueven los derechos sería analizar la naturaleza de los riesgos, como también las fuentes, los argumentos y las tácticas de ataque de la oposición. Las estrategias multifacéticas que emplean una combinación de tácticas para hacerle frente a estos riesgos y contrarrestar efectivamente los ataques (por ejemplo, las encuestas de opinión pública, las alianzas en torno a otros temas, los acuerdos internacionales, la asociación con los medios de comunicación y la educación de los responsables de las políticas) son más efectivas, ya que logran un refuerzo mutuo entre dichas tácticas. También es importante analizar las diferencias entre los potenciales aliados, de modo de aproximarse a ellos de la forma más adecuada. Si bien el sistema de doble discurso impone obstáculos importantes a los esfuerzos por el advocacy de los derechos sexuales y reproductivos en muchos países de América Latina, se ha progresado en temas claves como son la violencia contra las mujeres y la violencia sexual. Es de esperar que un análisis riguroso de la naturaleza de los riesgos políticos, la adaptación de los mensajes a los diversos grupos objetivos, y una aproximación decidida a potenciales aliados implique lograr una verdadera y exitosa protección de todos y cada uno de los derechos sexuales y reproductivos.

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1 Catholics for Free Choice (Católicos y Reproducción: Un Panorama Mundial), ( 1994).

2 L. Haas, "The Catholic Church in Chile", en C. Smith y J. Prokopy (eds), Latin American Religion in Miotion (New York and London: Routledge, 1999); M. Htun, "Democracy, Dictatorship and Gender Rights: Divorce, Abortion and Women's Rights in Argentina, Brazil and Chile", Disertación para el Grado de Doctor, Harvard University, 1999, aún sin publicar.

3 R. Petchesky y K. Judd (eds) para el International Reproductive Rights Research and Action Group IRRRAG), Negotiating Reproductive Rights (Nueva York y Londres: Zed Books, 1998), p. 17.

4 La autora trabajó en estos países desde 1992 a 1998 como Encargada del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Fundación Ford, con base en la oficina para la región Andina y el Cono Sur en Santiago. En algunos paises, se habla más de "doble moral," para señalar el mismo fenómeno.

5 Filipinas y el Vaticano son otros dos ejemplos claros en los que la Iglesia Católica ejerce una fuerte influencia en el Estado. Sería interesante analizar si el sistema de doble discurso también existe en otros países donde opera la hegemonía de una religión oficial o semi-oficial.

6 De las conversaciones de la autora con integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir en seis países latinoamericanos.

7 El ejemplo más conocido de Brasil es el caso de la Hermana Yvone Gerbara, que dio una entrevista a la revista nacional Veja, en la cual abogaba por la despenalización del aborto. En Colombia, Alberto Múnera, un prominente teólogo jesuita, fue removido de su cargo docente en 1995, después de que defendió los Postulados de la CIPD en un programa nacional de televisión.

8 Se trata del Dr. Horacio Croxatto, a su vez Presidente del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER). Comunicación personal del Dr. José Barzelatto y varios otros colegas chilenos.

9 Sería importante llevar a cabo un seguimiento del estudio Guttmacher de 1994, para verificar si de hecho hay menos proveedores que antes, y si como consecuencia de ello, han aumentado la morbilidad y mortalidad asociadas al aborto.

10 Véase "World Religions and the 1994 UN International Conference on Population and Development: A Report on an International and Interfaith Consultation" (Chicago: Park Ridge Center for the Study of Health, Faith, and Ethics, 1994) En español: "Las Religiones Mundiales y la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo de 1994, Informe sobre una Reunión Internacional de Pensadores de Distintas Religiones". (Park Ridge Center para el Estudio de la Salud, la Religión y la Ética).

11 De acuerdo con el censo de 1992, alrededor del 13,4% de la población chilena es evangélica/protestante, mientras que un 76,7% es católica. Los ateos alcanzan a un 5,8% de la población, y "otras religiones" (probablemente judíos y musulmanes en su mayoría) alcanzan un 4,24%. Véase F. Kamsteeg, "Pentecostalism and Political Awakening in Pinochet's Chile and Beyond", en C. Smith y J. Prokopy

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