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Por
Marta Dillon
Ocho
de cada diez médicos ginecólogos que desarrollan su práctica
en los hospitales públicos del área metropolitana de
Buenos Aires está de acuerdo en afirmar que la
despenalización del aborto contribuirá a la reducción
de la mortalidad materna. El 65,3 por ciento de los 500
profesionales consultados considera, además, que el
aborto es el problema de salud pública más relevante
en el país. Estos son sólo dos de los resultados del
estudio pionero –no hay antecedentes en nuestro país
ni en el resto de América latina– que llevó a cabo
el equipo del Area Salud del Centro de Estudios de
Estado y Sociedad (CEDES) y que hace escuchar una voz
hasta ahora ausente en los debates que progresivamente
se han dado en la sociedad en torno de la salud
reproductiva: la de la comunidad médica. La voz de
quienes se enfrentan cotidianamente a esas 55 mil
mujeres que, en los números y según datos del
Ministerio de Salud, cada año se internan en los
hospitales públicos por complicaciones de abortos
hechos en la clandestinidad.
Se trata del primer estudio –financiado por la
Organización Mundial de la Salud y por la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del
Ministerio de Educación de nuestro país– que, de
manera científica, hecha luz sobre la opinión de los
profesionales ginecólogos y obstetras. Una opinión
relevante teniendo en cuenta que esta es una opinión
autorizada y legitimada para el conjunto de la sociedad.
“Los médicos tienen una función protagónica en
cualquier proceso de cambio, esto se puede ver si
tenemos en cuenta la experiencia internacional (ver
recuadro), que indica que la suerte de cualquier política
de salud o legislación en el campo de la salud pública
está ligada a lo que piensan y hacen los médicos en su
práctica cotidiana”, asegura Silvina Ramos,
integrante del equipo de investigación que sondeó la
opinión de los profesionales en 25 hospitales públicos
–seis se negaron a participar de la investigación–
de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos bonaerenses
de Florencio Varela, Vicente López, San Martín, La
Matanza, Merlo y San Fernando. Se trató de una encuesta
con preguntas cerradas que cada médico o médica
contestó en soledad y de manera anónima. “Fueron
claramente interpelados como médicos de hospital público
y en su lugar de trabajo -agrega Mónica Gogna, miembro
del equipo– y las respuestas fueron dadas desde la práctica,
como médicos de planta”. Hubo dos grandes temas sobre
los que se elaboró la encuesta: anticoncepción y
aborto, y analizando las respuestas, hubo coincidencia
en el grupo investigador en que las opiniones recogidas
“abonan en la dirección de ampliar los límites de la
normativa vigente en Argentina. Hay datos que subrayan
esta opinión -asegura Ramos–: la mayoría está de
acuerdo con la despenalización del aborto en
situaciones de excepción que no son contempladas por el
Código Penal, también con que debería ser en los
hospitales públicos donde se realice este tipo de
intervenciones y por otro lado hay una enorme demanda de
sentirse cubiertos y protegidos por disposiciones
legales o administrativas que les permitan actuar en la
dirección que ellos creen que hay que hacerlo”.
Efectivamente, además de la excepción que consta en el
Código que no penaliza el aborto en caso de riesgo de
vida o salud de la mujer, con la que los médicos
consultados estuvieron de acuerdo en un 86.7 por ciento,
también concordaron en despenalizar esta práctica en
caso de violación o incesto –en un 83.3%– o cuando
exista una malformación incompatible con la vida
extrauterina –82.2 por ciento–. Un 38.5 por ciento
estuvo de acuerdo con despenalizar la interrupción de
la gestación en caso de decisión autónoma de la
mujer, un 47.9 por ciento consideró como “muy
prioritario” promover el debate público sobre la
situación del aborto en el país, y un 33,5 lo evaluó
como “prioritario”. Otro dato que habla sobre la
necesidad de los médicos de contar con una normativa
que esté de acuerdo con la realidad cotidiana
semanifiesta cuando fueron consultados sobre si las
mujeres hospitalizadas por complicaciones de abortos
provocados tienen que ser denunciadas a la policía. Un
73.5 por ciento estuvo de acuerdo, contra un 15.5 en
desacuerdo. Pero el 88.2 por ciento de los consultados
dijeron que esas mismas mujeres no deben ir presas.
Estos datos no pueden ser analizados sin tomar en cuenta
que en Argentina se registran 41 muertes maternas cada
100 mil nacidos vivos. Un tercio de estas muertes se
deben a complicaciones de abortos inseguros. Casi el
doble de lo que sucede, por ejemplo, en Chile. Teniendo
en cuenta que el Ministerio de Salud admite un
subregistro del 50 por ciento -quiere decir que sólo se
puede contar con la mitad de la información cierta– y
que en el noroeste y noreste del país las cifras se
triplican, se puede tener una idea de la situación de
quienes trabajan en hospitales públicos de cara a esta
realidad.
“Esta investigación se da en el marco de una transición
sobre lo relacionado a la salud sexual y reproductiva:
de una monolítica situación de restricciones y
silencios a una mayor visibilidad en la agenda pública
con cambios institucionales y programáticos”, dice Mónica
Petracci, del CEDES, haciendo tácita referencia a la
existencia no sólo de debates públicos sino a que en
este momento son catorce las provincias que cuentan con
leyes y programas de salud reproductiva, a las que se
sumó la Ciudad de Buenos Aires; y que hoy la ley
nacional que crearía el Programa de Salud Sexual y
Procreación Responsable cuenta con media sanción en
diputados y pronto deberá tratarse en el senado.
Marcela Romero, médica y también integrante del equipo
de investigación, reconoce alguna dificultad de los
profesionales de “verse a sí mismos a través de
estos datos”, sólo tres hospitales estuvieron
representados cuando fueron convocados por el CEDES para
informarles de los resultados de la encuesta. “Pero
tanto en el tema de anticoncepción como en el tema de
aborto queda claro que la opinión de los médicos va más
allá de la normativa vigente e incluso de los temas que
caracterizan el debate hegemónico: la anticoncepción
fue interpretado como el segundo tema prioritario de la
salud pública y un 75,5 por ciento dijeron que el
hospital público debería informar y prescribir
anticonceptivos a solicitud de los y las
adolescentes”. Un hecho que se da en la práctica y
que a pesar de estar legalizado en buena parte del país,
todavía quedan zonas oscuras en las que los
profesionales sólo cuentan con su criterio.
LA
EXPERIENCIA DEL HOLANDES EYLARD VAN HALL
“Al
legalizarse disminuyeron”
Por
M.D.
“Si
un médico en virtud del juramento hipocrático y por
razones humanitarias detectara que alguna cuestión
incide en una alta mortalidad, actuaría inmediatamente
en razón de evitar ese agente. En el caso de la
mortalidad materna en Argentina y otros países, cuya
incidencia por abortos ilegales es altísima, ¿por qué
no hacen nada?”. Quien plantea la pregunta es Eylard
Vicente Van Hall, ginecólogo holandés, ex presidente
de Ispog (International Society of Psychosomatic
Obstetrics and Gynecology), profesor emérito de la
Facultad de Medicina de Leiden, Holanda, y presidente de
la Fundación de Clínicas de Aborto en ese mismo país.
Van Hall visitó Buenos Aires en ocasión del XIII
Congreso Internacional Ispog, e interpeló a los
profesionales argentinos. “Son los médicos los
actores centrales en el proceso de legalización del
aborto. Es una cuestión ética y de práctica
responsable”.
Formado en una universidad católica, Van Hall considera
que en su país se dio un proceso de toma de conciencia
que duró diez años hasta la legalización del aborto.
“La lucha por la legalización del aborto empezó, básicamente,
por los médicos de cabecera que es la puerta de entrada
de toda la población al sistema de salud. Ellos
conformaron un grupo muy fuerte y comenzaron a abrir las
clínicas de aborto a fines de los años 60”. Aun
cuando eran ilegales, estas clínicas se propagaron por
el país y Van Hall, desde la cátedra del hospital de
su universidad –en ese entonces la católica de
Nijmegen– se ofreció como asesor. “En aquel momento
se montó un gran revuelo, el director quiso hacerme un
sumario pero todo quedó en que daría el asesoramiento
por fuera de mi horario de hospital”.
“El derecho al aborto es crucial en la construcción
democrática de una sociedad pues está inscripto en un
derecho de las mujeres, el derecho a su cuerpo y a una
sexualidad sana, eso es lo que genera resistencias”.
Así opina Van Hall, quien cita la experiencia de España
como prueba de la importancia del rol de los médicos en
los procesos de cambio: “Aun cuando el aborto es
legal, son demasiados los médicos que se niegan a
llevarlo a la práctica. En Holanda contamos con la
separación de la Iglesia y el Estado como eje
fundamental para lograr que el aborto se legalice en
1975 y pase a ser gratuito a partir de 1981. Los
resultados están a la vista, la incidencia en mi país
de embarazos no queridos y de abortos es muy baja –uno
de cada 10, diez veces más baja que en Argentina–, el
número de abortos se disminuyó progresivamente con la
despenalización”.
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Tres
miradas sobre la investigación |
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“Un
gran indicador”
Carmen
Storani *: “Creo que la encuesta es un gran
indicador, porque los médicos son quienes
tienen contacto directo con las mujeres. Creo
que la procreación responsable se debe abordar
desde dos ejes: la información completa sobre
los métodos anticonceptivos –aspecto en el
que los hospitales públicos tienen una gran
importancia– y la decisión de la pareja, que
se tomará en base a esta información; ambos
ejes forman parte de la política del Consejo
Nacional de la Mujer sobre este tema. Antes de
pensar en modificar la legislación vigente, es
necesario abrir un debate adulto sobre el tema,
basado en la realidad de nuestro país, que
habla de quinientos mil abortos clandestinos; de
un sistema judicial en el que no existen fallos
sobre aborto. La realidad es que el código
actual no se cumple; la realidad también es que
en el caso de la salud reproductiva, muchas
veces la que inclina la balanza es la línea de
la pobreza: las personas con recursos pueden
decidir cuándo y cómo, las personas pobres no,
porque desde el hospital público no se hace
todo lo que se debería –y se podría–
hacer”.
*
Titular del Consejo Nacional de la Mujer.
“Conocer
los derechos”
Diana
Maffía *: “El gran tema a resolver, hoy en día,
es que, aún cuando existe una Ley de Salud
Reproductiva, muchos médicos no la cumplen: hay
profesionales que se resisten a proveer
anticonceptivos en forma gratuita, simplemente
porque ‘no hay una disposición del jefe de
servicio’. El médico muchas veces teme a la
represalia de sus superiores, o a los cargos por
mala praxis, y no tiene en cuenta que si no
brinda asistencia a la mujer que desea abortar,
en los casos previstos por la ley, está
incurriendo en abandono de persona. Por eso es
importante que los ciudadanos sepan que pueden
concurrir a la Defensoría para exigir que sus
derechos se cumplan, pero para eso es necesario
superar otra barrera: que la gente conozca sus
derechos, y allí es primordial la función
difusora del Estado y del hospital público. El
médico pasa por sobre este derecho a la
información, considera que él sabe mejor que
la paciente lo que a la paciente le conviene;
decide por ella. Vulnera la autonomía y el
derecho a elegir de la persona, un valor moral básico,
en el que también se basa el ejercicio de la
ciudadanía”.
*
Defensora adjunta del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires.
“Una
visión social”
Clori
Yelicic *: “Creo que en materia de salud
reproductiva hay, en la ciudad de Buenos Aires,
una necesidad de mayor difusión de los
servicios que contempla la Ley de Salud
Reproductiva. Y por otra parte, algo que es básico
para la concreción de todo plan de salud, que
es salir a la comunidad; trasladarse para llegar
a la gente de menos recursos, que muchas veces
llega al hospital cuando ya es tarde. Es cierto
que de parte de los médicos aún hay cierta
resistencia, que se traduce en una poca
predisposición a informar, pero considero que
esta postura es minoritaria.De todos modos, la
intervención de equipos multidisciplinarios,
que ayuden al trabajo de difusión, puede
reducir aún más esa resistencia. En cuanto a
la normativa vigente sobre el aborto, aún hay
temas pendientes, como lograr una interpretación
adecuada en los casos de violación en los que
se solicita un aborto, de modo tal que no se
perjudique aún más a la víctima. El gran
problema sigue siendo que la sociedad ve al
aborto como un problema criminal, y no como un
problema social. Hasta que no brindemos otras
opciones que eviten llegar a esa decisión,
estamos obligados a tener una visión social
sobre el tema, y analizar cómo lo podemos
abordar”.
*
Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires
(Frepaso).
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Lo
que ven los profesionales
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OPINION
Por
Sandra Russo
Preguntas |
Que
los médicos admitan que el aborto clandestino
es el principal problema de salud pública que
afecta a las mujeres no hace más, en principio,
que ponerle resaltador fosforescente a un dato
ya conocido: el aborto clandestino es la
principal causa de muerte en mujeres jóvenes.
Cuando hace ya unos cuantos años el tema del
aborto salió del closet, entre la información
que hasta entonces circulaba deshilvanada e
inconexa, llegó la que daba cuenta de que la
mayoría de las camas ginecológicas de los
hospitales públicos estaban ocupadas por
mujeres que habían sufrido complicaciones por
abortos mal practicados. El aborto clandestino
era indudablemente un problema de salud pública,
pero a casi una década del blanqueo de esos
datos, sigue a la espera en el Senado la ley de
Derechos Reproductivos que, si bien no tiene
nada que ver con despenalizar el aborto, su
aplicación permitiría al menos sacar de abajo
de la alfombra ese otro dato incómodo que los
eufemísticos Grupos Pro Vida prefieren
ningunear: que la falta de provisión de
anticonceptivos y la falta de educación sexual
encubren miles de muertes por abortos mal
hechos.
En este tema también ha crecido la brecha entre
pobres y ricos. Y que el aborto sea un problema
de salud pública implica entre otras cosas que
ese “problema” atañe hoy más que antes a
quienes han quedado a merced de la atención pública
de la salud. Las que mueren o quedan estériles
en clínicas truchas o en sucuchos de mala
muerte son las mujeres pobres. Las que pueden
reunir los mil dólares que cuesta un aborto
realizado en buenas condiciones de asepsia deben
cargar con el estigma, la carga ética si la
hubiera y su propia conciencia, porque nadie
llega a esa instancia sin sentir que arrastra
sobre sí una desgracia personal. Pero no
mueren.
El aborto clandestino es tautológicamente
clandestino. Quienes se someten a él siguen
poniéndole el cuerpo a la metáfora según la
cual el que las hace las paga, o más
precisamente, “la que lo hizo lo paga”. ¿Hay
algún dogma o discurso circulando al que le son
funcionales esas miles de muertes? ¿No son esas
muertes señaladores ejemplares e
inconcebiblemente primitivos para seguir
condenando la libertad sexual de las mujeres? ¿No
son hoy las mujeres pobres los rehenes de una línea
de pensamiento conservador y cristiano según la
cual, para evitar un embarazo, sólo puede
practicarse la abstinencia? Hablar de salud pública
es un avance para que a partir de ahora estas
preguntas se las haga el Estado. |
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