• por no querer más hijos 32%
• problemas económicos 22%
• vergüenza 19%
• falta de pareja estable 16%
• temor al embarazo 5%
• por no ser hijo del esposo 3%
• causa desconocida 2,9%
• violación 0,1%

En un país como el nuestro donde el aborto es un delito, no resulta fácil obtener datos confiables respecto a la cantidad de abortos que se practican. Obtener estadísticas objetivas y confiables para un verdadero diagnóstico de la situación actual es un problema.

Según cifras de A. Turenne (1933) en el año 1908 e practicaban 2 aborto cada 100 partos, cifra que habría subido a 40 para 1925. De acuerdo al profesor Hermógenes Alvarez en 1934 la cifra sería de 50 abortos cada 100 partos y en 1965 de 300 abortos cada 100 partos. Emilio Thevenet, en 1978, etima las cifras de abortos practicados anualmente entre 100.000 y 150.000 y en 100 el número de mujeres muertas cada año como consecuencia de las prácticas abortivas. En julio de 1983, el penalista Milton Cairoli afirmaba que "en casi ningún país del mundo se dan las cifras de abortos anuales como las de Uruguay".

En noviembre de 1977, Ricardo Morel, Margarita Serra, Hermógenes Alvarez y Guillermo González publicaron un trabajo sobre la "incidencia del aborto voluntario en el Uruguay", en el cual llegaron a algunas conclusiones en base a datos obtenidos entre 1965 y 1975. Según estos autores, en dicho periodo, "el gran aumento en el consumo de anticonceptivos orales (junto con otros factores no analizados en este trabajo) no ha modificado la natialidad y í ha contribuido al descenso de la recurrencia al aborto voluntario en los distintos niveles sociales de la población". Analizando el porcentaje de menores de 18 años que recurrieron al aborto entre 1966 y 1981 (Morel y González) afirman que se da una disminución del 38,1% al 1,8% lo que también atribuyen al mayor uso de métodos anticonceptivos. En un trabajo posterior los mismos autores junto a N. Altez (1984), analizando la población marginal de Montevideo llegaron a la cifra de 16 abortos cada 100 partos.

En diciembre de 1986, el Dr. Mario Pienovi con la colaboración de los Dres. Fernando Blois y Guillermo Rodriguez, presentaron en el IX Congreso Uruguayo de Ginecotología, un trabajo debnominado "Cifras sobre Aborto provocado en el Uruguay", en el cual llegan a algunas conclusiones diferentes. Sobre una muestra de 1.000 mujeres encuestadas en distintos centros hospitalarios dependientes del MSP en todo el país, de entre 15 y 83 años de edad, resulta que el 30,5% del total "admitió haberse realizado por lo menos un aborto provocado". Si se tienen en cuenta las edades en que se practicaron los abortos, resulta que existe un pico entre los 15 y 20 años y otro alrededor de los 35 años, con valores más bajos para los 15, los 20 y los 40 años.

Según el año en que habrían ocurrido dichos abortos, se fraccionó la muestra en tre grupos: anteriores a 1964, de 1956 a 1974 y de 1975 a 1985. "La incidencia global para el aborto provocado en cada grupo -agregan los referidos autores- fue de 15,3% y 27,5% respectivamente, lo que marca una tendencia al ascenso en la muestra estudiada."

• Con médicos ...................... 58%
• con parteras ....................... 40%
• la propia embarazada ........ 2 %

Estos resultados como las causas que provocaron los abortos que se expresan al comienzo de este artículo fueron resultados del trabajo del Dr. Pienovi. Otras de las conclusiones de la encuesta fue que de cada 100 embarazos 14 terminaron en abortos provocados, lo que representa un 20% sobre el total de los nacimientos declarados por las encuestadas. "Importa destacar la poca o casi nula variabilidad en el tiempo de estos valores, excepción del último quinquenio, donde en contra de lo que podía esperarse por la mayor difusión del uso de anticonceptivos, hay un leve ascenso."

• Leonel Briozzo (Profesor Adjunto Clínica Ginecotocológica "A" Prof. J.E. Pons. Facultad de Medicina. Universidad de la República. Centro Hospitalario Pereira Rossell)
• Gonzalo Vidiella (Médico Ginecotocológico)
• Beatriz Vidarte (Médico Ginecotocológico)
• José Enrique Pons (Profesor Director de la Clínica Ginecotocológica "A". Facultad de Medicina. Universidad de la República. Centro Hospitalario Pereira Rossell)
• José Carlos Cuadro (Profesor Director de la Clínica Ginecotocológica "C". Facultad de Medicina. Universidad de la República)

En este articulo se evalúa el impacto del aborto provocado en condiciones de riesgo como causa de mortalidad materna a nivel internacional y nacional. Se revisan además las principales estrategias para disminuir la mortalidad vinculada al aborto en condiciones de riesgo. Por último se propone reflexionar sobre algunas líneas de acción, en el contexto legal vigente en Uruguay, para disminuir la mortalidad materna vinculada a esta causa en nuestro país.

En todo el mundo mueren aproximadamente 585.000 mujeres por año como consecuencia del embarazo y parto, lo que significa mas de 1600 muertes de mujeres jóvenes por día.

La inmensa mayoría de las muertes maternas se vinculan a embarazos no deseados.

En los países subdesarrollados, un 25 a 33% de la mortalidad de la población general corresponde a causas vinculadas con embarazos no deseados, lo cual determina que la mortalidad vinculada con el embarazo y el parto se transforme en la causa principal en las mujeres de entre 15 y 49 años (1).

Frente a esta situación en el año 1987 se desarrolló una iniciativa sanitaria bajo la denominación de "Safe Motherhood" (Maternidad Segura) patrocinada por Family Care International, una Organización No Gubernamental (ONG) con gran presencia como referente sanitario, y copatrocinada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). El Banco Mundial, la Organización Mundial de Salud (OMS) y la Federación Internacional de Planificación de la familia (IPPF). Este grupo lanzo una iniciativa global por una maternidad sin riesgo con el fin de mejorar la salud materna y disminuir el número de muertes a la mitad, fijándose el año 2000 como plazo para el logro de ese objetivo. En el marco de esa iniciativa se desarrolló la declaración sobre los "Servicios indispensables para una maternidad sin riesgo" instando a que los mismos estén disponibles para la población a través de una red de proveedores de salud (1).

Estos servicios incluyen:

• Educación comunitaria sobre maternidad sin riesgo.
• Cuidado prenatal y consejería, incluyendo la promoción de la nutrición materna.
• Asistencia capacitada durante el parto.
• Atención para complicaciones obstétricas, incluyendo casos de emergencia.
• Cuidados postparto.
• Asesoría, información y servicios sobre planificación familiar.
• Educación y servicios de salud reproductiva para adolescentes
• Manejo de complicaciones del aborto, cuidado postaborto e interrupciones del embarazo seguras hasta donde la ley lo permita.

En la mayoría de los países en vías de desarrollo – y también en el nuestro – se vienen concretando algunos de estos servicios, fundamentalmente aquellos relacionados con prevención del embarazo no deseado mediante el desarrollo de programas de planificación familiar, cuidado prenatal mediante el desarrollo de centros de control del embarazo y asistencia del parto por personal capacitado, así como servicios de asistencia para adolescentes.

Como se ve, la mayoría de los programas destinados a las mujeres embarazadas tiene que ver con el embarazo deseado y con el no deseado pero aceptado y en este marco presta atención especialmente a los cuidados de las embarazadas y de los recién nacidos.

Pero: ¿Que sucede con los embarazos no deseados? Se calcula que anualmente 75.000.000 de mujeres tienen embarazos no deseados. Los embarazos no deseados pueden ser producto de falla o de falta de métodos anticonceptivos. Es en estos embarazos no deseados donde se expresa la mayor parte de la morbimortalidad materna vinculada fundamentalmente con las medidas inseguras para la interrupción del mismo (1).

Muchos de estos embarazos no deseados terminan en aborto provocado, tranformándose de hecho el aborto en un método extendido de control de la natalidad. El aborto provocado puede ser legal o ilegal, pero desde el punto de vista médico y de las complicaciones que conlleva, el factor que adquiere más importancia es en qué condiciones se realiza. Así, el aborto puede desarrollarse en condiciones seguras para la paciente, en un contexto institucional y con personal entrenado o por el contrario en condiciones de riesgo.

Existe una gran diferencia en los resultados en los abortos desarrollados en condiciones seguras con respecto a los que se practican en condiciones de riesgo. Según datos de la OMS se realizan 20.000.000 de abortos anualmente. La misma organización indica que el aborto en condiciones seguras genera menos morbimortalidad que la acontecida por el nacimiento. La OMS estima que a nivel mundial 1 de cada 8 muertes maternas se debe a complicaciones relacionadas con el aborto inducido. Este porcentaje trepa a un tercio de las muertes maternas en algunos países del tercer mundo (2). Particularmente en algunas ciudades de América Latina, la mitad de las muertes maternas se producen por abortos en condiciones de riesgo (3) (4).

Entre el 10% y el 50% de todas las mujeres que se someten a un aborto en condiciones de riesgo necesitan atención medica para el tratamiento de las complicaciones: sepsis, hemorragias, lesiones intra-abdominales, y otras (2) (5).

Si se analizan las consecuencias en diferentes países y zonas geográficas que cuentan con distintos niveles socio-económico-culturales pero también diferentes marcos religiosos y legales, se observan diferencias. El aborto inducido en condiciones inseguras causa 30 – 50 % de la mortalidad materna en África y América Latina, aproximadamente entre 25 – 30 % en Rusia y 20 a 25 % en Asia (6).

La clandestinidad del aborto en condiciones inseguras hace que no sea siempre fácil reconocer que se está en presencia de uno, lo cual dificulta instaurar medidas profilácticas o correctivas de las complicaciones en forma oportuna. En Tanzania 34 – 57% de los ingresos en ginecología de un hospital capitalino correspondían a complicaciones postaborto (7). En Sudáfrica se planteo que los abortos incompletos eran una forma de presentación común del aborto inducido bajo condiciones de riesgo, ya que el análisis de casos mostraba que 57,6% (286/514) de abortos incompletos sin elementos de infección se habían sometido cierta o probablemente a un aborto inducido, debido a que un 38,7% correspondían al 2º trimestre, siendo un porcentaje elevado para esta edad gestacional y por tanto altamente sugestivo (8).

Algunos cambios en las conductas relacionadas con la práctica del aborto inseguro, determinan cambios en los resultados. En Ghana se ha producido un descenso de la mortalidad desde 1997 tras la introducción del legrado aspirativo manual y la atención postaborto inmediata (9).

La situación en países donde el aborto es legal es diametralmente opuesta, no solo porque se realiza en condiciones adecuadas, sino por el control que se realiza posteriormente a esas pacientes, ya sea en caso de procedimientos quirúrgicos como farmacológicos. En Noruega, las complicaciones más frecuentes son la persistencia de restos, abortos incompletos o endometritis, siendo menos del 5% y directamente asociado con embarazos menores de 8 semanas de gestación o del 2º trimestre (donde no se recomienda su realización); le siguen pelvipertitonitis 1,2% y perforaciones 4.0‰ (10). En Estados Unidos, el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) registró en el periodo 1978-1985, 5 muertes por aborto ilegal, y después de ese período la mortalidad es menor de 1 en 100.000 embarazos, siendo los casos de sepsis postaborto excepcionales y de buen pronostico (el aborto manual aspirativo incluye riesgo de Sindrome de Asherman, adherencias pélvicas e incompetencia cervical; las complicaciones por el uso de misoprostol o mifepristona son el aumento de la retención de restos intracavitarios) (11). En el Reino Unido, donde la Ley de Aborto es del año 1967, se explica el procedimiento a la paciente, y actualmente se utiliza preferentemente medicación (mifepristona); es obligatorio el control medico en las 48 horas postaborto, dado que con esa técnica la expulsión puede ser incompleta (12). En Francia se utiliza igual droga en embarazo menor de 9 semanas, siendo el resultado reportado en mas de 100.000 abortos una sola muerte materna por shock, asociada a la combinación de fármacos, y 4 casos de teratogénesis cuando no se produjo el aborto (13).

Como se ve, el impacto en la mortalidad materna varía dramáticamente de un país a otro, pudiendo ser desde insignificante hasta la principal causa de mortalidad en mujeres. Las estimaciones regionales de mortalidad por año se sintetizan en la tabla 1.

FUENTE- A tabulation of Available Information, 3d.. edition. World Health Organization, Geneva, 1997.

Recapitulando: cada año se producen 75.000.000 de embarazos no deseados en el mundo, de los cuales aproximadamente 20.000.000 finalizan en aborto provocado en condiciones inseguras. De ellos 78.000 costarán la vida a las pacientes que se los realizan y un número no determinado, pese a sobrevivir, lo hará con secuelas graves, incluida la infertilidad. El 95% de la mortalidad se da en los países subdesarrollados (2).

Se deben considerar además los impactos sociales, psicológicos y familiares en los casos que presentan complicaciones por aborto provocado en condiciones de riesgo. También es importantes el impacto económico (14). Los gastos en tiempo de internación, personal para atención, medicamentos, transfusiones, etc. son cuantiosos. La cirugía radical indicada en los casos de sepsis postaborto constituye una cirugía mutilante con graves secuelas y complicaciones. Cuando una mujer muere, su familia y su comunidad sufren una considerable perdida: las familias pierden su contribución en el manejo del hogar, la economía pierde su contribución productiva, los hijos huérfanos tienen menos posibilidades de alcanzar mayor educación y atención en salud a medida que crecen (15).

En este contexto internacional tan desigual, Uruguay no escapa a la realidad de la mayoría de los países en desarrollo, donde no existen programas sobre prevención del aborto en condiciones de riesgo. Esta situación, pese a ser conocida por todos, se mantiene obligando permanentemente a llamados de atención y reflexión, como la reciente comunicación del Secretario General de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) el prof. Giusseppe Benagiano (16).

Para intentar un análisis estimativo de prevalencia en Uruguay, es necesario inferir datos a punto de partida en diferentes fuentes de información. La Mortalidad Materna en el país, informada por la División Estadística del Ministerio de Salud Pública (MSP) se presenta en la tabla 2.

FUENTE: Uruguay. MSP. División Estadística

Como se ve en la tabla 2 el aborto causa el 36% del total de las muertes maternas en 1995, 36% en 1996, 24% en 1997, 21% en 1998 y 16% en 1999. El aborto en forma aislada, es la principal causa de muerte materna en el periodo analizado. En la información del MSP no se especifica cuál complicación del aborto lleva a la muerte materna.

Si de ese total nacional se desagrega la mortalidad correspondiente a la maternidad mas importante del país, la del Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR), donde anualmente hay 9500 nacimientos, la situación es extremadamente preocupante. La mortalidad materna en el CHPR en el quinquenio 1996 – 2001 se muestra en la tabla 3.

FUENTE: Uruguay. Sistema Informático Perinatal. Centro Hospitalario Pereira Rossell.

* La información del año 2001 corresponde sólo al período enero – setiembre.

En el quinquenio 1996 – 2001 se han producido en el CHPR 13 muertes maternas. De ellas, 6 (47%) se debieron a complicaciones de abortos en condiciones de riesgo. A pesar de que no podemos establecer una comparación estrictas con las cifras para el total, el aborto como causa de muerte es sustancialmente mayor en el CHPR con respecto a la media nacional. Es necesario tener también en cuenta el casi seguro subregistro, dado que ni las mujeres – aún en inminencia de muerte – ni su entorno – incluso después de la muerte – suelen admitir el haber realizado un aborto provocado.

Esta situación se ha agravado dramáticamente en los primeros 8 meses del año 2001 donde se han producido 5 muertes maternas, siendo 4 de las mismas por complicaciones debidas a aborto provocado en condiciones de riesgo. Esto hace que en el primer año del siglo XXI el 80% de las muertes maternas en el CHPR hayan sido causadas por abortos en condiciones de riesgo.

Desde el punto de vista estrictamente médico la lucha contra el aborto inseguro, es decir la lucha contra la causa más importante de mortalidad materna, responde a una normativa que se aplica en los países desarrollados, razón por la cual en esos países la mortalidad por aborto provocado es una entidad muy rara, prácticamente inexistente.

La primera aproximación surge del Enfoque de Salud Sexual y Reproductiva, basado en los Derechos Sexuales y Reproductivos, tal como fueron adoptado por la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) en El Cairo, 1994. Los derechos reproductivos incluyen el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos que se desea tener, alcanzando asimismo el estándar mas alto de salud sexual y reproductiva (18).

Con respecto al embarazo no deseado, su prevención debe recibir la máxima prioridad. Se buscará entonces eliminar la necesidad del aborto. Pero a su vez las mujeres con embarazo no deseado deberán tener acceso rápido a información confiable y orientación sensible. Donde es legal, el aborto debe realizarse en condiciones de seguridad. En todos los lugares, incluso donde no es legal, la mujer debe tener acceso a servicios de calidad para la consejería postaborto, la educación y planificación familiar y el tratamiento de las complicaciones (19).

Las áreas de acción tienen niveles que van desde la disponibilidad de anticonceptivos de emergencia (los que reducen tanto el número de embarazos no deseados como el de abortos) hasta el manejo seguro del aborto y sus complicaciones (20).

El aborto en condiciones de riesgo es un tema primordial en salud pública, cuyo tratamiento humano debería abarcar todos los niveles de prevención – educación, anticoncepción, servicios seguros y tratamiento apropiado para aquellas mujeres que han sufrido un aborto realizado en situaciones de riesgo (21).

En ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia. Se insta a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes a incrementar su compromiso con la salud de la mujer, a ocuparse de los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas como un importante problema de salud pública y a reducir el recurso al aborto mediante la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación familiar.

Se debería ofrecer con prioridad servicios de planificación familiar, educación y asesoramiento postaborto que ayuden también a evitar la repetición de los abortos (22) (23).

Metodológicamente, es muy problemático el calculo de los niveles de mortalidad materna (24).

Para el diseño, ejecución y evaluación de los esfuerzos en política y programas, es más importante comprender por qué las mujeres mueren como consecuencia del embarazo y parto que determinar el nivel de mortalidad materna (25)(26)(27).

Desde la promulgación de la Ley Nº 9.763, el 28 de enero de 1938, en el Uruguay el aborto es considerado un delito. Independientemente de las opiniones que los autores de este artículo tienen sobre la situación legal actual, no se entrará en consideraciones jurídicas, éticas ni religiosas sobre la conveniencia o no de su modificación, ya que tales puntos desviarían el foco de atención de lo que consideramos una prioridad insoslayable en el momento actual: disminuir la mortalidad materna por abortos provocados en condiciones de riesgo.

En el marco legal vigente y tomando en cuenta la situación que hemos reseñado, surgen algunos interrogantes de trascendencia sanitaria y ética:

• ¿Qué grado de responsabilidad y de compromiso tienen los médicos cuándo una mujer consulta sobre un embarazo no deseado?
• ¿Qué información debería darse a una mujer que, en la intimidad de una consulta, plantea su intención de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo?
• ¿Quién debe ser responsable del manejo de dicha información?.

En nuestro país, así como en la mayoría de los países donde el aborto es ilegal, muchos integrantes del equipo de salud, incluyendo médicos, parteras y enfermeras, carecen de información fundamental sobre la legislación del aborto y no saben como transmitirla (4) (28). Así, muchas mujeres que estarían en condiciones de obtener abortos seguros, son rechazadas por falta de conocimiento de los proveedores acerca de las implicancias exactas de la ley, o debido a las consideraciones personales, sea éticas, religiosas, etc. de cada uno.

Frecuentemente la atención medica después de un aborto es demorada o inaccesible por desinformación, falta de protocolos para la atención posterior al aborto, diagnostico erróneo o actitudes punitivas de los proveedores de salud (14).

También es legítimo preguntar: ¿El desarrollo de programas de prevención primaria y disminución de riesgo serían adecuados y viables en nuestro país? Como se indicó en la CIPD, los programas de disminución de riesgo son aquellos que están destinados a informar a las pacientes que están en situación posible de realizarse un aborto acerca de los riesgo, posibilidades, y ofrecerle las mejores garantías posibles.

¿Podemos hacer algo desde el ámbito médico para disminuir la mortalidad materna por aborto en condiciones de riesgo?. Partimos de una situación de hecho y es que en nuestro país el aborto provocado es contrario a la ley. En este contexto no esta de más recalcar que no propondremos ninguna acción contraria a la ley. Lo urgente hoy, es el desarrollo de medidas impulsadas desde diferentes ámbitos gubernamentales y no gubernamentales para evitar que sigan muriendo más mujeres por esta causa.

Para ello es primordial cambiar la visión que en el presente tiene la comunidad y especialmente las mujeres que deciden realizarse un aborto provocado. En la actualidad es un hecho que muchos médicos y otros prestadores de asistencia sanitaria consideran el aborto provocado casi exclusivamente como un problema legal con implicancias represivas, desatendiendo el hecho de que es también – posiblemente más – un grave problema de salud, dado que constituye la principal causa de mortalidad materna. Esto ha conducido a una visión sesgada del problema, lo cual desvía el foco de atención de lo que es hoy un objetivo primordial y urgente: disminuir la mortalidad materna por aborto provocado en condiciones de riesgo.

La cuestión global del problema del aborto no será resuelta exclusivamente por los médicos en general o por los ginecólogos en particular. Es innecesario detenerse en señalar nuestra convicción de que como todo problema importante, deberá ser analizado y resuelto teniendo en consideración la opinión y necesidades de todo el espectro social que constituye nuestra nación. Pero en tanto médicos, no debemos cerrar los ojos a una trágica realidad, a la espera de una tal solución. Es nuestro deber tener el coraje como para no desatender la gravedad de la situación y reconocer que, desde el punto de vista sanitario, el eje principal sobre el que debe girar cualquier propuesta de prevención del daño es transformar al aborto provocado en condiciones de riesgo en un problema de salud y no en un problema legal.

El núcleo de esta propuesta se centra en incrementar hasta donde sea posible las condiciones de seguridad en la mujer que ha decidido realizarse un aborto provocado. Creemos que es bastante claro que lo que se puede hacer para mejorar las condiciones de seguridad se basan en:

• Educar a la comunidad acerca de la salud reproductiva y los abortos en condiciones de riesgo y promover cambios en las políticas para salvaguardar la salud reproductiva de la mujer evitando siempre el aborto como método anticonceptivo.
• Información a la comunidad y a las pacientes que lo requieran con respecto a el aborto en condiciones de riesgo y como evitarlas o por lo menos minimizarlas.
• Desarrollar una correcta evaluación clínica y paraclínica pre aborto, que incluya el asesoramiento, el examen clínico, la confirmación ecográfica de embarazo intrauterino, la edad gestacional del mismo y la determinación del grupo sanguíneo de la madre, para evitar la inmunización en los casos de madres Rh (D) negativo.
• Mejorar la calidad y accesibilidad de la atención postaborto. En este punto es clave promocionar la consulta precoz post aborto y no esperar los síntomas de una presunta complicación. Aquí el elemento determinante es generar condiciones de confianza en la consulta siendo quizás necesario revisar el principio del secreto profesional frente a la necesidad de denuncia a la policía.
• Brindar asesoramiento post aborto en cuanto a métodos de maternidad elegida y soporte psicológico a las mujeres que lo realizaron.

Existe actualmente un importante cuerpo de información internacional que puede ser analizada, así como experiencias internacionales transmitidas como "lecciones aprendidas", tal como lo señala el Secretario General de la FIGO (16). La necesidad critica actual es llevar programas a escala, y proveer guías y soporte a estos programas.

Tales programas deben llevarse a cabo dentro de la legislación de nuestro país, siendo importante la existencia de un centro de referencia que desarrolle las funciones asistenciales, en cuanto a consulta pre y post aborto, asesoría individualizada, así como las implicancias legales, denuncia y responsabilidad, pero también de formación de recursos idóneos para desarrollar esta función y de investigación con respecto al desarrollo de una línea de prevención especifica de la morbimortalidad por aborto inseguro. Sería deseable que este centro se desarrollara en la órbita del Ministerio de Salud Pública por varios motivos, entre los que se encuentran la de retomar su función como normatizador en salud en un tema-problema soslayado y en mejorar la salud de la población de nuestro país con énfasis en la que no tiene otra cobertura asistencial que la del propio MSP.

Es necesaria la coordinación y el apoyo técnico entre los diferentes actores, desde el ámbito gubernamental hasta el de las ONGs que trabajan sobre el tema. En este marco existe un grupo denominado "Iniciativas ciudadanas en contra del aborto inseguro" y con ese mismo espíritu en el CHPR se conformó el grupo "Iniciativas médicas contra el aborto inseguro" .

Muchos reclamos planteados en los últimos años evidencian que la sociedad uruguaya se encuentra preocupada por este tema, pero también hacen ver que está expectante en lo que respecta a posibles acciones en todos sus ámbitos, desde el legislativo hasta el de la comunidad. La sociedad uruguaya merece conocer opiniones médicas (y específicamente ginecológicas) que sean realistas y desapasionadas.