BEIJING
+ 5 Y LA DESCRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO EN AMÉRICA LATINA
Sonia
Correa
Entre
marzo y junio del 2000, el aborto inseguro fue objeto, una vez más,
de irritados debates en el ámbito de las Naciones Unidas. Esto
se dio en el contexto de la preparación para el Tercer Período
Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General, conocido como
"La Mujer en el año 2000: Igualdad, Desarrollo y Paz en el
Siglo XXI", en el que se hizo el balance de la implementación
de las recomendaciones de la Plataforma de Acción de Beijing
(PAM o Beijing + 5). Estas tensiones han sido recurrentes a lo
largo de la década del 90 y no parece excesivo afirmar que se
están volviendo más agudas.
En
1994, en El Cairo, por primera vez, un documento
intergubernamental reconoce el aborto inseguro como grave
problema de salud pública. Ya entonces la negociación del parágrafo
8.25 del Programa de Acción de El Cairo fue larga y penosa. Lo
mismo sucedería en Beijing, un año más tarde, cuando se agregó
al texto producido en El Cairo la recomendación de que los países
revieran las legislaciones punitivas contra las mujeres que se
someten a la interrupción del embarazo (parágrafo 106.k).
En
junio de 1999, en el proceso de revisión Cairo + 5, los párrafos
relativos al aborto fueron negociados en la sesión final que se
prolongó hasta avanzadas horas de la noche. En aquella ocasión,
una propuesta de texto presentada por Brasil obtuvo el apoyo de
más de 40 países. El texto finalmente aprobado recomienda el
entrenamiento de profesionales para atender a las mujeres en las
circunstancias en que el aborto es legal. No fue posible, a
pesar de todo, incluir en el documento final la mención a la
revisión de las leyes punitivas.
Sectores
conservadores intentaron romper los consensos de Beijing
En
este último ciclo de negociaciones, no se trataba sólo de que
los contenidos relativos a derechos sexuales y reproductivos
estuviesen sistemáticamente bajo ataque, como había sucedido
en El Cairo y en Beijing. En el 2000, las fuerzas conservadoras
hicieron lo posible (y lo imposible) para impedir la adopción
de un documento final. En caso de que esto hubiera sucedido,
esos sectores podrían afirmar que el consenso de 1995 estaba
roto y las repercusiones políticas de tal resultado serían
dramáticas en los planos nacionales. Al final del proceso, la
tensión era tan aguda que el Boureau Político estableció la
regla de que, cuando no hubiese consenso, se volviese a los
"textos consagrados", o sea, a los términos de la
Plataforma de Acción Mundial o de otros documentos acordados
después de 1995.
En
consecuencia, el documento final retoma íntegramente la
definición del parágrafo 106.k de la Plataforma de Acción de
Beijing, haciendo mención a la necesidad de rever las leyes
punitivas en relación al aborto. También recomienda que los países
implementen las definiciones de Cairo + 5, las que incluyen la
recomendación de que los profesionales sean entrenados y los
servicios, equipados. Fueron hechos esfuerzos en el sentido de
articular las dos definiciones, de forma explícita, en un único
texto (entrenamiento de profesionales y equipamiento de los
servicios con la revisión de las leyes). Pero siempre que se
hacía mención al entrenamiento de profesionales (tal como es
definido en Cairo + 5) los grupos conservadores exigían la
inclusión de una cláusula de objeción de conciencia. Vale
recordar que es enteramente inadecuado tratar el tema de la
objeción, sea en documentos internacionales o leyes nacionales,
pues eso debe ser objeto de los códigos de ética profesional.
A pesar de esta "pérdida", el resultado final
respecto al aborto inseguro fue muy favorable, especialmente
cuando se evalúan las condiciones políticas de la negociación.
Violencia
sexual y aborto
Las
recomendaciones en relación a la violencia de género fueron el
resultado más significativo de Beijing + 5. El documento final
enfatiza la necesidad de adopción de medidas contra la
violencia doméstica y sexual, mencionando explícitamente –y
por primera vez en un texto de las Naciones Unidas- la violación
marital y los crímenes de honor. El mismo se aplica a la
cohibición y punición de la violencia de género perpetrada en
situación de conflicto armado –tal como es definida por el
Estatuto de Roma del Tribunal Criminal Internacional- o sea,
estupro y violación sistemática, esclavitud sexual, aborto
forzado, embarazo y esterilización forzados.
Estas
definiciones tienen relevancia en el contexto latinoamericano.
En la mayoría de las legislaciones nacionales, las causales que
autorizan el aborto son el estupro, la violación o el incesto.
Esto significa que es posible articular la prevención y la
punición de la violencia sexual, inclusive marital, con la
definición de que, en los casos en que el aborto es legal, éste
debe ser accesible y seguro.
De
la misma forma, la adopción de las definiciones del Estatuto de
Roma puede y debe promover acciones en las áreas de conflicto
existentes en la región, en particular, en Colombia. Entre
tanto, cabe subrayar que el contenido del parágrafo 106.k de la
Plataforma de Acción Mundial (PAM), repetido ipsis literis
en el documento final de Beijing + 5, va más allá del
reconocimiento del aborto inseguro como grave problema de salud
pública: afirma que las mujeres en situación de aborto deben
recibir tratamiento adecuado y humanitario y, sobre todo,
recomienda la revisión de las legislaciones punitivas.
SLAC:
el liderazgo latinoamericano como bloque negociador
El
aspecto más importante a ser resaltado en relación a Beijing +
5 es, sin duda, el comportamiento y posicionamiento de los países
latinoamericanos. La mayoría de los países de la región
tienen legislaciones muy restrictivas en relación al aborto.
Tanto en Chile como en Colombia no hay ninguna causal legal para
la interrupción del embarazo. Vale decir que Chile, en 1999, al
presentar su informe a la Convención Contra Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), fue objeto de una
observación por parte del Comité, pues el hecho de que las
mujeres en riesgo de vida no tengan acceso al aborto contradice
la Convención. En el caso de El Salvador, el Código Penal fue
reformado en 1996 – o sea, después de El Cairo y de Beijing
– e incluye la premisa de derecho a la vida desde la concepción.
Varios países de la región hicieron reservas al 8.25 en El
Cairo y al 106.k en Beijing.
Con
todo, esto no impidió la constitución de un grupo de
negociaciones que se autodenominó Some Latin-American
Countries (SLAC) o Algunos Países Latinoamericanos, del
cual estaban excluídos sólo Nicaragua y Honduras. El SLAC se
separó del Grupo de los 77 (o G77, bloque político de
negociación en la ONU, compuesto por más de 130 países en
desarrollo) en las negociaciones inter-sesionales de mayo,
asumiendo identidad política propia, exactamente porque no era
posible llegar a un consenso en el interior de éste en relación
a varios temas, más especialmente aquéllos relativos a la
salud y a los derechos reproductivos. Pero este paso tiene
precedentes que deben ser mencionados.
Al
final de las negociaciones de El Cairo + 5, en junio de 1999, un
grupo de países también había tomado posiciones
independientes del G77 en relación a la política para jóvenes
y adolescentes y al aborto. Este "movimiento" contó
con la participación de un conjunto de países
latinoamericanos. En febrero, en la VIII Conferencia Regional de
la Mujer, en Lima, fue aprobado un documento de consenso
latinoamericano y caribeño en el que se menciona explícitamente
el término "derechos sexuales y reproductivos". Debe
decirse, inclusive, que ni siquiera Nicaragua presentó una
reserva formal en relación al llamado Consenso de Lima, aunque
se había posicionado contra el término en las negociaciones. O
sea, en el Prepcom (reunión preparatoria realizada en marzo),
El Caribe y América Latina se vieron una vez más
inviabilizados y sin derecho a voz en razón de la regla de
consenso que regía el funcionamiento del Grupo de los 77.
A
partir de su gestación en mayo, el SLAC desempeñaría un papel
crucial como facilitador de las negociaciones, contribuyendo
para romper el impasse que se había cristalizado en el Prepcom
de marzo entre el G77 y demás bloques de negociación (Unión
Europea y JUSCANZ, éste último compuesto por Japón, Estados
Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Noruega,
Liechtenstein y Suiza), actuando en asociación y colaboración
con El Caribe y México (éste último no perteneciente al G77).
Según la economista india Gita Sen, el SLAC constituyó la
primera expresión de un actor político global que combina una
agenda de justicia económica y justicia de género.
El
posicionamiento de la región en relación al tema del aborto
A
lo largo de las negociaciones, los países del SLAC estuvieron
bajo fuerte presión de El Vaticano. En el caso de Colombia,
donde la Iglesia Católica desempeña, en este momento, un papel
central en la mediación de los conflictos entre el gobierno y
la guerrilla, las presiones fueron brutales. Argentina y Chile
ni siquiera acompañaron al SLAC respecto a estas cuestiones,
entre otras razones, porque había representantes de grupos
pro-vida en sus delegaciones. La delegación argentina tenía,
inclusive, instrucciones para manifestarse en el mismo tono
conservador que había adoptado en negociaciones anteriores. A
pesar de eso, la fuerte presión de las organizaciones de
mujeres impidió que esto ocurriese.
En
lo que respecta más específicamente a los parágrafos
relacionados al aborto, el margen de maniobra era aún más
estrecho. Son pocos los países cuyas legislaciones posibilitan
un posicionamiento más claro y firme (Brasil, Bolivia, Uruguay,
Paraguay y El Caribe). Mientras tanto, así como en El Cairo + 5
Brasil había presentado un texto sobre el aborto, en Beijing +
5 ésta sería una iniciativa mexicana. La adopción del parágrafo
106.k al final de la negociación fue promovida por el texto
propuesto por México, cuyo contenido combinaba las definiciones
de Beijing y de El Cairo + 5. Una vez más, entre las regiones
en desarrollo, fue América Latina que "empujó" el
tema en un contexto extremadamente difícil de negociación, en
lo que sería acompañada por países de otras regiones, como
India, Ghana y Sudáfrica. Al final del proceso, apenas
Nicaragua y Honduras mantuvieron sus posiciones regresivas y El
Salvador hizo una declaración que puede ser considerada
"blanda", afirmando que la implementación de las
recomendaciones estaría condicionada a los límites de su Código
Penal. Este escenario es, sin duda, radicalmente diferente de
aquél al cual asistimos en 1993-1994 durante las preparaciones
para El Cairo, cuando apenas Brasil asumiría gradualmente una
posición más liberal en relación al aborto, mientras la mayoría
de los demás países continuaba "acompañando" la
posición de El Vaticano. Por lo tanto, este avance innegable
supone, enseguida, nuevos desafíos y riesgos.
Años
90: el contexto del debate sobre el derecho al aborto en la región
El
cambio observado en el posicionamiento de los países del SLAC
es el resultado de la convergencia entre procesos nacionales y
globales. En 1991, cuando la Red Latinoamericana y de El Caribe
de Salud de la Mujer organizó una reunión en Santiago, debatíamos
si era pertinente luchar abiertamente por la descriminalización
en los países de la región. En aquel momento, apenas sólo en
Brasil las organizaciones de mujeres habían adoptado una
estrategia en que se combinaba la apertura del debate público
sobre legalización del aborto y la lucha para garantizar el
acceso al procedimiento en los casos permitidos por la ley. El
primer servicio de aborto legal había sido implantado en San
Pablo en 1989 y un proyecto de ley nacional para asegurar el
acceso en la red pública había sido presentado al Congreso
Nacional.
Se
consideraba, por entonces, que en muchos países no había
condiciones para abrir un debate público. En Chile, por
ejemplo, ni con la redemocratización había sido posible
introducir el tema en los debates legislativos, debido a la
fuerza de las presiones de la Iglesia sobre los partidos. En
Colombia, la reforma constitucional tampoco se había
constituido en espacio para ampliar las causales legales que lo
autorizan. Las feministas mexicanas vivían dilemas frente a la
iniciativa de "legalización" del aborto, llevada
adelante por un gobernador conservador con objetivos demográficos.
Muchas feministas evaluaban que era prioritario ofrecer
servicios seguros a las mujeres y que sería imposible enfrentar
el debate legislativo en la mayoría de los países.
No
disponemos de un balance sistemático sobre lo que sucedió
desde entonces. Sin embargo, parece no haber duda de que, a lo
largo de la década de los 90, fue construido un discurso público
sobre el aborto inseguro en América Latina. Contribuyeron para
ello tanto las investigaciones sobre incidencia, causas y
consecuencias del aborto, como la investigación regional
desarrollada por el Alan Guttmacher Institute (1994), los
estudios de caso financiados por la Organización Mundial de la
Salud (Brasil, México, Cuba y Colombia) y recientemente
publicados (Mundigo e Indriso, 1999), además de varios estudios
nacionales y locales. Pero las estrategias de advocacy
han sido, posiblemente, el instrumento más importante para
afirmar un discurso favorable a la descriminalización.
En
1995, la Guayana legalizó el aborto. En México y en Bolivia, a
ejemplo de la experiencia brasileña, han sido diseñadas e
implementadas estrategias para asegurar el acceso a la
interrupción del embarazo en los casos en que el aborto es
legal. En Brasil, existen hoy 17 servicios públicos en
funcionamiento y el Ministerio de Salud adoptó, en 1999, una
norma técnica de atención a las mujeres víctimas de violencia
sexual que contempla la posibilidad de interrupción del
embarazo. En el contexto de esos esfuerzos, ha sido fundamental
el diálogo con otros grupos y sectores: parlamentarios, médicos
y, sobre todo, los medios de comunicación. En el caso
brasilero, en particular, no habría sido posible bloquear la
propuesta de enmienda constitucional presentada en 1995 y que
pretendía incluir la premisa del derecho a la vida desde la
concepción, si la prensa y la televisión no hubiesen absorbido
los argumentos desarrollados por las feministas y demás actores
políticos contrarios a la adopción de la enmienda.
Simultáneamente,
las definiciones de El Cairo y Beijing sobre salud y derechos
reproductivos crearon un ambiente favorable al debate. La
incorporación de las agendas de esas dos conferencias continúa
limitada en muchos aspectos, pero sin duda, abre espacio de
legitimación para el discurso feminista sobre el aborto, pues
no es posible hablar de salud y derechos reproductivos o de
mortalidad materna sin tocar el tema. De la misma forma, la
recomendación internacional de que, en los casos en que es
legal, el aborto debe ser seguro, también ha sido un argumento
fundamental para las estrategias nacionales. En este sentido,
fue absolutamente vital que estas definiciones hayan sido
mantenidas en Beijing + 5.
Pos-Beijing
+ 5: legitimidad y crisis
De
algún modo, Beijing + 5 encierra un ciclo intenso de legitimación
y visibilidad del debate sobre aborto inseguro en el plano
global. A partir de ahora los desdoblamientos y choques se van a
dar, básicamente, en los planos nacionales, y todo indica que
serán batallas virulentas. En realidad, esto ya está
ocurriendo. Por ejemplo, el Congreso norteamericano, que es
dominado por sectores conservadores, sistemáticamente ha hecho
esfuerzos para incluir una cláusula de condicionalidad en
relación a los recursos de cooperación para el desarrollo, que
apunta a impedir el uso de esos recursos por entidades que
realicen cualquier actividad relacionada al aborto.
La
propuesta no es nueva. Fue originariamente adoptada en 1984,
durante la Conferencia de Población de México, cuando fue
excluida toda y cualquier mención en relación a los impactos
negativos del aborto y la administración Reagan retiró su
apoyo al Fondo de las Naciones Unidas para Asuntos de Población
(FNUAP). Aunque en 1993 el gobierno Clinton haya abolido la
llamada "política americana de México", los
republicanos han conseguido incluir la misma cláusula en otras
decisiones sobre recursos de cooperación. En este momento, por
ejemplo, los financiamientos de la USAID están limitados por
esta condicionalidad, circunstancia que tiene efectos políticos
claramente regresivos en el debate sobre el aborto en países de
la región andina y América Central, que son grandes receptores
de fondos de esa agencia norteamericana.
Además
de esto, en la medida en que los países de América Latina
vienen asumiendo posiciones progresistas en relación al aborto
en el plano internacional, también se vuelven blancos
prioritarios de las estrategias de los grupos antiaborto y de
las iglesias conservadoras. Para ilustrar cómo los
enfrentamientos, de hecho, están siendo transferidos de las
salas de la ONU para la esfera pública y el tejido social de
cada país, es interesante describir, de forma breve, la
experiencia reciente de México y de Brasil.
Aborto
inseguro: visibilidad en el plano global y duros enfrentamientos
en los planos nacionales
En
México, desde mediados de la década de los 90, se ha ampliado
la acción de las fuerzas antiaborto en asociación con el
Partido de Acción Nacional (PAN), partido que acaba de ganar
las elecciones presidenciales. La premisa de "derecho a la
vida desde la concepción" fue adoptada por dos estados
gobernados por el PAN. El hecho más reciente y dramático es el
episodio Paulina (ver box) ocurrido en la Baja
California, en que se impidió el acceso al aborto en el caso de
una niña indígena estuprada y que disponía de autorización
legal para realizar el procedimiento.
El
caso Paulina
Día
31 de julio de 1999, ciudad de Mexicali, Baja California.
Paulina, 13 años, dormía en la casa de su hermana. Ambas
estaban acompañadas únicamente por los hijos de ésta (2 y 5 años),
cuando un asaltante, visiblemente drogado (se sabe que por heroína),
invadió la pequeña casa y estupró a la menor delante de la
hermana y sus hijos.
En
esa misma noche, auxiliada por su madre y un hermano mayor,
presentó denuncia a la agencia del Ministerio Público. El
violador fue localizado y preso por las autoridades. Paulina y
su madre fueron atendidas el día 19 de agosto por una médica
de confianza de la familia, porque la niña se sentía mal y su
menstruación se había atrasado. La médica informó que
Paulina estaba embarazada y que tenía derecho de hacerse un
aborto de acuerdo con la ley. Se ofreció para realizar la
intervención una vez que fuese otorgada la autorización legal
para el procedimiento.
La
madre de Paulina, el día 13 de setiembre, solicitó la
realización del aborto a la agencia del Ministerio Público
especializada en delitos sexuales. La agente del Ministerio,
Norma Alicia Velázquez Carmona, autorizó la realización del
aborto, enviando oficio al Director de Salud del Estado y al
Director del Hospital General de la Ciudad de Mexicali. Este
oficio no fue entregado a la madre de Paulina, María Elena
Jacinto, bajo la alegación de que el mismo sería enviado
directamente a las autoridades de salud, únicas autorizadas
para la práctica del aborto en el estado. Esa última información
era falsa, pues en caso de estupro, el Código Penal mexicano
establece que la práctica del aborto no es exclusividad de las
instituciones públicas de salud.
Las
autoridades de salud no respondieron a la solicitud para el
cumplimiento de la interrupción del embarazo hasta el día 1°
de octubre, cuando Paulina fue internada en un hospital de la
ciudad. Después de siete días de internación, y con gastos de
la familia para pagar los exámenes pedidos por el hospital, la
niña tuvo el alta sin que hubiese sido hecha la interrupción
del embarazo y sin mayores explicaciones.
Paulina,
su madre y el hermano continuaron insistiendo con el Ministerio
Público y el hospital, sin conseguir que fuese cumplida la ley.
Al mismo tiempo, las autoridades responsables circulaban oficios
para evadir su responsabilidad. La situación se prolongó
mientras la gravidez de Paulina avanzaba. A mediados de octubre,
Paulina volvió a ser internada en el Hospital General, por tres
días. Estando sola en su cuarto, se presentaron dos mujeres
como trabajadoras del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de
la Familia (DIF-Gobierno), pero en verdad eran las dirigentes de
grupos pro-vida Mayra Topete y Marcela Vaquera. Estas mujeres
exhibieron a Paulina el video "El Grito Silencioso" e
imágenes subliminales donde aparecía Jesucristo, con el
objetivo de hacer que la niña desistiera del aborto. Intentaron
persuadir también a la madre de Paulina pero no obtuvieron éxito,
pues ella era consciente de que su hija era aún muy joven para
ser madre y también por el hecho de que la ley las protegía.
Madre
e hija recurrieron al Procurador de Justicia del Estado, Juan
Manuel Salazar Pimentel, para que acelerase y autorizase la
interrupción del embarazo. Pero, en lugar de hacer cumplir la
ley, él trató de convencer a la menor y a la familia de no
interrumpir el embarazo llevándolas en su auto, con su guardia
personal, hasta una iglesia, donde las presentó a un sacerdote
que desaprobó la intención de las dos mujeres y las previno de
que podían ser excomulgadas.
Cabe
observar que el Procurador del Estado de la Baja California es
concuñado del Gobernador Alejandro González Alcocer, del PAN;
quiere decir que ambos pertenecen a la corriente política más
conservadora del país que, juntamente con Vicente Fox, ganó
las últimas elecciones presidenciales de México. El portavoz
de la Procuraduría del Estado en la Baja California, Luisa Sofía
Buerba, afirmó que "la Procuraduría no promueve la
cultura de la muerte".
El
día 13 de octubre de 1999, aproximadamente a las 20:30 hs.,
Paulina fue nuevamente internada para someterse a la intervención.
Entre tanto, el Dr. Ismael Avila Iñíguez, Director del
Hospital Civil, se reunió con su madre en una sala privada y
diseñó para ella la figura de un útero. Enseguida explicó
que la práctica del aborto podría ocasionar complicaciones y
Paulina podría quedar estéril o hasta perder la vida debido a
hemorragias, y ella, como madre, sería la responsable. La madre
de Paulina respondió: "Ojalá que los señores nunca pasen
por esto; y si querían meterme miedo, ya lo consiguieron. Yo no
quiero que mi hija muera. Los señores deberían haber explicado
eso desde el comienzo y así no habríamos sufrido tanto con
tantas vueltas, ni haber gastado dinero".
Sólo
fue posible conocer esta historia porque el periodista Javier
Mejía estaba en el Hospital para un reportaje y supo del caso.
El publicó una nota sobre la situación de Paulina y su familia
en la edición del día siguiente del diario en que trabajaba.
El día 25 de octubre denunciaron este caso como un caso de
violación de los derechos humanos ante la Procuraduría de
Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de la Baja
California.
El
día 3 de marzo esa Procuraduría emitió la recomendación
2/2000 sobre el caso de la menor, solicitando la indemnización
a las víctimas, un fideicomiso por parte del Gobierno del
Estado y procedimiento administrativo penal y/o administrativo
para los funcionarios implicados. El Gobernador Alejandro González
Alcocer no admitió la recomendación, declarando que la misma
no era procedente porque todos actuaron de acuerdo con la ley,
ya que la autorización había sido dada y la madre había
desistido del aborto. Hace un mes, debido a la presión y a la
proximidad del proceso electoral, el gobernador mandó llamar a
Paulina y a su madre y les ofreció 20.000 pesos (US$ 2.000),
pero la familia rechazó el dinero y ahora espera el
cumplimiento de la recomendación de la PDH.
Contribución
de Maricarmen Rioseco, Grupo Feminista Alaide Foppa A.C.,
Mexicali, México.
En
el caso brasileño, el "nuevo clima político" fue
inaugurado con la visita del Papa en 1997. Desde entonces, creció
el número de organizaciones pro-vida. En por lo menos tres
oportunidades, esos grupos realizaron operaciones para impedir
la realización del aborto en casos de estupro o malformación
fetal. Un breve análisis de los artículos sobre aborto
publicados por los cuatro mayores diarios brasileños, entre
enero y abril del 2000, muestra que la tónica actual es
judicial o policial, a diferencia de lo que sucedía en 1995 y
1996, cuando se privilegiaba la perspectiva de los derechos. Los
artículos hablan de una clínica de aborto cerrada en Río de
Janeiro, de la incautación de un contrabando de Cytotec y de la
acción de un grupo antiaborto para impedir un procedimiento.
Finalmente, vale recodar que se encuentra en curso, en este
momento, una campaña pública orquestada por sectores
conservadores de la Iglesia Católica para la suspensión de la
norma técnica del Sistema Unico de Salud, que orienta a los
profesionales y gestores locales con relación a la atención de
mujeres víctimas de violencia sexual, en el proceso de
implantación de servicios de aborto en los casos permitidos por
ley.
Desafíos
y tareas pos-Beijing + 5
Las
nuevas circunstancias políticas que rodean el debate sobre
legalización y acceso al aborto en América Latina no deben
sorprender. Ellas informan que fue superada la barrera del
silencio, en una señal inequívoca de que las estrategias
adoptadas a lo largo de la década han sido efectivas. Pero
también sugieren que la existencia de un consenso discursivo
sobre el aborto inseguro en el plano global fue un instrumento
fundamental en el proceso de construcción de un discurso público
sobre la cuestión. Entre tanto, en esta nueva etapa, las
premisas y recomendaciones internacionales serán insuficientes,
pues precisamos más que palabras. Es crucial y urgente promover
acciones en niveles muy diferenciados: en el parlamento, en el
ámbito de las políticas, en los medios y, sobre todo, en la
sociedad. Es preciso documentar casos como el de Paulina, que
comienzan a proliferar en todos los países. Es preciso estar
cerca de las mujeres que han sido sometidas a esas formas de
coerción cuando ejercen su derecho a decidir. Es preciso
mantener una red de información permanente y ágil para conocer
y diseminar informaciones sobre el estado del debate en cada país.
Es preciso, sobre todo, repensar nuestras estrategias respecto a
cómo ganar corazones y mentes para el sentido fundamental de
justicia y de libertad que está implícito en la demanda por la
descriminalización del aborto.
Ojo
El
resultado final respecto al aborto inseguro fue muy favorable,
especialmente cuando se evalúan las condiciones políticas de
la negociación
El
SLAC constituye la primer expresión de un actor político
global que combina una agenda de justicia económica y justicia
de género
Las
definiciones de El Cairo y Beijing sobre salud y derechos
reproductivos abren espacio de legitimación para el discurso
feminista sobre el aborto
Las
premisas y recomendaciones internacionales serán insuficientes,
pues precisamos más que palabras.
