El aborto siempre ha despertado polémica,
aunque se haya practicado con más o menos frecuencia en todas
las sociedades conocidas. En los últimos años la mayoría de
los países del primer mundo han legalizado el aborto en
diferentes circunstancias. Los requisitos varían: en algunos países
se exige un período de tiempo estipulado para repensar la
decisión, en la mayoría se permite el aborto en las primeras
semanas de gestación pero no después de determinada fecha.
Aunque se haya resuelto finalmente
legalizar el aborto en varios países, esa decisión no fue fácil
en ningún lugar. En muchos países la ley se plebiscitó, para
zanjar la polémica con la decisión del soberano. Pero aún
después de aprobada la ley, sigue la discusión sobre la
conveniencia o la moralidad de permitir el aborto.
Aquí en el Uruguay existe una ley que
castiga con pena de prisión a la persona que practique un
aborto y a la mujer que lo consienta. Hay varias causales que
atenúan esa pena y pueden llegar a eximirlas de todo castigo.
Los atenuantes y eximentes se aplican sólo si el aborto fue
practicado dentro de los tres primeros meses de la concepción.
Pero como todos saben, la ley no se
cumple y lo único que no está precisamente cuantificado es la
cantidad de abortos que se practican diariamente en el Uruguay.
Como es ilegal, no existen controles de las condiciones
sanitarias de los lugares donde se practican, ni de la idoneidad
de los "técnicos". Las mujeres que lo pueden pagar
van a lugares limpios con instrumental quirúrgico adecuado y
son atendidas por médicos. Las que no, van adonde sea y son
atendidas por el que se dice "experto". Pueden
terminar en un hospital con hemorragias y heridas difíciles de
curar, o pueden morir a consecuencia de una infección.
Así no se puede seguir
Los uruguayos no suelen hablar
del aborto pero tampoco parecen ignorar lo que está sucediendo.
Tres de cada cuatro adultos (el 76%) consideran que se debería
tomar alguna medida para cambiar la situación actual. Menos de
uno de cada cinco (18%) opina que es mejor dejar las cosas como
hasta ahora.
Aunque entre todos los grupos de la
sociedad la gran mayoría piensa que así no se puede seguir, se
observan algunos matices. La educación formal marca
diferencias: el 90% de los universitarios quiere que las cosas
cambien, porcentaje que se reduce a 68 entre quienes sólo
accedieron a la primaria. Son más proclives al cambio las
personas que se identifican con la izquierda ideológica que las
que se sienten de derecha.
Sin embargo, este amplio consenso sobre
la necesidad de abordar el problema del aborto se vuelve mucho más
matizado al tratar de concretar el sentido de los cambios a
realizar.
Ante una pregunta que no sugería
posibles respuestas, una mayoría relativa (el 36%) expresó
actitudes hacia el aborto más permisivas que la situación
actual. Tres de cada diez adultos (el 31%) opinan, espontáneamente,
que es necesario "legalizar el aborto", y un 5%
adicional piensa que se lo debe legalizar, pero agregan explícitamente
que "solamente en algunos casos".
Grupos minoritarios (en total, 15%)
mencionan alternativas que no involucran directamente al aborto:
el 9% considera que se deberían hacer campañas educativas, y
un 6% cree que se deberían promocionar otros métodos de
control de la natalidad.
Finalmente, un pequeño 4% se pronuncia
a favor de "controlar" más los abortos, y uno de cada
diez uruguayos (el 10%) adhiere a la posición totalmente
contraria al aborto ("prohibir los abortos",
"cerrar las clínicas"). El tercio restante (35%) no
expresa opiniones espontáneas sobre el tema, ya sea porque
desea cambios pero no sabe cuáles serían apropiados (11%),
porque no sabe si hay que cambiar o no (6%), o porque prefiere
dejar las cosas como están (18%).
¿Cuáles cambios?
Siete de cada diez uruguayos (el
72%) consideran que el aborto debería ser permitido "si
hay grandes posibilidades de que el niño tenga defectos
serios". Un porcentaje aún mayor (85%) cree que el aborto
debería ser permitido si la vida de la embarazada peligra por
su embarazo. Parece claro que estos juicios no se refieren a
factores atenuantes de algo que a priori sería un delito:
dicen, simplemente, que en esos casos no hay (o no debería
haber) delito.
El clima de la opinión se invierte
cuando se consideran otras situaciones en principio menos
extremas. Cerca de seis de cada diez adultos (el 56%) piensan
que la pobreza o las privaciones no justifican el aborto:
en esos casos no debería ser permitido. Porcentajes aún
mayores (alrededor de las dos terceras partes) piensan que el
aborto no debería ser permitido cuando la embarazada es
soltera y no quiere tener un hijo, o simplemente "por la
sola voluntad de la embarazada".
En conjunto, estos resultados muestran
que el clima de la opinión es favorable a cambiar la situación
actual, y que esos cambios deberían dirigirse hacia cierta
liberalización (algunos tal vez dirían
"sinceramiento") de la legislación vigente. Este
"clima de opinión", además, no es volátil: los
juicios sobre las circunstancias concretas en las que el aborto
debería ser permitido o prohibido se han mantenido notablemente
estables a lo largo de los últimos cuatro años (con una muy
leve tendencia, estadísticamente no significativa, hacia una
mayor liberalización).
La opinión pública, en suma, está
actualmente a favor de legalizar el aborto en las circunstancias
ya indicadas (grave riesgo para la salud de la madre, o de
defectos serios para el niño). Pero no compartiría una
liberalización del aborto de magnitud comparable a la
actualmente existente en la mayoría de las legislaciones de los
países del "primer mundo".
